Ano VIII – nº 191 quinta-feira, 22/12/2011

BALANCE DEL AÑO QUE ACABA Y PRESPECTIVAS PARA 2012

El año termina y, una vez más, tenemos el sentimiento del deber cumplido por todas nuestras luchas, actividades y alianzas que conseguimos construir y profundizar con diversos sectores de la clase trabajadora. En un año muy duro, tuvimos que trabar grandes luchas contra el latifundio del agronegocio que continúa su ofensiva sobre nuestras tierras, recursos naturales, e inversiones públicas. El agronegocio  que está formado por la alianza de los terratenientes capitalistas con empresas transnacionales y con el capital financiero, controla nuestra agricultura y intenta profundizar su dominio, metiendo mano en iniciativas de varios frentes.

Vea el vídeo con el  balance del año y perspectivas con el dirigente del MST João Pedro Stedile

Buenas Fiestas!  Vea el poster de final de año del MST

Una de las prioridades de agronegocio fue la flexibilización del Código Forestal. La legislación ambiental brasileña, que es avanzada en el sentido de la preservación del medio ambiente, de la producción sostenible y la generación de renta, es una barrera para el avance del capital en la agricultura. El concepto de Reserva Legal y las áreas de Preservación Permanente son obstáculos para que las empresas transnacionales avancen sobre nuestras tierras para implementar la producción de monocultura para la exportación, basada en la expulsión de las familias del campo y en la utilización sin límites de agrotóxicos.

 El proyecto del senador Luiz Henrique aprobado, en el Senado Federal, heredero del texto del Diputado federal Aldo Rebelo, amnistía a los terratenientes que deforestaron y les exime de la recomposición de gran parte de esas áreas, crea la posibilidad de que, por medio de una auto-declaración, cualquiera quede  desobligado de recuperar el Área de reserva Legal y no tiene mecanismos para impedir más deforestaciones.

 Hemos participado en una gran articulación que reúne los movimientos del campo, la agricultura familiar, el movimiento sindical, las entidades de defensa del medio ambiente, científicos, artistas y sectores de la Iglesia Católica, de las entidades de abogados y del Poder Judicial, para enfrentar la ofensiva del capital en la agricultura y sus representantes, la "bancada ruralista" (parlamentarios). Aún así no tuvimos fuerza para tirar adelante ese proyecto y presionar para que el gobierno tuviese una posición firme para cumplir los compromisos de campaña de la presidenta Dilma Rouseff.

 Está prevista la votación del proyecto de la Cámara de Diputados para inicios de marzo. Hasta esa fecha, tenemos la tarea de hacer una gran jornada de luchas, con la participación de todos los sectores articulados en la defensa de las florestas, para impedir la aprobación del texto y presionar para que la presidenta vete los cambios que creen condiciones para ampliar la deforestación y el control del capital sobre nuestra agricultura.

Agrotóxicos

 La sociedad brasileña está cada día más atenta con los problemas causados por la mala alimentación  y los problemas en la salud, especialmente con la contaminación por los agrotóxicos.  Los pesticidas  son uno de los ejes de sustentación del modelo de producción  del agronegocio,  como el latifundio, la monocultura y la expulsión  de las familias del campo, para una producción de cara al exterior.

 Brasil ocupa desde 2008 el primer lugar en el ranking mundial de la utilización de agrotóxicos . Más de 1 billón  de litros son  esparcidos en las cosechas En el 2010, nació  la campaña nacional contra los agrotóxicos, con la participación  de entidades importantes como el Instituto Nacional de Cáncer (Inca), la Fiocruz y la Agencia de vigilancia Sanitaria (Anvisa).

 Especialistas han apuntado la relación de los agrotóxicos con el cáncer. En los próximos dos años, más de 1 millón de brasileño serán diagnosticados  de cáncer, según el Inca. Sólo 60% de los afectados conseguirán recuperarse. Las contraindicaciones  causadas en la salud de toda la población por el uso sin límites de agrotóxicos llevará a la sociedad a cuestionar el modelo del agronegocio, que además de imponer la concentración de tierras, la devastación del medio ambiente y la expulsión de las familias del campo, contamina el organismo de toda la población.

Reforma Agraria

 La ofensiva de las fuerzas del capital y la falta de iniciativa política del gobierno federal hicieron del 2011  un año peor para la Reforma Agraria. Sólo 35 áreas fueron transformadas en asentamientos, beneficiando sólo 6 mil familias. Los números corresponden a 20% del que el ex-presidente Lula realizó en su primer año de mandato, cuando fueron creados 135 asentamientos, asentando a 9.195 familias.

 Al mismo tiempo, 90 procesos de expropiación  de tierras envejecen en las mesas de la Casa Civil y de la Presidencia de la República. Para que estos procesos, técnicamente concluidos, se transformen  en asentamientos basta la firma de la presidenta Dilma.

Durante todo el año, realizamos movilizaciones para denunciar la lentitud de la Reforma Agraria, la inoperancia del Incra y los crímenes del agronegocio. El mes de abril, se hicieron más de 70 ocupaciones de latifundios, además de marchas y campamentos en 19 estados. En agosto, los movimientos organizados por la Vía Campesina realizaron un campamento con 4 mil trabajadores rurales en Brasilia, sumando la movilización de 50 mil agricultores en 20 estados. Esa jornada arrancó compromisos importantes del gobierno federal, que aún no han salido del papel, y conquistó la inversión  de 400 millones de reales de presupuesto para la obtención de tierras.

Perspectivas

Con el avance de capital en la agricultura, la realización de la Reforma Agraria depende tanto de la lucha de los trabajadores rurales, así como de nuestras ocupaciones, marchas y protestas, como también de un gran movilización de la sociedad brasilera a favor de las reformas estructurales, que serán impulsadas a partir de la organización y luchas del pueblo brasileño en torno a un proyecto popular para Brasil.

Por eso, hemos acompañado con buenos ojos el aumento de la cantidad de huelgas y movilizaciones de diversas categorías por aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo, así como las protestas de los estudiantes en las universidades públicas.

Las grandes empresas se han lucrado mucho en el último periodo, con el crecimiento de la economía, lo que crea mejores condiciones de lucha para los trabajadores. Aunque esas huelgas tengan en su mayoría un carácter economicista, demuestran que la clase trabajadora está en movimiento, abriendo  un horizonte para intensificar las luchas y creando perspectivas de un debate político con la sociedad brasileña sobre la necesidad de transformaciones profundas en nuestro país.

Las políticas implementadas por el gobierno desde 2003 consiguieron mejorar las condiciones de vida de la población, pero no fueron realizados cambios estructurales que transformaran nuestro país. Para enfrentar esas cuestiones, las organizaciones de la clase trabajadora han construido un programa político, teniendo como puntos principales la reducción  de la jornada de trabajo en 40 horas sin reducción salarial, medidas para garantizar mejores condiciones de trabajo y menor rotatividad, la destinación  del 10% del Producto interior bruto (PIB) para educación, la realización de la Reforma Agraria y la prohibición de agrotóxicos, una Reforma Urbana que garantice vivienda, reorganización del sistema de transporte y mejores condiciones de vida en las grandes metrópolis, una Reforma Tributaria Progresiva para que tributen  aquellos que concentran la renta, la riqueza y el lucro y la democratización de los medios de comunicación de masa.

El desafío es construir a partir de las luchas de todos los sectores que defienden esas banderas un gran movimiento de masas, que tenga organización y fuerza para enfrentar la ofensiva del capital y garantizar conquistas para el pueblo brasileño. En el próximo periodo, vamos participar de esas luchas y cobrar esos compromisos asumidos por el gobierno, con muchas luchas, ocupaciones, marchas y movilizaciones. Tenemos también la tarea de avanzar en la organización de nuestros asentamientos para ser referencia de producción de alimentos de calidad y sin venenos para la población brasileña, organizar a los pobres en nuevos campamentos y ocupaciones y realizar alianzas aún más fuertes con la clase trabajadora en todos los espacios. Los compromisos asumidos solo se convertirán en conquistas concretas con la presión social y unidad, en el programa y en la lucha con otros sectores de la clase trabajadora.

