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Artigo de Frei Betto sobre MST: ?Suprimir el MST o el latifundio improductivo?

Una de las grandes cualidades del gobierno de Lula es el no criminalizar a los movimientos sociales, reprimidos durante el gobierno de Cardoso hasta por las tropas del Ejército. Si Lula los tratase como caso de policía, y no de política, estaría condenando su propio pasado.

Muchos son los que recuerdan las huelgas y manifestaciones obreras lideradas por el actual presidente de la República en el ABC paulista: los helicópteros del Ejército sobrevolando el estadio de Villa Euclides y apuntando sus armas hacia la asamblea de metalúrgicos; las tropas de la Policía Militar en el cerco de la matriz de São Bernardo do Campo, donde se encontraban los dirigentes obreros; los vehículos del DEOPS llevando capturados a dirigentes sindicales.
Eran los tiempos de la dictadura. Hoy hemos recuperado el Estado de Derecho, en el cual la huelga, las manifestaciones y las reivindicaciones son derechos asegurados por la Constitución Federal. Excepto en Rio Grande do Sul, donde aún impera la arbitrariedad.

En setiembre del 2007 la Brigada Militar, como es conocida la PM gaucha, trató de impedir la marcha de tres columnas de sin-tierra hacia el municipio de Coqueiros do Sul. En un informe entregado al comandante general de la BM, al Ministerio Público del RS y al Ministerio Público Federal, el subcomandante Paulo Roberto Mendes Rodrigues describe al MST y la Vía
Campesina como ³movimientos criminales².

En diciembre del 2007 el Consejo Superior del Ministerio Público gaucho designó un equipo de promotores para ³promover acción civil pública con vistas a la disolución del MST y declararlo ilegal². ¿Cuándo exigirá el poder judicial el fin del latifundio?

Entonces se decidió la ³intervención en las escuelas del MST, a fin de tomar todas las medidas que fueran necesarias para la readecuación a la legalidad, tanto en el aspecto pedagógico como en la estructura de influencia externa del MST². Esta decisión es contraria al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos reconocido por el gobierno brasileño (Decreto 592, 6/7/92). Además de irrespetar la Constitución Federal.

El 11 de marzo de este año el Ministerio Público Federal denunció a ocho integrantes del MST por ³integrar agrupaciones que tienen por objetivo el cambio del Estado de Derecho² y acusó a los campamentos del movimiento de constituirse en ³Estado paralelo², apoyado por las FARCŠ Lo cual contradice las conclusiones de la investigación penal de la Policía Federal, que
investigó al MST en el 2007, concluyendo que no había vínculos del movimiento con las FARC ni comisión de crímenes contra la seguridad nacional.

El MST es un movimientos legítimo, que mantiene a cerca de 150 mil personas acampadas a la orilla de las carreteras, evitando que engrosen el cinturón de miseria de las ciudades. Y defiende el derecho de acceso a la tierra de 4 millones de familias que, en las últimas décadas, fueron expulsadas del campo debido a la expansión del latifundio y del agronegocio, y por la construcción de represas y el aumento de los intereses bancarios.

Por principio el MST adopta en sus acciones el método de no violencia, como lo hacían Gandhi y Luther King (quienes, por lo demás, recibieron acusaciones semejantes y murieron asesinados). Las áreas ocupadas son improductivas o invadidas por acaparadores que se adueñaron de tierras pertenecientes al poder público, como sucede en el caso de muchas haciendas
del Pontal do Paranapanema (SP).

Brasil y Argentina son los únicos países de las tres Américas que nunca hicieron reforma agraria. Nuestro país es el que posee más tierras cultivables en el continente: cerca de 600 millones de hectáreas, de las cuales 710.2 mil km2 (59% del territorio nacional) se encuentran en situación irregular, invadidas por acaparadores y latifundistas.

El MST lucha por la democratización de la tierra, de modo que se priorice la producción de alimentos para el mercado interno (con 120 millones de potenciales consumidores), a través de pequeñas y medias propiedades, fuera del control de las empresas transnacionales, garantizando la soberanía alimentaria en nuestro país. Un cambio sustentable de la estructura agraria
requiere un nuevo patrón tecnológico capaz de preservar el medio ambiente e implantar en el interior agroindustrias en forma de cooperativas y facilitar a todos el acceso a una educación de calidad.

No es posible admitir que las tierras del Brasil pasen a ser propiedad de extranjeros sólo porque tienen dinero. Debieran estar al alcance de las familias beneficiarias del Proyecto Bolsa Familiar. De ese modo el gobierno ya no tendría que preocuparse por aumentarles sus entradas. Más que comida, estufa o nevera, esas familias necesitan tener condiciones de acceso a la
tierra, de modo que puedan emanciparse de la tutela federal y producir sus propios ingresos.

Todos los derechos de la ciudadanía -voto de las mujeres, legislación obrera, jubilación- fueron conquistados por los movimientos sociales. Y la historia de todos ellos, en cualquier país o época, no difiere de lo que hoy enfrenta el MST: incomprensiones, persecuciones, masacres y asesinatos (Eldorado dos Carajás, Dorothy Stang, Chico Mendes), etc. Si el precio de la libertad es la eterna vigilancia, el de la democracia es socializar el poder, evitando que sea privilegio de una casta o de una clase.

Frei Betto es escritor, autor de ³Calendario del poder², entre otros libros.

QUIÉN ES FREI BETTO

El escritor brasileño Frei Betto es un fraile dominico. conocido internacionalmente como teólogo de la liberación. Autor de 53 libros de diversos géneros literarios -novela, ensayo, policíaco, memorias, infantiles y juveniles, y de tema religioso en dos acasiones- en 1985 y en el 2005 fue premiado con el Jabuti, el premio literario más importante del país. En 1986 fue elegido Intelectual del Año por la Unión Brasileña de Escritores. Asesor de movimientos sociales, camo las Comunidades Eclesiales
de Base y el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra, participa activamente en la vida política del Brasil en los últimos 45 años. En los años 2003 y 2004 fue asesor especial del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva y coordinador de Movilización Social del Programa Hambre Cero.
Traducción de J.L.Burguet

Relat?rio secreto: agrocombust?veis causaram a crise alimentar

Aditya Chakrabortty The Guardian, Sexta-feira, 4 de julho, 2008

Os agrocombustíveis  forçaram em 75%  a subida dos preços globais dos alimentos – valor bem mais alto do que se havia estimado previamente – de acordo com um relatório confidencial do Banco Mundial obtido pelo jornal The Guardian. A avaliação condenadora, e que não foi publicada, é baseada na análise mais detalhada da crise até agora, realizada por um economista de um respeitado corpo financeiro global:  Don Mitchell, economista sênior no Banco Mundial


Os números contradizem enfaticamente as reivindicações do governo dos EUA de que os agrocombustíveis contribuem com menos de 3% da alta dos preços dos alimentos. Este dado aumentará a pressão sobre os governos de Washington e da Europa que voltaram-se para os agrocombustíveis para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e para reduzir sua dependência no petróleo importado.

Fontes superiores do setor de desenvolvimento do BM acreditam que o relatório, concluído em abril, não foram publicadas para evitar um embaraço ao presidente George Bush. "O relatório colocaria o Banco Mundial em um ponto político quente com a Casa Branca "  disse ontem uma destas fontes.

A notícia chega em um momento crítico nas negociações mundiais com respeito à  política dos agrocombustíveis . Os líderes dos países industrializados G8 encontram-se na próxima semana em Hokkaido, Japão, onde discutirão a crise alimentar sob forte campanha dos militantes contra agrocombustíveis que chamam para uma moratória no uso de combustíveis derivados de planta.

Este dados também irão exercer pressão sobre o governo britânico, que está para liberar seu próprio relatório sobre o impato dos agrocombustíveis, o relatório Gallagher. O The Guardian já relatou antes que o estudo britânico indicará que os agrocombustíveis tiveram um papel "significativo" em aumentar os preços dos alimentos para níveis recorde. Embora se esperasse sua divulgação na semana passada, o relatório ainda não foi liberado ainda.


"Os líderes políticos parecem intencionados a suprimir e ignorar as fortes provas de  que os agrocombustíveis são um fator central na subida recente do preço dos alimentos, " disse Robert Bailey, conselheiro da política da Oxfam. " É imperativo que nós tenhamos o quadro completo desta situação. Enquanto os políticos se concentram em manter os lobbies da indústria felizes, os povos em países pobres não têm recursos suficientes para comer."

O aumento dos preços dos alimentos empurraram 100 milhões de pessoas no mundo inteiro para abaixo da linha da pobreza, segundo estimativas do Banco Mundial, e acenderam e foram a causa de motins de Bangladesh ao Egito. Os ministros do governos aqui descreveram os altos preços dos alimentos dos combustíveis como  "a primeira crise econômica real da globalização".

O presidente Bush relacionou os altos preços dos alimentos a uma demanda maior  da India e da China, mas o estudo que vazou do Banco Mundial desafia esta explicação: " O crescimento rápido da renda em países em desenvolvimento não conduziu aos grandes aumentos no consumo global da grão e não foi um fator central responsável dos grandes aumentos dos preços."

Mesmo as secas sucessivas na Austrália, calcula o relatório, tiveram um impacto marginal. Em lugar disso, o relatório discute que a movimentação da UE e dos EUA para agrocombustíveis  teve, de longe, o maior impacto no abastecimento e nos preços da cadeia alimentar.

Desde abril, toda a gasolina e diesel no Reino Unido tem de incluir 2.5% de agrocombustíveis . A UE tem considerado aumentar esta meta para 10% em 2020, mas esta sendo confrontada com mais e mais evidências de que isso irá agravar ainda mais a alta dos preços dos alimentos.

"Sem o aumento no uso dos agrocombustíveis, os estoques globais do trigo e do milho não teriam declinado consideravelmente e o aumento dos preços devido a outros fatores teriam sido moderado", diz o relatório. A cesta básica dos preços de alimentos examinados no estudo aumentou em 140% entre 2002 e fevereiro de 2008. O relatório estima que preços mais altos da energia e dos fertilizante reponderam por um aumento de somente 15%, enquanto os agrocombustíveis  foram responsáveis por 75%  de salto nos preços durante esse período.

 

 relatório discute que a produção de agrocombustíveis distorceu mercados de alimentos de três maneiras. Primeiramente, desviou a grão de alimento para  combustível, com mais de um terço do milho dos E.U.A sendo usado hoje para produzir etanol e sobre a metade dos óleos vegetais na União Européia sendo utilizados para a produção de biodiesel. Em segundo, os fazendeiros foram incentivados reservar terras para a produção de agrocombustíveis. Em terceiro lugar, os agrocombustíveis deflagraram a especulação financeira nos grãos, levando os preços ainda mais para cima.

Outras revisões da crise alimentar observam o fenômeno desde um período mais ampliado, ou não ligaram estes três fatores, e desta forma, chegaram em estimativas menores sobre o impato dos agrocombustíveis . Mas o autor do relatório, Don Mitchell, é um economista sênior no Banco Mundial e fez uma análise detalhada, mês a mês, do impulso nos preços dos alimentos, o que permite um exame muito mais próxima da ligação entre agrocombustíveis  e a cadeia alimentar.

O relatório indica que os agrocombustíveis  derivados da cana-de-açúcar, como o etanol no qual o Brasil se especializa, não tiveram um impacto tão dramático.

Os apoiadores dos agrocombustíveis discutem que estes são uma alternativa ‘mais verde’ à dependência do petróleo e outros combustíveis fósseis, mas mesmo este argumento vem sendo questionado por alguns peritos, que argumentam que isso não se aplica à produção de etanol dos E.U.A.

" É claro que alguns agrocombustíveis têm impactos enormes sobre os preços dos alimentos, " disse ontem à noite  o Dr. David King, ex-conselheiro científico principal do governo, "Tudo que estamos fazendo apoiando isto é continuar subsidiando os altos preços dos alimentos enquanto não fazemos nada para lidar com as mudanças climáticas”.

Nota da CPT sobre criminaliza??o dos movimentos sociais

Avança a criminalização dos Movimentos Sociais e de suas lideranças

 

            A Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra vem a público para manifestar sua preocupação diante das tentativas de criminalização dos movimentos sociais, sobretudo do campo, e de suas lideranças.  Tudo o que cheire a oposição ao ?progresso e desenvolvimento? que as atividades ligadas ao agronegócio e à mineração dizem trazer, tem que ser rechaçado com veemência, pois a economia é mais valorizada do que os direitos humanos e a defesa do meio ambiente.  Os meios de comunicação e o judiciário prestam este serviço ao poder  econômico.

            É neste contexto que entendemos a condenação de José Batista Gonçalves Afonso, advogado da CPT e nosso companheiro na Coordenação Nacional da CPT e que tem destacada atuação na defesa dos direitos humanos na região de Marabá, PA, e de Raimundo Nonato Santos da Silva, ex-coordenador regional da Fetragri, condenados a dois anos e cinco meses de prisão pelo juiz Federal de Marabá, Carlos Henrique Haddad. A sentença ainda lhes nega o direito a pena alternativa, prevista no Código Penal para penas até quatro anos. O processo se refere à ocupação da Superintendência do Incra em Marabá, em abril de 1999, por mais de 10 mil trabalhadores rurais de acampamentos e assentamentos da Fetagri e do MST. Quando, 20 dias depois de iniciado o acampamento, o governo decidiu negociar com os trabalhadores, estes, cansados de esperar por alguma resposta, à noite, entraram nas dependências do Incra, impedindo a saída da equipe oficial de negociação do prédio durante o resto da noite e início da manhã do dia seguinte. Os condenados foram responsabilizados por este ato, sabendo-se que o advogado José Batista cumpria apenas o papel de assessor do MST e da Fetagri nas negociações.

A sentença contém contradições visíveis. Afirma com relação a José Batista  que ?…é possível que não tenha incitado a invasão da sede do Incra pelos trabalhadores rurais e parece crível que não teria condições de controlar a multidão exaltada?, mas mesmo assim agravou a pena em mais três meses sob a alegação de que os acusados teriam ?instigado ou determinado a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade?.

            Neste contexto da criminalização dos movimentos sociais vemos estarrecidos que o Conselho Superior do Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, aprovou relatório que propõe :?designar uma equipe de Promotores de Justiça para promover ação civil pública com vistas à dissolução do MST e declaração de sua ilegalidade (…)? e ainda ?intervenção nas escolas do MST?. O movimento que o próprio Ibope, em recente pesquisa sobre os movimentos sociais encomendada pela Vale, considera como uma das ?instituições nacionais? é tratado como uma organização criminosa, com ligações com as FARC e grupos terroristas. Ainda mais preocupante é ver que o Conselho se baseou num relatório de procuradores que apresenta textos de Florestan Fernandes, Paulo Freire e Chico Mendes como exemplos da ?estratégia confrontacional? do movimento. Não se via nada semelhante desde os tempos da ditadura!

