El 15 de abril, un juez encontró que Bayer CropScience debe de pagar a 14 agricultores en el estado de Arkansas en EE.UU 48 millones de dólares, después de una variedad experimental de arroz genéticamente modificado (GM) que estaba desarrollando se mezclara accidentalmente con partidas de arroz convencional de EE.UU. La variedad experimental en cuestión fue el Liberty Link modificada genéticamente para ser tolerante a herbicidas. En sus demandas, los agricultores argumentaron que los precios del arroz se vieron afectados tras el anuncio de la presencia de la presencia en partidas comerciales de arroz de la variedad Liberty Link en agosto de 2006. Asimismo, alegaron que Bayer no sólo fue negligente, sino que actuó con mala intención, no anunciando la presencia de arroz Liberty Link en lotes de las semillas de arroz convencional que les había suministrado. Bayer, por su parte sostuvo que los daños que sufrieron los agricultores fueron mínimos y no duraron mucho tiempo.

Este caso es el cuarto de la "docena" de demandas presentadas por los agricultores de EE.UU. en contra de Bayer CropScience. Hasta la fecha, Bayer ha sido condenada a pagar 4,5 millones dólares en los tres casos  ha perdido antes de este último caso. Según un comunicado de prensa conjunto de Bayer y Bayer CropScience (19 de abril), dijo que la decisión del 15 de abril es injusta y que la recurrirán. En este caso, el jurado ha concedido 6 millones dólares en daños y 42 millones en daños punitivos. "Esta decisión es particularmente incomprensible para nosotros, porque el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos completó una investigación en profundidad sin concluir que Bayer CropScience hubiera violado ninguna obligación legal por la escasa presencia de arroz modificado genéticamente en las partidas comerciales de arroz . Es muy injusto insinuar que hubo malicia por parte de Bayer en el caso", dijo el abogado de la compañía, Bruce Mackintosh.

Fuente: Associated Press
Autor: Tom Parsons

Las campesinas del movimiento rural brasileño denuncian el agronegocio multinacional, los latifundios y el esclavismo.

De Publico: http://www.publico.es/internacional/307038/lula/olvida/mujeres/sin/tierra/brasil/mst/campesinas/movimiento/rural/latifundistas

 

Con Luiz Inácio Lula da Silva a pocos meses de concluir su segundo y último mandato, la reforma agraria sigue pendiente en Brasil.

Un sindicalista al frente de un Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) parecía la mejor de las noticias para el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) brasileño, la organización social más importante de este país de 190 millones de habitantes que sigue contando con una de las estructuras agrarias más latifundistas del planeta.

Pero la tibieza de Lula para afrontar el reto de la reforma agraria ha llevado a un cierto distanciamiento entre los dos aliados. En este contexto, las mujeres campesinas han tomado la iniciativa. Dicen que ellas son las más perjudicadas por el estancamiento de la reforma agraria, pues trabajan mayoritariamente en la agricultura familiar. De ahí su militancia cada vez más activa: el pasado marzo se produjeron simultáneamente en varios estados del país marchas protagonizadas por mujeres y ocupaciones de tierras, hasta llegar al Ministerio de Agricultura en Brasilia.

Las agricultoras creen que Lula se ha rendido a los latifundistas

Han puesto sobre la mesa que apenas un 13% de los beneficiarios por los tímidos avances de la reforma agraria en Brasil son mujeres.

Y que en el mundo, según la FAO (la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación), apenas un 1% de las propiedades de tierra está en manos femeninas.

"Lo que está en juego es una disputa entre dos modelos, el agronegocio y la pequeña agricultura, y el Gobierno de coalición de Lula ha optado por dar prioridad a los intereses del latifundio y las multinacionales", sostiene con contundencia Marina dos Santos, de la coordinación nacional del MST. Y ello implica, dice, subordinar el empleo de los recursos naturales del país al lucro de empresas como Bunge, Cargill y Monsanto, que copan el mercado mundial de las semillas y tienen importantes negocios en Brasil, el segundo país del mundo tras Argentina en área de cultivo de transgénicos. Frente a este modelo de desarrollo, el bastión femenino del MST pretende convencer a la sociedad de que existen alternativas viables, como la pequeña agricultura ecológica y cooperativista.

Agricultura familiar

La agricultura familiar es responsable en Brasil del 85% de la producción alimentaria total y emplea al 85% de los trabajadores rurales. "Con estos datos en la mano, ¿cómo se justifica que el agronegocio de latifundistas y transnacionales reciba el 43,6% de los recursos públicos para la producción?", se pregunta Marina, que cifra en cuatro millones las familias campesinas brasileñas que carecen de tierras. De ellas, unas 90.000 están acampando a la espera de que se les asigne un terreno. Su situación no ha mejorado tras dos legislaturas de izquierdas.

Miles de personas trabajan en Brasil en condiciones análogas a la esclavitud

Nadie dijo que fuera fácil: la reforma agraria y el mandato constitucional que consagra la función social de la tierra en Brasil se enfrenta a los intereses de latifundistas y multinacionales que tienen, además, una sólida representación parlamentaria: la llamada bancada ruralista.

Pero se esperaba mucho más de Lula.

La promesa de tierras expropiadas

El Gobierno asegura haber cumplido su promesa de asentar a 500.000 familias en tierras expropiadas, pero en el MST califican estas cifras de "fantasiosas". Y no parecen tener muchas esperanzas de que la cosa mejore si la candidata de Lula y actual jefa del Gabinete, Dilma Rousseff, gana las elecciones presidenciales de octubre. Por eso aseguran que no entrarán en campaña y subrayan que "el éxito de la reforma agraria dependerá más de la movilización de la sociedad que de los resultados electorales", en palabras de Marina dos Santos.

Ya han sido asesinados 1.500 campesinos, incluido el líder de los Sin Tierra en Pará

Para los Sin Tierra, la acción de Lula en materia de asentamientos no sólo ha sido tímida, sino también equivocada. Según las cifras oficiales, dos de cada tres familias asentadas han sido ubicadas en la llamada Amazonia legal, y no en el sur y el sureste del país, donde se concentran los intereses del agronegocio. "La política de asentamientos es asistencial: busca solventar conflictos aislados y no resolver el problema de la distribución de la tierra. Mientras, en el sur sigue aumentando la concentración del latifundio", explica Marina.

Expropiación de terrenos baldíos

No es la única crítica al Gobierno que han expuesto las campesinas. Han recordado que Lula no ha emprendido la actualización de los índices de productividad de la tierra, que permanecen inamovibles desde 1975 y que constituyen la herramienta legal para garantizar la función social de la tierra; esto es, la posibilidad de que sean expropiados los terrenos baldíos. En la práctica, es casi papel mojado.

Esa función social de la tierra está muy lejos de cumplirse en el caso de la producción de celulosa, por ejemplo. Según el MST, las multinacionales están expandiendo en Brasil el "desierto verde": el monocultivo de especies como pinos y eucaliptos que arrasa la biodiversidad. Y junto a las cuestiones medioambientales, están las sociales: hay miles de personas que trabajan en situaciones análogas a la esclavitud. El Ministerio de Trabajo rescató a más de 4.000 personas en esa situación en 2009. Un reciente informe del Departamento de Estado de EEUU denunciaba que en los cañaverales brasileños se emplea mano de obra esclava e infantil, y añadía una lista negra de 165 patronos que esclavizan a sus obreros.

Y luego está la violencia. Según el MST, en los últimos 25 años 1.500 agricultores han sido asesinados, casi siempre impunemente. La última de estas muertes fue la de Pedro Alcántara de Souza, líder de los Sin Tierra en el estado de Pará, tiroteado en abril de 2008.

 

A “aparência de governo do povo (…) dificulta o posicionamento dos movimentos sociais”. A opinião é do sociólogo Ivo Lesbaupin e foi expressa na entrevista que segue, concedida, por e-mail, à IHU On-Line. Na avaliação dele, “o governo procura quebrar a combatividade dos movimentos, dividi-los, desmobilizá-los e mantê-los apenas como massa de apoio quando necessário. Conseguiu, em boa parte, seu intento de colocar como limite máximo de utopia as mudanças dentro dos quadros do neoliberalismo”.