Si el lema de ese gobierno es "País rico es país sin pobreza", tenemos que abrir los ojos de la población brasileña que el modelo de desarrollo del agronegocio, basado en el latifundio, en la explotación, en la exclusión social, en el envenenamiento de la naturaleza y en la destrucción de las florestas no podrá acabar con la pobreza en el campo, pues es la propia raíz de la pobreza. Con nuestras luchas y campañas, vamos a avanzar en las conquistas y la sociedad comprenderá que combatir la pobreza en el campo es hacer la Reforma Agraria. El año nuevo será feliz con la fuerza y movilización.

Secretaría Nacional de MST

viernes, 04/03/2011

Las mujeres de la Vía Campesina hicieron una Jornada Nacional de Lucha de las Mujeres en referencia al día 8 de Marzo-Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, para denunciar la extrema gravedad de la situación del campo brasileño.

Página del MST:http://www.mst.org.br/jornada-de-lutas-das-mulheres-2011

Se realizaron movilizaciones en diez estados, con actos, marchas y protestas en empresas y carreteras. El grito feminista de las mujeres campesinas contra los agro tóxicos y contra la violencia contra la mujer resonó por todo Brasil. Más de 15 mil mujeres denunciaron: contra los tóxicos en los alimentos y contra la opresión en la vida cotidiana. Lea lo que ocurrió en todos los estados en la

 El agro negocio es la combinación entre el latifundio, el capital financiero, la industria química y la metalúrgica, con financiamiento público y medios de comunicación. Basado en la producción en forma de monocultivo, el agro negocio es el nuevo rostro del latifundio. Mantiene la lógica de la producción en grandes extensiones de tierras- para esto, concentrando cada vez más; pésimas condiciones de trabajo, devastación de los recursos naturales, trabajo esclavo y producción para la exportación.

 Esa lógica provoca la expulsión de  los campesinos y de la población tradicional de sus tierras, la contaminación de los trabajadores y trabajadoras y la intensificación de la crisis ambiental y de los cambios climáticos. Este actual modelo de desarrollo para el campo tiene como objetivo mantener un patrón de producción y de consumo ambientalmente insostenible y socialmente injusto.

Brasil es el mayor consumidor de agro tóxicos del mundo desde 2008. En 2009, el país consumió mil millones de litros de insecticidas. Si dividiéramos esta cantidad por habitante, tendríamos 5 litros de insecticidas consumido por habitante al año. La vida en el campo y la producción de alimentos están amenazadas con la desaparición de semillas autóctonas, la pérdida de la biodiversidad y la amenaza de la seguridad alimentaria en virtud de la liberalización comercial de los cultivos transgénicos, del uso de agro tóxicos y de la expansión de los monocultivos de exportación.

 Además, el control de la cadena productiva alimentaria por parte de las grandes transnacionales amenaza la soberanía alimentaria y la salud de la población. Este modelo de desarrollo es devastador.

Financiamiento público

El gobierno se ha convertido en un fuerte aliado del agro negocio y de la industria de los agros tóxicos en Brasil. Además del financiamiento público para las  empresas, el gobierno fortalece ese mercado a través de incentivos fiscales con la exención del 60% de los impuestos.

 El financiamiento y la exención de impuestos es la mano del Estado garantizando el aumento del uso de insecticidas en la agricultura brasileña. Pero otros factores, como la falta de un cumplimiento riguroso de la legislación ambiental y sanitaria, incluyendo la fiscalización y las acciones de las empresas de agrotóxicos  y su uso, contribuyen para que esto se fortalezca.

Por eso, las mujeres se movilizaron para presentar una alternativa para la producción en el campo, que es la agro ecología. Este modelo tiene como base la pequeña propiedad, de la Reforma Agraria y de la agricultura campesina en cooperación, para la producción de alimentos saludables y la conservación del la biodiversidad. La tierra, el agua y las semillas son bienes de la naturaleza que deben ser utilizados al servicio de los seres humanos y de toda la sociedad.

Para enfrentar esta situación de contaminación de la población y destrucción del medio ambiente, la Vía Campesina propone las siguientes medidas para la sociedad y para el gobierno:

 – Que el Gobierno Federal cree la Ley Federal  que prohíba la Pulverización Aérea de Insecticidas: Ley Zé Maria do Tomé.

 – Que los órganos gubernamentales y jurídicos (IBAMA, ANVISA, etc.) cumplan de hecho su papel de controlar y sancionar las empresas que cometen irregularidades y usan insecticidas prohibidos en otros países; 

 -Suspensión de todos los incentivos fiscales para la producción, comercialización y utilización de agro tóxicos y por el fin de los créditos subvencionados para las empresas que cometen crímenes ambientales y sociales;

-Divulgacióny ampliación de los estudios e investigaciones existentes en las Universidades, como forma de medir los impactos sociales y ambientales e informar a la población sobre los riesgos de los agrotóxicos en la salud y el medio ambiente; 

 -Suspensión de la producción, comercialización y utilización de agro tóxicos en Brasil;

 -Recuperación ambiental de las áreas afectadas por los agro tóxicos; 

 -Prohibición immediata de la producción y comercialización de productos transgênicos;

 – Expropiación de las tierras con delitos ambientales y uso immediato para la Reforma Agraria;

 -Créditos de apoyo para la producción agroecológica de alimentos producidos por la agricultura campesina.

Los movimientos sociales del campo mantienen el compromiso de luchar y denunciar permanentemente todas las formas de violación de los derechos y crímenes cometidos por las empresas transnacionales.

 Secretaría Nacional del MST

14 de dezembro de 2010

O MST exige Justiça e cobra a punição para os assassinos dos agricultores Vanderlei das Neves e José Alves dos Santos, que mortos de forma brutal em emboscada na Fazenda Pinhal Ralo, no dia 16 de janeiro de 1997, na cidade de Rio Bonito do Iguaçu (PR).

Nesta terça-feira, acontece o julgamento dos assassinos, em Laranjeiras do Sul (PR).

“O MST enxerga o caso dentro de uma série que, em mais de uma década, deixou 19 trabalhadores rurais mortos no Paraná. São crimes políticos, cometidos pelo latifúndio e pelo agronegócio”, afirma nota do Movimento.

Exigimos justiça pelos sem-terra mortos e punição aos crimes do agronegócio

Passaram-se 14 anos e o MST defende Justiça e punição para os assassinos dos agricultores Vanderlei das Neves (16) e José Alves dos Santos (34), mortos de forma brutal em emboscada na Fazenda Pinhal Ralo, no dia 16 de janeiro de 1997, na cidade de Rio Bonito do Iguaçu (PR).

Hoje, no dia 14 de dezembro de 2010, o julgamento realizado em Laranjeiras do Sul (PR) tem a chance de reparar a dívida do Estado com esses trabalhadores.

A repressão ocorreu exatamente no mesmo dia em que o governo federal assinava o decreto de desapropriação de 16 dos mais de 87 mil hectares pertencentes à empresa madeireira Araupel (à época, chamada Giacomet Marodin, comprada da Votorantim).

A área foi ocupada por mais de três mil famílias. Hoje, uma parte do latifúndio dá lugar ao assentamento Ireno Alves, apesar de a empresa ainda ser dona de grande quantidade de terras griladas na região.

O julgamento foi adiado por oito vezes, ainda que a conclusão do inquérito tenha sido rápida. Apesar de os pistoleiros acusados nos processos serem “seguranças” da empresa na época, a Araupel e seus proprietários nunca foram responsabilizados.

Na região, a Araupel tem histórico de assassinato e cemitério clandestino de agricultores. Além disso, os seguranças envolvidos no assassinato passaram o período respondendo em liberdade.

O MST enxerga o caso dentro de uma série que, em mais de uma década, deixou 19 trabalhadores rurais mortos no Paraná. São crimes políticos, cometidos pelo latifúndio e pelo agronegócio.

Tratam-se de casos que os setores democráticos da sociedade não esquecem: a morte dos companheiros Antônio Tavares (2000), assassinado durante o governo Lerner próximo à Curitiba, ou de Valmir Mota de Oliveira, o Keno (2007), assassinado por seguranças da transnacional Syngenta, na região de Cascavel, entre outros tantos.
Tal impunidade já levou o Estado brasileiro a ser condenado pela Organização dos Estados Americanos (OEA).