Com base em relatórios como este, o poder Executivo do estado do Rio Grande do Sul decidiu colocar a Brigada Militar para promover violentíssima repressão contra as agricultoras que protestavam em março em defesa do meio-ambiente, em Rosário do Sul, RS;  contra os acampados em área de terra já desapropriada pelo Incra, no município de São Gabriel, RS, no início de maio; e para despejar centenas de famílias acampadas em áreas cedidas por pequenos proprietários, no município de Coqueiros do Sul, no dia 17/06. São ações muito bem orquestradas entre Ministério Público, Judiciário e Executivo. No caso de Coqueiros do Sul a petição datada em 16 de junho recebeu no mesmo dia despacho favorável de mais de 20 laudas do juiz de Carazinho e já na madrugada seguinte mais de 500 homens da Brigada Militar entravam nos acampamentos, de surpresa, antes da chegada do oficial de justiça. Um dos promotores fez questão de deixar explícitos os objetivos desta ação: ?não se trata de remover acampamentos, e sim de desmontar bases que o MST usa?.

Ao mesmo tempo em que os movimentos são atacados e depreciados e que mais de 30 lideranças dos movimentos sociais são investigadas pela Polícia Federal ou tem processos só na Justiça Federal de Marabá, os crimes contra os trabalhadores rurais e seus aliados continuam impunes.  O único mandante preso no Pará, Vitalmiro Bastos de Moura, Bida, condenado pelo assassinato de Irmã Dorothy foi libertado por decisão de novo julgamento no tribunal do júri. E as suadas conquistas dos povos tradicionais enfrentam barreiras cada vez maiores como é o caso da suspensão pelo STF da retirada dos arrozeiros da Terra  Indígena Raposa Serra do Sol e os constantes ataques de graduados militares do Exército Brasileiro contra a demarcação em área contínua desta área, sob o argumento de defesa da soberania nacional. O mesmo se pode falar dos ataques que acabaram praticamente paralisando as ações de reconhecimento de áreas quilombolas.

A Coordenação Nacional da CPT sente que infelizmente a elite econômica, o agronegócio e a mineração conseguem ditar as ações do Executivo e do Judiciário e em alguns casos do próprio Ministério Público. Repudia veementemente todos os ataques que pretendem denegrir a imagem dos movimentos sociais e manifesta sua solidariedade incondicional de modo especial ao companheiro José Batista, irmão de fé e de luta, ao MST e aos indígenas da Raposa Serra  do Sol.

 

Goiânia, 26 de junho de 2008

 

 

                                                                       A Coordenação Nacional

      da Comissão Pastoral da Terra

 

 

 

Maiores informações:  Dom Tomás Balduino ? (62) 8117-1950

                                   Irmã Maria Madalena dos Santos ? (62) 4008-6466; (62) 8156-3778

                                  José Batista Gonçalves Afonso  – (94) 3321-2229; (94) 9136-0253

 

Encuentro Social Alternativo al Petróleo.

¿Quieres saberlo todo sobre la Crisis de Hidrocarburos y la lucha de los pueblos del sur contra las transnacionales petroleras?
¿Sabes cómo evitar que la publicidad de las petroleras te engañe?
¿Quieres hacer algo para acabar con las guerras del petróleo? ¿Sabías que puedes hacerlo?
¿De verdad hay alternativas al petróleo para el transporte? ¿Hasta qué punto nuestra sociedad es "consumista"?
¿Qué es eso del Pico del Petróleo? ¿Los pueblos se endeudan por Energía?
¿Qué pasa con el Cambio Climático? ¿Qué es el Desarrollo Limpio?¿…?¿…?

 

Esas y muchas más preguntas las vamos a contestar tod@s junt@s en el  Encuentro Social Alternativo al Petróleo (ESAP):

27 de junio – Plaza Reina Sofía – de 20:30 a 22:30. Inauguramos el ESAP… haciendo música, poesía y política anti-petrolera

 

28 de junio en Patio Maravillas (c/Acuerdo 8) – de 10:00-20:00.
Reflexionamos… junt@s sobre los impactos, la geopolítica y las alternativas al petróleo
Escuela de Relaciones Laborales (c/ San Bernardo 49) – de 10:00-20:00
Biblioteca Marqués de Valdecillas (c/ Noviciado 3) – de 10:00-20:00

Mira todos los TALLERES que te proponemos pinchando AQUÍ

 

28 de junio en Plaza de España – a las 19:30.: Nos movemos… Bicifestación

28 de junio en el Ministerio de Asuntos Exteriores (Plaza de la Provincia) a Pza. del Reina Sofía – 21:00: Tomamos la calle… Manifestación

29 de junio en el Patio Maravillas (c/ Acuerdo 8) – a las 11:00. Hacemos una Puesta en común de lo hablado en los talleres y asamblea

29 de junio en Plaza de España – 18:00. Molestamos… Bloqueo de los principales hoteles donde se congregan los comisarios del Congreso

30 de junio a 3 de julio. Acciones directas… Sobre el Congreso Mundial del Petróleo
(¡Rompamos el Silencio!)


Más en:

http://www.rompamoselsilencio.net/2008/

http://www.nomassangreporpetroleo.org/site/

 

 

Radioagéncia NP en Español – Notícias do Brasil: 24 junio 2008

Radioagência NP en Español – Notícias do Brasil: 24 junio 2008

 Titulares:

#Violencia policial en Rio Grande do Sul es investigada por senadores 
#Senado estadounidense veta propuesta para disminuir emisión de gases 
#MST apuesta en el Pronera como política pública
#Movimientos del campo entregan documento al presidente Lula
#Para FAO, agricultura familiar combate el alza de los alimentos
#Vía Campesina divulga propuestas para cambio del modelo agroexportador
#Bunge tiene responsabilidad en el encarecimiento de los alimentos, afirman los agricultores
#89% del agua de la región oeste de Bahía es destinada al agronegocio

 

 

#Violencia policial en Rio Grande do Sul es investigada por senadores 
Los senadores están investigando la violenta actuación de la Brigada Militar que ocurrió el último día 11 en Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, en la región sur de Brasil. Los policías reprimieron con bombas de gas y balas de goma una protesta de agricultores, sindicalistas y estudiantes, dejando por lo menos 16 personas heridas. Fueron presas 12 personas acusadas por varios crímenes, entre ellos, formación de cuadrilla y depredación del patrimonio público. Lea más… : http://www.radioagencianp.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=4915&Itemid=39

 

#Senado estadounidense veta propuesta para disminuir emisión de gases 
El gobierno estadounidense demostró una vez más su falta de compromiso con cuestiones que son determinantes para la preservación del planeta. El senado vetó el Proyecto de Ley (PL) que tenía como meta limitar la emisión de gases generadores del efecto invernadero – entre ellos el CO2. El proyecto fue rechazado por el partido republicano. Los senadores utilizaron el argumento de que si aprueban la ley aumentaría el precio de la energía en los Estados Unidos (EUA), incluyendo el precio del petróleo, hecho que podría perjudicar a la economía del país. Lea más… http://www.radioagencianp.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=4912&Itemid=39

 

#MST apuesta en el Pronera como política pública
Para garantizar la continuidad y ampliación de los niveles de educación del Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria (Pronera), el gobierno brasileño señaló, recientemente, la posibilidad de transformar el programa en una política pública. La idea es defendida por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que desde 1998, año de la creación del Pronera, ve en el programa una gran alternativa para ofrecer a los agricultores una política diferenciada de educación en el campo. Lea más…: http://www.radioagencianp.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=4914&Itemid=39

 

#Movimientos del campo entregan documento al presidente Lula
Una comisión de representantes de los movimientos sociales que integran la Vía Campesina – entidad que reúne agricultores de cuatro continentes – encaminó al presidente Lula, un informe con propuestas para cambios en el modelo agrícola de Brasil. El documento fue entregado recientemente al jefe de gabinete, Gilberto Carvalho. Carvalho afirmó que lo entregará personalmente al presidente de la República y una copia más al ministro del Desarrollo Agrario, Guilherme Cassel. Lea más…: http://www.radioagencianp.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=4911&Itemid=39

 

#Para FAO, agricultura familiar combate el alza de los alimentos
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en mayo de este año el país registró la mayor inflación para el mes desde comienzos del Plan Real. Cerca de 0,8%. Los alimentos fueron uno de los principales responsables por el aumento, ya que tuvieron un alza de 1,25%. Para el órgano de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), la inversión en la agricultura familiar es una alternativa para contener la inflación. Lea más… : http://www.radioagencianp.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=4909&Itemid=39

 

 

#Vía Campesina divulga propuestas para cambio del modelo agroexportador
Los movimientos populares del campo piden cambios en el modelo agrícola vigente en el país. Las propuestas posibles para tal cambio fueron presentadas el miércoles, día 11, en Brasilia, capital brasileña, por representantes de los movimientos sociales que componen la Vía Campesina – entidad que reúne a agricultores de los cuatro continentes. El documento, dirigido a la sociedad, denuncia los perjuicios sufridos por la población. Lea más… :

http://www.radioagencianp.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=4906&Itemid=39

 

#Bunge tiene responsabilidad en el encarecimiento de los alimentos, afirman los agricultores
La empresa transnacional Bunge fue blanco de protestas en el municipio de Araucária, en Paraná, región sur brasileña. Cerca de 700 trabajadores fueron enfrente de la fábrica de fertilizantes Ultrafértil/Fosfértil y protestaron contra la privatización de la empresa. La fábrica fue privatizada hace 15 años, y comprada por la Bunge, que pasó a tener gran control de la producción y distribución del mercado de fertilizantes en el país. Lea más: http://www.radioagencianp.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=4904&Itemid=39

 

#89% del agua de la región oeste de Bahía es destinada al agronegocio
De acuerdo con el director general del Instituto de Gestión de Aguas y Clima de Brasil, Júlio Rocha, ocho de los principales ríos de la región oeste del estado de Bahía son utilizados para el agronegocio y su uso ya llegó al límite de su capacidad. Aproximadamente 89% del agua de la región oeste de Bahía es destinada al agronegocio. Lea más…: http://www.radioagencianp.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=4901&Itemid=39

 

Conferéncia Nacional Dos Bispos Do Brasil : Análise de Conjuntura ? junho 2008

Conferência Nacional Dos Bispos Do Brasil

66ª Reunião Ordinária do Conselho Permanente

Brasília – DF, 11 a 13 de Junho de 2008

 

Apresentação

Atendendo solicitação do CONSEP de que fosse abordada a questão das drogas e não havendo na equipe pessoa suficientemente preparada para isso, foi convidado o Deputado Antonio Biscaya, que tratará o tema na segunda parte desta sessão. Na primeira parte, analisaremos os avanços na superação do passado colonial latino-americano e a reação dos “donos do poder”. Ênfase especial será dada ao projeto de reforma tributária que, se aprovado, solaparia algumas das principais conquistas da Constituição cidadã, cujo vigésimo aniversário agora celebramos. Como de hábito, esta parte conclui-se com temas de interesse no Congresso Nacional.

 

I . Sinais de superação do passado colonial e ameaça de fome

 

Multiplicam-se os sinais de uma lenta, mas real, evolução político-social na América do Sul. Exceto Colômbia e Peru, os povos da região elegeram governantes com propostas de mudança na sociedade, especialmente pela luta contra a miséria. Em vários países ouve-se a voz dos povos indígenas em defesa das suas identidades, terras e culturas; contrariando a vontade hegemônica dos EUA, a Nossa América trilha os caminhos da soberania, em busca de formas sociais mais justas e democráticas. Essas boas-notícias para os pobres, porém, contrastam com a volta da inflação – agora de origem externa – a ameaça da fome e o endurecimento dos poderosos.

Mudança no Paraguai

A eleição de Fernando Lugo marca o fim de uma época sombria para o povo paraguaio, desde 1947 sob controle do partido Colorado – sendo 35 anos sob a ditadura do general Stroessner. A vitória de Lugo deve-se tanto ao seu carisma quanto à divisão dos adversários. Candidato independente, Lugo declarou ter deixado o ministério episcopal para ser coerente com sua opção pastoral – e não ideológica – pelo povo. Tudo indica que fará uma política sócio-econômica mais próxima da de Lula ou de Cristina Kirchner do que a de Hugo Chávez ou de Evo Morales. Sua margem de manobra é estreita. Sem maioria no Congresso e eleito por uma coalizão que reúne um arco de partidos que vai da direita à extrema esquerda, terá de buscar o apoio de setores do corrupto e ineficiente partido Colorado ao qual são filiados 95% dos 200.000 servidores públicos.

O país foi governado por políticos corruptos que nunca buscaram o desenvolvimento industrial e de serviços. Mais de 50% da população (6,5 milhões) vive abaixo da linha de pobreza e 35% na miséria absoluta. A população rural, particularmente a indígena, é a mais pobre. O povo luta para sobreviver, e, sem democracia, os movimentos sociais são ainda frágeis inexperientes. Talvez seja a Igreja católica a força mais organizada da sociedade civil e de maior influência moral. Sua participação na construção de um Paraguai renovado, mais justo e democrático pode vir a ser decisiva.

O programa de Lugo dá prioridade às políticas sociais e à reforma agrária. Para isso, necessita do apoio do Mercosul e da solidariedade dos seus vizinhos – Brasil e Argentina. Em decorrência de contratos assinados pelos respectivos governos militares, o Paraguai recebe hoje do Brasil US$307 milhões pela venda de eletricidade de Itaipu e Yaciretá. A preço de mercado, seu valor seria de US$1.800 milhões por ano. Lugo conta com esse dinheiro para suas políticas sociais, o que implica uma renegociação dos contratos. Para fazer reforma agrária redistribuindo terras produtivas, Lugo terá que negociar com 2,5% dos seus proprietários, que se apropriaram de 70% delas. Entre eles estão trezentos mil agricultores brasiguaios que ao longo da fronteira cultivam soja de modo intensivo. Portanto, nos dois pontos centrais do seu programa de governo, Lugo terá que negociar com o Brasil.

Bolívia: Unidade ameaçada

A eleição de Evo Morales em 2005 e, dois anos depois, a aprovação da nova Constituição, representaram o reconhecimento da existência, identidade, culturas, tradições, línguas e religiões dos povos indígenas, em paridade com outros povos, inclusive os colonizadores que ainda dominam e impõem sua cultura, porque a nova Constituição da Bolívia apresenta o conceito de Estado pluri-nacional. A situação política, contudo, é preocupante. A oligarquia branca – formada por empresários, pecuaristas e latifundiários – que controla a vida econômica não aceita perder seus privilégios nem partilhar seu poder. Usando a sabedoria indígena, o presidente Morales manifestou paciência e calma, e procurou o diálogo. Mas em vão. Contrariando os dispositivos legais, seus opositores organizaram um plebiscito autonomista nos quatro departamentos mais ricos, populosos e extensos do país (2/3 da superfície, 1/3 da população e 60% do PIB). O primeiro plebiscito em favor da autonomia ocorreu em abril no departamento de Santa Cruz. Atos semelhantes podem acontecer nos departamentos de Tarija, El Beni e Pando.

Esse movimento separatista tem, no mínimo, a simpatia de forças estrangeiras. A Casa Branca não desistiu de instalar um “Plano Colômbia” na Bolívia, de modo a impedir que a organização crescente dos povos locais ameace seu acesso aos recursos de gás e petróleo. Dada sua posição estratégica, o Brasil poderia ter uma atitude mais firme em defesa da democracia e dos direitos dos povos indígenas. Mas as pressões internas vão no sentido de reforçar a posição de Washington, que considera Lula um aliado para conter o crescimento dos movimentos sociais na América Latina. Diante disso, a resposta corajosa de Evo Morales foi a convocação para, a 10 de agosto, a população do país confirmar ou revogar a sua própria eleição como presidente e a de 8 dos 9 governadores.

