Viernes 16 de julio de 2010.

Ocho meses después del boicot en la CPMI contra la Reforma  Agraria, los
parlamentarios des los sectores conservadores liderados por Kátia Abreu (DEM-TO) y Onyx Lorenzoni (DEM/RS) declararon que era innecesario continuar las investigaciones de las entidades sociales que actúan en los asentamientos. En este periodo, las entidades de la Reforma Agraria y los ministerios del gobierno federal participaron en las audiencias públicas de la comisión, dieron todo tipo de explicaciones y demostraron la importancia que tienen los convenios para la ejecución de políticas públicas en el medio rural. 

Aún sin haber participado en la mayoría delas sesiones, los diputados ruralistas
insisten que la comisión se prorrogue seis meses más. Kátia Abreu, por ejemplo, no participó en ninguna sesión, aunque haya sido la mayor defensora de la   creación de esta comisión. El informe final del diputado Jilmar Tatto (PT/SP)  apunta al hecho de las denuncias improcedentes contra el MST y las entidades que  apoyan a la Reforma Agraria. Mientras la comisión funcionaba plenamente, con  decenas de audiencias, los ruralistas estaban ausentes. Se gastó dinero público en una CPMI creada como dispositivo de criminalización de los movimientos sociales y contra los avances de la Reforma  Agraria.
Para forzar la continuación de esta CPMI, los representantes del latifundio
apelaron y crearon un embrollo jurídico, después de presentar firmas para su
prórroga. En comisiones parlamentarias mixtas de investigación/, donde
participan diputados y senadores, las decisiones tienen que tomarse en sesiones
del Congreso Nacional. Como no lo consiguieron, Kátia Abreu y Onyx Lorenzoni
realizaron una maniobra no prevista en el reglamento y argumentaron que es
suficiente con que el Senado haga la lectura del requerimiento. El senador
Eduardo Suplicy (PT/SP) cuestionó el método usado para prorrogar la comisión y
recorrió a la Comisión Constitución y Justicia del Senado.  Después, el diputado
José Genoíno (PT/SP) hizo la misma pregunta en la Cámara, que resolvió dejar la
decisión para el presidente delCongreso.
De diciembre hasta julio se fueron realizando en el Congreso Nacional todas las
aclaraciones en relación a las denuncias, con base en los periódicos y revistas
contra la Reforma Agraria.  En este período las entidades sociales probaron que
los convenios fueron cumplidos, el trabajo realizado mejora la calidad de vida
de los trabajadores rurales y no hubo desvío de recursos públicos, deacuerdo con
el informe final e la CPMI  (clique aqui e leia o relatório final).
Siguiendo el plan de trabajo, asegurado por el reglamento del Congreso Nacional,
la CMPI acaba el 17 de julio. El informe final fue presentado, pero no fue
votado porque los ruralistas lo impidieron. Si ellos consiguieron atropellar el
reglamento del Congreso Nacional, los senadores y diputados serán conniventes
con la creación de un hecho político, que será utilizado por los sectores
conservadores en las elecciones contra la Reforma Agraria y los movimientos
sociales. Por eso, denunciamos la utilización de esta CPMI por parte de los
ruralistas para parar cualquier avance de la Reforma Agraria, criminalizar los
movimientos sociales, ocupar espacios en los medios de comunicación y montar un
escenario para la campaña electoral. Más abajo pueden leer la entrevista al
diputado federal Jilmar Tatto, que fue elegido por consenso, ponente de la
llamada “CPMI del MST”, con las conclusiones de la investigación, concedida al
Blog de la Reforma Agraria la semana pasada.
SECRETARIA NACIONAL DEL MST
“Noencontramos ni un céntimo de desvío de recursos públicos”, afirma el relator
de la CPI
 Del Blog de la Reforma Agraria (www.reformaagraria.blog.br)
No hay desvío de dinero público hacia las ocupaciones de tierra en Brasil. Esta
fuela conclusión del informe de la CPMI (Comisión Parlamentaria Mixta de