Agora, uma punição dos assassinos no tribunal do dia 14, em Laranjeiras do Sul, pode representar a primeira condenação na Justiça pela morte de trabalhadores sem-terra no Paraná.

Esperamos que esse caso abra um precedente para o pagamento da dívida histórica que o Estado brasileiro tem com os trabalhadores vítimas da violência do agronegócio, no Paraná e no Brasil, e suas milícias armadas disfarçadas de seguranças privados.

Al inicio del proceso electoral de este año, los movimientos sociales y la Vía Campesina Brasil, tomaron la decisión política de intentar elegir el mayor número posible de parlamentarios y gobernadores identificados con las banderas populares de la clase trabajadora, profundizando la democracia y la soberanía brasileña y realizando políticas que combatan la concentración de la propiedad y la renta en nuestro país.

En cuanto a la elección presidencial, las organizaciones populares que componen la Vía campesina decidieron luchar para que no ganase las elecciones la propuesta neoliberal, representada por la candidatura del tucano José Serra. Pasado el primer turno de esta campaña electoral, realizada el 3 de octubre, queremos con este comunicado al pueblo brasileño, manifestar nuestra decisión política sobre las elecciones de este año.

Evaluación de la 1a vuelta

Las renovaciones en las Asambleas estatales, en la Cámara de los Diputados, el Senado Federal, además de la elección y la reelección de los gobernadores progresistas, son esperanzadoras.

En el Senado Federal, especialmente, ganamos con la elección de compañeros y compañeras identificadas con nuestras luchas y con la no elección de senadores que se destacaron por la persecución de los movimientos sociales, identificados con los intereses del agro negocio.

Destacamos como victoria la derrota electoral del gobierno tucano de Yada Cruisis, en Rio Grande del Sur, que se destacó, junto al gobierno tucano de São Paulo, por el control de los medios de comunicación, la criminalización de los movimientos sociales y la represión de la lucha por la Reforma Agraria, los movimientos en defensa de la vivienda y el movimiento de los profesores de la red pública estatal. En relación a las campañas presidenciales, no hubo debates en torno a los proyectos políticos y los problemas principales que afectan a la población brasileña.

La campaña de Dilma Rousseff (PT) buscó simplemente, de forma pragmática, divulgar el desarrollo económico y las políticas sociales del gobierno Lula, apoyándose en la popularidad y en los enormes índices de aprobación del gobierno actual. Con esta estrategia, obtuvo casi el 47% de los votos, que fueron insuficientes para ganar en el primer turno. La candidatura de José Serra (PSDB) nos sorprendió, no por su identificación con las políticas neoliberales, y sí por el bajo nivel de su campaña presidencial.

Fue agresivo y persiguió periodistas en las entrevistas, intentó interferir en juicios del Tribunal Supremo federal (STF), difundió mentiras y acusaciones infundadas. Llegó a usar su propia esposa, que recorrió las calles de Niterói (RJ) contando que Dilma Rousseff  “está a favor de matar a los niños”. Sólo una candidatura sin ningún compromiso con la ética y con la verdad, teniendo todo el control sobre los medios de comunicación, puede desarrollar una campaña con un nivel tan bajo. La biografía del candidato es la mayor derrotada en estas elecciones.

La candidatura de Marina Silva (PV) cumplió el objetivo que se propuso: provocar la segunda vuelta en esta campaña electoral. El tiempo dirá si su éxito sirvió para fortalecer la democracia o simplemente fue utilizada por las fuerzas conservadoras, para volver al gobierno. Las candidaturas identificadas con los partidos de izquierda, que utilizaron el espacio electoral para defender los intereses de la clase trabajadora, infelizmente tuvieron unos resultados inapreciables.

El descenso social que tenemos desde hace dos décadas en nuestro país, la fragmentación de las organizaciones de la clase trabajadora y la fragilidad de la política de comunicación con la sociedad ciertamente influyeron en el resultado electoral. Es necesario realizar una autocrítica hacia los partidos políticos que se limitan sólo a hablar con la sociedad durante las campañas electorales. Y hace falta, además, trabajo de base y formación política permanente. Las elecciones de este año demostraron el poder nefasto y antidemocrático de los medios de comunicación.

Pero, por otro lado, se potenció una red de comunicadores independientes, comprometidos con la libertad de expresión y con el derecho a la información, y que enfrentan con valentía el monopolio de los medios de comunicación en nuestro país. Son avances rumbo a la democratización de la información y a la construcción de una comunicación democrática y plural, con la participación de la sociedad.

La 2ª  vuelta

Reafirmamos nuestro compromiso en defensa de las banderas de las luchas de la clase trabajadora y  la construcción de un país democrático, socialmente justo y soberano. Independientemente del gobierno elegido, sea cual sea, lucharemos de forma intransigente para la expansión de las libertades y de los derechos democráticos oprimidos.

Vamos a luchar también para conseguir cambios en las instituciones y los servicios públicos, en beneficio de la amplia mayoría de la población; vamos a combatir los monopolios para el desarrollo de la soberanía y la distribución de renta; vamos a defender las conquistas de los derechos laborales, la reducción de la jornada de trabajo, el derecho a la huelga para los funcionarios públicos; la Seguridad Social pública, de buena calidad.

Defendemos también la realización de una reforma urbana, con vivienda, saneamiento básico, transporte público y seguridad; la construcción de servicios de salud universal y de buena calidad; reformas en la educación pública y promoción de la cultura nacional-popular con carácter universal; el fin del latifundio, límite del capital extranjero sobre nuestros recursos naturales y la realización de una Reforma Agraria anti latifundiaria; la implantación de nuevas relaciones de la sociedad con el medio ambiente y llevar a cabo una política exterior de autodeterminación, solidaridad con los pueblos y que priorice la integración de los pueblos del continente latinoamericano y del Caribe.

Infelizmente, los avances del gobierno Lula en dirección a estas banderas democrático-populares fueron insuficientes, a pesar del acierto en su política exterior. También nos preocupa constatar que, en el arco de alianzas de la candidatura de Dilma Rousseff, hay fuerzas políticas que se contraponen a estas demandas sociales.

Además, tenemos una certeza: José Serra, por su campaña, por su gobierno en el estado de  São Paulo y por los ocho años de gobierno FHC, se convirtió en el enemigo de estas banderas de lucha. Por el carácter antidemocrático y anti popular de los partidos que componen su alianza electoral y por su personalidad autoritaria, estamos convencidos de que una posible victoria suya significará un retroceso para los movimientos sociales y populares en nuestro país, para las conquistas democráticas en nuestro continente y una mayor subordinación al imperio de los Estados Unidos. No queremos que se dé este retroceso.

Los movimientos sociales y la Vía Campesina Brasil afirman su apoyo y compromiso de luchar para elegir la candidata Dilma Rousseff para el cargo de presidenta de Brasil. Queremos juntarnos a los movimientos sindicales, populares, estudiantiles, religiosos y progresistas para promover debates con la sociedad, desenmascarar la propaganda engañosa de los neoliberales y autoritarios y exigir avances en la democracia, en las políticas públicas que favorezcan la población en el combate a los corruptos y corruptores y en la democratización del poder en nuestro país.

Necesitamos derrotar la candidatura Serra que representa las fuerzas derechistas y fascistas del país. Debemos seguir organizando el pueblo para que luche por sus derechos y cambios sociales, manteniendo siempre nuestra autonomía política frente a los gobiernos. Pedimos a la militancia de todos los movimientos sociales, los luchadores y luchadoras del pueblo brasileño, para que se unan a esta lucha, que es importantísima para la clase trabajadora.

¡Vamos a la lucha! Vamos a elegir Dilma Rousseff presidenta de Brasil.

