Nos últimos dias, a mídia demotucana tem feito um grande alarde contra o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Devido a falhas lamentáveis em algumas provas, ela decidiu transformar o assunto na sua primeira bandeira de oposição ao futuro governo Dilma Rousseff. De quebra, ainda presta um serviço à poderosa indústria do vestibular e às faculdades privadas. O Grupo Folha, dono da gráfica que imprimiu as provas irregulares, é um dos que mais fustiga o Enem.

Com sua cobertura enviesada e manipuladora, a mídia omite fatos curiosos do Enem. Um deles, que ela nunca divulgaria, é que a Escola Semente da Conquista, localizada no assentamento 25 de Maio, em Santa Catarina, foi o destaque do Exame Nacional em 2009, conforme noticiado na página oficial do Enem. Ela ocupou a primeira posição no município, com nota de 505,69.

Semente da Conquista

Nesta escola estudam 112 filhos de assentados, de 14 a 21 anos. Ela é dirigida por militantes do MST e os professores foram indicados pelos próprios assentados do município de Abelardo Luz, cidade com o maior número de famílias assentadas no estado. São 1.418 famílias, morando em 23 assentamentos. A primeira colocação no Enem foi comemorada pelas famílias de sem-terra.

A mídia, porém, nada falou sobre esta vitória. Segundo o sítio do MST, “essa conquista, histórica para uma instituição de ensino do campo, ficou fora da atenção da mídia, como também é pouco reconhecida pelas autoridades políticas de nosso estado. A engrenagem ideológica sustentada pela mídia e pelas elites rejeita todas as formas de protagonismo popular, especialmente quando esses sujeitos demonstram, na prática, que é possível outro modelo de educação”.

“A Escola Semente da Conquista é sinal de luta contra o sistema que nada faz contra os índices de analfabetismo e êxodo rural. Vale destacar que vivemos numa sociedade em que as melhores bibliotecas, cinemas, teatros são para uma pequena elite… Mesmo com todas as dificuldades, a escola foi destaque entre as escolas do município. Este fato não é apenas mérito dos educandos, mas sim da proposta pedagógica do MST, que tem na sua essência a formação de novos homens e mulheres, sujeitos do seu processo histórico em construção e em constante aprendizado”.

 

Alejandro TEITELBAUM Autor de «la armadura del capitalismo»

Alejandro Teitelbaum es abogado. Tiene 82 años y en su libro analiza cómo las transnacionales han tejido una amplia telaraña con un objetivo económico a nivel mundial con la complicidad de los gobiernos. Detrás de ese poder transnacional se esconden también objetivos políticos y militares.

http://www.gara.net/paperezkoa/20101121/233428/es/Los/gobiernos/han/cedido/el/poder/a/las/transnacionales%C2%BB/

 

Alejandro Teitelbaum es autor del libro «La armadura del capitalismo. El poder de las transnacionales en el mundo contemporáneo». Lo ha editado Icaria con el apoyo de Paz con Dignidad. Este abogado argentino de 82 años ha participado en un curso, organizado por el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) estos días atrás en Bilbo. Teitelbaum contó a GARA su experiencia frente a las multinacionales, «que se han adueñado de todo».

Fue abogado de presos políticos y sindicalistas en los años setenta, después emigró al Estado francés. En el marco de la ONU representó a la Federación Internacional de Derechos Humanos y después a una organización de América, Sociedad Americana de Juristas, hasta 2006. «Me cansé del trabajo en la ONU, porque lo encontré improductivo, por los pocos resultados». Teitelbaum introdujo en su andadura, además de la lucha en contra la impunidad de las violaciones de los derechos civiles y políticos, la impunidad de los derechos económicos, sociales y culturales con la que cuentan las transnacionales.

Todo ese trabajo continúa en la ONU, pero «tras un proyecto flojo» llegó un contraataque de las multinacionales, que «pusieron a todos en su sitio. Ya nada saldrá adelante», dijo. Por eso, a sus 82 años sigue en pie para «desnudar a esas sociedades que tienen ya más poder que los estados y que, por otra parte, sólo representan a los intereses económicos de unos pocos frente al resto de la humanidad».

En «La Armadura del capitalismo» aparecen detallados los efectos económicos, las concesiones de los gobiernos y el negocio que unos pocos obtienen de la explotación. ¿Por qué tienen tanto poder las transnacionales?

Desde que empezó la Standard Oil, del viejo John D. Rockefeller, han ido escalando en el poder. La globalización neoliberal, que yo denomino el estado actual del capitalismo, está controlando la economía no sólo en su aspecto industrial y comercial, sino en el financiero y militar. Casi tiene el control total, con la complicidad de las élites políticas de las grandes potencias y de los políticos de los países periféricos en vías de desarrollo. Controlan todo, porque son dueños de medios de comunicación, de universidades y tienen a su servicio a intelectuales prestigiosos. La ideología liberal lo ocupa todo. Está todo diseñado para formatear la cabeza del hombre común para decir que este sistema es inevitable y que hay que aguantarse.

¿Eso nos lleva al desastre, a la dominación de unos pocos sobre la mayoría?

Así es. Mire lo que está ocurriendo con el tema de las jubilaciones, que nos dicen que hay que trabajar más años. En todos estos temas económicos y política el sistema nos mete en la cabeza su ideología. Y el núcleo duro del sistema son las sociedades transnacionales, lo que se llama globalización. Es el dominio de las sociedades transnacionales del capital financiero. Se deslocalizan cuando quieren. Tienen un poder inmenso de imposición frente a los asalariados, porque no negocian: o aceptas sus principios, que siempre se dirigen a los recortes económicos y sociales para los trabajadores, o se van. Sí, así lo dicen: queremos ganar un poco más, nos vamos a otro lado. Ha ocurrido con varios casos de fábricas francesas de autos que se han ido a Rumania, porque se fabrica más barato, pero luego vende caro en Francia.

¿Se puede dar la vuelta a tanto poder concentrado en tan pocas manos?

No tengo respuesta. En Francia con el tema de la edad de la jubilación ha habido protestas, pero, al final, Nicolas Sarkozy se ha salido con la suya. Nos dice que hay que salvar a la Seguridad Social, pero lo que trata es de salvar al capital financiero, no a la Seguridad Social. Lo que va a ocurrir es que la gente se va a dar cuenta que con la jubilación pública recortada no le va a llegar y va a aportar a una jubilación privada.

La pensión privada puede quebrar, la pública no.

