Frei Betto

ALAI AMLATINA, 03/08/2010.- El MST nunca desvió dinero público para
realizar ocupaciones de tierra: ésta es, en resumen, la conclusión de la
CPMI (Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación), integrada por
diputados federales y senadores, instaurada para comprobar si había
fundamento en las acusaciones, orquestadas por los señores
latifundistas, de que los movimientos comprometidos con la reforma
agraria se apoderaron de recursos oficiales.


En ocho meses fueron convocadas trece audiencias públicas. Y fueron
examinadas exhaustivamente las cuentas de decenas de cooperativas de
agricultores y de asociaciones de apoyo a la reforma agraria. No se
encontró nada anormal. Según el relator, el diputado federal Jilmar
Tatto (PT/SP), “fue una CPMI innecesaria”.

Aunque no tan innecesaria, pues demostró oficialmente que las denuncias
de la bancada ruralista en el Congreso son infundadas. Y se constató que
las entidades y movimientos volcados a favor de la reforma agraria
desarrollan un trabajo serio de mejoramiento de la agricultura familiar
y de calificación técnica de los agricultores.

Lo que pretendían los denunciantes era reavivar la antigua política
–descartada por el gobierno de Lula– de criminalizar a los movimientos
sociales brasileños. Ese tipo de terrorismo es bien conocido en la
historia de nuestro país: Monteiro Lobato fue encarcelado por propagar
que había petróleo en el Brasil (lo que perjudicó los intereses
usamericanos); fueron llamados comunistas los que defendían la creación
de Petrobras; y terroristas los que luchaban contra la dictadura y en
pro de la redemocratización del país.

La Comisión Parlamentaria significó, para quien insistió en instaurarla,
un tiro salido por la culata. Quedó claro para diputados y senadores
bien intencionados que es necesario votar cuanto antes el proyecto de
ley que prevé la desapropiación de propiedades rurales que utilizan
trabajo esclavo en sus tierras. Y resolver cuanto antes la cuestión de
los índices de productividad de la tierra.

La investigación sacó a la luz, no el supuesto bandidaje del MST y sus
afines, como acusaban los señores del latifundio, sino la importancia de
esos movimientos para ayudar a la población sin tierra. Éstos cuidan de
la organización de campamentos y asentamientos y de ese modo evitan la
migración que refuerza, en las ciudades, el cinturón de favelas y el
contingente de familias y de personas desamparadas, sujetas al trabajo
informal, al alcoholismo, a las drogas, a la criminalidad.

Según Jilmar Tatto, los enemigos de la reforma agraria “montaron toda
una acusación, un discurso rabioso, sembraron dudas en relación al
desvío de recursos públicos, y conocieron que la montaña había parido un
ratón. Porque no había ningún desvío. Las entidades y el gobierno
enseñaron todas sus cuentas. Fueron transparentes y en ningún momento se
consiguió identificar ni un centavo de desvío del erario público.
Quedaron desmoralizados (los denunciantes), y resolvieron ausentarse de
los trabajos de la CPMI. (…) Fue un trabajo productivo, en el sentido
de dejar claro que no hubo desvío de recursos públicos para realizar las
ocupaciones de tierras en el Brasil. Lo que sí hubo fue una oposición
montando una acusación muy seria contra el gobierno y contra el MST”.

Los diputados sensibles a la cuestión social se convencieron, gracias al
trabajo de la comisión, de que es necesario aumentar los recursos para
la agricultura familiar; garantizar que la legislación laboral sea
aplicada en la zona rural; e incentivar más las plantaciones
alternativas y los alimentos orgánicos, sobre cuya calidad nutricional
no recae la desconfianza que pesa sobre los transgénicos. Y, sobre todo,
intensificar la reforma agraria en el país, desapropiando, como lo exige
la Constitución, las tierras improductivas.

Datos recientes muestran que, en el Brasil, se ocupan 3 millones de ha
(hectáreas) para la producción de arroz y 4,3 millones para fríjol.
Según el geógrafo Ricardo Álvarez, si lo comparamos con los 851 millones
de ha que forman este coloso llamado Brasil, veremos que las cifras son
raquíticas. Apenas el 0,85% del territorio nacional está ocupado con el
cereal y la leguminosa. Un aumento de apenas 20% del área plantada
significaría pasar de 7,3 a 8,7 millones de ha, con fuerte impacto en la
alimentación del pueblo brasileño.

Para Álvarez, el aumento de la producción llevaría a la caída de
precios, que es malo para el productor, y bueno para los consumidores.
Le correspondería entonces al gobierno implantar una política de
ampliación de la producción de alimentos, garantizar precios mínimos,
forzar a la ocupación de la tierra, combatir el latifundio, crear
empleos en el campo y atacar el hambre. Lo cual sería una actuación más
eficaz, gracias a ese 20% de aumento del área plantada, que el
asistencialismo alimentario.

El latifundio ocupa hoy más de 20 millones de ha para soja. Al comienzo
de los años 90, esa cantidad andaba por los 11,5 millones. La caña de
azúcar subió de 4,2 a 6,5 millones de ha en el mismo período. En cambio
el arroz y el fríjol sufrieron una reducción del área plantada. Hoy el
brasileño consume más masa que la tradicional combinación de arroz y
fríjol, de gran valor nutritivo.

Álvarez concluye: “No faltan tierras en el Brasil, faltan políticas de
distribución de las mismas. No faltan empleos, falta voluntad de
enfrentar la tierra improductiva. No falta comida, falta orientar la
producción para atender a las necesidades básicas de nuestra población”.
(Traducción de J.L.Burguet)

– Frei Betto es escritor, autor de “Calendario del Poder” (Rocco), entre
otros libros. www.freibetto.org Twitter:@freibetto