Via Campesina Brasil

Movimiento de los Afectados por las Presas- MAB

Movimiento de las Mujeres Campesinas-  MMC

Movimiento de los Pequeños Agricultores – MPA

Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra- MST

Federación de los Estudiantes de Agronomía de Brasil- FEAB

Asamblea Popular- PE

Centro de Estudios Barão de Itararé

Fórum Brasileño de Economía Solidaria

Marcha Mundial de las Mujeres- MMM

Movimiento Campesino Popular- MCP

Red Brasileña de Integración de los Pueblos- REBRIP

Red de Educación Ciudadana Sudeste- RECID

Sindicato de los Ingenieros de Paraná- Senge-PR

Unión de Estudiantes Afrodescendentes-UNEAFRO

Secretaría Nacional del MST

Viernes 16 de julio de 2010.

Ocho meses después del boicot en la CPMI contra la Reforma  Agraria, los
parlamentarios des los sectores conservadores liderados por Kátia Abreu (DEM-TO) y Onyx Lorenzoni (DEM/RS) declararon que era innecesario continuar las investigaciones de las entidades sociales que actúan en los asentamientos. En este periodo, las entidades de la Reforma Agraria y los ministerios del gobierno federal participaron en las audiencias públicas de la comisión, dieron todo tipo de explicaciones y demostraron la importancia que tienen los convenios para la ejecución de políticas públicas en el medio rural. 

Aún sin haber participado en la mayoría delas sesiones, los diputados ruralistas
insisten que la comisión se prorrogue seis meses más. Kátia Abreu, por ejemplo, no participó en ninguna sesión, aunque haya sido la mayor defensora de la   creación de esta comisión. El informe final del diputado Jilmar Tatto (PT/SP)  apunta al hecho de las denuncias improcedentes contra el MST y las entidades que  apoyan a la Reforma Agraria. Mientras la comisión funcionaba plenamente, con  decenas de audiencias, los ruralistas estaban ausentes. Se gastó dinero público en una CPMI creada como dispositivo de criminalización de los movimientos sociales y contra los avances de la Reforma  Agraria.
Para forzar la continuación de esta CPMI, los representantes del latifundio
apelaron y crearon un embrollo jurídico, después de presentar firmas para su
prórroga. En comisiones parlamentarias mixtas de investigación/, donde
participan diputados y senadores, las decisiones tienen que tomarse en sesiones
del Congreso Nacional. Como no lo consiguieron, Kátia Abreu y Onyx Lorenzoni
realizaron una maniobra no prevista en el reglamento y argumentaron que es
suficiente con que el Senado haga la lectura del requerimiento. El senador
Eduardo Suplicy (PT/SP) cuestionó el método usado para prorrogar la comisión y
recorrió a la Comisión Constitución y Justicia del Senado.  Después, el diputado
José Genoíno (PT/SP) hizo la misma pregunta en la Cámara, que resolvió dejar la
decisión para el presidente delCongreso.
De diciembre hasta julio se fueron realizando en el Congreso Nacional todas las
aclaraciones en relación a las denuncias, con base en los periódicos y revistas
contra la Reforma Agraria.  En este período las entidades sociales probaron que
los convenios fueron cumplidos, el trabajo realizado mejora la calidad de vida
de los trabajadores rurales y no hubo desvío de recursos públicos, deacuerdo con
el informe final e la CPMI  (clique aqui e leia o relatório final).
Siguiendo el plan de trabajo, asegurado por el reglamento del Congreso Nacional,
la CMPI acaba el 17 de julio. El informe final fue presentado, pero no fue
votado porque los ruralistas lo impidieron. Si ellos consiguieron atropellar el
reglamento del Congreso Nacional, los senadores y diputados serán conniventes
con la creación de un hecho político, que será utilizado por los sectores
conservadores en las elecciones contra la Reforma Agraria y los movimientos
sociales. Por eso, denunciamos la utilización de esta CPMI por parte de los
ruralistas para parar cualquier avance de la Reforma Agraria, criminalizar los
movimientos sociales, ocupar espacios en los medios de comunicación y montar un
escenario para la campaña electoral. Más abajo pueden leer la entrevista al
diputado federal Jilmar Tatto, que fue elegido por consenso, ponente de la
llamada “CPMI del MST”, con las conclusiones de la investigación, concedida al
Blog de la Reforma Agraria la semana pasada.
SECRETARIA NACIONAL DEL MST
“Noencontramos ni un céntimo de desvío de recursos públicos”, afirma el relator
de la CPI
 Del Blog de la Reforma Agraria (www.reformaagraria.blog.br)
No hay desvío de dinero público hacia las ocupaciones de tierra en Brasil. Esta
fuela conclusión del informe de la CPMI (Comisión Parlamentaria Mixta de
Investigación), que investigó la relación entre las entidades de la reforma
agraria y los ministerios del gobierno. En total se realizaron trece audiencias
públicas en ocho meses.
La CPMI también investigó las cuentas de decenas de cooperativas de agricultores
y asociaciones de apoyo a la reforma agraria. Para el relator de la CPMI, el
diputado federal Jilmar Tatto (PT/SP), “fue una CPMI innecesaria”. Más abajo
puede leer la entrevista con el diputado federal Jilmar Tatto (PT/SP).
La CPMI se creó para investigar desvíos de recursos públicos de convenios entre
ministerios y entidades sociales para la ocupación de tierras. ¿Cual es la
conclusión después de ocho meses de trabajo?
Fue una CPMI innecesaria. La oposición cargó mucho diciendo que se habían
desviado recursos públicos para ocupar tierras en Brasil. Después de realizar un
trabajo intenso y exhaustivo, comprobando todas las cuentas de decenas de
entidades que hicieron convenios con el gobierno federal, llegamos a la
conclusión de que no hay nada de eso. Son entidades serias que desarrollan un
trabajo de perfeccionamiento y calificación técnica, principalmente para el
hombre del campo. Lo que salió a la luz es que la oposición, principalmente el
DEM o el PSDB, seguían la política de criminalizar los movimientos sociales en
Brasil. Tanto es así que después de empezar con la CPMI, estos partidos
prácticamente no fueron a las reuniones. Fue la demostración de que ellos
estaban más interesados en desgastar el gobierno federal, el MST y criminalizar
el movimiento social. Infelizmente fue esto lo que ocurrió durante el transcurso
de esta CPMI.
¿Cómo evalúa el trabajo de las entidades de la reforma agraria (tales como el
Anca, Concrab, Cepatec, Inocar, Itac y Fepafi), que participaron en las
audiencias públicas de la CPMI?
La oposición, en cierta manera, en un primer momento, consiguió crear
dificultades. Los convenios estaban en marcha y, en la medida en que se van
realizando denuncias vacías en relación a esas entidades, dificultan su trabajo
junto a los productores rurales asentados. La oposición consiguió una parte de
su objetivo: justamente romper parte de esos convenios. Yo creo que esto era lo
que ellos querían. Se comprobó que esas entidades, que hacen un trabajo con los
asentados, productores y pequeños propietarios de tierra, unidos a la
agricultura familiar y a las cooperativas, son muy importantes para Brasil. Son
entidades que trabajan con la producción de agricultura orgánica, la
calificación de la mejor manera de aprovechar la tierra y el manejo de las
semillas. Desde el punto de vista personal fue un aprendizaje. Desde el punto de
vista político fue un desastre porque esta CPMI perjudicó al campo,
principalmente los pequeños productores y asentados. Hay algunas cuestiones de
competencia del legislativo que necesitan perfeccionarse.
¿Cuáles son las medidas más importantes propuestas en el informe?
Por ejemplo, la cuestión del trabajo esclavo. Esa ley (que prevé la expropiación
de las tierras de los propietarios que usan trabajo esclavo) necesita ser votada
urgentemente, que criminaliza quien practica la vergüenza del trabajo esclavo,
principalmente por parte del agro negocio. Otra cuestión que necesita ser
resuelta es la de los índices de productividad. Estoy proponiendo también una
ley que regule los convenios, Porque cada vez que se cambian los gobiernos,
también se cambian los procedimientos en relación a los convenios con las
entidades. Por eso tenemos que hacer unas normas, definir con la ley cómo
funcionan eso convenios, para desburocratizarlos, hacerlos transparentes y
facilitar su ejecución. De esta manera, esas entidades y otras podrán
desarrollar su trabajo tranquilamente, sin cometer errores de procedimiento –no
de mala fe- porque no queda claro en la legislación como proceder para das
cuentas.