Sí. Ya ocurrió en Estados Uni-dos. El sistema público es una garantía para todos. En lo fundamental, no escuché que nadie planteara que el problema de jubilación, es decir que la gente pueda vivir después de cesar de trabajar, sea un problema económico de fondo. La sociedad con su trabajo produce bienes sociales y, como consecuencia, hay un consumo social. ¿Por qué se plantea el futuro de las pensiones en términos financieros si tiene que ver con el reparto de la torta? Hay una gran cantidad de bienes y servicios producidos, si no alcanzan para todos, es porque, entre la producción social y el consumo social está la apropiación privada. Hay gente que se queda en el camino con la mayor parte de la torta. Por eso no llega la torta necesaria a todos los ciudadanos, los viejos incluidos.

¿Por qué cree que nadie lo dice así de claro?

Nadie lo dice porque es poner en cuestión el actual sistema capitalista. En momentos de protesta y de lucha tiene que haber gente que lo diga claramente. En Francia no se consiguió, porque Sarkozy se mantuvo firme; se hicieron huelgas en sectores estratégicos, pero no se pudo mantener una huelga revolucionaria, porque la gente tiene que trabajar para poder vivir. Lo que está claro es que el sistema público de pensiones es la mejor garantía de futuro. No debemos renunciar a él, aunque la presión del capitalismo va en dirección opuesta.

¿Falta una respuesta clara desde la izquierda?

Falta una respuesta política coherente. Los socialistas, en Francia, se lo callaron. Otros grupos más pequeños, que se podría esperar una respuesta más coherente y mejor, tampoco la dieron. Se limitaron a decir: la jubilación a los 60 años o hay que distribuir la riqueza, pero nadie puso en cuestión el sistema. Se sabe que las cosas andan mal, pero no se sabe cómo hacer para que cambien.

¿Qué recomendación hace para que se rechace un empeoramiento de las pensiones, que es una ola que recorre ya por la Unión Europea?

En las manifestaciones salieron a la calle los chicos. La prensa burguesa se burló de ellos, diciendo que las guarderías habían ocupado las calles. Tienen razón, porque cuando terminen la escuela, tendrán que ir a trabajar, pero se preguntan si hay más viejos trabajando habrá menos oferta de empleo.

Si no hay empleo, no se cotiza.

El problema en Francia se encuentra, según una estadística oficial, en que desde 1975 a 2009, es decir en 35 años, la productividad se multiplicó por 2,3 veces, y la población sólo creció un 25%. Una persona produce en este momento casi dos veces y media más que hace 35 años. Si aumenta la productividad, hay que disminuir el tiempo de trabajo. Bajar a las 35 horas, para que trabaje más gente y se nutra a las cajas de la Seguridad Social. No se puede seguir trabajando con jornadas de 40 horas, porque se produce en exceso.

¿Las 35 horas han fracasado?

La idea era buena. En Francia, se impusieron las 35 horas, pero se congelaron los salarios y, por otro lado, legislativamente se fue adaptando hasta que se liquidaron. En Noruega trabajan 34 horas y viven muy bien. El secreto se encuentra en que los ingresos por las ventas de petróleo de sus pozos en el mar se ha guardado en las cajas del Estado y se usa para financiar las jubilaciones. Han sabido administrar. No es un país socialista. La gente ve en Francia un sistema de Seguridad Social bastante avanzado, nadie quiere perderlo. Hay que defender eso. El sistema capitalista está metido en una gran contradicción: donde no puede, genera muchos desocupados que no aportan a las cajas de jubilación. No hay trabajo para todo el mundo manteniendo estas jornadas. Tendrían que reducir la jornada, pero los patrones no quieren. La jornada larga de trabajo es lo que da esa ganancia suplementaria.

Si se piden mejoras, las empresas se deslocalizan y, de hecho, dentro de la UE existe el dumping social por ese traslado de empresas entre países.

Tiene razón. Se fabrican autos franceses en Rumanía y se venden en Francia. Efectivamente hay dumping social. A los franceses, como al resto, no les conviene que los rumanos ganen diez veces menos, porque la empresa se va y les deja sin trabajo. Un problema difícil de resolver que la solidaridad de los trabajadores debería solucionar.

¿Falta conciencia obrera frente a las multinacionales?

El poder transnacional se arregla para que crezca la competencia entre los trabajadores. El chino gana diez euros por día, y de eso se aprovecha el trabajador francés, que compra ropa china sumamente barata. Nota menos que su salario es pequeño. Si va a una tienda de lujo, le va a costar mucho, pero si es un pantalón chino costará poco. Le conviene al patrón, porque el obrero no va a reclamar más salarios. No veo que haya una fuerza política en ningún lado que vaya al fondo de las cosas. Esas reuniones internacionales con el eslogan de «otro mundo es posible» no quiere decir nada. Hay gente que se dice de izquierdas, filósofos y políticos que le están dando un respiro al capitalismo.

«Hoy un capitalista necesita unas horas para forrarse sin hacer servicio alguno a la sociedad»

¿Qué ha pretendido con el libro «La Armadura del Capitalismo»?

Es el resultado de las diferentes experiencias de los años noventa. La situación actual del capitalismo es de violencia, la opresión es violencia. Lo primero que hay que hacer es darnos cuenta cómo funciona esta sociedad en el plano financiero y económico.

¿Funciona mal?

Sí. Sólo para unos pocos funciona muy bien. Hace unos días leí que los operadores financieros de Estados Unidos van a recibir 143.000 millones de dólares en compensaciones. El año pasado se reunió el G20 para poner un tope a los operadores. Un año después ganan más que nunca. Sarkozy nos dijo que había que moralizar el capitalismo. La realidad es que desde el año pasado grandes grupos financieros ganan más que antes. La desocupación ha crecido, los salarios se congelan o bajan, y no pasa nada. Las diferencias cada vez son mayores. Esa es la armadura del capitalismo, los servidores que tiene a su alrededor y que lo protegen frente a la población.

¿La crisis sólo afecta a los mismos de siempre: los trabajadores, los excluidos y los pobres?

