El 20 de julio del 2002, un grupo de doce jueces, integrantes del Núcleo de Estudios Críticos, realizó una visita a un asentamiento y a un acampamento del MST en Rio Grande do Sul.
De acuerdo con el relato del núcleo, la visita fue importante por ser una oportunidad de conocer la realidad distante de los gabinetes. "Aunque se tenga conciencia de las dificultades que amargan a millones de brasileños, el contacto directo con la realidad viabiliza una dimensión más exacta de la demanda social y fuerza a formular una infinidad de cuestionamientos sobre la actividad jurisdiccional".
A continuación, fragmentos del informe y de las conclusiones de los jueces:

El asentamiento

El asentamiento de Charqueadas tiene 11 años de existencia y funciona por mediación de una cooperativa creada por los asentados. No hubo división de lotes. Las casas fueron construidas en un único lugar, donde están la escuela, la guardería, el centro comunitario, el puesto de salud y una pequeña estructura urbana.
La tierra es trabajada por todos, atendiendo a proyectos de producción de la EMATER (Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural) y con acompañamiento de técnicos del propio MST, que desenvuelven actividades sin la utilización de transgénicos o productos químicos, tanto en la labor como en la crianza de animales.
El pienso de los animales es hecho con los productos del propio cultivo. La leche se produce de forma enteramente mecanizada. Enl la labranza, se utiliza poca mecanización y se repudia el monocultivo. Los alimentos consumidos por los asentados son todos producidos en el lugar. El excedente se coloca en el mercado, con buena aceptación en virtud de los medios naturales de producción. En total, son 28 familias asentadas, que trabajan de forma compartida. Cada familia recibe una remuneración de acuerdo con la producción del asentamiento.

El acampamento

El acampamento visitado fue formado en el 2001, con seiscientas familias. Durante el periodo en que están acampados, el grupo establece debates sobre género, educación, salud y ciudadanía. Dividen las tareas en grupos (salud, educación, limpieza, seguridad, alimentación, etc.).
Las criaturas tienen actividades educativas y recreativas diariamente. Hay también programas de alfabetización de adultos y una farmacia que funciona las 24 horas dentro del acampamento. Todo medicamento es producido con manipulación de hierbas medicinales plantadas en el lugar. Existe abastecimiento de agua y recogida de basura.
El lugar destaca por la organización, que no existe en muchos aglomerados urbanos. Los acampados no tienen problemas de violencia, excepto en el caso de los que consideran también violencia la precariedad de la estructura en la que viven, sin saneamiento básico, agua canalizada -corriente-, sistema eléctrico o pavimentación. La ausencia de violencia entre los acampados puede ser justificada por el trabajo comunitario desarrollado.
Todos los días un grupo de trabajadores usa un autobús para ir a las frentes de trabajo, ejerciendo actividades remuneradas y revirtiendo el fruto del trabajo al colectivo.

Conclusiones

La convivencia con las poblaciones carentes posibilita la observación de la forma en que las personas se organizan para buscar la superación de la miseria, al mismo tiempo que ayuda a desmentir los engaños que corren sobre esos grupos. La conducta organizada de actuación demuestra que la lucha por la reforma agraria atiende a una estrategia pacífica de reivindicación.
Es importante un debate sobre la exclusión social en el seno de la magistratura. La falta de informaciones sobre las condiciones socio-económicas de las poblaciones miserables y las opciones que éstas eligen para alcanzar inclusión social afectan a la libre convicción del juez.
La determinación de aquellos que buscan el conocimiento por el contacto con poblaciones que están por debajo de la línea de pobreza debe contar con el apoyo o, por lo menos, tolerancia de sus iguales, proponiendo un análisis más fidedigno del fenómeno social. El ideal sería incorporar en la formación del magistrado la posibilidad de contacto directo con la realidad social antes del ingreso en la carrera, buscando una mayor percepción del efecto colectivo y difusión de la decisión judicial.
La lógica del liberalismo del siglo XVIII que justificaba el trabajo esclavo también fundamenta el latifundio del tercer milenio. Hoy, así como en los tiempos de la abolición, el Poder Judicial aparece como la vía de absorción de las demandas resultantes de las contradicciones sociales.
La comprensión de ese papel del Poder Judicial en la cuestión agraria es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. La justicia distributiva es una utopía a ser realizada que no puede caer en la desesperanza.