¿Es posible pensar qué puntos debería tener esa ley de regulación de los
convenios?
Tiene que tratar diferente a los desiguales. Una cosa es hacer un convenio con
entidades patronales, que tienen una estructura muy grande en las áreas
jurídica, contable y administrativa. Otra cosa son las entidades pequeñas que no
tienen esa estructura.  La ley tiene que facilitar el trabajo, y los convenios,
evidentemente, tendrán todo el rigor en la aplicación de los recursos públicos.
Si tiene la garantía de que la aplicación de los recursos está dentro del
objeto, no necesita de tantos mecanismos, porque tenemos que partir del
principio de la buena fe. Una de las ideas es poner en la legislación los
procedimientos porque no siempre están claros, y esto perjudica las entidades
que no tienen una gran estructura administrativa. 

¿Cuál es la importancia de esos convenios para la ejecución de políticas
públicas en los asentamientos y en las áreas rurales?

Es fundamental. Y donde el Estado no consigue llegar, o si llega lo hace de
forma desordenada, sin criterio. Esas entidades hacen de puente de los órganos
del Estado con aquellas personas que más lo necesitan. Hacen un trabajo
fundamental de rescate de la ciudadanía, de sectores de la sociedad que están
marginados. Por eso, un gobierno democrático, preocupado en la mejora de la
calidad de vida de todos y todas, precisa fortalecer ese tipo de entidades en
Brasil.

En su opinión, ¿por qué la bancada rural estuvo ausente durante las audiencias
con los representantes de las entidades y de los ministerios?
Hicieron una ofensiva, un discurso muy agresivo, provocaron dudas en relación al
desvío de recursos públicos y al final todo el ruido provocado se quedó en nada,
pues no había desvío alguno. Las entidades y el gobierno hicieron públicas
todas  sus cuentas. Fue transparente y, en ningún momento, consiguieron
identificar un centavo de desvío de recurso público. Fueron desmoralizados, y
concluyeron ausentarse de los trabajos de la CPMI. De todo modo, aprobamos un
plan de trabajo, cumplimos nuestra obligación, investigando aquello que el
Congreso definió como prioridad. En ese período, tuvimos a todas las entidades y
órganos de gobierno involucrados y se hizo un debate sobre la cuestión agraria
en Brasil. Fue un trabajo productivo, en el sentido de dejar claro que no hubo
desvío de recursos público para realizar ocupación de tierras en Brasil. Lo que
hubo fue una oposiçión realizando una carga muy grande contra el gobierno y el
MST.

El plazo final de la CPMI, previsto en el plan de trabajo, es el 17 de julio. El
plazo para la prórroga de la CPMI acabó. O Onyx Lorenzoni anunció que va a
presentar un informe paralelo. ¿Cual es la perspectiva para la aprobación de su
informe la próxima semana?

Ellos intentarán, como último recurso,  el prorrogar la CPMI, pero no
conseguirán las firmas. Entonces solo cabe la oposición a presentar un informe
alternativo. Está convocada una reunión para este miércoles, a las 14h, para
votar el informe. Probablemente, va ser votado mi informe contra  el de la
oposición. Si hay quórum, y tuviéramos mayoría, se aprobará nuestro informe. Si
no, de todos modos, ya se presentó el informe. Es lo que vale. La  CPMI termina
el día 17 de julio, con los trabajos concluidos, comprobando que no hubo desvío
de recursos públicos.

Y los ruralistas van a presentar un informe incluso sin comparecer a las
sesiones…

Exactamente. Esa es la contradicción. De nuevo, están haciendo política. Hay
algunos diputados y senadores, ligados a los ruralistas, que precisan rendir
cuentas, porque en la práctica hicieron muy poco en defensa de los ruralistas de
la CPMI. Y además para mostrar a su sector que están trabajando. Ese informe
cumple esa función, porque desde el punto de vista objetivo no tiene sentido el
presentar un informe alternativo. No se sabe que van a escribir en ese informe.
Será más un discurso político de campaña electoral, para atender o los intereses
del agronegocio, que propiamente algo que trata de desvíos de recursos públicos.

A partir de las investigaçiones,   qué se necesita para que el  país resuelva
los conflictos  del campo y enfrentar el problema de la pobreza de los
trabajadores rurales? Se necesita continuar invirtiendo bastante en la
agricultura familiar, lo que el gobierno tiene hecho, aumentando os recursos
cada vez más. Tenemos que garantizar que la legislación laboral sea aplicada,
revisar los índices de productividad, incentivar cada vez más cultivos
alternativos, ligados a la cuestión de alimentos orgánicos, produciendo
alimentos de calidad y del punto de vista nutricional adecuado. Y, al mismo
tiempo, acelerar e intensificar el proceso de despropiación y de  la reforma
agraria en el país. Hacer un estudio, por medio de georeferenciado, de todas las
tierras de Brasil tanto las que pertenecen al gobierno como a las privadas.
Definir claramente quiénes son los dueños de esas tierras e, aquellas que no son
productivas, como dice la  Constitución, deben ser despropiadas para hacer la
reforma agraria. Es preciso acelerar ese proceso, que tuvo avances en el
gobierno Lula, pero que es necesario continuar cada vez más para hacer que las
personas del campo tengan una calidad de vida más adecuada.

La ofensiva del agronegócio contra el pueblo brasileño

Viernes 25 de junio de 2010

Brasil es el objetivo de una ofensiva del gran capital, articulado por las empresas transnacionales y por los bancos, en alianza con los grandes terratenientes capitalistas, que crearon un modelo de organización de la agricultura llamado agro negocio. A partir de la segunda mitad de la década de los 90 –y más aún después de la crisis del capitalismo internacional- , las grandes corporaciones internacionales, financiadas por el capital financiero, se abalanzaron sobre la agricultura brasileña; tierras, agua y semillas, producción e industrialización de alimentos y comercialización de agro tóxicos. En este proceso, el agro negocio intenta impedir el desarrollo de la pequeña agricultura y de la Reforma Agraria y consolidar su modelo de producción, basado en la gran propiedad, el monocultivo, la expulsión de la mano de obra del campo con el uso intensivo de máquinas, devastación ambiental y utilización a gran escala de agro tóxicos.

Compra de tierras por parte de empresas extranjeras

Datos del Incra apuntan que en los últimos años se vendieron por lo menos 4 millones de hectáreas a personas y empresas extranjeras. Esto perjudica los intereses del pueblo brasileño y debilita la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales. El gobierno federal mostró preocupación con esta ofensiva, porque las empresas usan subterfugios para saltarse la legislación en vigor. Un director de la empresa finlandesa de papel y celulosa Stora Enso admitió que había creado una empresa en Brasil para burlar la ley, comprar ilegítimamente 46 mil hectáreas en la frontera del sur del país e implantar el monocultivo del eucalipto.

Sólo en el sector azucarero-alcohólico, por ejemplo, las empresas transnacionales compraron el 30 % de todas las destilerías con sus fábricas y tierras. No obstante, esto aún no aparece en los catastros del instituto, que presentan números estimados. Esperamos que el gobierno cumpla su promesa y apruebe cuanto antes la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) para impedir la compra de tierras por los extranjeros, incluso con la anulación de los títulos de las tierras ya vendidas.

Arroz transgénico de la Bayer

En las últimas semanas, el agro negocio intenta avanzar con su proyecto para la agricultura brasileña en dos frentes; cambios en el Código Forestal Brasileño y en la liberalización del arroz transgénico. Cuanto a la flexibilización de la ley ambiental, viabiliza la deforestación para la expansión del agro negocio, los transgénicos pasan el control de las semillas de lo agricultores para la propiedad privada de cinco empresas transnacionales. Con todo esto, Bayer, Basf. Monsanto, Cargill y Syngenta crean patentes e imponen royalties a aquellos que producen.