Mire, el otro día un director de la empresa LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) de artículos de lujo, vendió sus stock options y ganó en un día 18 millones. Un buen salario, por ejemplo, son 2.500 euros. Qué tendría que hacer una persona trabajando, dando clase, en un hospital, haciendo un servicio a la sociedad para ganar 18 millones de euros. Bueno, quince personas con un salario de 2.500 euros tendrían que trabajar durante 40 años para conseguir lo que el directivo de LVMH logró en media tarde. Esos quince tipos fabricando, prestando servicios, manejando autobuses, etc tardarían cuarenta años con ese buen salario, mientras que este capitalista necesitó unas horas para lograrlo y sin hacer ningún servicio a la sociedad. Hay algo que no anda bien y ocurre por la complicidad de los líderes políticos.

¿Cambiará esta situación?

Lo único que podemos hacer es seguir entendiendo lo que pasa. Estoy metido en la izquierda desde hace más de 65 años. No pierdo la esperanza, pero esto va a peor. Nos dijo el G20, como otro ejemplo, que habría que acabar con los paraísos fiscales, pero es imposible porque son parte de las potencias.

Juanjo BASTERRA

Contaminación, rechazo social y un recurso judicial de 5 Gobiernos Europeos resumen su primer año de cultivo

La Comisión Europea aprobó en marzo de este año el primer cultivo transgénico en la Unión Europea después de 12 años, la patata Amflora. Tras su primera temporada de siembra, el balance no podría ser más desastroso. Rechazada por la opinión pública y la industria, gran parte de su cosecha se ha visto contaminada o retenida, su cultivo ha sido prohibido en Austria, Hungría y Luxemburgo, mientras 5 Gobierno europeos han emprendido acciones judiciales contra su aprobación.

http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1200

Cultivada en 2010 en 267 hectáreas repartidas por Suecia, Alemania y República Checa, los resultados de esta cosecha no han sido precisamente positivos. Su cultivo en Suecia se ha visto envuelto en un escándalo de contaminación por una patata transgénica no autorizada, y por lo tanto ilegal, conocida como Amadea [1]. Debido a esta contaminación, 16 de las 102 hectáreas cultivadas en Suecia tuvieron que ser destruidas. No han tenido mejor suerte las 15 hectáreas cultivadas en Alemania, que fueron retenidas por orden de las autoridades regionales, hasta poder garantizar que estaban libres de contaminación por la patata transgénica ilegal [1]. Hasta la fecha, están retenidas en un almacén del Gobierno Federal a la espera de nueva orden.

La patata Amflora ha conseguido el rechazo frontal de varios Gobiernos Europeos. Austria, Luxemburgo y Hungría han prohibido su cultivo en su territorio [3] y junto a los Gobiernos de Francia y Polonia han llevado frente al Tribunal Europeo de Justicia la aprobación de esta patata transgénica [4].

La industria europea del almidón también ha rechazado esta patata, para evitar problemas de contaminación y el rechazo de los consumidores. Existen patatas convencionales disponibles en el mercado con el mismo contenido de almidón, sin necesidad de modificación genética, lo que evidencia lo innecesario de Amflora [5].

La aprobación de la patata transgénica ha generado amplias protestas por toda Europa. Se han recogido más de un millón de firmas en tan solo unos meses, en lo que supone la primera “iniciativa ciudadana”, un principio recogido en el Tratado de Lisboa de la Unión Europea (EU) desde diciembre de 2009, en virtud del cual un millón de ciudadanos europeos tienen la posibilidad de pedir formalmente a la Comisión Europea que adopte medidas legislativas para satisfacer sus demandas [6]. Se han desarrollado también numerosas protestas, destacando las producidas en España [7].

David Sánchez, responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra afirmó: “El balance del primer año de cultivo de Amflora ha sido claramente desastroso, y debería servir para que la Comisión Europea y Gobiernos como el español se replanteen su apuesta por los transgénicos. Son innecesarios, no aportan ninguna ventaja, plantean demasiados riesgos y su cultivo por unos pocos genera enormes problemas para el resto de agricultores, la industria alimentaria y los consumidores.”

 

Riesgos ambientales y para la salud

La patata Amflora es propiedad del gigante químico BASF. Modificada genéticamente para tener una mayor cantidad de amilopectina para la producción de almidón en usos industriales, fue aprobada pese a la mayoritaria oposición de los Gobiernos europeos. Entre los pocos ministros que en su momento apoyaron la aprobación se encontraba la anterior Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa. BASF llevaba intentando aprobar este cultivo desde 1996 y había llegado incluso a llevar a la Comisión Europea ante los tribunales por no aprobar su producto [8]. Durante todos estos años, la patata transgénica ha estado envuelta en una dura polémica por sus impactos ambientales y riesgos sobre la salud.

 El cultivo de Amflora genera graves riesgos para la salud, la agricultura y el medio ambiente:

Está diseñada y aprobada para uso en la industria y en piensos animales, pero también se permitió su presencia por contaminación de hasta un 0,9% en los alimentos. La propia BASF advertía en la solicitud de aprobación que “no se puede descartar que esta patata sea usada o termine apareciendo en la alimentación [9]”.

Falta información básica sobre su seguridad para la salud. La EFSA reconoce que los datos ofrecidos por BASF muestran muchas irregularidades, incluyendo irregularidades toxicológicas que podrían tener implicaciones serias en la seguridad alimentaria.

La aprobación de Amflora podría ser ilegal, ya que contiene un gen que la hace resistente a determinados antibióticos. A pesar de que la Directiva europea que regula los transgénicos estableció que los cultivos modificados genéticamente que contuvieran genes de resistencia a antibióticos deberían salir del mercado en 2004, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria [EFSA en sus siglas en inglés] le dio el visto bueno. Y no cambió de opinión pese a la advertencia de la Agencia Europea del Medicamento o la Organización Mundial de la Salud, que confirmaron la importancia para la medicina de los antibióticos a los que Amflora es resistente. [10]

La evaluación de riesgos ambientales de Amflora, no cumple los requisitos marcados por la legislación europea. No se ha estudiado el impacto de la patata transgénica sobre el medio ambiente, tan solo sobre la fauna circundante.