Brasil: justiça histórica ou doutrina de segurança nacional?

Tramitam no STF ações que contestam a legalidade da demarcação do território indígena Raposa Serra do Sol, a regularização dos territórios quilombolas e as quotas para afrodescendentes[1]. Esses casos trazem ao debate público a reparação da injustiça histórica perpetrada contra os povos indígenas – expropriados de suas terras – e africanos – escravizados e negociados como se mercadorias fossem – para possibilitar a exploração econômica colonial. E, ao contrário do que se pode pensar, a justiça histórica tem menos a ver com o passado do que com o futuro. Estão em causa novas concepções do país, de soberania e de desenvolvimento.

Há vinte anos sopra no continente um vento favorável à justiça histórica. Desde a Nicarágua, em meados dos anos oitenta do século passado, até à discussão, em curso, da nova Constituição do Equador, têm vindo a consolidar-se a idéia de que a unidade do país reforça-se quando se reconhece a diversidade das culturas dos povos e nações que o constituem. Hoje, quem ameaça a integridade nacional não são os povos indígenas; são as empresas transnacionais e sua sede insaciável de livre acesso aos recurso naturais, com a cumplicidade das oligarquias locais. Não é por acaso que 75% da biodiversidade do planeta se encontra em territórios indígenas ou de afro-descendentes: a relação destes povos com a natureza criou formas de exploração sustentável que podem tornar-se decisivas para a sobrevivência do planeta. É por essa razão que a preservação dessas formas de manejo do território transcende hoje o interesse desses povos. Interessa ao país no seu conjunto e ao mundo.

A pressão dos “donos do poder” contra essa reparação das injustiças históricas não se limita mais às habituais campanhas da mídia a manipular informações e jogar a opinião pública contra povos indígenas e afrodescendentes. Retorna à cena a manifestação de oficiais militares graduados, inclusive um general em posto de comando, invocando um argumento nacionalista eivado da antiga doutrina de segurança nacional. O governo Lula ainda não reagiu contra essas investidas reacionárias, deixando politicamente isolados os movimentos sociais e os setores da sociedade que querem saldar a dívida com os povos sobre os quais foi construída a riqueza do País.

A fome e a inflação voltam a ameaçar

No Haiti, a população protesta contra a alta da cesta básica. O saco de arroz dobrou de preço em uma semana. No país mais pobre da América 80 % da população vive com menos de dois dólares por dia. A produção local foi destruída pela redução das taxas de importação sobre os produtos agrícolas, provocando fenômeno semelhante à guerra da tortilla no México, onde o milho subvencionado dos Estados Unidos arrasou a produção local e induziu centenas de milhares de trabalhadores rurais a migrarem para as cidades e para o país vizinho.

No mercado futuro os preços dos cereais estão subindo e são as populações pobres as mais vulneráveis à ameaça da fome. A recente Cúpula sobre Segurança Alimentar da FAO pouco avançou na solução do problema. Ao encarar o problema como uma crise conjuntural e não como um problema estrutural relacionado ao mercado auto-regulado, ela não mostrou firmeza de que será alcançado o objetivo de reduzir pela metade, até 2015, o número de pessoas (860 milhões) que hoje sofrem fome.

Não pode ser esquecido o impacto do aumento do preço do petróleo. Por um lado, seus derivados – os adubos químicos e defensivos hoje praticamente indispensáveis nas monoculturas – elevaram às alturas os custos de produção. Por outro lado, isso incentivou a procura por agro-combustíveis. Os Estados Unidos, que produzem 40 % do milho mundial e representam praticamente 50 % das exportações mundiais, dominam o mercado. Ora, o uso do milho para fabricar etanol afeta seu preço bem como o preço da soja como alternativa para alimentar o gado. No Brasil, as terras ocupadas por cereais ou pelo gado cedem espaço para a cana-de-açúcar destinada à indústria do etanol. Não é surpresa que o gado e a soja migrem para a Amazônia e o Cerrado, onde “árvore de pé vale menos que árvore no chão”. Assim é que, depois de muito lutar em defesa do meio-ambiente, a ministra Marina Silva saiu do governo, deixando-o mais à vontade para entender-se com as grandes empresas mineradoras (que  cobiçam o subsolo de terras indígenas) e os grandes proprietários rurais.

            A alta de preços deveria motivar a agricultura local a aumentar sua produção, mas o problema reside justamente no desmonte da agricultura familiar pelo agronegócio aquecido pelo mercado. A paralisação da reforma agrária no Brasil bem ilustra esse fenômeno: a necessidade de exportar produtos primários para cobrir o déficit externo, levou os governos FHC II e Lula I e II a incentivarem o agronegócio e a mineração, o que a partir de 2003 deu ótimos resultados financeiros, mas favoreceu a devastação da Amazônia e do Cerrado. Hoje o Brasil é um exportador de commodities (produtos primários de grande volume e pouco valor agregado) e tem uma moeda muito valorizada (que não é o mesmo que moeda forte) mas seu crescimento econômico não representou desenvolvimento humano: a violência, na cidade e no campo, é um atestado de que, mais uma vez, a economia vai bem mas o povo vai mal.

Diante desse quadro, não foi surpresa que o Banco Central tenha elevado a Taxa Selic de 11,75% para 12,25% ao ano, sinalizando que este não será o último aumento de 2008. Numa perspectiva monetarista estreita, cuja prioridade é a estabilidade da moeda, pouco importa ao sistema financeiro o custo social dessa decisão. Como de hábito, os representantes do setor industrial e do comércio protestam contra o aumento dos juros e pedem o corte de gastos públicos. É sabido que diferentes fatores podem provocar inflação e que o remédio eficaz para um pode não valer para o outro. No caso atual, sendo a inflação no Brasil efeito da alta nos preços internacionais dos alimentos e do petróleo, talvez nenhum desses remédios seja eficaz. Mas os juros altos são sempre bem recebidos por quem aposta no cassino do mercado financeiro.

Volta à direita na Europa e mudança nos EUA?

Desde 2007, as eleições gerais na França, Estônia, Finlândia, Polônia, Bélgica, Dinamarca, Grécia, Irlanda, Espanha e Itália levaram a direita ao poder em todos esses países, salvo na Espanha. Em período de crise e diante de uma forte pressão migratória, a direita põe o acento sobre a proteção identitária e securitária. Envelhecida, a população é alvo fácil dos temores e medos. A aceleração da crise ecológica, o aumento brutal do petróleo e das matérias primas deixa as pessoas mais ansiosas, temendo perder uma vida muito confortável que uma crise financeira e econômica – embora ainda não acentuada – poderia destruir. A população tende a fechar-se sobre si mesma, cada um (pessoas e países) olhando apenas seus interesses imediatos.

Já nos Estados Unidos, a candidatura de Barak Obama ganha força. Caso as expectativas de agravamento da atual crise financeira se confirmem e a economia entre em recessão, é provável que aumente o comparecimento de eleitores nas eleições de novembro, o que favoreceria o candidato que propõe mudanças no rumo do País. Não se deve esperar mudanças estruturais, mas sim o fim da era conservadora inaugurada por D. Reagan.

 

II . Projeto de Reforma Tributária ameaça conquistas da cidadania

 

O Projeto de Emenda Constitucional encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional é, na verdade, o primeiro passo de uma reforma tributária que, em vez de corrigir o maior erro do atual sistema – sua regressividade – o agrava. E o faz por dois caminhos: onerando, mais uma vez, o consumo (e não as grandes fortunas nem os rendimentos elevados) e retirando recursos constitucionais da seguridade social e da educação. O projeto vem sendo escamoteado tanto pela mídia, que pouco se refere ao assunto, quanto pelos partidos políticos – da oposição e da situação – que colocam a responsabilidade fiscal acima da responsabilidade social. O governo restringe o debate aos corredores do Congresso e deseja que a matéria seja votada até o dia 20 de julho. Se não houver um debate honesto e transparente sobre as conseqüências desse novo arranjo tributário, a grande perdedora será a Seguridade Social.

Dada a importância e complexidade do tema, apresentamos em anexo uma nota técnica sobre o assunto, explicando os meandros e subterfúgios do projeto, que se apresenta como incentivador do crescimento econômico nacional.

Aqui chamamos a atenção para informações não divulgadas ao grande público, para fundamentar as atitudes que a CNBB venha a tomar.

            É por todos reconhecido que o sistema tributário atual é altamente regressivo, isto é, a proporção dos impostos sobre os ganhos dos contribuintes de menor rendimento é muito maior do que a proporção dos impostos sobre os ganhos totais dos ricos. Isto porque a maior carga tributária é formada pelos impostos indiretos, ou seja, vêm embutidos nos preços das mercadorias e serviços: pouco importa se o comprador é rico ou pobre, pois o preço é o mesmo para todos. Uma Reforma Tributária justa seria a que reduzisse os impostos sobre o consumo e aumentasse os impostos sobre a renda e a propriedade.

Não é disso, porém que se trata. Ao contrário, estima-se que, após a implantação dessa reforma, mais de 80% da arrecadação tributária do país será composta por impostos e contribuições indiretos. Embora pagos inicialmente pelo setor empresarial, estarão incluídos nos preços finais das mercadorias e serviços, transferindo o seu ônus efetivo para o consumidor. É preciso não esquecer que o Imposto Territorial Rural não chega a 0,5% do total dos impostos recolhidos no Brasil, embora ele incida quase que exclusivamente sobre as propriedades pouco produtivas ou improdutivas. Tampouco propõe o atual governo regulamentar o dispositivo constitucional que tributa as grandes fortunas, nem alterar as alíquotas do imposto de renda para pessoas físicas. Ele mantém a predominância da tributação indireta, que penaliza o consumidor de menor renda disponível, enquanto alivia o peso relativo dos impostos para os de maior renda.

As modificações propostas vão atingir principalmente as fontes de financiamento da seguridade social. Como se sabe, o Artigo 195 da Constituição Federal de 1988, ao universalizar o direito à previdência, saúde e assistência social para todos os cidadãos e cidadãs (independentemente de sua contribuição individual), instituiu, ao mesmo tempo, novas fontes de receitas específicas, criando o que veio a ser chamado orçamento da seguridade social (para Saúde, Previdência, Assistência Social e Seguro Desemprego). Os frutos dessas regras são o principal legado distributivo da Constituição de 1988, contribuindo para melhoria de vida e protegendo as pessoas mais vulneráveis, embora ainda esteja longe de sua almejada universalidade.

Se, em nome da desburocratização e dos incentivos ao setor produtivo, essas fontes de receita fossem suprimidas, o princípio da solidariedade no financiamento da Seguridade Social sofreria grave erosão, pois as políticas de Saúde, Previdência e Assistência Social, ao perderem a vinculação de recursos, seriam obrigadas a disputar recursos e enfrentar pressões no âmbito do orçamento fiscal, concorrendo com governadores, prefeitos, lobistas e empresários, todos buscando recursos no orçamento. Qualquer observador sabe que, nesses casos, só por milagre os recursos do orçamento são destinados prioritariamente ao atendimento dos setores mais pobres, porque são menos organizados e quase não têm representantes no Congresso.

Em termos políticos, a mudança é grave. Um dos avanços da Constituição foi a vinculação de recursos, como uma das formas de enfrentar a perversa tradição fiscal do Brasil, que prioriza a acumulação do capital e submete as políticas sociais à lógica econômica. Vincular recursos é assegurar que uma parte da receita seja obrigatoriamente destinada ao financiamento da área social.

O mesmo pode acontecer com a fonte de recursos exclusiva para a educação, se for suprimido o salário-educação, que mantém o Plano de Desenvolvimento da Educação (para o ensino básico) e o Plano Nacional de Educação (que tem por objetivos a elevação global do nível de escolaridade da população e a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis).

Enfim, o atual projeto é muito mais radical do que a DRU (Desvinculação de Receitas da União), que hoje desvia 20% dos recursos destinados ao financiamento da seguridade social em recursos fiscais para a composição do superávit primário e, por conseqüência, a sua utilização em pagamento de juros da dívida (em 2007 ela retirou R$ 38,6 bilhões do Orçamento da Seguridade Social).

Evidentemente, a proposta do governo Lula traz a promessa de compensar essa perda de recursos para a Seguridade Social e a Educação, assegurando-lhes um determinado percentual no orçamento fiscal. Mas isso não impede que, sutilmente, ela desestruture o perfil da Constituição de 1988 no tocante ao Orçamento da Seguridade Social, pois as regras agora propostas são insuficientes para protegerem os direitos sociais básicos na hora de se votar o Orçamento da União.

 

III . Repensar nossas cidades na ótica dos movimentos sociais

            O Núcleo de Estudos sobre os Movimentos Sociais, que presta assessoria à Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz, elaborou o texto abaixo reproduzido para compor esta análise de conjuntura.

As eleições municipais que se aproximam e numa reflexão de mais fôlego, pautam o debate sobre que tipo de município queremos. Mais precisamente, dialogando com a tradição da ciência política, que tipo de cidade queremos?

O tema, na ótica, dos movimentos sociais coloca uma série de questionamentos.

Para quem são nossas cidades? Para que servem?

Há uma ideologia dos urbanistas que planejaram as cidades com um centro “clean”, limpo. Só que a tradução prática desta “limpeza, embelezamento, higienização” tem um lado (ou seriam lados?) perverso(s): significam a expulsão, na maioria das vezes truculenta, dos empobrecidos.

Inúmeros exemplos ocorreram (e ocorrem!) nas grandes capitais brasileiras: seja a cassação do direito à moradia dos moradores de rua dos lugares do centro urbano de São Paulo (capital) e Rio de Janeiro ou a criminalização dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis em Belo Horizonte (MG). Neste último caso, com a substituição (depois de descoberta a “riqueza” que provém da reciclagem do lixo) por terceirizações milionárias sob a hegemonia de grandes empresas de coleta (seguindo o modelo de Ribeirão Preto-SP). Certamente nesse processo há interesse de que as empresas vencedoras contribuam “generosamente” com o caixa das Campanhas eleitorais municipais.

O modelo individualista de desenvolvimento urbano está implodindo as cidades. Nas grandes capitais e nos centros metropolitanos é impossível transitar com veículo próprio. A facilitação do acesso ao crédito para segmentos médios e populares possibilitou um consumo inacreditável com aquisição exponencial de carros populares. O resultado prático foi o colapso da concepção de cidade no Brasil: as cidades não foram feitas para todos(as) transitarem!

E para conter os engarrafamentos, as medidas são repressivas: revezamento de veículos para circulação nas cidades. Não há nenhuma medida estrutural na perspectiva de aprimoramento dos meios de transportes coletivos urbanos. Eles continuam funcionando mal porque se trata de “transporte de pobres”.

Nas cidades dever-se-ia educar para a convivência pacífica com a pluralidade de identidades sociais e culturais, para a busca de soluções coletivas para o lazer de um grande contingente de pessoas, de acesso fácil e barato. Mas não, o que se faz é segregar espaços de circulação com a contratação de segurança privada ostensiva. Acredita-se que o “mercado” será capaz de fazer a necessária regulação e o que vemos: cada vez a deterioração dos serviços públicos e sua veloz transformação em “negócio” para o enriquecimento dos mesmos poucos donos!