Para Lesbaupin, os movimentos sociais tiveram sua força reduzida pelo governo. Entretanto, ele percebe uma mobilização autônoma na Assembleia Popular, que é uma articulação de diversos movimentos pastorais e entidades da sociedade. “Foi a única articulação que produziu um projeto de sociedade, distinto do vigente, crítico ao modelo neoliberal (‘O Brasil que queremos’). Este tipo de articulação pode crescer, porque vem de encontro aos anseios de muitos que estão insatisfeitos”.

Na entrevista que segue, Lesbaupin comentou que o resultado das eleições presidenciais deste ano pode trazer vantagens para os movimentos sociais pelo simples fato de Lula não estar entre os candidatos. Isso garantirá “uma postura mais crítica” e “independente” por parte dos movimentos sociais.

Lesbaupin é professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Graduado em Filosofia pela Faculdade Dom Bosco de Filosofia, é mestre em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ e doutor em Sociologia pela Université de Toulouse-Le-Mirail, da França. É, também, autor e organizador de diversos livros, entre os quais Igreja, movimentos populares, política no Brasil (São Paulo: Loyola, 1983); As classes populares e os direitos humanos (Petrópolis: Vozes, 1984); Igreja: Comunidade e Massa (São Paulo: Paulinas, 1996); e O desmonte da nação: balanço do governo FHC (Petrópolis: Vozes, 1999).

Confira a entrevista.

IHU On-Line – É possível traçar um perfil dos movimentos sociais no Brasil? Que mudanças caracterizam os movimentos sociais hoje?

Ivo Lesbaupin – Penso que, grosso modo, se pode dizer que os anos 80 foram um período de ascensão dos movimentos populares, a partir da mobilização que já ocorre na segunda metade dos anos 70. Temos aí os movimentos urbanos, que cresceram e se tornaram muito fortes, com importantes consequências nas políticas urbanas. O final dos anos 70 é a retomada do movimento operário, silenciado durante dez anos da ditadura (1968-1978): as greves do ABC, da Grande São Paulo, são o detonador deste processo. Os anos 80 verão o crescimento deste movimento reivindicatório que é, ao mesmo tempo, contra a ditadura, pela redemocratização do país. O fim da ditadura é decretado pelo movimento das “Diretas Já”, auge de toda esta mobilização. Nos anos 80, temos também o surgimento da CUT, do MST, mais ao final, do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens).

Os anos 90, marcado pelas políticas neoliberais, vão provocar uma reviravolta neste cenário. As mudanças no mundo do trabalho vão gerar um enorme desemprego, que vai atingir seriamente o movimento operário. A mídia, unânime, vai se colocar ao lado das reformas neoliberais. Logo no primeiro ano do governo FHC (1995), uma das categorias mais importantes, os petroleiros, vai ser derrotada depois de um mês de greve. É o tempo das privatizações, do “Estado mínimo”, do esforço para revogar a “Era Vargas”. Apesar de criminalizado e perseguido, o movimento que mais vai crescer será o MST. Após os massacres de Corumbiara (1995) e de Eldorado de Carajás (1996), obterá forte apoio, inclusive no meio urbano. A reforma agrária volta a ser um tema importante de debate no país.

Durante o período FHC (1995-2002), embora o movimento operário e sindical tenha dificuldades, embora a mídia contribua para um certo consenso neoliberal, a CUT consegue marcar presença forte na oposição. O MST consegue crescer bastante neste período, em termos de ações e de organização.

IHU On-Line – Como avalia o engajamento político dos movimentos sociais na atual conjuntura? Quais suas dificuldades e limites na relação com o Estado? 

Ivo Lesbaupin – Nos últimos anos do governo FHC, a oposição, liderada pelo PT, apoiada pelos movimentos sociais, e a evidente piora das condições de vida e de trabalho (desemprego), possibilitou a vitória do candidato Lula (2002), até então líder das críticas às políticas vigentes. Os movimentos o apoiaram em peso, por uma outra política econômica, pela reivindicação da reforma agrária, por melhores salários, em defesa do funcionalismo, pela demarcação das terras indígenas.

O essencial das mudanças prometidas não veio: a herança maldita foi assumida pelo governo Lula como a única política econômica possível. No entanto, o governo começou a fazer pequenas mudanças, não no essencial, mas em outros aspectos. O governo, com forte apoio mediático nos primeiros tempos, a favor da reforma da previdência, os movimentos sociais ficaram confusos: parte de seus membros criticava a não realização das promessas eleitorais, parte defendia o governo. O esforço de cooptação, especialmente do movimento sindical, teve efeitos. A CUT, pelo menos a maioria de sua direção, alinhou-se com o governo.

As medidas tomadas pelo governo conseguiram reverter o quadro de forte desemprego (as taxas ainda são altas, mas estão caindo), houve aumento real de salário-mínimo, houve investimento na política assistencial. E o discurso do governo, que procura se apresentar como “de esquerda” frente à direita (PSDB, governo FHC) e acentuar o risco de volta da “direita”, calou fundo em muitos movimentos.

O governo se apresenta em relação aos movimentos sociais como um governo de diálogo, que recebe suas lideranças como um governo participativo, aberto às conferências. Sem dúvida, há muito mais conferências neste governo do que no anterior, mas da participação à decisão política há uma grande distância, e o governo cede apenas o que quer. Nem com a crise econômica internacional, consequência direta do neoliberalismo dominante, o governo se dispôs a mudar a política econômica: isto não está em discussão. O exemplo mais recente é o PNDH III que, sob pressão dos setores mais conservadores, tem obtido (até agora, pelo menos) o recuo do governo: em função de suas alianças partidárias para manter o poder, ele não vai brigar para manter os avanços mais significativos.

Na verdade, o governo procura quebrar a combatividade dos movimentos, dividi-los, desmobilizá-los e mantê-los apenas como massa de apoio quando necessário. Conseguiu, em boa parte, seu intento de colocar como limite máximo de utopia as mudanças dentro dos quadros do neoliberalismo. Muitos, nos movimentos, contentam-se com as pequenas conquistas obtidas.

Há insatisfação, sem dúvida: uma outra parte dos movimentos tem uma posição crítica. Esta divisão, esta confusão, esta aparência de governo do povo, sendo preferencialmente governo dos banqueiros, dificulta o posicionamento dos movimentos sociais. Melhor que qualquer outro líder da direita, Lula conseguiu controlar parte dos movimentos sociais. Não os controla totalmente, é claro, mas reduziu sua força, sobretudo reduziu sua autonomia.

Existe uma mobilização autônoma, porém, em vários setores, e em vários movimentos: para dar um exemplo, na Assembleia Popular, que é uma articulação de diversos movimentos, pastorais e entidades da sociedade civil. Foi a única articulação que produziu um projeto de sociedade, distinto do vigente, crítico ao modelo neoliberal (“O Brasil que queremos”). Este tipo de articulação pode crescer, porque vem de encontro aos anseios de muitos que estão insatisfeitos.

IHU On-Line – O ideário comunitário que deu origem à Comissão Pastoral da Terra e que, por sua vez, motivou a formação de diversos movimentos sociais no país, ainda é suficiente e se sustenta nos dias de hoje?