Se ha ignorado el riesgo de contaminación. La patata se considera un cultivo de bajo riesgo en cuanto a contaminación por polen, pero es un cultivo de alto riesgo de contaminación debido a los tubérculos que quedan en el suelo tras la cosecha. Es prácticamente imposible recoger la totalidad de la producción, con lo que los tubérculos pueden crecer la temporada siguiente, contaminando la siguiente cosecha. [11]

 Notas

[1] Descubren en Suecia cultivo ilegal de la papa transgénica Amadea http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5993245,00.html

 [2] German state suspends use of potato involved in gm crop snafu http://www.newcomers-network.de/newsfeed_dpa/100907German_state_suspends_use_of_potato_invo.php

 [3] La prohibición del Gobierno Húngaro fue hecha oficial el 18 de junio de 2010 http://www.fvm.gov.hu/main.php?folderID=874&ctag=articlelist&iid=1&articleID=16043

La prohibición en Luxemburgo el 16 de junio de 2010 http://www.gouvernement.lu/salle_presse/communiques/2010/06-juin/16-pomme_de_terre/index.html

La prohibición en Austria, el 28 de Abril de 2010 http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/attachments/7/1/4/CH0817/CMS1272446773668/bgbla_2010_ii_125.pdf

 [4] “France and Poland join challenge against Commission decision to authorise antibiotic-resistance GM potato” http://media-newswire.com/release_1128704.html

Además, más de 40 organizaciones sociales, incluyendo varios grupos de Amigos de la Tierra, han llevado también a la Comisión Europea ante los tribunales: http://www.gmo-compass.org/eng/news/511.docu.html

 [5] Un ejemplo de patata con las mismas propiedades que Amflora de BASF, pero sin haber sido modificadas genéticamente: http://www.avebe.com/Innovation/ELIANE/tabid/669/Default.aspx

 [6] “La Commission de Bruxelles face à une pétition anti-OGM” http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/10/08/la-commission-de-bruxelles-face-a-une-petition-anti-ogm_1422201_3244.html

 [7] Se han producido numerosas protestas contra la aprobación de la patata transgénica en Europa. http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Protests_against_the_cultivation_of_Amflora_potatoes

¡Miles de soluciones del pueblo ante el cambio climático!

¡Miles de parcelas campesinas para enfriar el planeta!

 ¡Miles de Cancún por la justicia climática!

 La Vía Campesina invita a los movimientos sociales a movilizarse en el mundo

Los movimientos sociales de todo el mundo se están movilizando para la 16ª Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) que se celebrará en Cancún, del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010.

La COP 15 en Copenhague demostró la incapacitad de los gobiernos para enfrentarse a las causas reales del caos climático. En el último momento, los EE.UU. presionaron para aprobar de forma antidemocrática el llamado "Entendimiento de Copenhague", en un intento por alejar el debate de los compromisos de Kioto de Naciones Unidas y favorecer soluciones voluntarias con base en el libre mercado.

 Las negociaciones climáticas parecen cada vez más un gran mercado. Los países industrializados, históricamente responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, están inventando todos los trucos posibles para evitar reducirlas. Por ejemplo, el "Mecanismo para un Desarrollo Limpio" (MDL) del protocolo de Kioto permite a los países seguir contaminando y consumiendo como de costumbre, al mismo tiempo que pagan a los países del Sur global para abrir nuevas plantaciones agrícolas que se consideran "sumideros de carbono".

 

En este mercado climático global, las empresas transnacionales están intentando embolsarse el máximo dinero posible, vendiendo tecnologías destructivas enmascaradas tras la mentira de que pueden solucionar  la crisis climática, como los agrocombustibles genéticamente modificados bajo el pretexto de reducir el consumo de combustibles fósiles. Por ejemplo, desde la elección de Obama, Monsanto ha gastado millones presionando al Congreso para la legislación sobre cambio climático. La mayor empresa de semillas en el mundo arguye que los monocultivos de su soja Roundup Ready pueden calificar para los créditos de carbono puesto que contribuyen a reducir los gases de efecto invernadero en el suelo. Las comunidades que viven donde hay monocultivos de soja pueden atestiguar los efectos de devastación de dichos monocultivos en su entorno y sus vidas.

 Por último, muchos gobiernos de los países del Sur, atraídos también por las nuevas oportunidades financieras, tienden a aprovechar esta bonanza en vez de cambiar a nuevos modos de producción y consumo que serían de utilidad para su población. Por ejemplo, dar apoyo a la agricultura sostenible de los campesinos sería mucho más benéfico para la sociedad y el medio ambiente que fomentar las plantaciones de monocultivos.

 

La mayoría de los países no se toman muy en serio la negociación de políticas que puedan revertir la crisis climática, en vez de eso, están negociando por cuánto tiempo más podrán seguir escapando sin hacer nada puesto que simplemente quieren seguir con sus “negocios como siempre”.

 

Exigimos la aplicación de las miles de soluciones de los pueblos ante la crisis climática

 

Ya es hora de que la CMNUCC se embarque en políticas firmes para contribuir a solucionar el caos climático. Es preciso que los países se comprometan firme y vinculantemente para reducir de forma radical las emisiones de gases y cambiar por completo su modo de producción y consumo.

 Las soluciones existen. Más de 35,000 personas se reunieron en abril en Cochabamba en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra para esbozar una nueva visión para salvar al planeta y a su gente. La puesta en marcha de este plan y las miles de soluciones del pueblo llevarían a un profundo cambio en el sistema de hacer ganancias que ha creado la crisis actual.

 

Exigimos a la CMNUCC que adopte las demandas del Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba y que rechace todas las soluciones falsas que se estén cocinando. Entre ellas:

 Defender los derechos de la tierra y el bosque:  Rechazamos la iniciativa REDD + (reducción de las emisiones por deforestación y degradación). Tenemos que poner punto final a la tala de árboles industrial y proteger los bosques. La protección de los bosques y la reforestación de los bosques degradados es una obligación de todos los gobiernos. Prácticamente, los bosques sólo pueden manejarse bien si se encuentran bajo el control de comunidades indígenas y campesinas. Es por ello que los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas y de los campesinos deberían reconocerse explícitamente en cualquier acuerdo climático. Los países deben proteger sus bosques no porque reciban financiación para ello, sino porque es vital para su propio territorio. De ningún modo debería servir de excusa para evitar a otros países y corporaciones reducir sus emisiones de carbono, ni para despojar del control de sus territorios a las comunidades indígenas y campesinas.

 

Rechazar la geoingeniería: propuestas a gran escala para alterar deliberadamente el clima, por ejemplo mediante el establecimiento de monocultivos de plantaciones forestales de árboles transgénicos para producir industrialmente biochar (carbón vegetal), con el fin de devolverlo al suelo para la captura y el almacenamiento de carbono; o plantando cultivos y árboles modificados genéticamente para lograr un supuesto incremento de la reflectividad y la resistencia a las sequías, el calor y la sal.