Nossas modernas metrópoles não admitem a circulação das carroças humanas dos descobridores da riqueza do lixo: dos catadores. Eles que descobriram o que há de mais avançado na ciência: a necessidade ecológica de se reutilizar para poupar a natureza! E agora são expulsos porque “atrapalham o trânsito!”, atrasam o progresso!

As eleições municipais possibilitam um debate importante sobre o modelo e a destinação dos espaços públicos dos municípios. Abrem a discussão sobre mecanismos de participação e de construção coletiva de projetos de cidade, onde os(as) cidadãos(ãs) possam definir coletivamente o seu futuro e não serem surpreendidos por grandes empreendimentos imobiliários (que buscando o lucro desenfreadamente, sem preocupação com o meio ambiente, a infra-estrutura necessária para atender com qualidade e dignidade os moradores daquele habitat, terminam por impor uma existência desumana, empurrando os mais pobres para mais longe). Ou, a solução que muitos encontram para se proteger: a construção de condomínios alguns luxuosos, outros verdadeiros fortes urbanos de auto-proteção, onde o acesso é restrito a “convidados”.

O desemprego estrutural desafia a criatividade do povo trabalhador que inventa e descobre novas formas de sobrevivência, que não encontram amparo no modelo de seguridade social existente. O povo quer sobreviver e para isso ocupa os lugares de circulação para vender algo que possa garantir o seu sustento e a possibilidade de algum futuro para sua família. Com o que se deparam muitas vezes: com a repressão policial. Que lógica é essa que atrai as populações rurais ou semi-urbanas para as cidades com a ilusão de uma vida melhor e depois reprime violentamente os que atenderam o apelo do consumismo urbano?

A multiplicidade de demandas populares e sociais nas cidades fragmenta a ação dos movimentos sociais. A maioria deles busca sua reivindicação específica, numa quase permanente luta pela sobrevivência, faltando articulação coletiva para se pensar o “todo”, o “conjunto” da cidade. Este desafio, as organizações que têm identificação com a caminhada proposta pela Assembléia Popular, estão buscando responder com a construção de projetos municipais: fazendo o levantamento das possibilidades econômicas, sociais, políticas, culturais e ecológicas dos municípios, e refletindo como as forças vivas de cada cidade podem construir a gestão do poder local de modo mais participativo, inclusivo e transparente.

Este debate coloca em questão o modelo de desenvolvimento que temos. A matriz energética necessária ao desenvolvimento tem causado danos praticamente irreparáveis à natureza, como tão bem se refletiu durante a Campanha da Fraternidade sobre a Amazônia. E hoje, com a “descoberta” do “ouro verde” do biocombustível, a ameaça à produção dos alimentos fica mais presente e o há o avanço das fronteiras agrícolas. O agronegócio perpetua a concentração de terras nas mãos de alguns grandes grupos econômicos, impedindo a reforma agrária e ameaçando a vida dos povos indígenas, mestres da interação construtiva com o meio ambiente.

Como nossas pastorais e comunidades eclesiais vão influenciar o debate nessas eleições municipais? Que projetos de poder local podem ser construídos para que nossas cidades possam atender às demandas dos mais empobrecidos(as)? Como comprometer os candidatos com a conquista de melhorias nos serviços públicos nos municípios?

 

IV . Notícias do Congresso Nacional

 

Qual o futuro do Legislativo?

Levantamento da Secretaria Geral da Mesa da Câmara revelou que os deputados dedicaram os primeiros 120 dias do ano legislativo somente à votação de medidas provisórias (MPs), matérias de iniciativa do Executivo. No período, o plenário analisou 30 MPs. Somente nas últimas semanas de maio, os parlamentares conseguiram destravar a pauta e apreciar projetos de lei (PLs) em plenário. Dos 14 PLs analisados pelo pleno até o dia 15 de maio, metade foi de iniciativa também do governo federal, reduzindo a sete o número de matérias de autoria do próprio Legislativo.

O Congresso Nacional foi também subjugado nas suas funções quando o STF restringe o uso de medidas provisórias para atender a despesas realmente imprevisíveis e urgentes. A Suprema Corte nada mais fez do que aplicar os termos do artigo 62 combinado com o artigo 167 da Constituição Federal, que trata da edição de MPs e da utilização de créditos extraordinários.

E por que assistimos a ingerência tanto do Executivo como Judiciário em assuntos legislativos? A resposta está, sem dúvida, na inércia do Parlamento. O Parlamento está numa encruzilhada: ou resgata seu papel de representante da sociedade frente ao Estado ou sucumbe ao esvaziamento de suas funções específicas. Há uma discussão em curso para repensar o rito das Medidas Provisórias.

Regulamentação da Emenda 29

A Emenda 29 define como serão feitos os investimentos na área da saúde e amplia os recursos para o setor. De acordo com o projeto, a área receberá um investimento extra de R$ 23 bilhões até 2011. O Executivo deixou ao Congresso a responsabilidade de apontar uma nova forma de receita, uma vez que a área econômica do governo diz não ter como financiar a Emenda 29 com o atual orçamento. Então, o líder do governo na Câmara anunciou a intenção de criar um novo imposto para financiar a Emenda 29. A criação do novo tributo, semelhante à CPMF, objetiva criar uma contribuição para “intervir no domínio econômico” de 0,1% na movimentação financeira das contas correntes. A tensão entre os dois blocos de parlamentares tem proporcionado debates infindáveis numa guerra de números.

Divulgação de candidatos-réus em eleições

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou projeto de lei que torna obrigatória, durante as campanhas eleitorais, a divulgação dos nomes dos candidatos que sejam réus em processos criminais ou que respondam a representações por quebra de decoro parlamentar. O autor do projeto é o senador Pedro Simon. A divulgação será feita pela Justiça Eleitoral durante a propaganda eleitoral em rádio e TV. Embora a aprovação traga aos eleitores melhores condições para escolher os candidatos a cargos eletivos, o MCCE defende outras ferramentas para votar em candidatos éticos por meio de um projeto de iniciativa popular.

Projeto de Iniciativa Popular

A exemplo da lei 9840, o novo projeto de iniciativa popular está ganhando força com a coleta de assinaturas de eleitores e eleitoras de todo o País.

No entanto, representantes do Conselho Federal da OAB e outros Juristas de peso alertaram para o risco de uma rejeição do PL por parte significativa de parceiros e da própria mídia. Na letra “e”, se falava inelegibilidade dos “que forem condenados ou estiverem respondendo a processo judicial pela prática de crime…”. Bastaria uma denúncia recebida por um juiz, para que o candidato fosse declarado inelegível. Diante disso, foi feita uma alteração no texto; a letra “e”, recebeu a seguinte redação: “os que forem condenados em primeira ou única instância ou tiverem contra si denúncia recebida por órgão judicial colegiado pela prática de crime…”.Quem são esses cuja denúncia foi acolhida por órgão colegiado? Os que têm foro especial, e que precisam ser denunciados, por exemplo, no STF. Não foram ainda julgados, mas o fato de terem sido denunciados pelo Ministério Público a um órgão colegiado, já deveria inviabilizar sua candidatura.

Aumento do número de vereadores

A Câmara dos Deputados aprovou, por 359 votos a 10, o segundo turno da emenda à Constituição que aumenta em 14,6% o número de vereadores do País, o que significa 7.554 cadeiras a mais. A proposta, que segue para votação em dois turnos no Senado, é fruto da pressão de vereadores, que sofreram um corte de 8.481 vagas em 2004 através da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que redefiniu o tamanho das Câmaras em relação aos habitantes. O contraponto da proposta é que ela reduz os repasses financeiros das prefeituras para os legislativos municipais em R$ 1 bilhão. O aumento no número de vereadores se dará de forma escalonada em relação ao número de habitantes por município. São 24 divisões na escala habitantes/número de vereadores.

Câmara aprova alteração no Tribunal do Júri

A Câmara aprovou o projeto de Lei 4203/2001, que altera o funcionamento do Tribunal do Júri. Esse é responsável pelos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. A principal mudança é a extinção do recurso “protesto por novo júri”, que permite um segundo julgamento em condenações superiores a 20 anos de prisão.Graças a essa artimanha, o fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, conseguiu ser absolvido da acusação de ser o mandante do assassinato da missionária norte-americana Dorothy Stang. No primeiro julgamento, Bida havia sido condenado a 30 anos de reclusão em regime fechado, por homicídio duplamente qualificado, com agravante de a vítima ser idosa.

A nova estratégia dos ruralistas

A bancada ruralista tem ganhado força no Congresso Nacional e ampliado sua área de influência. Um levantamento do site Congresso em foco revela que um em cada três parlamentares que defendem os interesses de grandes proprietários rurais faz parte das comissões ambientais em funcionamento na Câmara e no Senado. Das 261 cadeiras dos 14 colegiados que tratam de questões relacionadas à questão ambiental, 92 estão ocupadas por deputados e senadores ligados ao agronegócio. A estratégia é povoar as comissões de meio ambiente para fragilizar a legislação ambiental. Os ruralistas estão mais fortes do que nunca. As posturas têm sido bem agressivas, propondo inclusive alterar o código da Floresta para atender à produção de biocombustíveis.

Trabalho escravo

Um dos alvos da bancada ruralista é a chamada PEC do Trabalho Escravo (438/2001), que prevê a perda da propriedade onde for constatado esse tipo de crime. A proposta, aprovada em primeiro turno na Câmara em 2004, está parada desde então. No dia 04 de junho corrente foi criada a Frente Nacional contra o Trabalho escravo, composta por parlamentares e entidades da sociedade civil: centrais sindicais, associações de juizes e magistrados da Justiça do Trabalho, Igrejas… (A CNBB emitiu uma Nota que foi lida no ato da criação da Frente). Também foi distribuída à imprensa e às autoridades do Legislativo um Manifesto pela aprovação da PEC do Trabalho escravo, que termina dizendo: “É hora de abolir essa vergonha. Neste ano em que a Lei Áurea faz 120 anos, os senhores congressistas tornar-se-ão parte da história, garantindo dignidade ao trabalhador brasileiro”.

Governo assina MP que reestrutura dívida rural

            O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou a MP 432/2008 que reestrutura a dívida rural, acumulada desde a década de 80. A proposição tem o potencial de atender 2,8 milhões de contratos. A dívida do setor está calculada em R$ 87,5 bilhões e a meta é garantir a recuperação da renda agrícola nacional e o retorno de recursos públicos que estavam comprometidos pelas dívidas dos produtores. Anunciada como a maior renegociação de débitos agrários da história do país, assim mesmo a MP ainda não agradou aos ruralistas. Queixosos da renegociação, estimada em R$ 75 bilhões, os parlamentares da bancada ruralista já se articulam para alterar o texto da MP da Dívida Rural no Congresso e ampliar o valor dos débitos passíveis de revisão.

Câmara deve votar "MP da Grilagem"

Governo e oposição tentam um acordo para votar a medida provisória 422/08 que aumenta o limite da área que pode ser concedida pela União para uso rural, sem processo de licitação, na Amazônia Legal. Ela triplica as áreas públicas nas mãos de posseiros na Amazônia que podem ser legalizadas de imediato. Com ela, as terras serão vendidas sem licitação. Antes da MP, o limite dessa operação era de 500 hectares. Desde a edição da medida, na semana passada, o teto passa a ser de 1.500 hectares. Só poderá se beneficiar da lei quem estiver na terra desde dezembro de 2004. Ambientalistas temem que o desmatamento cresça na mesma proporção. Eles batizaram a medida provisória de Programa de Aceleração da Grilagem (PAG). Já votado na Câmara e enviado ao Senado.

Nossa Senhora Aparecida 'Padroeira' do Brasil

Tramita na comissão de Educação e Cultura o Projeto de Lei 2623/07, de autoria do Deputado Victorio Galli, do Mato Grosso; ele propõe retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de 'Padroeira' do Brasil, sob a alegação de que sendo o país um Estado laico, não deve ter este ou aquele padroeiro. Substitui a expressão 'Padroeira do Brasil' por 'Padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos' e a expressão 'culto público e oficial' por 'homenagem oficial'. O deputado ressalta que o Estado está impedido de instituir qualquer tipo de culto, conforme o artigo 19 da Constituição. Por interferência de alguns deputados, o relator se comprometeu em pedir arquivamento do projeto.

Regulamentação da prática da ortotanásia

O autor do Projeto de lei justifica o tema: o problema da terminalidade da vida angustia os profissionais de saúde, especialmente os médicos. O avanço científico e tecnológico no campo da assistência à saúde, possibilitando a manutenção artificial da vida por meio de equipamentos ou tratamentos extremos, gera situações éticas e filosóficas novas, que demandam regulamentação própria e específica. Por esse motivo, o deputado Hugo Leal propõe o presente projeto de lei – 3002/08. Define a ortotanásia como suspensão de procedimentos ou tratamentos extraordinários que objetivam unicamente a manutenção artificial da vida de paciente terminal, com enfermidade grave e incurável.

Comissão adia votação de Lei da Homofobia

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado adiou a votação, prevista para o dia 15/05, do substitutivo ao projeto de lei sobre a discriminação sexual. A proposta polêmica rende acaloradas discussões desde o ano passado. O projeto amplia a lei que trata da discriminação por raça, cor, etnia e religião (Lei 7.716 de 5/01/1989), acrescentando também gênero, sexo, orientação sexual… Os senadores Marcelo Crivella e Magno Malta apresentaram voto em separado para tentar amenizar as punições estabelecidas pelo projeto. Durante o debate, a comissão estava lotada, principalmente com representantes das igrejas católica e evangélica. A relatora da proposta, senadora Fátima Cleide, pediu mais tempo para poder analisar as dez emendas apresentadas ao texto, mas avisou que não irá protelar a votação do seu parecer. A matéria segue depois para a comissão de Constituição e Justiça.

Audiência pública sobre a Reforma Tributária

            Foi marcada para o próximo dia 17, na Câmara dos Deputados, a audiência solicitada por movimentos sociais e entidades da sociedade civil (INESC, Fórum Brasil de Orçamento, Campanha Nacional pelo Direito a Educação, DIEESE e Pastoral da Criança – CNBB). Os deputados Antonio Palocci e Sandro Mabel (respectivamente presidente e relator da comissão) receberão as emendas e as sugestões preparadas por aquelas entidades em sintonia com muitos movimentos sociais. A audiência é aberta a todas as pessoas interessadas em trazer luzes para uma verdadeira Reforma Tributária.

 

 

4. Síntese e Conclusões

 

O texto da  proposta de reforma tributária  ora em tramitação no Congresso Nacional, de autoria do Poder Executivo (PEC 233/2008),declara objetivos explícitos de simplificação, eficiência e desoneração tributária e assume forte poder de controle sobre o poder de tributar dos Estados em nome da eliminação da chamada “guerra fiscal”. Tais objetivos e os meios perseguidos para atingi-los mereceriam uma avaliação específica, que contudo não é objeto deste texto. A ausência de objetivos de justiça tributária ou equidade distributiva na Reforma, ou sua pretensa neutralidade neste campo, são desde logo motivos de preocupação, face  a reconhecida herança de desigualdade  na captura das fontes e posterior utilização dos recursos tributários na economia e sociedade..