Investigación), que investigó la relación entre las entidades de la reforma
agraria y los ministerios del gobierno. En total se realizaron trece audiencias
públicas en ocho meses.
La CPMI también investigó las cuentas de decenas de cooperativas de agricultores
y asociaciones de apoyo a la reforma agraria. Para el relator de la CPMI, el
diputado federal Jilmar Tatto (PT/SP), “fue una CPMI innecesaria”. Más abajo
puede leer la entrevista con el diputado federal Jilmar Tatto (PT/SP).
La CPMI se creó para investigar desvíos de recursos públicos de convenios entre
ministerios y entidades sociales para la ocupación de tierras. ¿Cual es la
conclusión después de ocho meses de trabajo?
Fue una CPMI innecesaria. La oposición cargó mucho diciendo que se habían
desviado recursos públicos para ocupar tierras en Brasil. Después de realizar un
trabajo intenso y exhaustivo, comprobando todas las cuentas de decenas de
entidades que hicieron convenios con el gobierno federal, llegamos a la
conclusión de que no hay nada de eso. Son entidades serias que desarrollan un
trabajo de perfeccionamiento y calificación técnica, principalmente para el
hombre del campo. Lo que salió a la luz es que la oposición, principalmente el
DEM o el PSDB, seguían la política de criminalizar los movimientos sociales en
Brasil. Tanto es así que después de empezar con la CPMI, estos partidos
prácticamente no fueron a las reuniones. Fue la demostración de que ellos
estaban más interesados en desgastar el gobierno federal, el MST y criminalizar
el movimiento social. Infelizmente fue esto lo que ocurrió durante el transcurso
de esta CPMI.
¿Cómo evalúa el trabajo de las entidades de la reforma agraria (tales como el
Anca, Concrab, Cepatec, Inocar, Itac y Fepafi), que participaron en las
audiencias públicas de la CPMI?
La oposición, en cierta manera, en un primer momento, consiguió crear
dificultades. Los convenios estaban en marcha y, en la medida en que se van
realizando denuncias vacías en relación a esas entidades, dificultan su trabajo
junto a los productores rurales asentados. La oposición consiguió una parte de
su objetivo: justamente romper parte de esos convenios. Yo creo que esto era lo
que ellos querían. Se comprobó que esas entidades, que hacen un trabajo con los
asentados, productores y pequeños propietarios de tierra, unidos a la
agricultura familiar y a las cooperativas, son muy importantes para Brasil. Son
entidades que trabajan con la producción de agricultura orgánica, la
calificación de la mejor manera de aprovechar la tierra y el manejo de las
semillas. Desde el punto de vista personal fue un aprendizaje. Desde el punto de
vista político fue un desastre porque esta CPMI perjudicó al campo,
principalmente los pequeños productores y asentados. Hay algunas cuestiones de
competencia del legislativo que necesitan perfeccionarse.
¿Cuáles son las medidas más importantes propuestas en el informe?
Por ejemplo, la cuestión del trabajo esclavo. Esa ley (que prevé la expropiación
de las tierras de los propietarios que usan trabajo esclavo) necesita ser votada
urgentemente, que criminaliza quien practica la vergüenza del trabajo esclavo,
principalmente por parte del agro negocio. Otra cuestión que necesita ser
resuelta es la de los índices de productividad. Estoy proponiendo también una
ley que regule los convenios, Porque cada vez que se cambian los gobiernos,
también se cambian los procedimientos en relación a los convenios con las
entidades. Por eso tenemos que hacer unas normas, definir con la ley cómo
funcionan eso convenios, para desburocratizarlos, hacerlos transparentes y
facilitar su ejecución. De esta manera, esas entidades y otras podrán
desarrollar su trabajo tranquilamente, sin cometer errores de procedimiento –no
de mala fe- porque no queda claro en la legislación como proceder para das
cuentas.