Ivo Lesbaupin – Não creio que se possa dizer que a origem da CPT ou do trabalho pastoral da Igreja nos anos 60 era um ideário comunitário. Houve, sem dúvida, um grande esforço por parte dos setores progressistas da Igreja católica, na direção da formação de inúmeras comunidades de base por todo o país. Mas as comunidades não são um movimento social, elas são uma forma de organização da Igreja, que continua até hoje (mesmo que reconheçamos que os tempos mudaram, que o apoio da instituição era maior). As comunidades deram nascimento ou apoiaram fortemente inúmeros movimentos sociais, tanto na cidade como no campo. Toda a luta das oposições sindicais contra o peleguismo teve muito apoio das comunidades. Até hoje, em parte significativa das comunidades, seus membros participam de movimentos. Mas o objetivo desta luta não é uma sociedade constituída de comunidades: é uma sociedade justa, democrática, participativa, solidária (o “outro mundo possível”). No decorrer dos anos 80 e 90, parte significativa dos militantes provenientes de Comunidades Eclesiais de Base – CEBs se engajaram em partidos políticos (sobretudo no PT), foram atuar na arena pública, alguns foram eleitos. Na época da Constituinte, foram participantes ativos da campanha pelas emendas populares. Recentemente, envolveram-se na campanha contra a corrupção (Lei 9.840); nos vários plebiscitos populares (contra a Dívida, contra a Área de Livre Comércio das Américas – ALCA, pela reestatização da Vale); agora, estão envolvidos na campanha pela Ficha Limpa. Não sem razão, parte dos setores sociais envolvidos na construção da Assembleia Popular vem de setores da Igreja, das pastorais sociais, do Grito dos Excluídos. A Assembleia Popular elaborou um projeto de sociedade, “O Brasil que queremos”, politicamente democrático, economicamente justo, ambientalmente sustentável.

Voltando ao novo contexto gerado pelo governo Lula, podemos observar, no interior dos setores da Igreja mais envolvidos com a organização e a mobilização popular, a mesma confusão e a mesma divisão frente ao governo de que falei com relação aos movimentos sociais.

IHU On-Line – As conquistas dos movimentos sociais inscritas na Constituição contribuíram para o fortalecimento dos movimentos ou os deixaram “presos” à agenda institucional? Como avaliar, por exemplo, o saldo das Conferências Nacionais temáticas e dos Conselhos espalhados pelo país? Os movimentos sociais sempre lutaram pela chamada democracia direta e participativa. Houve ganhos nesse sentido?

Ivo Lesbaupin – A Constituição de 1988 consagrou algumas das antigas reivindicações dos movimentos sociais: entre outras coisas, há uma série de instrumentos de participação popular que não existiam anteriormente. Um deles está sendo usado agora, na campanha pela Ficha Limpa, é o projeto de lei de iniciativa popular. Não creio que os movimentos sociais sejam presos pela agenda institucional, pelo processo das conferências etc. As conferências são um avanço. O que pode ocorrer e que está ocorrendo em vários casos, é a cooptação de setores dos movimentos pelo governo, como acontece com parte do movimento sindical: é isto que deixa tais movimentos “presos”.

IHU On-Line – Como o senhor vê as perspectivas do movimento social brasileiro? Percebe alguma novidade em relação aos movimentos sociais?

Ivo Lesbaupin – O movimento mais duramente atingido pelas políticas neoliberais e pelo processo de reestruturação produtiva foi o movimento operário. O desemprego massivo gerado por estas políticas dificultou enormemente a mobilização dos trabalhadores urbanos. Cresceram os movimentos do campo, o MST, o MAB, e outros mais. E surgiram e se desenvolveram muitos outros movimentos – mesmo se alguns deles têm pouca visibilidade. Temos todos os movimentos específicos, em defesa de identidade ou de igualdade, o movimento de mulheres, o movimento negro, o dos homossexuais, os GBLT, o dos quilombolas, dos catadores de lixo (os papeleiros, no sul do país), movimentos urbanos, como o de moradia, dos sem-teto. Cresceu o movimento dos povos indígenas, que já pode contabilizar uma importante vitória, a terra Raposa Serra do Sol,  mas que ainda tem de enfrentar muitas situações difíceis, como os projetos hidrelétricos e o cerceamento de povos em áreas muito limitadas, como é o caso dos Guarani-Kaiowá (MT). E há todo o movimento ambientalista, cujas preocupações e bandeiras se difundem cada vez mais em face da consciência crescente das mudanças produzidas pelos seres humanos no ambiente, na Terra.

IHU On-Line – Que futuro o senhor vislumbra para os movimentos sociais a partir do resultado das eleições presidenciais deste ano?

Ivo Lesbaupin – Qualquer que seja o presidente eleito, há uma grande vantagem: o governante não será o Lula, será possível uma postura mais crítica em relação ao governo. Hoje, para muitos, como disse Chico de Oliveira, Lula virou um mito. Mesmo parte dos militantes de esquerda justifica o que ele faz claramente à direita, em continuidade à política macro-econômica de Fernando Henrique, a serviço do capital financeiro. Mesmo que sua candidata vença, não será a mesma coisa: haverá a possibilidade de uma postura mais independente. É claro que um governo do PT procurará continuar o esforço de cooptação, isto é, de neutralização de movimentos sociais, mas a margem para resistir será maior.

IHU On-Line – Ao longo dos anos, os movimentos sociais se engajaram em diversas lutas, buscando melhores condições de trabalho, de igualdade, para citar alguns. Considerando a conjuntura atual, que bandeiras devem fazer parte da luta dos movimentos sociais?

Ivo Lesbaupin – Os movimentos sociais são inúmeros e defendem bandeiras como a reforma agrária, a luta pela moradia, a igualdade para as mulheres, contra a violência doméstica, pelo direito ao trabalho (contra o desemprego), a igualdade racial, contra a discriminação e poderíamos citar muitas outras. Vou apenas acentuar algumas destas bandeiras, que já são levadas à frente por vários movimentos: a bandeira pela mudança da política econômica, pelo abandono desta política submissa aos interesses do capital financeiro, submissa ao pagamento da dívida, aos juros altos e assim por diante. Contrariamente ao discurso dominante, de que não temos recursos, temos recursos imensos que, no entanto, estão sendo transferidos para quem já tem.

É preciso continuar a lutar pela auditoria da dívida externa – a exemplo do que fez o Equador – o que possibilitaria mostrar o escândalo contido aí: o povo brasileiro trabalha principalmente para pagar a dívida (isto é, para enriquecer os ricos de fora e os nossos ricos) e não para sua alimentação, saúde, educação, habitação, transporte etc.

Para reduzir a desigualdade social e promover distribuição de renda e riqueza, precisamos de uma reforma tributária progressiva, que exija mais dos que têm mais e reduza ou elimine os impostos dos mais pobres, que tenha mais imposição na renda do que no consumo. E denunciar a reforma atualmente proposta pelo governo, que agrava a desigualdade social ao atingir em cheio o financiamento da Seguridade Social.
Também devemos lutar pela reforma agrária e por uma outra política agrícola, pela agricultura familiar, contra o agronegócio, pela soberania alimentar, pelos alimentos orgânicos, contra o envenenamento da população com os agrotóxicos e os transgênicos.

É preciso lutar para reestatizar empresas como a Petrobras (parcialmente privatizada), para retomar o nosso petróleo – atualmente repassado a empresas privadas sob a forma de leilões-, como a Vale do Rio Doce – vendida a preço de banana.

Além disso, investir num outro modelo energético e, particularmente, investir na energia solar e eólica, para não precisar justificar a construção de centenas de usinas hidrelétricas que estão destruindo e vão destruir a vida de populações inteiras e o meio ambiente. Estas usinas apenas vão enriquecer grandes empresas do setor privado e privatizar ainda mais partes do Brasil. E nós poderíamos ser o primeiro país no ranking de produção de energia solar.

Precisamos da luta pela democratização dos meios de comunicação que, hoje, são apenas a expressão da minoria proprietária destes meios e que impedem a liberdade de informação.

E, em todas as nossas lutas, é preciso propugnar uma nova concepção de desenvolvimento, não mais apoiado na lógica “produtivismo-consumismo”, na busca voraz do lucro, mas centrado nas necessidades da sociedade, na produção daquilo que é necessário para viver (alimentação, habitação, trabalho, saúde, educação, transporte, lazer etc.). Um desenvolvimento que não depreda a natureza, que não esgota os recursos naturais, que não envenena nem destrói a Terra.

Estas são apenas algumas bandeiras que me parecem fundamentais.

 

A 25ª edição de Conflitos no Campo Brasil, lançada nesta quinta-feira, não tem nada de comemorativo, pois apresenta crescimento tanto do número de conflitos envolvendo camponeses e trabalhadores do campo, quanto da violência em relação ao ano anterior de 2008.

A notícia é da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 15-04-2010.

O número total de conflitos soma 1184, contra 1.170, em 2008, com aumento considerável em relação especificamente aos conflitos por terra, 854 em 2009, 751 em 2008.