Los movimientos campesinos, ambientalistas y entidades de derechos humanos obtuvimos una victoria importante con la presión social y política contra la liberalización del arroz de la Bayer, que retiró la propuesta de la pauta de votación de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), este jueves. Esta variedad de arroz, debido a su consumo popular, no está liberalizado en ningún país del mundo – ni en los Estados Unidos ni en Alemania (país de origen de la Bayer). Felizmente se produjo una frenada momentánea de las pretensiones de la transnacional pero necesitamos estar atentos para seguir sus movimientos futuros. 

La aprobación del arroz transformaría Brasil en un cobaya. Los impactos de la liberalización del transgénico en el arroz, que está en la mesa de los brasileños en la comida y la cena, serían extremadamente negativos. En primer lugar, no hay estudios que verifiquen que no hay perjuicios para la salud humana con el consumo de los transgénicos. 

En segundo lugar, los productores de arroz tradicional podrían tener sus cosechas contaminadas por el arroz Liberty Link. En los Estados Unidos, se contaminaron por lo menos 7 mil productores de arroz, que demandaron a la Bayer por perjuicios. Con esto, podríamos convertir todos los cultivos tradicionales de arroz en transgénicos. Además, aún sin comprar estas semillas, los campesinos tendrían que pagar royalties a la empresa alemana. 

En tercer lugar, aumentaría más la utilización de venenos en los cultivos de nuestro país, que ya utilizó mil millones de litros el año pasado, ocupando el primer lugar en el ranking mundial. Hay estudios que demuestran que el glufosinato utilizado en las pulverizaciones de la variedad desarrollada por la Bayer, es tóxico para los mamíferos y pueda dificultar la actividad del cerebro humano.

El médico Wanderlei Antonio Pignati, doctor en salud y medio ambiente, investigador de la Fiocruz y profesor de la Universidad Federal de Mato Grosso, explica que las grandes industrias crean semillas dependientes de los agro tóxicos y fertilizantes químicos porque también son productoras de estos venenos.

El freno de la Bayer representa una pequeña victoria de la sociedad brasileña, principalmente porque demuestra que es posible enfrentar e imponer derrotas a las empresas transnacionales.

Cambios en el Código Forestal

En relación al Código Forestal, la votación del informe presentado por el diputado federal Aldo Rebeldo (PcdoB-SP) está prevista para inicios de julio. El texto del proyecto de ley beneficia a los terratenientes del agro negocio, con la abolición de la Reserva Legal para la agricultura familiar, la posibilidad de compensación fuera de la región o de la cuenca hidrográfica y la transferencia de la responsabilidad de definición de la legislación ambiental hacia los Estados y los Municipios.

Aún más preocupante para la Reforma Agraria es la amnistía a todos los productores rurales que cometieron crímenes ambientales hasta julio del 2008. Áreas que no cumplen la función social y , deacuerdo con la Constitución, deberían ser expropiadas y destinadas a los trabajadores rurales sin-tierra, continuarán en manos de de los terratenientes. O sea, con la aprobación del nuevo código, el Congreso Nacional modificará la Constitución sólo para atender los intereses de aquellos que monopolizan las tierras en nuestro país. 

Mientras las empresas del agro negocio lo celebran discretamente, los diputados ruralistas están eufóricos con la posibilidad de legitimar la deforestación ya realizada y abrir la frontera agrícola sobre nuestras selvas y áreas de preservación. Lo que no era de esperar es que los sectores más conservadores encontrasen en este punto apoyos externos, que merecieron hasta los elogios de la senadora Kátia Abreu (DEM), que hace poco tiempo intentaba proponerse para ser candidata a vicepresidente de José Serra (PSDB). Una vez que Kátia Abreu, presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA) y portavoz del sector más reaccionario de los terratenientes, es la principal defensora de estos cambios, es evidente de quien se beneficiará de las propuestas del diputado Aldo Rebelo.

Hasta ahora se oyeron muchas voces contra esta propuesta por parte de las iglesias, las entidades ambientalistas, una parte importante del movimiento sindical y los movimientos populares, especialmente la Vía Campesina de Brasil, que manifestaron su rechazo al proyecto. Se recogieron miles de firmas para sensibilizar al Congreso, parlamentarios progresistas pidieron comparecencias al informe y el Ministerio de Medio Ambiente se situó contra las propuestas. El propio gobierno, del cual el partido político del diputado Aldo Rebelo compone la base parlamentaria, criticó públicamente el proyecto.

Esperamos que la presión de la sociedad consiga evitar la destrucción de la legislación ambiental y la devastación del concepto de función social de la propiedad, que determina la realización de la Reforma Agraria. En vez de acabar con el Código Forestal , necesitamos mantener sus principios y perfeccionarlo, preservando la naturaleza en beneficio de toda la población y de las generaciones futuras. 

SECRETARÍA NACIONAL DEL MST

Los parlamentarios de la comisión especial que discute las alteraciones en el Código Forestal deben votar, a inicios del mes de junio, el informe final de cambios en la legislación. Denunciamos que el informe tiene en cuenta solamente los intereses de los partidos ruralistas, por la ausencia de un debate amplio sobre el tema. Ellos pretenden consolidar la deforestación que ya promovieron en el Cerrado, la Mata Atlántica, las Pampas y la Caatinga y avanzar en la destrucción de la Amazonia.

El Código Forestal es una barrera para el avance del agro negocio, porque impone límites a la devastación ambiental en la actividad agrícola, con la aplicación de la Reserva Legal (RL) y de las Áreas de Preservación Permanente (APP). La reserva legal es del 80% en la Amazonia; 35% en el Cerrado y 20% en las otras propiedades. Los impactos de la destrucción del medio ambiente se notan en todas partes, no sólo en las regiones directamente destruidas. Un ejemplo reciente es la muerte de más de 200 trabajadores y trabajadoras de las regiones más pobres de Rio de Janeiro, debido a las fuertes lluvias que afectaron el estado a inicios de abril. Las principales víctimas fueron familias que viven en las colinas por falta de un programa de habitabilidad que atienda las necesidades del conjunto de la población. Las consecuencias de los desequilibrios ambientales recaen principalmente sobre los más pobres.

El desequilibrio climático y los desastres naturales tienen las raíces en la forma como se organiza la producción en la sociedad, bajo la hegemonía de las grandes empresas transnacionales y del capital financiero. Estas actividades no están en sintonía con la naturaleza y debilitan los ecosistemas, para garantizar una mayor acumulación del capital. La flexibilización de la legislación ambiental, defendida por los partidos ruralistas, es del interés del agro negocio, de las empresas transnacionales de la agricultura y del capital financiero. El Código Forestal Brasileño fue creado en 1934 como forma de tener unas reglas que regiesen la expansión de la economía agrícola para las áreas de selva, que estimulaba el gobierno de Getúlio Vargas. En 1965, el Código fue reformado por el gobierno militar para poner límites a la deforestación que se produciría con la implantación de su programa de colonización de la Amazonia.

En el 2001, a través de la Medida Provisional, el gobierno FHC realizó la última gran reforma en el Código, permitiendo la implantación de grandes obras que interesaban al capital. No obstante, permanecieron las exigencias en términos de áreas y porcentajes en relación a las Áreas de Preservación Permanente y la Reserva Legal. Aquí están los instrumentos legales que el agro negocio quiere eliminar de su horizonte. El Código preserva también las áreas a lo largo de los ríos o de cualquier curso de agua; alrededor de lagunas, lagos o reservas de aguas naturales o artificiales; en la cima de las colinas, montes, montañas y sierras y en las alturas superiores a 1800 metros, cualquiera que sea la vegetación.

El Código Forestal se mantuvo vivo hasta ahora gracias a la lucha de los brasileños que defienden el medio ambiente y la naturaleza, que es un bien estratégico del pueblo. Aún así, aunque esté en la ley, nunca fue respetado por los gobiernos ni por el propio agro negocio. Hasta ahora, el sector ruralista actúa de la siguiente forma: ignora las determinaciones del Código Forestal para derribar los bosques; cuando se les coge con la sierra mecánica en la mano, culpan la rigidez de la legislación en vigor y, finalmente, movilizan a sus parlamentarios para derribar esos “obstáculos”.