 

Por outro lado, de maneira subreptícia o texto do Projeto de Reforma desestrutura completamente o perfil das finanças sociais construído desde a Constituição de 1988 no tocante ao Orçamento da |Seguridade Social(Saúde, Previdência, Assistência Social e Seguro Desemprego).Em contrapartida criam-se novos limites e regras constitucionais claramente insuficientes e estranhos à proteção dos direitos sociais básicos nesse  sistema, susceptíveis  de constranger, abafar ou negar a segurança jurídica dos titulares desses direitos.

 

As mudanças propostas, se consagradas em texto constitucional, comandariam uma legislação infra-constitucional fortemente restritiva ao chamado gasto social federal. Deixariam ainda os direitos sociais ao abrigo do sistema – atualmente garantidos pelo ordenamento jurídico, a mercê de ajustes casuísticos na conjuntura dos orçamentos anuais,sob forte disputa de interesses econômicos muito poderosos.

 É sábia a regra constitucional original (arts. 194 e 195 da CF), que cuidou de conceder prioridade objetiva, vinculando alguns recursos “ex-ante” para garantir direitos sociais em determinadas situações de risco ou atendimento de serviços básicos relacionados a direitos e explicitamente assumidos no sistema  de seguridade social , tais como – idade avançada, invalidez, viuvez, reclusão, doença, proteção ao menor, desemprego involuntário, atendimento dos serviços de saúde etc. Os  frutos dessas regras são o principal legado distributivo da Constituição de 1988, contribuindo decisivamente para melhoria  do bem estar social dos grupo vulneráveis da sociedade, sendo provavelmente o seu lado crítico  a amplitude da cobertura atingida, que longe está ainda de ser universal.

 

Não é ocioso destacar que esse sistema de garantia de direito básicos, cujo estatuto  ético normativo é o da proteção social pública, é necessariamente exigente em recursos econômicos, parte dos quais é cobrada dos beneficiários diretos, sob o formato de contribuições securitárias; enquanto outra parte importante o é sob a forma de tributos do conjunto da sociedade. Estes últimos devem cumprir uma função tipicamente re-distributiva- destinados prioritariamente àqueles sem capacidade contributiva no seguro social ou a toda a sociedade, no caso dos serviços universais de saúde.

Quando o sistema tributário é reformulado e afeta de maneira radical o sistema de proteção social, seria de se esperar numa sociedade democrática um amplo debate sobre  suas conseqüências sobre direitos sociais. Infelizmente o debate público tem se cingido aos aspectos de interesse do mundo empresarial. Os setores sociais afetados pelas potenciais mudanças estão de certa forma marginalizados do debate político, cooptados pelas pressões oficiais ou simplesmente distanciados da esfera pública pela enorme cortina de silêncio que ao tema destina a cobertura midiática. Mas os riscos de retrocesso institucional são fortes, que contudo podem ser revertidos se o argumento da legitimidade da reforma for levantado de forma significativa e oportuna.

+

Em razão dos fatos e argumentos aqui levantados, entendemos que uma palavra de esclarecimento, cobrança de rumos e advertência ética do episcopado sobre o sentido atual da Reforma,contêm poder performativo importante, para pelo menos colocar o tema da segurança jurídica dos direitos sociais no centr


Anexo

 

Reforma Tributária e suas Implicações para os Direitos Sociais (Seguridade Social).

 

Guilherme C Delgado

 

1. Introdução

 

Recente iniciativa do Poder Executivo junto ao Congresso Nacional dá ensejo a um Projeto da Emenda Constitucional extenso (PEC 233/2008), com profundas alterações no Sistema Tributário Nacional, a ponto de ser definido pelos autores como uma reforma tributária ampla, a ser iniciada por esta PEC e sucedida por detalhada legislação infraconstitucional até 2015.

Esta Nota tem o propósito explícito de averiguar as implicações da reforma tributária ora em discussão sobre o sistema da seguridade social, que diga-se de passagem não é objeto explícito da Reforma. A conseqüência desta, tem implicações de tal gravidade sobre a seguridade, que nos obriga a fazer uma espécie de giro nos objetivos estratégicos declarados da Reforma; para falar sobre suas implicações naquilo que se nos afigura essencial – a segurança jurídica dos direitos sociais básicos.

Advirta-se desde logo que a Reforma declara-se neutra em relação à seguridade social, e em nenhuma justificativa oficial (Exposição de Motivos do Ministério da Fazenda) ou oficiosa (Posicionamento do Relator e Presidente da Comissão de Reforma na Câmara Federal) – declaram-se objetivos de justiça tributária ou equidade distributiva a esse Projeto.

Ao contrário, os objetivos explícitos e declarados do PEC 233/2008 são de:

1.      simplificação e desburocratização do sistema tributário mediante uniformização de regras tributárias (ICMS), e redução dos tributos federais- eliminam-se várias Contribuições Sociais, substituídas por um novo tributo – Imposto sobre Valor Adicionado.

2.      eliminação da guerra fiscal entre os entes federados;

3.      desoneração tributária (parcialmente sobre folha de salário);

4.      eliminação de distorções da estrutura tributária, principalmente o viés da cumulatividade da taxação em diversas fases da produção e circulação de bens e serviços;

5.      aumento da eficiência e competitividade geral da economia, com o que se espera acelerar o crescimento econômico.

 

2. Os efeitos da Reforma sobre o Orçamento da Seguridade Social

 

Para melhor entendimento dos efeitos da Reforma Tributária em cogitação, vamos enunciar genericamente como é atualmente a estrutura de fontes e usos do sistema de seguridade (o orçamento da seguridade social), para em seguida verificar a mudança que se opera e principalmente as lacunas que se introduzem no atual ordenamento jurídico   desse sistema.

Vejamos como é o quadro atual de garantia de recursos aos subsistemas da Seguridade Social (Saúde, Previdência, Assistência Social e Seguro Desemprego); cujo princípio norteador básico é a diversidade da base de financiamento (Art. 194 – Parágrafo único – item VI da Constituição Federal).

 

 

Tabela 1 Receitas da Seguridade Social

 

 

Fontes

Como Proporção do PIB (2005)

Volume Líquido a Seguridade Social em % do PIB

 

% individual

 

% acumulado

1. Contribuição de Empregadores e Trabalhadores

5,4

42,52

42,52

2. COFINS

3,4

26,77

69,29

3. Contribuição sobre Lucro Líquido

0,9

7,09

76,38

4. PIS-PASEP – parcela vinculada ao Seguro Desemprego

0,4

3,15

79,53

5. CPMF

0,5

3,93

83,46

6. Contribuição a Seguridade do Servidor Público

0,9

7,09

90,55

7. Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza

0,2

1,57

92,12

8.Recursos Ordinários do Tesouro

0,7

5,51

97,63

9. Outras Fontes

0,3

2,36

100,0

Total

12,7

100,0

100,0

Fonte: “Políticas Sociais – Acompanhamento e Análise nº 13” – Brasília – IPEA – agosto de 2006 – p-37

 

Essa estimativa de fontes de recursos à Seguridade Social, que à exceção da CPMF está integralmente em vigor, é a base financeira sobre a qual repousam os quatro subsistemas de direitos sociais  erigidos  pela Constituição de 1988: o Sistema Único de Saúde, os dois Sistemas de Previdência Social (Regime Geral de Previdência Social e Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos da União), o Sistema Único de Assistência Social e o Seguro Desemprego.  O Fundo da Pobreza (fonte da Bolsa Família) também faz parte desse conjunto de fontes, mas pelo fato de não se configurar como direito social constitucionalizado, pode a qualquer momento ter destinação diversa daquele que ora apresenta, sem que isto afete a política social de estado, o que não ocorre com a maior parte dos recursos destinados aos cinco sistemas citados anteriormente.

Observe-se uma cláusula fundamental que está implícita nessa estrutura de fontes, oriunda dos princípios da Seguridade Social (Art.194) e da sua regra de financiamento (Art.195) – é que haverá sempre obrigação do estado por meio de “outras fontes” de complementar o total dos recursos se àquelas (fontes) vinculadas não forem suficientes para suportar financeiramente os direitos sociais líquidos e certos requeridos e deferidos no ano fiscal. Essa regra veio a ser positivada em 1999 com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar a C.F.) que estabeleceu em seu artigo 18 a insusceptibilidade a cortes das despesas vinculadas aos direitos da seguridade social. Essa combinação de regras pressupõe o primado da precedência e prioridade do direito social no orçamento, ainda que algum teto orçamentário viesse a ser atingido no ano fiscal.

 

Tabela 2

Uso de Recursos Legalmente Vinculados à Seguridade Social (2005)

(Despesas como % do PIB) (Em  % do PIB)

Sistemas e Programas vinculados a Seguridade Social

%

do PIB

%

Individual

% acumulado

1. Regime Geral de Previdência Social – Pagamento de Benefícios

7,14

56,08

56,08

2. Benefícios de Assistência Social (LOAS)

0,47

3,69

59,77

3. Seguro Desemprego(Benefícios)

0,44

3,46

63,23

4. Atendimento no SUS

0,87

6,83

70,06

5. Regime de Previdências de Funcionários da União

2,14

16,81

–   Subtotal 1 (1+2+3+4+5)

11,06

86,87

86,87

6. Outras ações e Programas da Previdência Social

 

0,37

 

2,91

 

89,78

7. Outras ações e Programas da Saúde

 

0,88

 

6,91

 

96,69

8.Outras ações e Programas da Assistência  Social

 

0,09

 

0,71

 

97,40

– Subtotal 2 (6+7+8)

1,34

10,53

9. Despesa com Programas Voluntários do Governo (Bolsa Família)

 

 

0,33

 

 

2,59

 

 

100,0

Total

12,73

100

100,0

 

A estrutura de usos (despesas) da seguridade social mostra uma concentração muito alta de recursos nos benefícios pecuniários oferecidos pelo sistema – itens 1, 2 e 3  da Tabela 2 que somados ao item 4 (atendimento no SUS), correspondem a 70% das despesas do Orçamento da Seguridade Social.

Mas como a Lei de Responsabilidade Fiscal determinou a inclusão também das despesas com a Previdência dos servidores da União no Sistema, sobe para 86,9% o comprometimento de recursos com esses cinco sistemas. Essa categoria de benefícios goza atualmente de proteção jurídica da insusceptibilidade a cortes.

 

Confrontando as Tabelas de fontes e usos (Receitas/Despesas), percebe-se que restam relativamente poucos recursos para todas as outras funções de prestação de serviços – Saúde, Assistência e Previdência, que inclui toda a programação anual de cada Ministério, incluindo investimentos novos e custeio da máquina administrativa.

 

3. O que muda na Seguridade com a Reforma.

 

A reforma ora em discussão afeta o sistema de Seguridade Social nos seguintes aspectos:

 

1.      Desonera-se a  contribuição patronal à Previdência Social (RGPS) em 6 pontos percentuais, ao ritmo de hum ponto percentual ao ano, a partir do segurado ano após aprovada a Reforma, ficando a compensação dos recursos desonerados do RGPS para providência posterior.

 

2.      Ficam extintas várias das “Contribuições Sociais” vinculados à Seguridade Social mencionados na Tabela 1 (COFINS, Contribuição sobre o Lucro Líquido e do PIS-PASEP, enquanto a CPMF não é objeto desta Reforma, o que equivale a excluí-la formalmente da base financiadora do Sistema.

 

3.      Para compensar a perda das “Contribuições”, a Reforma cria um novo conceito de vinculação tributária à seguridade social – que é explicitamente admitida como sendo igual à soma da COFINS,  da Contribuição Sobre o Lucro Líquido, agregado à parcela do PIS que financia o seguro desemprego, segundo seus valores apurados em um dado ano (2006).Essa massa de recursos seria a nova destinação explicitamente atribuída à Seguridade Social no novo texto constitucional. Essa nova vinculação correspondeu em 2005 a 37% do total das fontes federais financiadoras da despesa da seguridade social.(Ver Tabela 1)

 

Isto vira um limite quantitativo explícito no texto constitucional – explicitamente para a seguridade social e o seguro desemprego, completamente estranho ao tamanho atual do Orçamento da Seguridade Social.

 

4.  O novo texto da reforma mantém os recursos da folha de salários, vinculados à Previdência Social e anuncia que serão realizados no futuro novas vinculações de recursos para Previdência Social, com incidência na nova base fiscal criada (IVA + IPI + Imposto de Renda). Isto pelo que se deduz, viria com legislação infraconstitucional, já que não se estabelece aqui o critério quantitativo explícito e suficiente pra compensar o déficit de caixa de Previdência Social, da desoneração criada pela Reforma e ainda o déficit da caixa do Regime Próprio dos Servidores Públicos.

 

5.O texto da reforma é omisso com relação às demais fontes que complementariam nos níveis atuais o Orçamento da Seguridade Social. Além daquelas a que são explicitamente mencionados para serem intercambiados -COFINS, CSLL e PIS; a Folha de Salário do Regime Geral de Previdência é sabidamente credora de compensações, que estariam em “estudo” para posterior legislação.

 

Isto posto, o texto reformado estaria na melhor das hipóteses, para usar o exemplo do ano fiscal de 2005, recorrendo à fontes que supriram, no primeiro ano do período pós-reforma, cerca de 83,5% da despesa do sistema, nos níveis em que esta se deu em 2005 (sempre associada a proporções do PIB).

Isto significa no exemplo da Tabela 1, agregar todas as fontes (COFINS, CLSS, PIS, e Contribuição Previdenciária). Mas como nos anos subseqüentes haverá a desoneração parcial da Folha, haveria também a diminuição provável dessa proporção.

Os recursos que faltam – onde se destacam a CPMF, os Recursos Ordinários e Outras Fontes põem em sério risco a garantia jurídica de atendimento aos direitos sociais contemplados no Orçamento da Seguridade.

 

Observe-se ainda que ao instituir no texto Constitucional limites quantitativos explícitos daquilo que a reforma estabelece como teto de recursos para a Seguridade Social, muito aquém da base atual, sinaliza-se para a legislação infraconstitucional subseqüente um desconforto marcante para o financiamento dos direitos, segundo o estatuto jurídico atual. Provavelmente a falta de recursos seria resolvida casuisticamente no tratamento anual do Orçamento, ou ainda suscitaria uma garantia seletiva àqueles setores que conseguirem manter-se incólume aos cortes.

Finalmente deve-se observar que a Reforma Tributária ignora completamente o conceito constitucional do Orçamento da Seguridade Social, tratando-o de forma parcial e fragmentária e ainda subestimado ou omitindo as necessidades de financiamento dos vários sistemas e programas que  integram o sistema.

A conseqüência provável das novas regras é de forte insegurança jurídica para os titulares de direitos nesse sistema., ou ainda uma apropriação dos grupos com maior capacidade de fazer prevalecer suas demandas.

 

Por tudo isso, parece-nos de maior temeridade votar até o dia 20 de julho o texto da atual reforma, como apressadamente  programam os dirigentes do Congresso, sob pressão do Executivo, sem um debate mais transparente e aprofundado a respeito das conseqüências desse novo arranjo tributário para a garantia dos direitos sociais instituídos na Seguridade Social pela Constituição de 1988.