 Rechazar todos los esquemas de comercio de carbono y los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL): el comercio de carbono ha probado ser extremadamente lucrativo en términos de generación de ganancias para los  inversionistas, sin embargo ha fallado rotundamente en la reducción de gases de efecto invernadero. En el "mercado de carbono" recientemente inventado, el precio del carbono continúa cayendo en picada, lo cual fomenta aún más la  contaminación. Todos los emisores de carbono deberían reducir localmente sus emisiones en vez de comerciar con sus derechos a contaminar.

 

Rechazar cualquier participación del Banco Mundial en la gestión de los fondos climáticos cuya existencia pretende compensar la deuda climática histórica del Norte frente al Sur.

 

Ofrecemos miles y miles de parcelas campesinas para enfriar el planeta

 Los campesinos y los pequeños productores familiares en todo el mundo no han esperado a las negociaciones climáticas para ofrecer alternativas reales a las actuales crisis alimentaria, social y ambiental. Si la agricultura industrial es uno de los grandes culpables de la crisis climática, la agricultura sostenible a pequeña escala y los mercados locales pueden contribuir a largo plazo a estabilizar las temperaturas del mundo.

 

La investigación muestra que podríamos reducir las emisiones globales actuales al 75% al recuperar la materia orgánica del suelo, sustituir la producción industrial de carne por una producción diversificada a pequeña escala, expandir los mercados locales y parar la deforestación.

 

La producción alimentaria sostenible local se sirve de menos energía, elimina la dependencia de piensos animales importados y retiene el carbono en el suelo, al mismo tiempo que incrementa la biodiversidad. Las semillas autóctonas se adaptan más fácilmente a los cambios de clima que ya nos están afectando. Cuando los huracanes azotaron América Latina, observamos que la agricultura campesina diversificada resistió mucho mejor que las plantaciones de monocultivo, que se destruyeron por completo. La agricultura campesina diversificada y de pequeña escala es mucho más resistente a inundaciones, desprendimientos de tierra, plagas y sequías de larga duración. No hay ninguna necesidad de nuevas semillas "climate ready" modificadas genéticamente.

 La agricultura familiar no sólo contribuye positivamente al equilibro del carbono del planeta, sino que crea también 2,800 millones de puestos de trabajo, para hombres y mujeres en todo el mundo, y es el mejor modo de luchar contra el hambre, la desnutrición y la crisis alimentaria actual. Si se permite el acceso a la tierra, el agua, la educación y la sanidad a los campesinos, y éstos reciben apoyo en la políticas de soberanía alimentaria (1) seguirán alimentando al mundo y protegiendo el planeta.

 

¡Únete a nosotros en los miles de Cancún!

 

La Vía Campesina montará un campo de cultivos en Cancún que representarán a todos los campesinos y agricultores familiares del mundo, ecológicos, diversificados y de pequeña escala que ya están enfriando la tierra. Todos los movimientos y simpatizantes están invitados a unirse a nosotros en los seminarios, protestas y foros, y a presentar las soluciones de toda la otra gente a la crisis climática.  (véase el programa a continuación)

 También están invitados todos los movimientos del mundo para organizar miles de protestas o eventos que rechacen las soluciones de mercado y que defiendan un "cambio de sistema y no de clima", en cualquier momento a partir del 12 de octubre, Día de Acción Global por la Justicia Climática, y hasta el 10 de diciembre; fecha en la que terminan las negociaciones. Se pondrá especial atención en el 7 de diciembre, para apoyar la marcha de los campesinos e indígenas en Cancún.

 

Las movilizaciones pueden ser de cualquier tipo: acciones directas, fiestas, mercados, festivales, debates o exhibiciones, entre otros. Pueden celebrarse en cualquier ciudad, pueblo, escuela o comunidad.

 Envíen sus pósters, comunicados, artículos, fotografías, vídeos, etc. a las direcciones siguientes: <mailto:enlace@viacampesinanorteamerica.org>enlace@viacampesinanorteamerica.org y <mailto:viacampesina@viacampesina.org>viacampesina@viacampesina.org

 

Se colgarán en el sitio web de La Vía Campesina en la página Cancún 1000.

 

 

Programa provisional de La Vía Campesina en Cancún

 

12 de octubre: Día de Acción Global por la Justicia Climática:  ¡sí a un cambio de sistema, no al cambio de clima! <http://www.climate-justice-action.org/>http://www.climate-justice-action.org/

 

Del 22 al 29 de noviembre: Caravanas internacionales rumbo a Cancún COP-16.

 

25 de noviembre: ¿Protesta en la ciudad de México?

 

Del 29 de noviembre al 10 de diciembre: Foro alternativo (Cancún)

 

1, 4 y 6 de diciembre: Foro de Acción de La Vía Campesina

 

2 de diciembre: Marcha popular “Cancún 1000 por la Justicia Climática”

 

7 de diciembre: Marcha de los campesinos e indígenas en cancun y  mobilizaciones en los paises.

28 de octubre de 2010

Amigos de la Tierra – Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) – Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) – Ecologistas en Acción – Greenpeace

Agricultores, ecologistas y consumidores solicitan a la nueva Ministra un cambio radical en la política del Gobierno sobre transgénicos

La superficie cultivada con maíz modificado genéticamente en España ha descendido en 2010 por segundo año consecutivo. Según asegura el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) se habrían cultivado 67.726 ha., lo que supone un descenso del 11% respecto a 2009. El cultivo de este maíz transgénico, que está prohibido en 10 países de la Unión Europea, ha provocado ya graves impactos en nuestro país. Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en Acción y Greenpeace solicitan a la nueva Ministra un cambio radical en la política del Gobierno, apostando por la aplicación del principio de precaución, prohibiendo el cultivo de maíz transgénico en España.

Por segundo año consecutivo se registra un descenso de la superficie cultivada con maíz transgénico, según los datos publicados por el MARM [1]. Estos datos muestran un creciente rechazo hacia este tipo de agricultura, siendo el descenso especialmente acusado en las regiones donde este cultivo está más extendido, como Aragón o Cataluña. El descenso en la superficie y el estancamiento del porcentaje de maíz transgénico respecto al maíz total cultivado en España coinciden con el incremento de la oposición social a la presencia de transgénicos en agricultura y alimentación y a las cada vez más contundentes evidencias sobre sus impactos.