Quanto à violência, o número de assassinatos recuou de 28, em 2008, para 25, em 2009. Outros indicadores, porém, cresceram, alguns exponencialmente. As tentativas de assassinato passaram de 44, em 2008, para 62, em 2009; as ameaças de morte, de 90, foram para 143; o número de presos aumentou de 168, para 204. Mas o que mais choca é o número de pessoas torturadas: 6, em 2008, 71, em 2009.

O número de famílias expulsas cresceu de 1.841, para 1.884, e significativo foi o aumento do número de famílias despejadas de 9.077, para 12.388, 36,5%. Também elevou-se o número de casas e de roças destruídas, 163%, 233% respectivamente. Em 2009, registrou-se 9.031 famílias ameaçadas pela ação de pistoleiros, contra 6.963, em 2008, mais 29,7%.

Cresceu o número de ocupações

A violência, porém, não fez os movimentos do campo recuarem. Aumentou o número de ocupações de terra, 290 em 2009, 252 em 2008. Em relação ao número de acampamentos, estes diminuíram de 40, em 2008, para 36, em 2009, mas cresceu o número de pessoas nos acampamentos: passou de 2.755 em 2008, (media de 68 famílias) para 4.176, em 2009, (média de 116 famílias por acampamento).

Criminalização crescente dos movimentos sociais

O incremento de conflitos e de violência inseriu-se num contexto nacional preocupante de crescente criminalização dos movimentos sociais tanto no âmbito do Poder Judiciário, quanto do Poder Legislativo, amplificada inúmeras vezes pelos grandes meios de comunicação social.

No âmbito do Poder Judiciário destacou-se a figura do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, que no início de 2009 saiu a público acusando os movimentos de praticarem ações ilegais e criticando o Poder Executivo de cometer ato ilícito por repassar recursos públicos para quem, segundo ele, pratica tais atos. Esta intervenção, certamente, serviu de suporte para o alto número de despejos, para o crescimento das prisões e de outras formas de violência, e forneceu munição para a bancada ruralista do Congresso Nacional criar a uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, conhecida como CPMI do MST.

O mesmo presidente do Supremo, em fevereiro de 2010, durante cerimônia de lançamento do Programa Observatório das Inseguranças Jurídicas no Campo, da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), assinou convênio com esta entidade para prestar serviços de consultoria ao CNJ, em relação a processos nas áreas fundiária e ambiental.

No âmbito do poder legislativo, além da CPMI que tenta incriminar os movimentos sociais do Campo, em 2009, foram apresentados mais de vinte (20) projetos de lei e propostas de fiscalização que, direta ou indiretamente, criminalizam os movimentos agrários ou visam impedir avanços na política agrária. O primeiro deles é a PEC 361, de 2009, que quer estender as competências constitucionais relacionadas à política fundiária para Estados, Distrito Federal e Municípios. Outros projetos propõem transferir competências do Executivo Federal para o Congresso Nacional como, por exemplo, a competência das desapropriações por interesse social, ou a de aprovar os índices de produtividade da terra.

Já no âmbito do Executivo. Em 2009, fica clara a prioridade dada ao capital para continuar se expandindo e avançando por novas áreas, em detrimento dos povos indígenas e das comunidades quilombolas e de outras comunidades tradicionais. A grilagem de terras públicas da Amazônia foi sacramentada pelo MP 458, transformada rapidamente em Lei pelo Congresso Nacional. A construção de barragens, sobretudo as da Amazônia, vão sendo empurradas goela abaixo da população, apesar de todos os estudos e manifestações em contrário, de modo particular a de Belo Monte, no rio Xingu.

 

O Massacre de Eldorado dos Carajás, no Sul do Pará, que matou 19 sem-terra e deixou mais de 60 feridos após uma ação violenta da Polícia Militar para desbloquear a rodovia PA-150, completa 14 anos hoje. A estrada estava ocupada por uma marcha do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que se dirigia à Marabá a fim de exigir a desapropriação de uma fazenda, área improdutiva que hoje abriga o assentamento 17 de Abril. A Polícia recebeu ordens de retirá-los e deu no que deu. O Massacre é considerado o maior caso contemporâneo de violência no campo, tanto que esta data passou a ser lembrada como o Dia Mundial de Luta pela Reforma Agrária.

Desde então, a realidade pouco mudou na região. O Pará, sob forte influência de proprietários rurais e de mineradoras, é o estado com maior número de casos comprovados de trabalho escravo e um dos lideres no desmatamento ilegal. É também campeão no número de assassinatos de trabalhadores rurais em conflitos agrários e de lideranças sociais e religiosas que, marcadas para morrer, já têm uma bala batizada com seu nome. Isso sem contar o descaso com a infância, que toma forma de meninas nos bordéis e de meninos em serviços insalubres no campo. Garotas com idade de “vaca velha”, como dizem garimpeiros e peões, ou seja, com 10, 12 anos, trocam a sua alegria pela dos clientes.

O que é justiça? É punir apenas aqueles que apertaram o gatilho ou inclui os que, através de sua ação ou inação, também garantiram que uma tragédia acontecesse? Em 1992, 111 detentos foram mortos na já desativada Penitenciária do Carandiru após uma ação bizarra da Polícia Militar. Mais de 153 pessoas ficaram feridas, das quais 23 policiais. O falecido Coronel Ubiratan Guimarães, que coordenou a invasão/banho de sangue para conter a rebelião, foi eleito posteriormente deputado estadual, tripudiando a memória dos mortos – candidatava-se com o número 14.111. Luiz Antônio Fleury Filho, governador na época do massacre, aprovou a conduta da polícia. Hoje é deputado federal.

E por aí vai: Quem foi responsável pela Chacina da Castelinho, quando um comboio de supostos criminosos foi parado próximo a um pedágio na rodovia Castelinho, em Sorocaba (SP), e 12 pessoas executadas em 2002? E pelo Massacre de Corumbiara (RR), no qual 200 policiais realizaram uma ação armada para retirar cerca de 500 posseiros que ocupavam uma fazenda no município, resultando na morte de dois PMs e nove camponeses, entre eles uma menina de 7 anos em 1995? Ou ainda Vigário Geral, em que 50 policiais militares, que estavam fora de seu horário de serviço, entraram atirando na favela e mataram 21 inocentes em 1993 como uma “prestação de contas”?
No caso de Eldorados dos Carajás, as autoridades políticas na época, o governador Almir Gabriel e o secretário de Segurança Pública, Paulo Câmara, não foram nem indiciados.

Todos esses massacres e chacinas têm em comum o fato de vitimarem pessoas excluídas socialmente: camponeses, trabalhadores rurais, pobres da periferia, presos. Enquanto isso, o envolvimento de policiais militares tem sido uma constante. Se, hoje, massacres como os de 10, 20 anos atrás são mais raros, o mesmo não se pode dizer da violência policial. Comportamento que, muitas vezes, é aplaudido pela classe média, pois isso lhes garante o sono diante das hordas bárbaras. Muitas chacinas passaram a ocorrer em conta-gotas, no varejo, de forma silenciosa que não chame a atenção da mídia daí e aqui de fora.

O Poder Judiciário tem sua grande parcela de responsabilidade no clima de impunidade que alimenta a violência. A Justiça, que normalmente é ágil em conceder liminares de reintegração de posse e determinar despejos no caso de ocupações na cidade, é lenta para julgar e punir assassinatos e outras formas de violência contra trabalhadores.

Para que direitos humanos sejam efetivamente respeitados no país são necessárias mudanças reais, pois há impunidade também quando o governo não atua para acabar com a situação de desigualdade ou exploração que estava na origem do conflito. Seja ao permitir que garimpeiros continuem a explorar reservas indígenas, seja ao tolerar que crianças durmam na rua ou trabalhadores precisem perder a vida na luta pela reforma agrária.