La Vía Campesina definió propuestas para un profundo programa ambiental para el campo brasileño. Antes de cualquier medida, defendemos el mantenimiento del Código Forestal, que debe cumplirse de manera que pueda implementarse una agricultura campesina sostenible. Formamos parte de la campaña por la “Deforestación cero” para interrumpir la devastación forestal inmediatamente. Para las áreas de la Reforma Agraria, proponemos a los gobiernos un amplio programa para la reforestación con árboles nativos, la construcción de agro bosques y un programa de Educación Ambiental.  Los intereses de los partidos ruralistas para pasar sus tractores sobre los bosques y la creación de la CPMI contra la Reforma Agraria son dos lados de la misma moneda. Mientras trabajan duro para flexibilizar la legislación ambiental, para expandir inmediatamente el capital sobre nuestro territorio, mantienen un instrumento político eficiente para hacer la lucha ideológica contra los movimientos sociales, paralizar la Reforma Agraria e impedir cualquier resistencia a sus proyectos para la agricultura brasileña. Estamos articulándonos con otros movimientos sociales y ambientalistas para impedir que esta nueva maniobra contra el medio ambiente sea aprobada por los sectores conservadores. Defendemos la integración  entre los bosques y la producción de alimentos saludables para la población del país. 

Secretaría Nacional del MST

 BALANCE DE NUESTRA  JORNADA DE LUCHAS 

1. Historia

El mes de abril se convirtió en un símbolo de la lucha por la democratización de la tierra en Brasil en todo el mundo. El 17 de abril de 1996, 19 trabajadores rurales, que participaban en una marcha, fueron brutalmente asesinados por la Policía Militar de Pará, en Eldorado dos Carajás. Era gobernador de Pará el sr. Almir Garbiel (PSDB). Era presidente de Brasil el sr. Fernando Henrique Cardoso. Según el abogado de defensa de los policías, la empresa  Vale do Rio Doce financió la movilización del comando. La Masacre de Carajás fue uno de los crímenes más cobardes y estúpidos de toda  la historia de nuestro país.

Pasados tantos años,  hasta hoy nadie fue acusado o condenado. En 2002, el presidente Fernando Henrique Cardoso sancionó el proyecto de ley de iniciativa de la senadora Marina Silva, e instituyó al 17 de Abril como Dia Nacional de Lucha por la Reforma Agraria. Por eso, en el mes de abril, aquí en Brasil y en todo el mundo se suceden movilizaciones campesinas en la  lucha por mejores condiciones de vida y para avanzar en la Reforma Agraria. Este año realizamos  una jornada de lucha, con movilizaciones en todo el país, ocupaciones de tierras, protestas y marchas, para seguir remarcando las necesidades históricas de los campesinos y campesinas.

 Tenemos ante nosotros dos temas complementarios. El primero es la necesidad de retomar el debate sobre la necesidad de cambios estructurales en la propiedad de la tierra y en el modelo agrícola impuesto por el capital internacional en nuestro país, el llamado agronegocio. Y el segundo son las diversas demandas concretas, compromisos asumidos por el gobierno, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de forma inmediata.

 La elección del presidente Lula abrió nuevas perspectivas para los trabajadores rurales y para la Reforma Agraria.  Después de la toma de posesión, acompañamos la formulación del Plan Nacional de Reforma Agraria, que fue rebajado por presión de la bancada rural y por la falta de prioridad del área económica.  En 2005, hicimos una gran marcha de Goaiania a Brasília, con 12 mil trabajadores y trabajadoras rurales, que caminaron más  de 200 km , durante 17 días. Al final de la marcha, fuimos recibidos por el presidente Lula y entregamos una serie de reivindicaciones, con sugerencias para mejorar la política agraria. En aquella ocasión el gobierno se comprometió, por escrito, con los siguientes puntos:

1. Priorizar el asentamiento de todas las familias acampadas

2. Actualizar los índices de productividad (o sea, cumplir la Ley Agraria )

3. Garantizar recursos para la desapropiación de áreas

4. Crear  una línea de crédito específica para asentados

5. Crear una línea especial de crédito  BNDES para agro-industrias y cooperativas en los asentamientos

6. Ampliar los recursos para los programas de educaciónen el campo

 2. La coyuntura actual

 Fue pasando el tiempo, y muy poco fue hecho en esa dirección. El resultado fue que, en estos años, aumentó aún más la concentración de la propiedad de la tierra. La opción por el agronegocio por parte de algunos ministerios  se volvió más clara.  Jornada a jornada, todos los años, presentamos prácticamente la misma agenda al gobierno. Por eso decimos que nuestra agenda se volvió amarilla. Ninguna medida estructurante fue implementada y los pocos asentamientos que fueron realizados se hicieron más como medida de solución de conflictos que como proyecto alternativo para la producción. Miles de familias continúan acampadas. Y del total de familias asentadas por el gobierno, el 65% lo fueron en proyectos de regularización  latifundista  y colonización de la Amazonia. Por otro lado, al aproximarse la elección, la derecha se articuló en los espacios donde tienen hegemonía, como el Poder Judicial, la bancada rural y sectores de medios  burgueses, para atacar la Reforma Agraria , la lucha social y al MST. En los últimos meses, fue nítida la campaña promovida por los medios de comunicación de la burguesía. Los ataques al Congreso, como la constitución de la CPMI   de la Reforma Agraria , la tentativa de imponer cambios legislativos a peor, como el caso del Código Forestal y otras iniciativas.

En el poder Judicial, el ministro Gilmar Mendes se transformó en portavoz del latifundio, defendiendo siempre el derecho absoluto de la propiedad, desconociendo lo que dice la Constitución , y abandonando el puesto de magistrado para  transformarse en abogado de los intereses de los hacendados. Nunca se preocupó en recibir a la CNBB y a la CPT para explicar porqué, de los 1.600 asesinatos de trabajadores y lideres del campo de 1985 para acá, apenas 80 tienen procesos judiciales 16 fueron condenados y apenas ochos están presos.

Ni explicó qué medidas el Poder Judicial está tomando en relación a los flagrantes delitos contra el medio ambiente y a las situaciones de trabajo esclavo del latifundio. La senadora Kátia Abreu (DEM-TO), que grilou una tierra pública de 2.500 hectáreas en Tocantins y expulsó  a los propietarios pobres, se levantó como baluarte de la tradición de la familia y la propiedad, soñando en ser vice en el gobierno de Serra. Por el papel que esta desempeñando al frente de la CNA (Confederación de la da Agricultura y Pesca de Brasil), sabemos que va a representar a los intereses más reaccionarios de la burguesía brasilera en el caso de que consiga ganar las elecciones. Los ataques contra los trabajadores ya comenzaron. Sabemos que pueden empeorar.

3.  Nuestra acción

Nos movilizamos, primero, para decir a la sociedad brasileña que precisamos de cambios estructurales en la propiedad de la tierra, garantizando la democratización de ese bien de la naturaleza que la Constitución garantiza a todos los brasileños. Para decir que el modelo del agronegocio es perjudicial para nuestra sociedad, pues produce sólo ventajas para la exportación, produce en gran escala semillas venenosas, transformando al Brasil en el  mayor consumidor mundial de agrotóxicos.

 Denunciamos incluso  que la forma de producir del agronegocio, además de sobreexplotar a los trabajadores, degrada el medio ambiente, contribuyendo  a los cambios climáticos que afectan a todos. Nuestra movilización en este abril fue victoriosa. Miles de trabajadores protestaron en casi todos los estados del país. En todos los lugares la sociedad nos apoyó de diferentes formas. Sin la solidariedad de tantas entidades, sindicatos, iglesias y personas de buena voluntad seria imposible llevar adelante la lucha en condiciones tan adversas. Nos movilizamos para exigir del gobierno que cumpla sus compromisos: que recupere el presupuesto del Incra; que viabilice recursos para la desapropiación de las haciendas con procesos rápidos; que publique la orden que actualiza los índices de productividad, y que discuta seriamente formas concretas de organizar la producción en nuestros asentamientos. Que cumpla el compromiso de asentar a las familias acampadas hace tantos años.