Sin embargo, hay que lamentar que estos datos ofrecidos por el Gobierno son los que le proporciona la industria, al no existir en España un registro de parcelas que cultivan maíz transgénico como exige la reglamentación europea, una muestra más de la absoluta falta de transparencia y control sobre este tema por parte del MARM. La situación llega a límites tan absurdos que en la web del MARM se pueden encontrar dos cifras totalmente distintas de superficie de maíz transgénico en 2010, en función si el cálculo se hace por Comunidades Autónomas o por provincias [2].

España es el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala. Mientras, países como Austria, Alemania, Italia, Bulgaria, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Polonia o Francia han optado por prohibir su cultivo basándose en evidencias científicas sobre sus impactos ambientales, la imposibilidad de evitar la contaminación genética de otros cultivos y sus incertidumbres sobre la salud.

En España, el cultivo de este maíz ha supuesto graves impactos y daños sobre la agricultura convencional y la ecológica, como la práctica desaparición del cultivo de maíz ecológico en las zonas donde se ha extendido el cultivo de transgénicos; la pérdida del mercado de gluten de maíz convencional; la práctica imposibilidad de producción de piensos ecológicos; el incremento de costes de producción a los agricultores y ganaderos que no quieren utilizar transgénicos; la contaminación de las semillas convencionales o la contaminación generalizada de alimentos a la venta sin que se informe de ello al consumidor [3].

El cultivo de este maíz transgénico por un número muy reducido de personas está generando costes inasumibles para el conjunto de la agricultura, la industria alimentaria, los derechos de los consumidores, el medio ambiente y la salud pública. Por todo ello, y tras la pésima gestión de Elena Espinosa en esta materia, Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en Acción y Greenpeace solicitan a la nueva Ministra un cambio radical en la política del Gobierno, apostando por la aplicación del principio de precaución y prohibiendo el cultivo de maíz transgénico en España.

Para más información:

Prensa de Amigos de la Tierra: Teresa Rodríguez, 680 936 327 ó 913069900
David Sánchez Carpio, Responsable del Área de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra, 913069921 ó 691471389

Notas:

[1] http://www.mapa.es/agricultura/pags/semillas/estadisticas/serie_maizgm98_06.pdf
[2] El MARM ofrece desde el año pasado, además del ya habitual cuadro por Comunidades Autónomas, un desglose de la superficie cultivada con maíz transgénico por provincias. La diferencia entre las dos tablas es en 2010 de más de 9.000 hectáreas.
http://www.mapa.es/ministerio/pags/omg/Superficie%20cultivada%20Ma%C3%ADz%20OMG%20por%20provincias%202010.pdf
[3] Información detallada y documentada de estos y otros impactos socioeconómicos en el documento:
Amigos de la Tierra, Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Ecologistas en Acción y Greenpeace, 2010. Implicaciones socioeconómicas de la introducción de transgénicos en el mercado para su cultivo. Documento de análisis.
http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/INFORME_IMPACTO_SOCIOECONOMICO_TRANSGENICOS-2.pdf

 

ESTAMOS POR LA VÍA CAMPESINA
www.viacampesina.org

 

1 de novembro de 2010

Da TV UOL

A agenda que o MST (Movimento Sem Terra) vai levar para a presidente eleita Dilma Rousseff inclui a solução para a situação de 100 mil famílias que vivem em acampamentos e o comprometimento em aprovar a lei que desapropria as fazendas com trabalho escravo.

Segundo um dos coordenadores nacionais do movimento, João Pedro Stédile, existe também uma plataforma de longo prazo sobre "como deve ser a agricultura brasileira" na visão do MST.

 Para ver los videos: http://www.mst.org.br/MST-quer-solucaopara-100-mil-familias-acampadas

 

30 de agosto

A QUESTÃO AGRARIA NO BRASIL  

O geógrafo Paulo Alentejano, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz),  conta nesta entrevista como o limite do tamanho da propriedade rural no Brasil pode reduzir a desigualdade no campo. Ao contrário do que os opositores da medida fazem parecer, ele explica por que a proposta não é radical e como outros países já limitaram o tamanho das fazendas, inclusive implementando reformas agrárias. Segundo o pesquisador, nenhum projeto de reforma agrária foi colocado em prática em toda a história do Brasil.

A entrevista é de Raquel Júnia e publicada pelo sítio da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fiocruz, 30-08-2010.

Eis a entrevista.

Qual é o quadro brasileiro em termos de concentração fundiária?

A concentração da propriedade da terra no Brasil é algo não apenas persistente como crescente. O Brasil está entre os países com maior grau de concentração, seja pelos dados do IBGE, seja pelos dados do Incra. O IBGE trabalha com a categoria  de ‘estabelecimentos agropecuários’, que leva em consideração a unidade gestão, enquanto o Incra leva em consideração o documento de propriedade, trabalhando com imóveis. Pelo IBGE, a comparação é que a parcela dos maiores estabelecimentos, com mais de mil hectares, que são menos de 1% do total, tem 44% das terras, enquanto os menores estabelecimentos, que são 47% do total, somam apenas 2,36%. Ao se tomar como base os dados do Incra de imóveis rurais no cadastro de 2003, isso não é muito diferente – a grande maioria dos imóveis tem menos de 10 hectares, mas ocupam a menor área.. Pelo Incra os dados mostram que propriedades com menos de 10 hectares são 31,8% do total e ocupam só 1,8% das terras agrícolas   Os imóveis com mais de cinco mil hectares são apenas 0,2% do total e tem 13% das terras .

E historicamente, como o país chegou a esta situação?

Esta história se inicia sem dúvida já com o processo da colonização, quando, através das chamadas Sesmarias, se distribui o controle da terra para poucos amigos do rei de Portugal. Eles passam a ter o direito de explorar a terra, mas também a responsabilidade sobre o controle político do território, em um sistema que articula economia e política. Há a exploração da terra, via exploração do trabalho escravo, e também controle político sobre o território, para que outras potências estrangeiras não viessem se apoderar disso. Então, há já no início da colonização o estabelecimento do latifúndio, que se reafirma em 1850 com a Lei de Terras. A lei transforma a terra numa mercadoria e, ao dizer que as pessoas só podem ter acesso à terra  na medida em que têm recursos para comprá-la, alija os escravos que estão em processo de libertação, os imigrantes que vão vir para substituir os escravos, os homens livres e pobres. Mantém-se o monopólio da terra e a concentração após a Lei de Terras e ao longo de toda a história do século XX. E agora, no século XXI, as sucessivas tentativas de realizar a reforma agrária no Brasil foram barradas pelo poder político do latifúndio. Isso, inclusive, se acentua nos últimos anos em função do caráter da modernização que se deu na agricultura brasileira a partir dos anos 1970. Essa modernização vem reforçar a concentração,  na medida em que aumenta a capacidade produtiva com a expulsão cada vez maior de trabalhadores da terra. Portanto, há uma persistência histórica da concentração da terra no Brasil que se refaz e se reforça até o momento pela incapacidade de os movimentos sociais  transporem essas barreiras políticas e de modernização técnica.