Há uma relação carnal que se estabelece entre o patrimônio público e a propriedade privada não só na Amazônia, mas em outras partes do país. Muito similar ao que se enraizou com o coronelismo nordestino da Primeira República, o detentor da terra exerce o poder político, através de influência econômica e da coerção física. O já tênue limite entre as duas esferas se rompe. É freqüente, por exemplo, encontrar policiais que fazem bicos como jagunços de fazendas. O Massacre de Eldorado dos Carajás é um dos tristes episódios brasileiros em que o Estado usou de sua força contra os trabalhadores e a favor dos grandes proprietários de terra.

E, ao final, quem estava no topo da cadeia de responsabilidade pode continuar indo para sua casa tomar um uísque e coçar a barriga. Pois sabe que sua contribuição de violência é apenas mais uma, entre outras tantas que povoam a mídia ou, pior, passam despercebidos dela e da opinião pública

Esther Vivas (sacado de diagonal)

Grupos y redes en defensa de la soberanía alimentaria de distintos territorios del Estado español se reunieron el 19 y 20 de febrero en Vinyols i els Arcs (Tarragona) para avanzar en la construcción de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Unas cincuenta personas representantes de colectivos impulsores de esta iniciativa en Castilla y León, Andalucía, Catalunya, Madrid, País Valencià, Castilla-La Mancha, Euskal Herria, Extremadura, Galicia y Asturias se encontraron para debatir acerca de los objetivos y del plan de trabajo a llevar a cabo.
En palabras de Paul Nicholson, del sindicato agrario EHNE y de La Vía Campesina: “La Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos quiere ser un movimiento social. No estamos haciendo una nueva organización ni plataforma. Queremos apoyar las actividades que se dan en lo local, nunca sustituir, y construir una propuesta política de acción entorno a la soberanía alimentaria a medio y a largo plazo”.

El encuentro sirvió para intercambiar experiencias, dotarse de un marco de coordinación y de trabajo estatal, enfatizando la autonomía local, y acordar algunas temáticas clave como la lucha contra los transgénicos o la Política Agraria Común (PAC), entre otros temas, a la vez que se asumieron algunas fechas importantes de movilización como el 17 de abril, jornada internacional de lucha campesina, y un próximo encuentro en invierno del 2010.

Un movimiento desde la base

Desde su lanzamiento a finales del 2008, en el 6º Foro por un Mundo Rural Vivo organizado por Plataforma Rural, se han ido creando, poco a poco y con ritmos distintos, redes y espacios en varios territorios del Estado español con el objetivo de construir esta alianza de “abajo a arriba”. Unos marcos de trabajo que en cada lugar se han dotado de un modelo organizativo propio y han establecido unas prioridades en función de sus realidades locales, aunque hay un elemento común: todos comparten la voluntad de sumar en un mismo espacio a campesinado, grupos de consumo, ecologistas, ONGs, feministas, colectivos de comercio justo, apostando por la creación de “solidaridades” entre el campo y la ciudad y por la construcción de la soberanía alimentaria desde lo local.

Pero, ¿cuáles son las perspectivas de futuro de este proceso? Debemos de señalar que el propio lanzamiento de esta iniciativa es un paso adelante muy importante para consolidar la construcción de redes a favor de la soberanía alimentaria. Asimismo, el peso dado al trabajo y a la coordinación local es fundamental para la consolidación y el arraigo de una iniciativa de estas características, pero sin olvidar la coordinación estatal y la perspectiva global que da el marco de La Vía Campesina.

Otro elemento es la voluntad de crear “movimiento social” apoyando iniciativas ya existentes, como marcos de trabajo e intercambio entre productores y consumidores. Es necesario un movimiento social, amplio y combativo centrado en la movilización a favor de la soberanía alimentaria, en un contexto de crisis alimentaria global y de empobrecimiento del campesinado familiar tradicional, dando un peso específico a las aportaciones feministas, ya que la lucha por la soberanía alimentaria, visto el papel de la mujer en el campo y en el sistema alimentario, requiere de una perspectiva antipatriarcal.

Otro reto es la coordinación tanto territorial, entre los distintos núcleos, como sectorial, entre las redes que participan en la Alianza (ecologistas, comercio justo, mujeres, campesinos, consumidores), estableciendo convergencias con otros movimientos sociales.

Las resistencias a favor de la soberanía alimentaria de los pueblos en el Estado español han empezado a dar sus primeros pasos, pero queda mucho camino, discusiones, debates y aportaciones. El reto no es nada fácil, pero el escenario que plantea el actual contexto político, social, económico, alimentario, medioambiental urge de propuestas de este tipo.

La primera semilla: Nyeleni

Este proceso se enmarca en el llamado internacional de La Vía Campesina a crear redes regionales a favor de la soberanía alimentaria. Esta propuesta surgió del Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria, en febrero del 2007 en Malí, con el nombre de Nyeleni, en honor a una campesina maliense. Un foro en el que participaron más de 500 representantes de organizaciones campesinas, pescadores, pastores, consumidores… de más de ochenta países y que fue impulsado por La Vía Campesina, junto con otros movimientos sociales como la Marcha Mundial de Mujeres, el Foro de los Pueblos Pescadores, Amigos de la Tierra, entre otros.

* Esther Vivas es miembro de la Xarxa de Consum Solidari y participa en el proceso de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.
**Artículo publicado en Diagonal, nº 121, http://www.diagonalperiodico.net/Hacia-una-Alianza-por-la-Soberania.html.
*** Más info en: http://www.esthervivas.wordpress.com

Pat Mooney* La Jornada, México, 6 de marzo 2010

 

Estamos atestiguando a la contaminación transgénica de la FAO. Eso es una tragedia. Todo el proceso ha contaminado a la FAO. Es sorprendente darnos cuenta que, a lo largo de los últimos meses, mil 500 organizaciones campesinas, sociales y de la sociedad civil de todo el mundo escribieron una carta al secretariado general de la FAO diciéndole: tienen que hacer algo respecto a un crimen de lesa humanidad que está ocurriendo aquí en México con los cultivos de maíz. La FAO respondió: nos encantaría ayudar, pero se trata de un asunto nacional, y nosotros no podemos intervenir en un asunto nacional.

 

 

Después, la FAO viene a México, y realiza una conferencia sobre la biotecnología en cultivos y, cuando los agricultores, los campesinos y las organizaciones de aquí, como UNORCA, le dicen a la FAO que quieren participar en ella para hablar sobre la contaminación transgénica, la FAO responde: “nos encantaría que vinieran pero, desafortunadamente, esta es una conferencia internacional y ustedes no pueden asistir”. De tal manera que, lo que atestiguamos aquí es la contaminación de la FAO a manos de las empresas trasnacionales y la cobardía de la FAO para abordar este tema como organización del sistema de Naciones Unidas, y eso es absolutamente inaceptable.

 

Si se miran los crímenes contra la humanidad, como lo es la contaminación transgénica del maíz, debemos mirar también el crimen contra la humanidad que representa la contaminación de la Organización de Naciones Unidas.

 

Hambruna

 

Hubo una vez, hace 35 o 36 años, una hambruna. Y en esa hambruna, mientras la gente moría vimos que hubo también especulación en el mercado, vimos que mucha comida desaparecía del mercado, vimos muy altos precios de los alimentos. Había sequía, altos precios del petróleo, preocupación sobre el futuro de la economía petrolera y una preocupación también porque la crisis alimentaria tal vez se quedaría con nosotros por muchas décadas. ¿Les suena familiar? ¿Habían oído hablar de estas crisis antes?

 

De manera que el mundo (o al menos nosotros) teníamos un problema. Y el problema era terminar con el hambre y asegurarnos de que los agricultores fueran tratados honorable y equitativamente mientras nos ayudaban a terminar con el hambre. Necesitábamos una reforma agraria, necesitábamos mercados justos, necesitábamos ser tratados equitativamente.