¿Es posible pensar qué puntos debería tener esa ley de regulación de los
convenios?
Tiene que tratar diferente a los desiguales. Una cosa es hacer un convenio con
entidades patronales, que tienen una estructura muy grande en las áreas
jurídica, contable y administrativa. Otra cosa son las entidades pequeñas que no
tienen esa estructura.  La ley tiene que facilitar el trabajo, y los convenios,
evidentemente, tendrán todo el rigor en la aplicación de los recursos públicos.
Si tiene la garantía de que la aplicación de los recursos está dentro del
objeto, no necesita de tantos mecanismos, porque tenemos que partir del
principio de la buena fe. Una de las ideas es poner en la legislación los
procedimientos porque no siempre están claros, y esto perjudica las entidades
que no tienen una gran estructura administrativa. 

¿Cuál es la importancia de esos convenios para la ejecución de políticas
públicas en los asentamientos y en las áreas rurales?

Es fundamental. Y donde el Estado no consigue llegar, o si llega lo hace de
forma desordenada, sin criterio. Esas entidades hacen de puente de los órganos
del Estado con aquellas personas que más lo necesitan. Hacen un trabajo
fundamental de rescate de la ciudadanía, de sectores de la sociedad que están
marginados. Por eso, un gobierno democrático, preocupado en la mejora de la
calidad de vida de todos y todas, precisa fortalecer ese tipo de entidades en
Brasil.

En su opinión, ¿por qué la bancada rural estuvo ausente durante las audiencias
con los representantes de las entidades y de los ministerios?
Hicieron una ofensiva, un discurso muy agresivo, provocaron dudas en relación al
desvío de recursos públicos y al final todo el ruido provocado se quedó en nada,
pues no había desvío alguno. Las entidades y el gobierno hicieron públicas
todas  sus cuentas. Fue transparente y, en ningún momento, consiguieron
identificar un centavo de desvío de recurso público. Fueron desmoralizados, y
concluyeron ausentarse de los trabajos de la CPMI. De todo modo, aprobamos un
plan de trabajo, cumplimos nuestra obligación, investigando aquello que el
Congreso definió como prioridad. En ese período, tuvimos a todas las entidades y
órganos de gobierno involucrados y se hizo un debate sobre la cuestión agraria
en Brasil. Fue un trabajo productivo, en el sentido de dejar claro que no hubo
desvío de recursos público para realizar ocupación de tierras en Brasil. Lo que
hubo fue una oposiçión realizando una carga muy grande contra el gobierno y el
MST.

El plazo final de la CPMI, previsto en el plan de trabajo, es el 17 de julio. El
plazo para la prórroga de la CPMI acabó. O Onyx Lorenzoni anunció que va a
presentar un informe paralelo. ¿Cual es la perspectiva para la aprobación de su
informe la próxima semana?

Ellos intentarán, como último recurso,  el prorrogar la CPMI, pero no
conseguirán las firmas. Entonces solo cabe la oposición a presentar un informe
alternativo. Está convocada una reunión para este miércoles, a las 14h, para
votar el informe. Probablemente, va ser votado mi informe contra  el de la
oposición. Si hay quórum, y tuviéramos mayoría, se aprobará nuestro informe. Si
no, de todos modos, ya se presentó el informe. Es lo que vale. La  CPMI termina
el día 17 de julio, con los trabajos concluidos, comprobando que no hubo desvío
de recursos públicos.

Y los ruralistas van a presentar un informe incluso sin comparecer a las
sesiones…

Exactamente. Esa es la contradicción. De nuevo, están haciendo política. Hay
algunos diputados y senadores, ligados a los ruralistas, que precisan rendir
cuentas, porque en la práctica hicieron muy poco en defensa de los ruralistas de
la CPMI. Y además para mostrar a su sector que están trabajando. Ese informe
cumple esa función, porque desde el punto de vista objetivo no tiene sentido el
presentar un informe alternativo. No se sabe que van a escribir en ese informe.
Será más un discurso político de campaña electoral, para atender o los intereses
del agronegocio, que propiamente algo que trata de desvíos de recursos públicos.

A partir de las investigaçiones,   qué se necesita para que el  país resuelva
los conflictos  del campo y enfrentar el problema de la pobreza de los
trabajadores rurales? Se necesita continuar invirtiendo bastante en la
agricultura familiar, lo que el gobierno tiene hecho, aumentando os recursos
cada vez más. Tenemos que garantizar que la legislación laboral sea aplicada,
revisar los índices de productividad, incentivar cada vez más cultivos
alternativos, ligados a la cuestión de alimentos orgánicos, produciendo
alimentos de calidad y del punto de vista nutricional adecuado. Y, al mismo
tiempo, acelerar e intensificar el proceso de despropiación y de  la reforma
agraria en el país. Hacer un estudio, por medio de georeferenciado, de todas las
tierras de Brasil tanto las que pertenecen al gobierno como a las privadas.
Definir claramente quiénes son los dueños de esas tierras e, aquellas que no son
productivas, como dice la  Constitución, deben ser despropiadas para hacer la
reforma agraria. Es preciso acelerar ese proceso, que tuvo avances en el
gobierno Lula, pero que es necesario continuar cada vez más para hacer que las
personas del campo tengan una calidad de vida más adecuada.