Você considera que o Brasil em algum momento tentou ou colocou em prática algum projeto de reforma agrária?

O momento que chegou mais próximo disso foi antes do golpe [civil-militar] de 1964. Naquele momento existia uma mobilização muito forte no campo, as Ligas Camponesas, a União dos Trabalhadores da Agricultura-ULTABs, o Movimento dos Agricultores sem Terra (Máster), havia uma diversidade grande de movimentos sociais rurais naquele momento, com uma articulação importante naquela história. E havia também por parte do governo João Goulart uma aposta na possibilidade da reforma agrária como parte das reformas de base. Entretanto, as forças conservadoras mais uma vez acabaram por triunfar. João Goulart anunciou em comício na Central do Brasil, no dia 13 de março de 1964, a desapropriação das terras localizadas nas imediações das rodovias e ferrovias federais. Menos de um mês depois  houve o golpe militar, em 1º de abril, e uma das razões fundamentais  foi justamente a reação à proposta de reforma agrária no Brasil. De lá para cá isso se repetiu muitas vezes: quando há uma força maior dos movimentos, há regressão do processo pela reação conservadora. Isso aconteceu em 1964, aconteceu com a Nova República, quando Tancredo Neves e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil construíram o primeiro plano nacional de reforma agrária e a UDR [União Democrática Ruralista] reagiu fortemente, esvaziando o plano, e, depois, na Constituição de 1988, quando a luta pela reforma agrária também foi esvaziada. Imaginava-se que o governo Lula iria efetivar a reforma agrária,  construiu-se a perspectiva do segundo plano nacional de reforma agrária e, mais uma vez, a força do agronegócio  se contrapôs com a justificativa de que tem uma importância enorme para a balança comercial. E aí se desconstruiu novamente a possibilidade da reforma. Então, reafirmou-se a todo momento este esvaziamento da reforma agrária. Quando os movimentos colocam na pauta as forças conservadoras se rearticulam e impedem que ela se efetive.

E há experiências em outras partes do mundo que tenham implementado propostas de reforma agrária que deram certo?

Podemos falar isso em movimentos que foram conduzidos na lógica da modernização capitalista, como é o caso dos Estados Unidos, que impuseram o processo na Ásia no final da Segunda Guerra Mundial – inclusive estabelecendo limite para o tamanho da propriedade da terra no Japão, na Coréia do Sul e em Taiwan. Na América Latina houve processos diferenciados e amplos de reforma agrária, alguns a partir da base, da mobilização popular – o caso do México é o mais emblemático, mas há também o da Nicarágua –  e outras  propostas de natureza reformista, como no Peru, no Chile ena Bolívia, em vários momentos históricos. A reforma agrária surge no mundo como uma medida de desenvolvimento do capitalismo e em outros casos foi associada a processos revolucionários, que é o caso da União Soviética, da China, de Cuba e outras situações sui generis. Então, a reforma agrária é algo que ao longo dos últimos 200 anos ocorre muitas vezes, em muitos países, com muitos sentidos e situações diferenciadas.Não há uma regra única  para esse processo.

A reforma agrária não é então algo necessariamente radical, como fazem parecer ser?

Não, em alguns casos ela foi exatamente um processo de modernização capitalista. Aliás, na década de 1960, o governo Kennedy, nos Estados Unidos, formula na chamada Aliança para o Progresso a ideia de que era preciso fazer reforma agrária na América Latina para conter processos mais amplos à semelhança do de Cuba. Então, inclusive, há uma construção da reforma agrária como uma medida anti-revolucionária. No Brasil, nada disso se concretizou, nem sequer reformas agrárias tímidas pontuais, anti-socialistas ou anti-revolucionárias. Na verdade sempre foram obstaculizadas pelas forças do latifúndio que não abrem mão do monopólio da terra. A terra tem se constituído como um bem econômico, que significa poder político e que dá acesso a fundos públicos, este é um outro elemento fundamental. A terra no Brasil é um dos mecanismos de acesso a financiamento e isso é uma estratégia que faz com que grandes grupos econômicos sejam grandes proprietários de terra, embora não sejam exatamente grandes produtores. Hoje no Pará, por exemplo, o grupo Oportunity do Daniel Dantas tem enormes extensões de terra para pretensos projetos agropecuários como lavagem de dinheiro, evasão de impostos e uma série de mecanismos que existem também do ponto de vista financeiro e que justificam o controle sobre a terra.

(nota do editor: O Banco comprou 56 fazendas que totalizam aproximadamente 600 mil hectares no sul do Para.  Recentemente o conselho Nacional de Justiça- CNJ, cancelou os titulos de mais de 6 mil fazendeiros no Pará que havia se apropriado de milhões de hectares de terras publicas de forma fraudulenta. entre eles havia uma fazenda do Oportunity)

Essa nova configuração que você descreve com a presença de grandes corporações também proprietárias de terra muda a correlação de forças no campo?

Sem dúvida. Embora o latifúndio seja persistente no Brasil, ele tem caras diferentes ao longo do tempo. O latifúndio já foi a cara do velho coronel das oligarquias agrárias, do senhor de engenho, e hoje o latifúndio, embora exista também assim, tem fundamentalmente a cara de grandes empresas capitalistas, grandes monopólios financeiros, grandes empresas transnacionais e grandes grupos empresariais brasileiros também, que, inclusive, se utilizam de instrumentos como grilagens de terras para se apropriar das terras públicas, e se utilizam de trabalho escravo ainda hoje. No ano passado, o Rio de Janeiro foi o estado com o maior índice de trabalho escravo no Brasil em função de casos identificados na usina Santa Cruz, que é arrendada pelo grupo J. Pessoa, o maior grupo usineiro do Brasil. Então, não estamos falando de um coronel atrasado no sertão, mas de grandes grupos empresariais, que trabalham com trabalho escravo aqui e altíssima tecnologia lá. O capital hoje articula as formas mais desenvolvidas possíveis tecnologicamente com as formas mais arcaicas de exploração do trabalho, não há contradições desse ponto de vista. Então, são interesses extremamente poderosos que existem hoje contra qualquer tipo de reforma agrária, e por que isso? Porque mesmo o agronegócio dito altamente produtivo necessita permanentemente de terras novas para sua expansão. Até porque desgasta profundamente o solo e, desgastando o solo, precisa de novas terras para se expandir, e se não tiver estoque de terras improdutivas não tem para onde avançar e não tem com se recompor. Por isso há uma necessidade desses setores, mesmo os ditos mais desenvolvidos da agricultura brasileira, de manterem estoques de terras paradas e situações arcaicas de produção. Por que os empresários não aceitam a atualização dos índices de produtividade para desapropriação de terras para reforma agrária, que são de 1975? Porque necessitam permanecer com estoque de terra parada para que ele possa lançar mão em algum momento.