 

Teníamos un problema, pero la industria tenía una oportunidad, porque las crisis siempre crean oportunidades para alguien. La oportunidad para la industria era que enfrentaba un mercado sumamente diversificado y ese mercado diverso de insumos y productos (fertilizantes, agroquímicos y semillas) no era tan lucrativo como podía ser. Desde la perspectiva de la industria, había demasiadas empresas semilleras, demasiadas empresas químicas, todas demasiado desorganizadas, lo cual no ofrecía muchas oportunidades para generar ganancias. Y para la industria también estaba el problema de cómo convencer al sector público para que dejara de competir con el sector privado, el problema de sacarlo de la competencia. Ese fue el origen de las llamadas Asociaciones Público-Privadas (Public-Private Partnerships). Lo que las empresas propusieron fue: No se preocupen. Nosotros nos encargaremos del hambre. Todo lo que ustedes tienen que hacer es entregarnos lo que necesitamos para controlar el mercado. La industria dijo: tenemos esta tecnología nueva. Es extremadamente cara. Es muy riesgosa, en términos de nuestra inversión e investigación, así que necesitamos que el gobierno nos abra un espacio para que podamos desarrollar esta tecnología y poder así alimentar a los hambrientos del mundo.

 

Lo único que los gobiernos debían hacer eran tres cosas: 1) tenían que cambiar el sistema de patentes para posibilitar la propiedad sobre la vida, para poder tener patentes monopólicas sobre todos los aspectos de los seres vivientes, es decir, sólo cambiar las leyes un poco; en términos de regulación, los gobiernos sólo tendrían que hacerse un poco de la vista gorda, cuando las empresas comenzaran a concentrarse a través de diferentes sectores de la economía. No se preocupen por la política de competencia. Permitan que las compañías fabricantes de pesticidas adquieran empresas semilleras y permitan que las empresas farmacéuticas comprarlas a todas. 2) Que el gobierno dejara de competir con la industria privada. En esta asociación público-privada propuesta por la industria, el sector público tenía que desaparecer, para que así dejara de haber investigación financiada con recursos públicos que estuviese directamente vinculada con los agricultores, con los campesinos. La investigación pública debería estar únicamente vinculada con las empresas y nadie más. 3) Había que convencer a las pequeñas empresas en el sector privado (a las pequeñas empresas semilleras familiares y todas las pequeñas industrias) de que tampoco estaban calificadas para competir porque esta tecnología es demasiado grande y cara como para que las pequeñas empresas pudieran costearla y sobrevivir. Así que las pequeñas empresas debían rendirse y dejarse comprar. Y las empresas obtuvieron todo lo que pidieron.

 

La concentración monopólica

 

A lo largo de los últimos 35 años, después de la última gran crisis alimentaria, lo que ocurrió fue que pasamos de alrededor de 7 mil diferentes empresas semilleras en el mundo, que abastecían de semillas a los agricultores, a sólo cuatro empresas que controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas. Y las 10 más grandes empresas controlan más de dos terceras partes del mercado mundial de semillas comerciales. Y las principales empresas químicas han pasado de ser alrededor de 65 a apenas ser nueve, que controlan cerca de 90 por ciento del mercado mundial de pesticidas. Y del mismo modo, las grandes empresas se han apropiado del mercado de la medicina veterinaria y del mercado de la genética del ganado.

Y como ustedes saben, las principales empresas fabricantes de pesticidas son las mismas principales empresas semilleras en el mundo y también son las principales fabricantes de medicamentos veterinarios y muchas de ellas se están moviendo hacia el mercado de la genética animal y el control genético del ganado. Y en todo el mundo, el sector público se marchita y muere, y aquello que queda de él, ese pequeño sector está casi enteramente al servicio del sector privado, esto es, al servicio de las grandes empresas.

 

Y, por supuesto, la gran tecnología que propusieron las empresas hace 35 años, la tecnología que resolvería los problemas del hambre en el mundo es la biotecnología, los transgénicos.

 

¿Han notado ustedes cuán exitosas han sido las empresas? En 1996 había 400 millones de hambrientos en todo el mundo. El año pasado, durante la última cumbre sobre alimentación, se contabilizaban mil millones de hambrientos en el planeta. Han tenido mucho éxito, pero nosotros todavía tenemos un problema: hambre, injusticia, la destrucción de la agricultura campesina alrededor del mundo. Ahora la ONU se vuelve a reunir, aquí en Guadalajara y lo que dice es: tenemos un problema. Tenemos una crisis alimentaria, una crisis de los combustibles fósiles, una crisis financiera, una crisis climática. ¿Qué vamos a hacer? Y la industria está aquí en Guadalajara diciendo: “No se preocupen. Tenemos una solución. Estamos yendo aún más allá de la biotecnología y hemos empezado a hablar de la biología sintética. Tenemos una nueva generación de tecnologías que resolverán sus problemas.

Según la industria, nosotros hemos estado pensando mal el problema. Hemos estado pensando en cosas como comida; hemos estado viendo a la tierra como un espacio para cultivar medicinas, o bien, como un espacio donde vivir, cuando, en realidad se trata sólo de carbohidratos. Sólo es biomasa. En realidad, según la industria, no necesitamos de los agricultores para producir alimentos; lo que necesitamos es cultivar biomasa. Y al final del día, lo único que necesitamos decidir es cómo usar esa biomasa. ¿La usaremos para alimentar nuestros automóviles? ¿La usaremos para alimentar a nuestra gente? ¿A nuestro ganado? ¿Para producir plásticos u otros bienes industriales? Sólo es biomasa.

 

El problema para la industria es, por supuesto, convencernos de que esta tecnología es en verdad la solución, de que esta nueva y extrema ingeniería genética, este nuevo nivel de la biotecnología es la solución a todos nuestros problemas. Y dicen que ésta es también la solución al cambio climático. A medida que nuestros cultivos están en un riesgo mayor mientras cambia el clima, a medida que debemos enfrentar nuevas plagas y enfermedades, necesitamos transitar por este enfoque extremo para adaptarnos rápidamente a nuevas condiciones que nunca antes habíamos experimentado. Y la industria nos dice: sólo confíen en nosotros.

 

La oportunidad para la industria

 

De manera que, nuestro problema de hambre es, nuevamente, una oportunidad para la industria. Y esa oportunidad se reduce a un simple hecho: que, para ellos, en la actualidad, menos de una cuarta parte de la biomasa terrestre anual es utilizada o, como ellos la ven, mercantilizada, es decir, como objeto de compra-venta en el mercado. Esto significa que para la industria, tres cuartas partes de la biomasa mundial todavía es susceptible de ser mercantilizada, que está ahí para ser controlada, poseída por la industria.

 

Las empresas necesitan entonces crear un nuevo mito tecnológico que les permita obtener acceso a ese 75 por ciento de la biomasa del mundo. Si ustedes son campesinos aquí en México, saben bien que no existe tal cosa como biomasa sobrante o desaprovechada. Ustedes saben que esa biomasa es usada por la madre naturaleza para mantener los ecosistemas, es usada para medicamentos o para alimentar al ganado; por supuesto que es usada como alimento, pero siempre es aprovechada, siempre tiene un lugar y una función. Es absurdo, deshonesto y una desgracia el sólo sugerir que la biomasa del mundo no es utilizada. Pero la biomasa que no es propiedad privada, que no es controlada por las empresas es vista como un crimen de lesa industria. Y quieren detener ese crimen aquí, en este país, mediante el control de los centros de diversidad agrícola y mediante el control del maíz.

 

La lucha más importante hoy es por asegurarnos de que el maíz siga siendo lo que ha sido a lo largo de la historia, que el maíz siga siendo de la tierra y del pueblo de México. Esa es la batalla más importante. Si ustedes pierden la batalla en el centro de origen del maíz, entonces perderemos los centros de origen de la diversidad agrícola en todo el mundo. No podemos ganar si ustedes pierden. Ustedes no sólo están luchando en defensa del maíz, no sólo están luchando contra Monsanto. Están luchando contra los nuevos amos de la biomasa y contra los nuevos controles que ellos proponen sobre las nuevas tecnologías. Todos dependemos de ustedes.

He visto los carteles que rezan: Sin maíz no hay país. Pero eso no es suficiente. Yo creo que sin maíz no hay humanidad. Lo necesitamos. Si ustedes pierden aquí, todos perderemos.