 

 


[1] Os dois primeiros parágrafos deste tópico resumem um texto do sociólogo Boaventura Sousa Santos apresentado no Seminário “Povos Indígenas, Estado e Soberania Nacional”, promovido pela Faculdade de Direito da UnB e pelo Fórum em Defesa dos Direitos Indígenas, em 28 de maio de 2008.

Represión en Rio Grande do Sul

VEJAM A REPRESSAO ARTICULADA DO GOVERNO YEDA, Brigada Militar e ministerio publico estadual contra os MOVIMENTOS SOCIAIS- Leiam com atençao. A volta do fascismo da ditaduram

 

Amigos e Amigas da luta pela terra,

Enviamos abaixo a Nota divulgada sobre os despejos ocorridos ontem em Coqueiros do Sul, em duas áreas que estavam cedidas às famílias acampadas. Gostaríamos de alertá-los que já existem pedidos do Ministério Público para despejo dos acampamentos de São Gabriel (de uma área que é pré-assentamento) e dos acampamentos de Nova Santa Rita e Pedro Osório, que estão em áreas de assentamento. Estes pedidos já se encontram com Juízes das respectivas Varas e poderão ser executados a qualquer momento.

Contamos com seu apoio neste momento de repressão, não apenas ao Movimento Sem Terra, mas ao conjunto dos movimentos sociais,

Um forte abraço e boa luta,

Coordenação Estadual MST-RS 

UMA AÇÃO ORQUESTRADA CONTRA OS MOVIMENTOS SOCIAIS

Métodos e Argumentos do Ministério Público e da Brigada Militar ressuscitam a Ditadura Militar no Rio Grande do Sul.

No dia de ontem (17/06), centenas de famílias de trabalhadores Sem Terras foram despejados de dois acampamentos pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul no município de Coqueiros do Sul. A duas áreas pertencem a pequenos proprietários e estavam cedidas para a instalação das famílias. Os Barracos e plantações foram destruídos, além das criações de animais, que foram espalhados, para que as famílias não pudessem leva-los. Cumprindo ordens do Poder Judiciário, as famílias foram jogadas à beira da estrada em Sarandi no final da tarde.

É preciso lembrar que este acampamento a beira da estrada para onde foram levadas, é o mesmo local de onde foram despejadas há um ano. Até quando estes trabalhadores vão permanecer lá? Quanto tempo levará até o próximo despejo?

O despejo de ontem não se trata apenas de mais um ato de violência e intransigência da Governadora Yeda Crusius e da Brigada Militar. Há um nefasto projeto político em curso no Rio Grande do Sul, envolvendo a proteção dos interesses de empresas estrangeiras, que são também grandes financiadoras de campanha, a supressão de direitos civis e a repressão policial. A ação faz parte de uma estratégia elaborada pelo Ministério Público Estadual para impedir que qualquer movimento social possa se organizar ou manifestar-se. Juntos, o Ministério Público Estadual e a Brigada Militar ressuscitam os métodos e práticas da ditadura militar, ameaçando qualquer direito de reunião, de organização ou de manifestação.

Na ação civil que determinou o despejo ontem, os promotores deixam claro sua inspiração pelo golpe militar de 1964, ao lembrarem que o golpe que restringiu as liberdades civis no Brasil, “ pacificou o campo”.

O despejo de uma área cedida, a ameaça de multa a seus proprietários se voltarem a apoiar o MST e as promessas de que novos despejos ocorrerão nos acampamentos em São Gabriel (num pré-assentamento), em Nova Santa Rita e em Pedro Osório (ambos em áreas de assentamentos) são decisões autoritárias que ameaçam não apenas o Movimento Sem Terra, mas estabelecem uma política de repressão para todo e qualquer movimento social.

Ao mesmo tempo em que os movimentos sociais são perseguidos e criminalizados, não se vê nada para recuperar os R$ 44 milhões roubados dos cofres públicos para o financiamento eleitoral no esquema do DETRAN.

Da mesma forma, quando grandes empresas estrangeiras criam empresas-laranjas e adquirem terras ilegalmente no Rio Grande do Sul, que somente agora foram indeferidas pelo executivo, não se vê nenhuma ação do Ministério Público, judiciário ou do executivo estadual.

No ano passado, após a Marcha à Fazenda Guerra, o Ministério Público propôs um termo de ajuste onde o Poder executivo federal assumia o compromisso em assentar mil famílias até o mês de abril deste ano. Nos causa estranheza que não hajam mais cobranças do Ministério Público para o cumprimento do acordo, que este mesmo poder propôs. E ainda, que agora decrete o despejo das famílias, que poderiam estar assentadas e produzindo alimentos, caso o mesmo acordo tivesse sido respeitado.

Há interesses que ainda se encontram ocultos nas ações desta semana e nas medidas que o MPE anuncia. O certo é que a volta dos regimes autoritários e repressivos, a serviço de interesses obscuros, ameaça a todo o povo gaúcho.

Coordenação Estadual MST – RS


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Deputados Estaduais condenam ação da BM

A operação da Brigada Militar em dois acampamentos do MST em Coqueiros do Sul, no amanhecer de terça-feira (17), foi condenada pelo líder da bancada do PT na Assembléia Legislativa, deputado Raul Pont. Na sessão plenária desta quarta-feira (18), o parlamentar subiu à tribuna para protestar contra a medida judicial que determinou a transferência dos sem-terra da Fazenda Coqueiros do Sul para Sarandi. Ao clarear do dia, os 360 acampados foram surpreendidos por 500 policiais numa operação inédita no RS. Há mais de dois anos, eles ocupavam uma área cedida pelo proprietário ao movimento. “Este procedimento objetiva criminalizar os movimentos sociais”, alertou o deputado, que está preocupado com as sucessivas investidas da BM e do Ministério Público Estadual contra os movimentos sociais.

Raul Pont também criticou a falta de investimentos do governo Yeda Crusius no desenvolvimento agrário. Para se ter uma idéia, dos R$ 600 mil orçados para a viabilização econômica dos assentados, a administração tucana empenhou zero. O mesmo ocorreu com os R$ 3 milhões orçados para a indenização de agricultores, com os R$ 2 milhões e 650 mil para a aquisição de imóveis e com R$ 1 milhão para o crédito fundiário. “Ou seja, dos quase R$ 8 milhões orçados, o governo não colocou um tostão sequer”, revelou o líder petista, cobrando do Executivo Estadual investimentos para a reforma agrária.

Outra referência feita pelo deputado diz respeito à manchete – “MST sofre contra-ataque ao amanhecer”, publicada em um dos jornais diários da capital. Raul Pont indagou: “qual foi o ataque?” “Qual foi a invasão feita ontem?”. “A BM não combate a violência nas cidades e, tampouco, faz policiamento preventivo. Mas, com a maior facilidade reúne 500 policiais para um contra-ataque a um ataque que não aconteceu num acampamento majoritariamente composto por crianças e mulheres. Esta é a política do Estado”, frisou, salientando que esta é uma questão social e não um caso de polícia.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o deputado Dionilso Marcon (PT) acrescentou que o governo do Rio Grande do Sul está contra os pobres, os miseráveis e todos aqueles que buscam a dignidade e a cidadania. “Digo isto porque já passei por esta situação”. Indignado, exibiu, na tribuna, fotos publicadas em jornais da capital para ilustrar a forte ação policial contra os sem-terra. Numa delas, aparece ao fundo um galpão onde funciona uma escola. Lá, duas professoras estaduais ensinam os filhos dos acampados. A outra mostra mães e crianças quebrando gelo no dia mais frio do ano diante de uma fileira de policiais.


“O Ministério Público tem raiva de pobre. Vou pedir à Comissão de Direitos Humanos do Senado para interferir junto ao MP a fim de que este órgão deixe de perseguir os pobres”, adiantou Marcon, para quem o Ministério Público tem pouca disposição para investir contra os plantadores de eucalipto e para apurar denúncias de corrupção no Detran.

Por Stella Maris Valenzuela. http://www.rsurgente.net/  Terça-feira, 17 de Junho de 2008

 

Ação do MP gaúcho contra MST repete discurso anti-comunista pré-1964

Inicial da ação civil pública apresentada pelos promotores Luís Felipe de Aguiar Tesheiner e Benhur Biancon Junior, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, pedindo a desocupação de dois acampamentos do MST, próximos à fazenda Coqueiros (região norte do Estado), parece uma peça saída dos tempos da ditadura, reproduzindo a paranóia delirante anti-comunista dos anos 50 e 60 que alimentou e deu sustentação ao golpe militar no Brasil. A Vara Cível de Carazinho deferiu a liminar requerida pelo MP. Na avaliação dos promotores, os acampamentos Jandir e Serraria são “verdadeiras bases operacionais destinadas à prática de crimes e ilícitos civis causadores de enormes prejuízos não apenas aos proprietários da Fazenda Coqueiros, mas a toda sociedade”. Essa terminologia resume uma lógica de argumentação que muitos julgavam estar extinta no Brasil.

Na primeira página da inicial da ação, os promotores comunicam que seu trabalho é resultado de uma decisão do Conselho Superior do Ministério Público do RS para investigar as ações do MST que “há muito tempo preocupam e chamam a atenção da sociedade gaúcha”. O documento anuncia que os promotores Luciano de Faria Brasil e Fábio Roque Sbardelotto realizaram um “notável trabalho de inteligência” sobre o tema. Uma nota de rodapé define o trabalho de “inteligência” realizado nos seguintes termos:

"O art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.883/99, que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência e criou a ABIN, definiu a inteligência como sendo “a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado”.

O relatório que segue faz jus a esse conceito, apresentando o MST como uma ameaça à sociedade e à própria segurança nacional. O resultado do trabalho de inteligência inspirado nos métodos da ABIN é composto, na sua maioria, por inúmeras matérias de jornais, relatórios do serviço secreto da Brigada Militar e materiais, incluindo livros e cartilhas, apreendidas em acampamentos do MST. Textos de autores como Florestan Fernandes, Paulo Freire, Chico Mendes, José Marti e Che Guevara são apresentados como exemplos perigosos da “estratégia confrontacional” adotada pelo MST. Na mesma categoria, são incluídas expressões como “construção de uma nova sociedade”, “poder popular” e “sufocando com força nossos opressores”. Também é “denunciada” a presença de um livro do pedagogo soviético Anton Makarenko no material encontrado nos acampamentos.

 

Terça-feira, 17 de Junho de 2008

A "violência" das Ligas Camponesas e o "movimento político-militar de 1964"

 

Na introdução da ação, os promotores fazem um “breve histórico do MST e dos movimentos sociais”. Esse histórico se refere à organização do Movimento dos Agricultores Sem-Terra (Master) no Rio Grande do Sul, nos anos 1960, e à “atmosfera de crescente radicalização ideológica”. As Ligas Camponesas de Francisco Julião, em Pernambuco, são acusadas de “sublevar o campo e incentivar a violência contra os proprietários de terra, criando um clima de guerra civil”. Essa “agressividade”, na avaliação dos promotores, contribuiu para o “movimento político-militar de 1964”. O “movimento político-militar de 1964” a que os promotores se referem é o golpe militar que derrubou o governo constitucional de João Goulart, suprimiu as liberdades no país e deu início à ditadura militar.

Logo em seguida, a ação apresenta uma caracterização do MST, toda ela baseada na visão de uma única pessoa, o sociólogo Zander Navarro. O trabalho de inteligência dos promotores também se baseia, em várias passagens, em uma “revista de circulação nacional” (Veja) e em matéria críticas ao MST publicadas em jornais como Folha de São Paulo, Zero Hora e Estado de São Paulo, entre outros. Após apresentar um “mapa” dos movimentos sociais no campo brasileiro, os promotores questionam, em tom de denúncia, as fontes de financiamento público desses movimentos. Eles revelam que “o Ministério Público encaminhou um questionamento ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, acerca da existência ou não de alguma fonte de financiamento ou ajuda, direta ou indireta, aos participantes do MST acampados no Rio Grande do Sul”.

Os promotores citam ainda o relatório da CPMI da Terra, realizada no Congresso Nacional, sustentando que há malversação de verbas públicas, “pelo repasse de dinheiro público efetuado diretamente pelo Incra, na forma de distribuição de lonas, cestas básicas e outros auxílios”. Além disso, citam a “doação de recursos por entidades estrangeiras, notadamente organizações não-governamentais ligadas a instituições religiosas, como a organização Caritas, mantida pela Igreja Católica”. E identificam, em tom crítico, a rede de apoio internacional ao MST que mostraria ao público estrangeiro “uma visão do Brasil frontalmente crítica à atuação do Poder Público e inteiramente de acordo com os objetivos estratégicos do MST”. Citando o jornal Zero Hora, os promotores apontam que a Escola Florestan Fernandes (do MST) foi construída “com vendas do livro Terra, com texto do escritor português José Saramago, fotografias de Sebastião Salgado e um disco de Chico Buarque, além de contribuições do exterior”.

 

Ao falar sobre a estratégia do MST, os promotores valem-se de relatórios do serviço secreto da Brigada Militar (a PM2). O relatório do coronel Waldir João Reis Cerutti, de 2 de junho de 2006, afirma que os acampamentos do movimento são mantidos com verbas públicas do governo federal, recursos de fontes internacionais e até das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia). O coronel Cerutti não apresenta qualquer comprovação da existência do “dinheiro das FARC” e segue falando da suposta influência da guerrilha colombiana sobre os sem-terra. Segundo ele, o MST estaria planejando instalar um “território liberado” dentro do Estado: “Análises de nosso sistema de inteligência permitem supor que o MST esteja em plena fase executiva de um arrojado plano estratégico, formulado a partir de tal “convênio”, que inclui o domínio de um território em que o governo manda nada ou quase nada e o MST e Via Campesina, tudo ou quase tudo”.

Em seguida é apresentado um novo relatório do Estado Maior da Brigada Militar sobre as ações do MST no Estado. Esse documento pretende analisar a “doutrina e o pensamento” do MST, identificando, entre outras coisas, as leituras feitas pelos sem-terra. Identifica um “panteão” de ícones inspiradores do movimento, “a maior parte ligada a movimentos revolucionários ou de contestação aberta à ordem vigente” (onde Florestan Fernandes e Paulo Freire estão incluídos, entre outros). E fala de “uma fraseologia agressiva, abertamente inspirada nos slogans dos países do antigo bloco soviético (“pátria livre, operária, camponesa”)”. A partir dessas informações, os promotores passam a discorrer sobre o caráter “leninista” do MST, invocando como base argumentativa o livro “A democracia ameaçada – o MST, o teológico-político e a liberdade”, de Denis Rosenfield, que “denuncia” que o objetivo do movimento é o socialismo.

 

Para os promotores, “já existem regiões do Brasil dominadas por grupos rebeldes” (p. 117 da ação). A prova? “A imprensa recentemente noticiou….” (uma referência as ações da Liga dos Camponeses Pobres, no norte do Brasil). Em razão da “gravidade do quadro em exame”, concluem os promotores, “impõe-se uma drástica mudança na forma de trato das questões relativas ao MST e movimentos afins”. A conclusão faz jus às fontes utilizadas no “notável trabalho de inteligência”: “o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra não constitui um movimento social, mas, isso sim, um movimento político”. O MST, prosseguem os promotores, “são uma organização revolucionária, que faz da prática criminosa um meio para desestabilizar a ordem vigente e revogar o regime democrático adotado pela Constituição Federal”. Em nenhum momento da ação, o “notável trabalho de inteligência” dos promotores trata de problemas sociais no campo gaúcho.