Todos los datos de este artículo fueron extraídos del texto elaborado por el Núcleo de Estudios Críticos del Derecho: "Relato y conclusiones de la visita al asentamiento de Charqueadas y a un acampamento del MST", de 8/11/2002.

Los posseiros* son amenazados de muerte en Paraná

Las familias agricultoras que viven en la comunidad de Rasgadinho, a 80km de Guaratuba, litoral paranaense, han sido víctimas de la violencia y del terror desde 1995. Los propietarios de una hacienda que queda a 3km del lugar vienen ejecutando estas acciones.
El último 27 de noviembre, el hacendado José Cavalcante (conocido como Zeca), acompañado por tres pistoleros, invadieron la casa de Mário Rita, quien fue amenazado de muerte. En seguida, se dirigieron a la casa de Elias Miranda. Como él no estaba, dispararon varios tiros y derrumbaron la casa por completo. Fueron por toda la comunidad, haciendo fotos y amenazando con destruir todo. La policía civil fue avisada, pero hasta el momento, no tomaron ninguna medida.
La comunidad está formada por 20 familias que viven allí desde 1907. Desde 1995, quema de casas, destrucción de la labranza, amenazas y lesiones corporales son lo cotidiano de esas familias.
Así, la CPT (Comisión Pastoral de la Tierra) de Paraná pide que sean enviados mensajes exigiendo que la Secretaría de Seguridad Pública de Paraná tome las medidas necesarias para garantizar la integridad física y los derechos de los posseiros de Guaratuba:
Secretário de Estado José Tavares da Silva Neto
sesp@pr.gov.br
fax: (41) 352-3070, extensión 2305
(41) 313-
5060 (41) 254-5838.
*Posseiro: campesino o habitante de una tierra sin título oficial la misma (ver el libro Brava Gente)

Esclavitud en el Brasil del Siglo XXI

Según datos de la CPT en los Estados de Pará, Maranhão, Mato Grosso y Tocantins, cerca de 130 haciendas fueron denunciadas en el 2002 por utilizar trabajo esclavo, afectando a 5.000 trabajadores, 4.300 solamente en Pará.
De ese total, las inspecciones de la Secretaría de Inspección del Trabajo (SIT) no alcanzó ni el 40%. ¿Qué faltó? ¿Planificación, recursos, voluntad? ¿Sin inspecciones, cómo se pretende erradicar el trabajo esclavo?

Sin tierra denuncian descaso com Reforma Agrária en São Paulo

Los días 4 y 5 de deciembre, las familias acampadas y asentadas en Pontal de Paranapanema, en São Paulo, realizaron un acto pacífico para denunciar la falta de entendimiento entre el ITESP (Instituto de Terras de São Paulo) y el Gobierno del Estado de São Paulo para hacer avanzar la Reforma Agraria en la región.
De acuerdo con el manifiesto divulgado en el acto, en los últimos cuatro años, de las más de 1500 familias acampadas, apenas 65 fueron asentadas. Los asentados, se hunden ya en deudas, las producciones están sin precio y las condiciones de vida son precarias. El ITESP, además de no prestar asistencia técnica adequada, de incentivar la venta de lotes y el monocultivo de caña de azúcar, permite que retornen a los cofres públicos 29 millones de reales destinados a la compra de tierras en la región, que pertenecían al Estado, con el objetivo de implementar la Reforma Agraria.
Todavía de acuerdo con el documento, el Gobernador del Estado, Geraldo Alckmin, estuvo en la región hace un año y medio anunciando la compra de 13 áreas para la Reforma Agraria. Hasta el momento, ninguna familia fue asentada.