 

*Director Ejecutivo del Grupo ETC. Intervención en la Audiencia Los transgénicos nos roban el futuro, organizada por La Vía Campesina, la Red en Defensa del Maíz y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

Traducción: Octavio Rosas Landa

 

Silvia Ribeiro*

 

Es grave e irresponsable el intento de FAO de legitimar los transgénicos como solución al hambre y la crisis climática en el tercer mundo, cuya expresión más reciente es la conferencia Biotecnologías agrícolas en los países en desarrollo (Guadalajara, México, 14 de marzo). Frente a las críticas que van en aumento, los funcionarios de FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) declararon que la biotecnología es más que transgénicos y ellos sólo plantean opciones. Pero los documentos que coordinó la FAO para la conferencia no recogen cuestiones fundamentales sobre biotecnología, como el dominio de las empresas trasnacionales sobre todo el sector. Ignoran también los resultados a la vista del uso de biotecnología agrícola: la contaminación transgénica de las variedades campesinas, el aumento del uso de agrotóxicos de esos cultivos (que empeora el cambio climático) y otros impactos sobre el ambiente y la salud de los consumidores.

Si FAO hubiera querido realizar un proceso de discusión sobre opciones, no podría haber organizado una conferencia sesgada, sin la participación de los actores fundamentales, y desechando las posiciones críticas. Ahora, lo que hace la FAO es condonar la apropiación de las semillas y la cadena alimentaria del planeta que crece por parte de unas pocas trasnacionales de transgénicos, lo cual agravará el hambre y el caos climático.

 

La conferencia partió de un proceso errado desde el inicio: no estaban –y siguen sin estar– los campesinos y agricultores familiares y sus organizaciones, que son nada menos que los que producen la alimentación de la mayoría del planeta y son la clave más importante para enfrentar la crisis climática y alimentaria. Este rol fundamental de las campesinas, pastores, pescadores artesanales y otros pequeños productores ha sido confirmado con nuevos datos en varios reportes recientes. (Por ej. ¿Quien nos alimentará? Preguntas ante la crisis climática y alimentaria, del Grupo ETC www.etcgroup.org/es/node/4952)

 

Pero la FAO no se preocupó por esta notable falta, sino que consideró que invitando a una decena de individuos de organizaciones no gubernamentales internacionales cumplía con la formalidad participativa. La mayoría de esos invitados seleccionados por FAO son de organizaciones de las trasnacionales de la industria de los transgénicos (como Croplife y Biotechnology Industry Organization, BIO) u organizaciones de grandes agricultores industriales y ONG e instituciones que son favorables o turbiamente ambiguas a los transgénicos. Como excepción, Pat Mooney, director del Grupo ETC, aceptó integrar el comité de pilotaje de esta conferencia, luego de mucha insistencia de parte del secretariado de la FAO que aseguró sería un proceso justo y neutral.

El 23 de febrero 2010, Pat Mooney, Premio Nobel Alternativo y uno de los más profundos conocedores del trabajo de la FAO desde hace 40 años, renunció públicamente a este comité, luego de constatar que en todo el proceso, la FAO nunca tomó en cuenta ninguna de sus observaciones y recomendaciones, pero sí usó su nombre para justificar ante organizaciones mexicanas que no les permitirían participar en la conferencia, pero que Mooney representaba sus preocupaciones.

 

Entre muchas otras ausencias graves en los documentos, una de las más ofensivas es el hecho de que aunque la conferencia se realiza en México, centro de origen del maíz, la FAO no se ha dignado incluir en el reporte ni pedir cuentas al gobierno mexicano sobre la contaminación transgénica de variedades nativas. Ni sobre la ya ocurrida ni la que ahora promete el gobierno con la aprobación de 24 siembras experimentales de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, DuPont-Pioneer y Dow.

Uno de los principales organizadores de la conferencia, Shivaji Pandey, por décadas funcionario del Centro Internacional del Investigación Agrícola sobre Maíz y Trigo (CIMMYT) ubicado en Texcoco, México y actualmente presidente del Grupo de Trabajo sobre Biotecnología de la FAO, contestó con una breve y aséptica nota a las preocupaciones que dirigieron a la FAO más de mil 500 organizaciones de 70 países demandando que la FAO debía llamar la atención del gobierno mexicano ante la escalada de contaminación y restablecer la moratoria, por ser centro de origen del maíz. Pandey contestó con su mantra de que la biotecnología incluye muchas tecnologías, que tienen mucho potencial y los transgénicos sí, algunos riesgos, pero que en definitiva era un problema nacional.

 

¿Cómo puede un funcionario de la FAO considerar el centro de origen del maíz del mundo –siendo además uno de los cuatro principales cereales bases de la alimentación de toda la humanidad– un problema nacional?

No hay en los documentos para la conferencia ninguna mención a la gravísima contaminación transgénica en centros de origen y diversidad como México. Sin embargo, los mismos funcionarios de Cibiogem que en México aprobaron en forma irresposable condonar la contaminación trasgénica pasada y aumentarla para permitir el lucro de las trasnacionales, serán ponentes en la conferencia de la FAO ¡en el tema de bioseguridad! Seguramente no mostrarán las críticas que han recibido de más de 700 científicos contra la aprobación de siembras de maíz transgénico (www.uccsnet.org).

 

Mientras tanto, afuera, en calles, plazas y centros de Guadalajara y otras partes del mundo, habrá una gran variedad de actividades de la sociedad civil y organizaciones campesinas para denunciar estas falacias y defender, realmente, las alternativas campesinas que necesitamos para enfrentar las crisis. Definitivamente, no incluyen transgénicos.

*Investigadora del Grupo ETC

 

¡‘No’ Al Control de las Transnacionales sobre la Agricultura y la Alimentación!

 

Para conmemorar el Día Internacional de las Luchas Campesinas el 17 de abril de 2010, el movimiento internacional la Vía Campesina hace un llamado a sus organizaciones miembros, a sus aliados, y a quienes apoyan al movimiento a unirse contra las transnacionales quienes tratan de apoderarse de sistemas de alimentación y agricultura en todo el mundo.

 

El 17 de abril de 1996 fueron masacrados 19 campesinos brasileños quienes defendían su derecho a producir alimentos y exigían acceso a la tierra. Desde esa masacre que sucedió en El Dorado dos Carajás, todos los años hasta esta fcha se organizan movilizaciones en todo el mundo por movimientos campesinos, comunidades, grupos de estudiantes, organizaciones no gubernamentales y activistas para exigir soberanía alimentaria y el derecho campesino a producir alimentos.

El año 2009 concluyó con tres cumbres internacionales: la Cumbre sobre la Seguridad Alimentaria, organizada en Roma por la Organización Mundial de la Agricultura y Alimentación (FAO), la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra así como la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima en Copenhague. En cada uno de estos eventos las trasnacionales mostraron su convicción por controlar los sistemas alimenticios y de agricultura, los mercados, la tierra, las semillas y el agua– es decir toda la naturaleza– a escala mundial. Trasnacionales tales como Monsanto, Cargill, Archer Daniel Midland y Nestlé asistieron a estas cumbres con verdaderas armadas de grupos de presión con el propósito de crear políticas de acuerdo a sus intereses.

 

Por ejemplo, la transnacional Monsanto, basada en los Estados Unidos, quiere recibir fondos públicos para subsidiar su semilla de soja marca ‘Roundup Ready’, la cual está genéticamente modificada para ser resistente a glifosato (vendida por la misma compañía bajo el nombre de ‘Roundup’), el herbicida más común a nivel mundial. Monsanto insiste que la soja ‘Roundup Ready’ ayudará a reducir el cambio climático porque la resistencia al herbicida ‘Roundup’ significa que pueden ser cultivados sin arar la tierra (lo cual emite dióxido de carbono), técnica se conoce como “agricultura sin labranza”. Monsanto argumenta que sus semillas y herbicidas deberían ser elegibles para recibir créditos de carbono a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio como parte de la Convención sobre Cambio Climático de la ONU (CMNUCC).

 

Sin embargo la realidad es que Monsanto y otras transnacionales son entre las entidades que más contribuyen al cambio climático y otras crisis del medio ambiente porque promueven un modelo no sustentable de agricultura industrial.