Miercoles 13 de junio: Jornada de Lucha Via Campesina

Si quereis indignaros un poquito, leer al Juan Arias este en el Pais… en el enlace de abajo.
Y esto es periodismo objetivo??? madre mia, qué periodico… donde acabará!

 

1) Noticia El País hoy, 12-06-08:
 http://www.elpais.com/articulo/internacional/MST/lanza/nueva/oleada/ocupaciones/Estados/Brasil/elpepuint/20080612elpepuint_8/Tes

2) Lo que realmente pasó: nota del MST sobre las Jornada de Lucha convocada por la Via Campesina:
http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=5469

3) final de la Jornada se hace una rueda de prensa donde se lee el siguiente comunicado: http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=5477

Via Campesina – Assemblea Popular: ?Por qué nos movilizamos? Queremos producir alimentos

Contra el agronegocio y em defensa de la agricultura campesina

 El actual modelo económico, basado en el agronegocio y el capital financiero, quiere transformar los alimentos, las semillas y todos los recursos naturales en mercancías para satisfacer los intereses, garantizar las ganancias y aplacar la codicia de las grandes compañías transnacionales.

 

Estos grupos económicos aproprianse de la tierra, del água, de los minerales y de la biodiversidad, tornando privado lo que es de todos. Además, promueven la devastación de las florestas y la deterioración del suelo con el monocultivo. También aumentan la explotación de los trabajadores, precarizan, retiran y desrepetan los derechos del trabajador, promueven el desempleo, la pobreza y la violencia.


De este modo, el agronegocio promueve la concentración de la riqueza en manos de los más ricos, especialmente los banqueros y las empresas transnacionales, mientras aumenta la desigualdad y la pobreza de la población. Es necesario e urgente combatir la logica opresiva y destructiva que presentamos en los seguintes términos:


I – Denunciamos

 

Denunciamos el actual modelo agrícola por que él:

 

1. Favorece a los intereses de las compañías transnacionales, que se combinam con los latifundistas para controlar nuestra agricultura y obtener grandes ganancias con la producción y comercio de los alimentos y con la venta de semillas e insumos agrícolas.


2. Prioriza el monocultivo en grandes porciones de tierras, lo que afecta el medio ambiente, deteriora la tierra y requiere el uso de grandes cantidades de veneno.

 

3. Estimula el monocultivo de eucalipto y pinus, especies que destroyen la biodiversidad, poluen el ambiente, generam el desempleo y promueven la desagregación social de las comunidades campesinas, indígenas y quilombolas.

 

4. Incentiva la producción de etanol para la exportación, lo que promueve la ampliación del monocultivo de caña de azúcar y, por consecuencia, causa el alza de precios de los alimentos y la concentración de la propriedad de la tierra por empresas extranjeras.

 

5. Difunde el uso de semillas transgénicas, que destroyen la biodiversidad, eliminan nuestras semillas nativas, pueden causar daños a la salud de los campesinos y de los que consomen los alimentos y transfiere para las transnacionles el control político e económico de las semillas.


6. Promueve la ruina de nuestros biomas, en especial de la floresta amazónica y el cerrado, y la destrucción de los campos de babaçu, a través de la expansión de la pecuaria y el plantío de soya, eucalipto y caña de azúcar, así como la exportación de madera y minerales.


II- Somos contrarios:

 

Las transnacionales, los latifundistas y un grupo de políticos, partidos y parlamentares que defienden los intereses económicos quieren aprobar leyes que tornarán el escenario aún peor, y por esta razón:


7. Somos contrarios a la ley de concesión de las florestas públicas, que vá a significar la privatización de la biodiversidad, y el proyecto de ley 6.424/05 (del senador Flexa Ribeiro – PSDB/PA), que reduce el area de reserva legal en la Amazonia de 80% para 50%.


8. Somos contrarios a la Medida Provisoria 422/08, que torna legal las tierras invadidas por latifundistas en Amazonia en un límite de hasta 1.500 hectares, a la vez que la Constitución determina un maximo de 50 hectares.

 

9. Somos contrarios a la Medida Provisoria que desobliga el contratante de registrar los trabajadores en un plazo de hasta tres meses. Condenamos la existencia impune del trabajo esclavo, la explotación del trabajo infantil y el hecho de que no se garantizan los derechos del trabajador y la seguridad social a los trabajadores del campo.

 

10. Somos contrarios al Proyecto de Cambio Constitucional 49/06 (del senador Sérgio Zambiasi – PTB/RS), que propone la disminución de la zona de frontera especial en beneficio de las compañías transnacionales y los grupos económicos internacionales.

 

11. Somos contrarios al proyecto de transvase del Rio São Francisco, cuyo objectivo es beneficiar solamente el hidronegocio y la producción para la exportación. El proyecto no atende a las necesidades de las poblaciones que viven en la región del semi-árido nordestino.

 

12. Somos contrarios a la privatización del água, que viene siendo monopolizada por compañías transnacionales como Nestlé, Coca-Cola e Suez.

 

13. Somos contrarios al actual modelo energético, basado en la construcción de grandes hidroeléctricas – principalmente en la Amazonia –, que pone en las manos de las grandes corporaciones multinacionales el control de la energía y favorece a las grandes empresas que más energía consomen.

 

III – Defendemos

 

Estamos movilizados y vamos luchar para cambiar esa realidad. Por eso, queremos:


1. Construir un nuevo modelo agrícola, basado en la agricultura campesina, en la Reforma Agrária, en la distribución de renta y fijación de las personas en el medio rural.


2. Combatir la concentración de la propiedad de tierra y de recursos naturales, haciendo una amplia distribución de los latifundios, con definición de un tamaño máximo para la propiedad de la tierra.

 

3. Garantizar que la agricultura nacional sea controlada por el pueblo brasileño, asegurando la producción de alimentos como una cuestión de soberanía popular y nacional, incentivando las cooperativas de agroindústrias y el cultivo de alimentos saludables.

 

4. Diversificar la producción agrícola, incentivando las policulturas, respectando el medio ambiente y utilizando técnicas de producción agroecológicas.

 

5. Preservar el medio ambiente, la biodiversidad y todas las fuentes de agua, con atención especial al Aqüifero Guarani, combatindo las causas del calentamiento global.

 

6. No permitir que deforesten la Amazonia ni los biomas brasileños, preservando las riquezas naturales y usando los recursos naturales de manera adecuada y sustentable, en beneficio del pueblo. Defendemos el derecho colectivo de explotación de las plantaciones de babaçu.


7. Preservar, difundir, multiplicar y mejorar las semillas nativas de los distintos biomas, a fin de garantizar su acceso a todos los agricultores.


8. Luchar por la aprobación inmediata de la ley que determina la expropiación de todas las propiedades donde haga trabajo esclavo y por la institución de pesadas multas a los latifundistas que no cumplen las leyes laborales y de seguridad social.

 

9. Exigir la implementación de la propuesta de la Agencia Nacional del Agua de obras e inversiones en todos los municípios del semi-árido, necesárias a la resolución del problema de abastecimiento de água para la población local.

 

10. Impedir que el agua sea transformado en mercancía y garantizar su manejo como un bien público, accesible a toda la población.

 

11. Asegurar un nuevo modelo energético que garantize la soberania energética y priorize el desarrollo para todos con el uso racional de la energia hidráulica produzida en pequeñas plantas, la producción de agrodiesel y etanol por los pequeños agricultores y sus cooperativas.

 

12. El gobierno federal debe autorizar el Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) a retomar y accelerar la regularización de todas las áreas quilombolas.


13. Promover de inmediato la demarcación de todas las reservas indígenas y la expulsión de todos los estancieros invasores, en especial los que se encuentran en el área de la reserva Raposa Serra do Sol y en las tierras del pueblo guarani en Mato Grosso do Sul.

 

El gobierno Lula debe honrar los compromisos con la realización de la reforma agrária que fueron firmados en julio de 2002, cumplindo así su programa político. Para tal, debe promover el asentamiento inmediato de todas las famílias que se encuentran en acampamientos y construir por lo mínimo 100 mil habitaciones por año en el campo para evitarse el exodo rural.


Nuestra lucha es por la construcción de una sociedad más justa, con igualdad y democracia, donde la riqueza es repartida entre todos y todas.

 

VIA CAMPESINA
ASSEMBLÉIA POPULAR

 

Por que estamos mobilizados
Queremos produzir alimentos

Contra o agronegócio e em defesa da agricultura camponesa

O atual modelo econômico, baseado no agronegócio e no capital financeiro, quer transformar os alimentos, as sementes e todos os recursos naturais em mercadoria para atender os interesses, o lucro e a ganância das grandes empresas transnacionais.

Para isso, esses grupos econômicos se apropriam de terra, águas, minerais e biodiversidade, privatizando o que é de todos. Além disso, desmatam as florestas e deterioram os solos com a monocultura. Também aumentam a exploração dos trabalhadores, precarizam, retiram e desrespeitam os direitos trabalhistas, causam desemprego, pobreza e violência.

Dessa forma, o agronegócio promove a concentração da riqueza nas mãos dos mais ricos, especialmente banqueiros e empresas transnacionais, enquanto aumenta a desigualdade e a pobreza da população. É necessário e urgente combater essa lógica opressora e destrutiva, que apresentamos nos seguintes pontos:

I – Denunciamos

Denunciamos o atual modelo agrícola por que:

1. Favorece os interesses das empresas transnacionais, que compõem aliança com os latifundiários para controlar a nossa agricultura e obter grandes lucros na produção e comercialização dos alimentos e na venda das sementes e insumos agrícolas.

2. Prioriza o monocultivo em grandes extensões de terras, que afeta o meio ambiente, deteriora os solos e exigem o uso grandes quantidades venenos.

3. Estimula a monocultura de eucalipto e pínus, que destroem a biodiversidade, causam poluição ambiental, geram desemprego e promovem a desagregação social das comunidades camponesas, indígenas e quilombolas.

4. Incentiva a produção de etanol para exportação, promovendo a ampliação do plantio da monocultura da cana-de-açúcar e, conseqüentemente, causando a elevação dos preços dos alimentos e a concentração da propriedade da terra por empresas estrangeiras.

5. Difunde o uso das sementes transgênicas, que destroem a biodiversidade, eliminam as nossas sementes nativas, podem causar danos à saúde dos camponeses e consumidores de alimentos e transfere para as transnacionais o controle político e econômico das sementes.

6. Promove o desmatamento dos nossos biomas, de modo especial da floresta amazônica e do cerrado, e a destruição dos babaçuais, através da expansão da pecuária, soja, eucalipto e cana, juntamente como a exportação de madeiras e minérios.

II- Somos contra

As transnacionais, os latifundiários e um grupo de políticos, partidos e parlamentares que defendem interesses econômicos e querem aprovar projetos que vão piorar ainda mais esse quadro e, por isso:

1. Somos contra a lei de concessão das florestas públicas, que significa a privatização da biodiversidade, e o projeto de lei nº 6.424/05, que reduz a área da reserva legal da Amazônia de 80% para 50%, de autoria do senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA).

2. Somos contra a Medida Provisória nº 422/08, que legaliza áreas de até 1500 hectares, invadidas por latifundiários na Amazônia, quando a Constituição determina apenas até 50 hectares.

3. Somos contra a Medida Provisória que desobriga o registro em carteira até três meses de trabalho. Condenamos a existência impunemente do trabalho escravo, da exploração do trabalho infantil e da falta de garantia aos direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores rurais.

4. Somos contra o Projeto de Emenda Constitucional nº 49/06, que propõe diminuir a extensão da faixa de fronteiras para beneficiar empresas transnacionais e grupos econômicos internacionais, de autoria do senador Sérgio Zambiasi (PTB-RS) .

5. Somos contra o projeto de transposição do Rio São Francisco, que visa apenas beneficiar o hidronegócio e a produção para exportação e não atende as necessidades das populações que vivem na região do semi-árido nordestino.

6. Somos contra a privatização das águas, que passam a se monopolizadas por empresas transnacionais como Nestlé, Coca-Cola e Suez.

7. Somos contra o atual modelo energético, baseado na construção de grandes hidrelétricas – principalmente na Amazônia -, que entrega o controle da energia às grandes corporações multinacionais e favorece as grandes empresas que mais consomem energia.

III – Defendemos

Estamos mobilizados e vamos lutar para mudar essa realidade. Por isso, queremos:

1. Construir um novo modelo agrícola, baseado na agricultura camponesa, na Reforma Agrária, na distribuição de renda e fixação das pessoas no meio rural.

2. Combater a concentração da propriedade da terra e de recursos naturais, fazendo uma ampla distribuição dos latifúndios, com a definição de um tamanho máximo para a propriedade da terra.

3. Garantir que a agricultura nacional seja controlada pelo povo brasileiro, assegurando a produção de alimentos, como uma questão de soberania popular e nacional, incentivando as agroindústrias cooperativadas e o cultivo de alimentos sadios.

4. Diversificar a produção agrícola, na forma de policulturas, respeitando o meio ambiente e usando técnicas de produção da agroecologia.

5. Preservar o meio ambiente, a biodiversidade e todas as fontes de água, com atenção especial ao Aqüífero Guarani, combatendo as causas do aquecimento global.

6. Desmatamento zero na Amazônia e nos demais biomas brasileiros, preservando a riquezas naturais e usando os recursos naturais de forma adequada e sustentável, em favor do povo. Defendemos o direito coletivo da exploração dos babaçuais.

7. Preservar, difundir, multiplicar e melhorar as sementes nativas, dos diferentes biomas, para garantir o seu acesso a todos os agricultores.

8. Lutar pela aprovação imediata da lei que determina expropriação de todas as propriedades com trabalho escravo e a instituição de pesadas multas aos latifundiários que não cumprem as leis trabalhistas e previdenciárias.

9. Exigir a implementação da política proposta pela Agência Nacional de Águas, que prevê obras e investimentos em cada município do semi-árido, necessárias para resolver o problema de água da população da região.

10. Impedir que a água se transforme em mercadoria e garantir seu gerenciamento como um bem público, acessível a toda a população.

11. Assegurar um novo modelo energético que garanta a soberania energética, que priorize o desenvolvimento de todos, utilizando o uso racional da energia hidráulica em pequenas usinas, com a produção de agrodiesel e álcool pelos pequenos agricultores e suas cooperativas.

12. O governo federal deve autorizar o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) a retomar a regularização, com maior celeridade, de todas as áreas pertencentes aos quilombolas.

13. Promover a demarcação imediata de todas as áreas indígenas e expulsão de todos os fazendeiros invasores, em especial da Raposa Serra do Sol e das áreas dos guarani no Mato Grosso do Sul.