Hicimos reuniones con diversos ministros: de Planeamiento, de la Secretaria  da Presidencia, del MDA. Esperamos que los compromisos sean de asumidos  de hecho y viabilizados. De nuestra parte, como movimiento social,  tenemos el deber y el derecho de seguir organizando a los trabajadores del campo, para que luchemos por nuestros derechos. Estaremos atentos. Y convocamos a todos los sectores organizados de las fuerzas populares a prepararse y a sumar fuerzas en la jornada del 18 de mayo, para una movilización nacional en pro de la reducción de la jornada de 44 a 40 horas semanales, sin reducción de salarios. Luchar por la Justicia Social es nuestro derecho. 

Sigan las noticias de la lucha por la Reforma Agraria en nuestra página de internet: www.mst.org.br.Recomendamos también la lectura del blog de la Red de Comunicadores por la Reforma Agraria: http://www.reformaagraria.blog.br/

Secretaria Nacional del MST

1. A história

O mês de abril se tornou um símbolo da luta pela democratização da terra no Brasil e em todo mundo. Em 17 de abril de 1996, 19 trabalhadores rurais, que participavam de uma marcha, foram brutalmente assassinados pela Polícia Militar do Pará, em Eldorado dos Carajás. Era governador do Pará o sr. Almir Garbiel (PSDB). Era presidente do Brasil o sr. Fernando Henrique Cardoso. Segundo o advogado de defesa dos policiais, a empresa  Vale do Rio Doce financiou a mobilização da tropa. O Massacre de Carajás foi um dos crimes mais covardes e estúpidos de toda história de nosso país.

Passaram-se tantos anos, e até hoje ninguem foi punido ou condenado.

Em 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou projeto de lei de iniciativa da senadora Marina Silva, e instituiu o 17 de Abril como Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Por isso, no mês de abril, aqui no Brasil e em todo mundo acontecem mobilizações camponesas na luta por melhores condições de vida e para avançar a Reforma Agrária. Neste ano realizamos mais uma jornada de lutas, com mobilizações em todo país, ocupações de terras, protestos e marchas, para seguir pautando as necessidades históricas dos camponesas e camponesas.

Temos na pauta dois temas complementares. O primeiro é a necessidade de retomar o debate sobre a necessidade de mudanças estruturais na propriedade da terra e no modelo agrícola imposto pelo capital internacional em nosso país, o chamado agronegócio. E o segundo são as diversas demandas concretas, compromissos assumidos pelo governo, para melhorar as condições de vida dos trabalhadores de forma imediata.

A eleição do presidente Lula abriu novas perspectivas para os trabalhadores rurais e para a Reforma Agrária. Depois da posse, acompanhamos a formulação do Plano Nacional de Reforma Agrária, que foi rebaixado por pressão da bancada ruralista e pela falta de prioridade da área econômica.

Em 2005, fizemos uma grande marcha de Goiânia a Brasília, com 12 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais, que caminharam mais de 200 km, durante 17 dias. No final da marcha, fomos recebidos pelo presidente Lula e entregamos uma pauta de reivindicações, com sugestões para melhorar a polítia agrária. Naquela ocasião o governo se comprometeu, por escrito, com os seguintes pontos:

1. Priorizar o assentamento de todas as familias acampadas

2. Atualizar os índices de produtividade (ou seja, cumprir a Lei Agrária)

3. Garantir de recursos para a desapropriação de áreas

4. Criar de uma linha de crédito específica para assentados

5. Criar de uma linha especial de crédito no BNDES para agroindústrias e cooperativas nos assentamentos

6. Ampliar os recursos para os programas da educação no campo

2. A conjuntura atual

Foi passando o tempo, e muito pouco foi feito nessa direção. O resultado foi que, nesses anos, aumentou ainda mais a concentração da propriedade da terra. A opção pelo agronegócio por parte de alguns ministérios ficou mais clara.

Jornada a jornada, todos os anos, apresentamos praticamente a mesma pauta ao governo. Por isso dizemos que nossa pauta ficou amarela. Nenhuma medida estruturante foi implementada e os poucos assentamentos foram realizados mais como medida de solução de conflitos do que como projeto alternativo para a produção. Milhares de famílias continuam acampadas. E do total de famílias assentadas pelo governo, 65% foram em projetos de regularização fundiária e colonização na Amazônia.

Por outro lado, ao aproximar-se da eleição, a direita se articulou nos espaços onde tem hegemonia, como o Poder Judiciário, a bancada ruralista e setores da mídia burguesa, para atacar a Reforma Agrária, a luta social e o MST. Nos últimos meses, foi nítida a campanha promovida pelos meios de comunicação da burguesia. Os ataques no Congresso, com a constituição da CPMI  da Reforma Agrária, a tentativa de impor mudanças legislativas para pior, como no caso do Código Florestal e outras iniciativas.

No Poder Judiciário, o ministro Gilmar Mendes se transformou em porta-voz do latifúndio, defendendo sempre e apenas o direito absoluto da propriedade, desconhecendo o que diz a Constituição, e abandonando o posto de magistrado para se transformar em advogado dos interesses dos fazendeiros. Ele nunca se preocupou em receber a CNBB e a CPT para explicar porque, dos 1.600 assassinatos de trabalhadores e lideranças no campo de 1985 para cá, apenas 80 têm processos judiciais, 16 foram condenados e apenas oito estão presos. Nem explicou quais medidas o Poder Judiciário está tomando em relação aos flagrantes delitos contra o meio ambiente e as situações de trabalho escravo do latifúndio.  

A senadora Kátia Abreu (DEM-TO), que grilou uma terra pública de 2.500 hectares em Tocantins e expulsou os posseiros pobres, levanta-se como baluarte da tradição, da família e propriedade, sonhando em ser vice na chapa do Serra. Pelo papel que ela tem cumprido à frente da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), sabemos que ela vai representar os interesses mais reacionários da burguesia brasileira caso consiga disputar as eleições. Os ataques contra os trabalhadores já começaram. Sabemos que podem piorar.

3. Nossa ação

Nos mobilizamos, primeiro, para dizer para a sociedade brasileira que precisamos de mudanças estruturais na propriedade da terra, garantindo a democratização desse bem da natureza que a Constituição garante a todos os brasileiros. Para dizer que o modelo do agronegócio é prejudicial para nossa sociedade, pois produz apenas commodities para exportação, produz em larga escala somente com venenos, transformando o Brasil no maior consumidor mundial de agrotóxicos. Denunciamos ainda que a forma de produzir do agronegócio, além de superexplorar os trabalhadores, degrada o meio ambiente, contribuindo para as mudanças climáticas que afetam a todos.

Nossa mobilização neste abril foi vitoriosa. Milhares de trabalhadores protestaram em quase todos os estados do país. Em todos os lugares a sociedade nos apoiou de diferentes formas. Sem a solidariedade de tantas entidades, sindicatos, igrejas e pessoas de boa vontade seria impossível levar adiante a luta em condiçoes tão adversas. Nos mobilizamos para exigir do governo que honre seus compromissos: que recupere o orçamento do Incra; que viabilize recursos para a desapropriação das fazendas com processos prontos; que publique a portaria que atualiza os índices de produtividade, e  que discuta seriamente formas concretas de organizar a produção nos assentamentos. Que cumpra o compromisso de assentar as famílias acampadas há tantos anos.

Fizemos reuniões com diversos ministros: do Planejamento, da Secretaria da Presidência, do MDA. Esperamos que os compromissos sejam de fato assumidos e viabilizados.

        De nossa parte, como movimento social,  temos o dever e o direito de seguir organizando os trabalhadores do campo, para que lutemos por nossos direitos.

Estaremos atentos.

E conclamamos a todos setores organizados das forças populares a se prepararem e somarem forças na jornada de 18 de maio, para uma mobilização nacional em prol da redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salários.

Lutar por Justiça Social é nosso direito. 

Acompanhe as notícias da luta por Reforma Agrária na nossa página da internet: www.mst.org.br.

Recomendamos ainda a leitura do blog da Rede de Comunicadores pela Reforma Agrária: http://www.reformaagraria.blog.br/

Secretaria Nacional do MST