 

Las trasnacionales también aumentan la pobreza y la recesión económica en todo el mundo. Mientras que incrementan su control sobre las tierras y los mercados de productos agropecuarios, las transnacionales obligan a los campesinos a dejar sus tierras y reducen las oportunidades para encontrar empleo en áreas rurales. El resultado es que los barrios pobres de las periferias de las ciudades se llenan con más y más gente desesperada y de familias sin empleo.

 

Las transnacionales continúan a tener ganancias enormes mientras que el hambre y la pobreza siguen creciendo. Es por eso que la movilización contra las transnacionales es hoy en día una prioridad para la Vía Campesina. Nuestro movimiento tiene la visión de un mundo en el cual las trasnacionales como Monsanto, Cargill, Carrefour y Walmart, con su destrucción de la naturaleza y de humanidad dejarán de existir. Serán remplazados por miles de millones de campesinos y campesinas de pequeña y mediana escala que producen alimentos sanos para mercados locales y regionales, preservando la biodiversidad, protegiendo recursos acuíferos, manteniendo el carbono en los suelos y revitalizando economías rurales.

 

Para celebrar el 17 de abril del 2010 la Vía Campesina hace un llamado a sus miembros y aliados para unirse e incrementar la resistencia contra las nacionales y para amplificar las voces y los derechos de los campesinos y las campesinas en todo el mundo.

 

Cómo es posible involucrarse?

 

Creando conciencia sobre la destrucción causada por las transnacionales y sobre los beneficios de la agricultura campesina; organizando un evento dentro de cada comunidad, escuela, ciudad u organización. Movilizaciones posibles pueden ser protestas, debates públicos, acciones directas, presentación de películas, organizar un mercado de productos campesinos, organizar intercambio de semillas campesinas, o concursos de canciones o dibujos.

Suscribirse a la lista de la Vía Campesina sobre el 17 de abril y mantenerse informados sobre las acciones que están siendo organizadas por todo el mundo; puedes recibir nuestra guía de acción y comentar tus planes con otros que conozcas. Las suscripciones se pueden hacer aquí: http://viacampesina.net/mailman/listinfo/via.17april_viacampesina.net

por favor comunícanos lo más pronto posible que el tipo de actividades se están planeando para que se publiquen en nuestro página web: www.viacampesina.org

favor de mandar fotografías, artículos y videos después de los eventos a: viacampesina@viacampesina.org

 

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International Operational Secretariat

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La Via Campesina – International Secretariat:

Jln. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan 12790,  Indonesia

Phone : +62-21-7991890, Fax : +62-21-7993426
E-mail: viacampesina@viacampesina.org ; Website: http://www.viacampesina.org
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*Semana Estatal de Lucha contra los Transgénicos*12-17 de abril de 2010

*MANIFESTACIÓN en Madrid*17 de abril de 2010

“POR UNA AGRICULTURA Y UNA ALIMENTACIÓN LIBRES DE TRANSGÉNICOS”

 

Después de la experiencia del año pasado, en este 2010 una serie de colectivos y organizaciones promovemos bajo el lema “Por una agricultura y una alimentación libres de transgénicos” una nueva Semana estatal de lucha contra los Organismos Modificados Genéticamente -OMG- (entre el 5 y el 17 de abril, con especial énfasis en la semana del 12-17 abril). Ésta culminará con una manifestación el 17 de abril, que terminará ante la sede del Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) en Madrid para mostrar el rechazo de la sociedad civil a la introducción de transgénicos en nuestra agricultura y nuestra alimentación.

El Gobierno español sigue promoviendo el cultivo a gran escala de Organismos Modificados Genéticamente (OMG), así como la importación masiva de piensos y otras materias primas agrícolas transgénicas, en contra de la mayoría social y frente a la actitud de precaución adoptada por países como Francia, Austria, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Irlanda, Grecia, Italia, y recientemente Bulgaria, que mantienen moratorias y prohibiciones a su cultivo. Los niveles de irresponsabilidad política en el Gobierno han alcanzado cuotas muy peligrosas. De hecho, y por primera vez, el Ministerio del Medio Ambiente reconoció el pasado mes de octubre la existencia de personas y de empresas que han sufrido los efectos de la política de transgénicos llevada a cabo por las empresas transnacionales como Monsanto y Syngenta, y el Ejecutivo español.

 

Por un lado, el MARM es permisivo al constante y agresivo lobby de las multinacionales agrobiotecnológicas, por otro lado sigue rechazando tratar los asuntos que las organizaciones ecologistas, agrarias, sociales y de consumidores llevan años poniendo sobre la mesa, tales como la falta de transparencia en los mecanismos de aprobación, evaluación y control, la ausencia de registros públicos de los cultivos transgénicos, las irregularidades en el etiquetado de los alimentos transgénicos, o los reiterados casos de contaminación, etc.

 

Desde hace una década las organizaciones de la sociedad civil denunciamos los efectos sociales, ambientales y económicos del cultivo de maíz transgénico en el país. La alimentación y la agricultura libres de transgénicos se encuentran en una situación de indefensión total y abocadas a la desaparición, de no poner una remedio inmediato a la actual situación. Frente a las 76.000 ha del maíz transgénico de Monsanto MON 810 que se cultivan en España, la agricultura y la ganadería ecológicas siguen siendo víctimas de las multinacionales y de la complicidad del Gobierno.

 

Por todo ello, la Plataforma Rural, el conjunto de sus organizaciones miembros, Transgénics Fora de Catalunya, Iniciativa por la Soberanía Alimentaria en Madrid, Greenpeace, y todos los colectivos que quieran adherirse, convocan a esta Semana Estatal de acciones y a la manifestación del 17 de abril.

 

Os pedimos la mayor difusión posible y animamos al conjunto de los movimientos sociales y la sociedad a asistir a la manifestación del 17 de abril y a organizar en el periodo entre el 5 y el 17 de abril actos, proyecciones de películas, mesas informativas, acciones creativas, debates, reuniones políticas o cualquier actividad que nos permita decir que CADA VEZ SOMOS MÁS QUIENES NOS OPONEMOS A LOS TRANSGÉNICOS.

 

Para adherirse a la convocatoria, esribe a: plataformarural@nodo50.org y isamadrid08@gmail.com (Iniciativa por la Soberanía Alimentaria en Madrid – ISAM)

 

Más información en: http://noquierotransgenicos.wordpress.com/

 

[Adjunto un breve panfleto informativo que puede servir como modelo]

¿Qué son los transgénicos? Organismos creados artificialmente en laboratorio, al introducir genes de unas especie en otras. Así se obtienen seres vivos que no existirían de forma natural. Es un experimento a gran escala con una tecnología llena de efectos imprevistos y no deseados.

 

Amenazan nuestra salud: Falta investigación para conocer todos los daños que pueden ocasionar, por lo que algunos cultivos autorizados se han prohibido posteriormente. Provocan toxicidades, nuevas alergias y resistencia a antibióticos. Varios estudios demuestran problemas de fertilidad, toxicidad en riñón e hígado, etc.

 

Deterioran el medio ambiente y la vida silvestre. Más del 80% de los cultivos transgénicos son tolerantes a herbicidas, por lo que se incrementa su uso. El resto son plantas con propiedades insecticidas que también afectan a la fauna beneficiosa y al conjunto de los ecosistemas.

Producen contaminación genética. Los caracteres transgénicos contaminan otros cultivos tradicionales o ecológicos, destruyendo la agricultura familiar. La coexistencia no es posible.

No solucionan el hambre en el mundo, lo agravan. Sólo cuatro empresas biotecnológicas controlan el 90% del mercado de los transgénicos. Los agricultores/as no pueden guardar sus semillas y pierden su autonomía y libertad. Estas empresas venden la semilla y el producto químico asociado, todo les pertenece.

 

Democracia alimentaria. Consumidore/as y agricultores/as tenemos el derecho y la responsabilidad de conocer y decidir cómo y dónde se producen nuestros alimentos y reconstruir los vínculos entre el campo y la ciudad. Muchos países los han prohibido, pero el Gobierno español sigue facilitando su expansión.

 

Más información: http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique277

 

-> Informe "Buenas razones para retirar las variedades de maíz MON810 cultivadas en España": http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Cuaderno_transgenicos_2009.pdf