O governo Lula precisa honrar os compromissos assumidos para a realização da Reforma Agrária, cumprindo seu programa político, assinado em julho de 2002, assentando imediatamente todas as famílias acampadas e construindo no mínimo 100 mil casas por ano no campo para evitar o êxodo rural. A nossa luta é pela construção de uma sociedade justa, com igualdade e democracia, onde a riqueza é repartida com todos e todas.

 

 

Why do we mobilize?
WE WANT TO PRODUCE FOOD
Against agribusiness, in defence of family farming

The current economic model, sustained by agribusiness and the domination of financial capital, wants to transform food, seeds and all natural resources into commodities, in order to satisfy and protect the interests, profits and greed of big multinational companies.

To achieve that, financial groups seek to dominate land, water and biodiversity resources through privatization of this common patrimony. These are the same groups that destroy forests and land with the expansion of monocultures and increase the exploitation of labour force by disrespecting the relevant legislation and contributing, therefore, to unemployment, poverty and violence.

Thus, agribusiness promotes wealth accumulations in the hands of the few privileged, especially those behind banks and transnational corporations, while the general population faces increasing poverty and social unrest. It is necessary and urgent to resist this oppressive and destructive logic. Therefore we:


I – denounce the current agriculture model which:

1. favours the interests of transnational corporations which, in collaboration with big land owners seek to dominate agriculture and profit excessively from food and seeds production and commercialization;

2. prioritizes monoculture in vast extensions of land, affecting the environment adversely through land erosion and excessive use of agrochemicals;

3. stimulates eucalyptus and pine monocultures which eliminate biodiversity and cause pollution of native ecosystems, unemployment and social disintegration in the rural, indigenous and quilombo communities;

4. promotes the expansion of sugarcane monoculture and ethanol production for the international markets, leading to high food prices and land concentration in the hands of the international capital;

5. expands the use of transgenic crops which destroy biodiversity, eliminate native seeds, cause damage to the health of farmers and consumers alike and places the seeds market under the political and economic control of transnational corporations;

6. promotes the deforestation of our native biomes, in particular the Amazon and Cerrado forests, through cattle farming, eucalyptus, soy and sugarcane monocultures, timber and minerals extraction;

II- are against:

1. the transnational corporations, agribusinesses, deputies, congressmen and parties which defend big economic interests and approve projects that can only deteriorate the current situation;

2. the law allowing the concession of public forests which leads to the privatization of biodiversity and the draft law nº 6.424/05 submitted by senator Flexa Ribeiro (PSDB-PA), which reduces the size of Legal Amazon from 80% to 50%;

3. the Provisionary Measure nº 422/08 which legalizes areas invaded by big agribusinesses in the Amazon and reach even 1500 hectares, while the Constitution sets 50 hectares as the maximum limit;

4. the Provisionary Measure that allows employment of up to three months to be unregistered. We condemn the impunity regarding slave and child labour and the disrespect to labour and social security legislation;

5. the Constitutional Amendment Project nº 49/06 submitted by senator Sérgio Zambiasi (PTB-RS), which seeks to reduce the width of the frontiers strip restricted from foreign investment which will favour enormously transnational companies;

6. the project for the diversion of Rio São Francisco, which will benefit only big agriculture and water businesses which produce commodities for the international market and not for the population of the semiarid northeast;

7. the privatization of water resources and the creation of monopolies dominated by transnational corporations such as Nestlé, Coca-Cola and Suez;

8. the current energy model based on big hydroelectric plants throughout Brazil and the Amazon region in particular, which hands the energy sovereignty of the country to  transnational corporations and electro-intensive industries;

III – want:

1. a new agriculture model based on family farming, agrarian reform, wealth redistribution and the permanence of people in the rural areas;

2. to combat the concentration of land and natural resources, through the dismantling of latifundia and the definition of a maximum limits for the extension of rural properties;

2. to guarantee that agriculture is controlled by the Brazilian people and secures the food sovereignty of the country, through small farmers cooperatives producing healthy food;

3. to diversify agricultural production with respect to the environment through a sound agroecological model;

4. to preserve the environment, biodiversity and water resources with particular attention to the Guarani aquifer;

5. to completely halt the devastation of the Amazon and other Brazilian biomes and preserve natural resources through sustainable use in favour of the people. We defend the collective right of sustainable use of the Babaçu forests;

6. to preserve, multiply and improve native crops from all different biomes and guarantee access to them for all small farmers;

7. to fight for the immediate approval and implementation of the law determining the appropriation of all rural properties using slave labour, and the definition of heavy fines for land owners that disrespect the labour and social security legislation;

8. the implementation of the policy proposal from the National Water Agency, which foresees investments in all municipalities of the semiarid region, to deal with the lack of adequate and sufficient water for the local population;

9. to prevent that water resources become a mere commodity and establish that water is managed as a public good;

10. the implementation of a new energy model which secures the energy sovereignty of all the Brazilian people and prioritizes social development, though the rational use of energy from small hydroelectric plants and the sustainable production of agrofuels from small farmers and their cooperatives;

11. the Federal Government to authorize Incra (National Institute of Colonization and Agrarian Reform) to restart the demarcation of all areas belonging historically to quilombo communities;

12. the immediate demarcation of all indigenous areas and the expulsion of all illegal farmers that have invaded these territories and in particular the reserve Raposa Serra do Sol and the Guarani indigenous territory in the State of Mato Grosso do Sul.

The Lula government has to honour its promise for Agrarian Reform and comply with its political program of 2002, which foresaw the immediate settlement of landless families camped in makeshift huts and the construction of at least 100.000 houses per year in order to reduce the rural exodus. Our struggle is for the fair society based on equality and democracy where wealth is distributed equally to all.

VIA CAMPESINA
POPULAR ASSEMBLY

————————–
Igor Felippe Santos
Assessoria de Imprensa do MST
Secretaria Nacional – SP
Tel/fax: (11) 3361-3866
Correio – imprensa@mst.org.br
Página – 
www.mst.org.br

Entrevista a Stédile, de la dirección del MST y VíaCampesina

Entrevista a Stédile, de la dirección del MST y Vía Campesina“No vamos a acumular para disputar el poder sólo por el camino institucional”

Prensa de Frente: http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/06/11/p3724

11 de junio de 2008



Prensa De Frente en San Pablo – El hombre va por la ruta en su camioneta y para en un puesto de peaje. Paga y le pregunta al empleado: “¿sabes a dónde va este dinero?”, el empleado se sorprende y apenas logra balbucear un tímido “no”. El conductor lo reta: “¡te estoy dando dinero y no sabes a dónde va a parar!”. Pone primera y les explica a sus acompañantes: “campaña ideológica permanente”. El hombre en cuestión es Joao Pedro Stédile, animal político, miembro desde hace años de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, uno los máximos referentes de la organización más grande de América Latina y de la Vía Campesina. Verborrágico y con gran sentido del humor, Stédile puntualiza en una charla con Prensa De Frente los desafíos que se plantean en esta coyuntura, las dificultades para construir herramientas de unidad y la relación entre movimientos sociales e instrumentos políticos.

Brasil vivió un período de crecimiento y avances de las luchas populares a fines de los ´70 y durante los ´80, que incluyó el surgimiento del Movimiento Sin Tierra, de la CUT (Central Única de Trabajadores) y de la Unión Nacional de Estudiantes, entre otros, y que tuvo en el plano político como expresión central al Partido de los Trabajadores (PT). Stédile explica que “desde el ´89, con la derrota político electoral del proyecto democrático-popular que el PT encarnaba en manos del neoliberalismo, estamos en un largo proceso de descenso del movimiento de masas. Y al mismo tiempo, un período en el que el capital tiene absoluta hegemonía en la economía y en el Estado. En ese contexto es que se dio la elección del gobierno Lula, que fue una victoria contra el neoliberalismo puro pero que no consiguió alterar la correlación de fuerzas”.

– ¿Cuáles serían, ante este escenario, los principales desafíos que se plantean para el MST y los movimientos sociales en general?
– Nosotros observamos cinco grandes desafíos:
1- Colocar prioritariamente nuestras energías en la formación de militantes y cuadros, para crear una base ideológica en la militancia y prepararlos para las luchas futuras.
2- Recuperar la práctica social de retomar el trabajo de base, o sea el trabajo que el militante hace con las masas para organizarlas, un trabajo no sólo de agitación sino más bien de organización, dentro de las fábricas, en los barrios, las universidades…
3- Estimular permanentemente las luchas sociales porque sólo la lucha social es la que genera el proceso de desenvolvimiento de la conciencia de las masas; ellas no aprenden en las aulas ni en los libros sino en la confrontación de la lucha de clases. Entonces, las organizaciones sociales, la militancia, deben estimular todo el tiempo la lucha social. Allí es donde afloran los conflictos y donde se genera conciencia de clase y de cuáles son las contradicciones que hay entre las clases.
4- Construir en el marco del curso de las fuerzas populares que existe en el Brasil un proyecto para el país, que represente una especie de programa mínimo, o un proyecto que organice a las fuerzas en torno de un objetivo de mediano plazo. A largo plazo todos tenemos como proyecto estratégico el socialismo, pero el socialismo por sí solo no organiza la lucha política, es una referencia, entonces hasta que lleguemos al socialismo ¿qué proyecto tienes para el país? El desafío actual es construir un proyecto que represente soluciones concretas a los problemas de las masas y que acumule fuerzas para el socialismo.

– ¿En qué consistiría, en lo concreto, este “Proyecto Popular para el Brasil”?
– Este concepto que utilizamos en la Consulta Popular y en los movimientos de la Vía Campesina, “un Proyecto Popular para el Brasil”, sería intentar resolver los problemas de la sociedad brasileña a partir de las necesidades populares. En esencia es un proyecto que diga: “va a haber trabajo para todos (la economía se va a tener que organizar para garantizar esto); va a haber distribución de la renta; todo el mundo va a ganar lo necesario para tener una vida resuelta; tierra y vivienda para todos; educación pública y gratuita; cultura para todos”. Evidentemente un proyecto de este tipo también tiene que ser claro y decir: “para que haya tierra para todos es preciso desapropiar los latifundios; para que haya vivienda para todos el Estado tiene que hacer programas populares; para que haya distribución de la renta hay que estatizar los bancos”. Entonces no es sólo un proyecto que levante reivindicaciones corporativas sino que apunte a las soluciones estructurales y que combata la acumulación del capital. Es un desafío porque ese proyecto todavía no es socialista y al mismo tiempo no quiere ser capitalista.

– El quinto desafío…
– El último desafío es, a partir de los desafíos anteriores, producir en la sociedad brasileña un re-ascenso del movimiento de masas, que las masas retomen el escenario político. Esto no consiste sólo en hacer grandes movilizaciones, se da cuando la clase de forma organizada intensifica los enfrentamientos, toma iniciativas, y al mismo tiempo transforma esas luchas en una acumulación orgánica, paulatina, para la clase en forma autónoma. La lucha de clases funciona como ciclos. En Brasil hubo un ascenso del ´45 al ´64, un descenso del ´64 al ´79 con la dictadura, un re-ascenso del ´79 al ´89, y del ´90 para acá estamos en un nuevo descenso. Esperamos en los próximos años entrar en un nuevo ciclo de re-ascenso.

– ¿Qué perspectivas hay de generar una herramienta alternativa que pueda disputar el poder si se produce este nuevo ciclo de re-ascenso?
– Creemos que la construcción de uno o varios instrumentos políticos que vayan acumulando va a depender justamente de ese re-ascenso, se van a desenvolver conjuntamente. No pasa por reunir un grupo de dirigentes e intelectuales, formar un partido y decir “vamos para las masas”.

– ¿Cómo imagina ese instrumento político? ¿Cómo sería la relación con los movimientos sociales?
– La relación de los instrumentos políticos con los movimientos sociales es una relación dialéctica de autonomía y complementariedad. Los movimientos sociales tienen la obligación de hacer lucha de masas, pero la lucha de masas es insuficiente para transformar la sociedad, no construye por sí sola proyecto político, para disputar el poder debemos tener instrumentos políticos, organización política que se proponga disputar el poder del Estado, cosa que los movimientos sociales no se proponen y no deben. Al mismo tiempo el instrumento político no puede estar separado de las masas porque su fuerza política para disputar el poder son las masas organizadas. Entonces la situación en Brasil es muy compleja porque como estamos en un descenso no hay capacidad política de construir los diversos instrumentos.

– ¿Apuestan a que Consulta Popular se transforme en ese instrumento político?
– Dentro de Consulta Popular siempre repetimos que somos apenas un pequeño agrupamiento de militantes y dirigentes, y en cierta forma adoptamos también la concepción que Marta Harnecker expresó diciendo que difícilmente un país tan grande como Brasil tenga una organización política que impulse la transformación, que va a ser lo que ella llamó “vanguardia compartida”, o sea que probablemente sean varias organizaciones políticas, de distintos niveles y naturaleza, que si tuvieran un proyecto político similar van a caminar rumbo a la toma del poder. Nosotros queremos ser apenas una de esas, no pensamos que vamos a ser la vanguardia de ese proceso.

– ¿En qué medida las diferentes miradas sobre el gobierno Lula dificultan las posibilidades de generar ese proyecto popular, de avanzar en mayores niveles de unidad?
– El gobierno Lula representó el fin de una etapa que fue dirigida por el PT. Nosotros no compartimos esa visión de algunos sectores de la izquierda de que el gobierno Lula es el culpable por el descenso, por la crisis ideológica, por el fin del PT. En realidad es más bien la expresión del fin de ese ciclo, es la expresión de esa estrategia electoral. Por eso pensamos que es equivocado como táctica pensar que vamos a organizar a las masas, que vamos a elevar el nivel de conciencia, que vamos a generar un re-ascenso, transformando al gobierno en el principal enemigo. El gobierno Lula es resultante de este período y por lo tanto resultó un gobierno de composición de clases, de conciliación, pero tampoco es un gobierno claramente de derecha, de la clase dominante, así como no es un gobierno de izquierda y de la clase trabajadora. Es el resultado de ese pacto, de esa conciliación.

Ahora, la lucha de clases la tenemos que hacer contra los banqueros, los latifundistas, la burguesía imperialista, ahí es por donde debemos acumular. El PSOL intentó reconstruir un PT de izquierda pero no logró acumular porque la táctica, el camino está vencido. No vamos a acumular para disputar el poder apenas por el camino institucional.

– ¿Cómo hacen para sentar postura sobre el gobierno sin caer en ninguno de esos extremos?
– Para nosotros, desde Vía Campesina, es muy fácil, porque nuestros enemigos de clase son claros: los latifundios, los bancos, las empresas transnacionales, los grandes monopolios… Entonces nosotros acumulamos haciendo lucha de masas contra los enemigos de clase.

– Está bien, pero también se puede considerar que, de alguna manera, el gobierno ayuda a garantizar las grandes ganancias de los banqueros, los empresarios, los latifundistas…
– No necesariamente, la lucha de clases es mucho más compleja, el poder económico de las clases dominantes hoy y sus tasas de ganancia no necesariamente dependen de decisiones gubernamentales. Concretamente aquí en Brasil las tres variables que más influyen en las tasas de ganancia de las clases dominantes (o sea la tasa de interés, la tasa de cambio y el superávit primario) están dirigidas por el Banco Central. Eso no exime la responsabilidad del gobierno, pero para la burguesía es más importante controlar el Banco Central que el Palacio de gobierno