(nota do editor: O Incra revelou há poucos dias que há hoje  130 mil imoveis de propriedade de empresas capitalistas que compraram terras e que controlam nada menos od que 177 milhoes de ha)

Esta proposta de atualização dos índices de produtividade também foi bastante combatida. Como está esta discussão?

A lei agrária de 1993 estabelece que por decreto interministerial os índices serão atualizados de tempos em tempos. E quando a lei estipulou os índices, o fez com base em dados super atrasados, do censo de 1975. Desde o primeiro governo Lula existe uma proposta de atualização dos índices de produtividade feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que está na mesa do gabinete civil da presidência para que seja assinado. A proposta nunca foi efetivada porque tem que ser um decreto interministerial e tem que ter assinatura do MDA e também do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que é o ministério que representa os interesses do agronegócio, do latifúndio, da grande propriedade da terra no Brasil. Os sucessivos ministros da agricultura sempre negaram acordo para atualização dos índices de produtividade e a força política deles sempre foi a bancada ruralista, que sempre disse que se houvesse atualização dos índices de produtividade o governo Lula perderia qualquer apoio deles. Então, há um processo claro de pressão política da bancada ruralista, que beira a chantagem, para a não atualização dos índices de produtividade e o governo Lula sucumbiu à força política destes setores.

E essa proposta atualiza os índices com base em que dados?

Ela utiliza os Censos Agropecuários de 1995 – 1996, não chega nem a utilizar o de 2006, até porque a proposta foi feita antes de o Censo ser liberado, e utiliza também os estudos da Embrapa e uma série de estudos para fazer a atualização desses índices. Mesmo utilizando os dados da década de 1990, melhoraria substancialmente em relação aos índices de produtividade de 1975. De lá para cá, os índices médios de produtividade subiram substantivamente.

Para além desta discussão do limite e dos índices de produtividade, existe a proposta de um novo modelo para a agricultura brasileira levantado pelos movimentos sociais do campo. Quais são as bases deste modelo?

A proposta do movimento e de setores que trabalham próximos aos movimentos do campo vai em quatro direções fundamentais. A primeira é a necessidade de romper com a histórica concentração fundiária, porque isso produz injustiça e desigualdade. A segunda é chamar atenção para o processo recente de internacionalização que a agricultura brasileira vem sofrendo, que se expressa também na compra de terras pelos estrangeiros.– Parece que agora o governo tentará alguma medida de restrição a isso, mas  problema não se resume  à compra de terras. Essa questão passa, por exemplo, pela crescente dominação das empresas transnacionais sobre a agricultura brasileira, impondo um aporte tecnológico com sementes, agroquímicos e a própria compra da produção agropecuária que cada vez mais é controlada  pelas grandes empresas internacionais. A terceira crítica é que, em função do latifúndio, há uma tendência cada vez maior de que se privilegie no Brasil a produção de matérias primas industriais e produtos para exportação, que interessam aos grandes grupos estrangeiros, e não a alimentação da população brasileira.

Cada vez mais tem se ampliado no Brasil a produção de soja, de milho, de cana de açúcar, monoculturas de eucalipto e de pinho para produzir celulose, contra a área destinada à produção de arroz, de feijão, dos alimentos básicos. É um modelo produtivo que atende a interesses externos e não àquilo que seria fundamental para ampliar a segurança alimentar da população brasileira. E o quarto elemento fundamental é que este modelo agrário vem acompanhado de uma lógica da violência, que expulsa trabalhadores do campo de forma violenta, realiza o trabalho escravoe explora altamente o trabalho daqueles poucos que sobram no campo. Um exemplo é a situação dos cortadores de cana que, para competir com as colheitadeiras. têm que aumentar cada vez mais a produtividade do seu trabalho, e isso implica jornadas cada vez mais exaustivas e problemas de saúde cada vez mais danosos  aos trabalhadores.

O outro elemento que também é conseqüência deste modelo é a devastação ambiental, o avanço sobre as florestas – está aí a pressão toda para se mudar o Código Florestal para poder avançar ainda mais este processo de desmatamento. E aliado  a isso há também um crescente uso de agroquímicos que fazem do Brasil hoje o campeão no uso de agrotóxicos, com um grau cada vez mais intenso de contaminação dos alimentos que ingerimos. É nesse sentido que os movimentos tem se contraposto a isso com o limite da propriedade da terra, a proposta da agroecologia como base de uma produção que ao mesmo tempo evite a devastação e conviva com os ecossistemas de forma mais equilibrada, e, sobretudo, não use essa enormidade de agrotóxicos que vem sendo utilizada. Esta proposta se baseia também em relações de trabalho muito mais justas do que as que estão colocadas atualmente.O conjunto desaas coisas é que está colocado como o contraponto da articulação. A crítica a esse modelo agrário dominante se rebate na defesa de um outro modelo que embasaria a proposta de reforma agrária, com base na democratização das condições de vida no campo e na rejeição desaas características que estão postas com este modelo – violência, superexploração do trabalho e devastação ambiental.

De acordo com a marcação do Incra, propriedades com mais de 15 módulos fiscais são consideradas grandes. Então, mesmo com a limitação em 35 módulos fiscais proposta pelo plebiscito, ainda teremos grandes propriedades no país. O que precisa ser esclarecido nesse sentido à população?

Pela legislação brasileira, imóveis de um a quatro módulos fiscais são considerados como pequena propriedade, de cinco a 15 são média propriedade e, acima de 15, grande propriedade. E o módulo varia de região para região de acordo com qualidade do solo, clima, infraestrutura, proximidade dos mercados. Tudo isso influi na definição do módulo fiscal de tal maneira que há módulos de 5 hectares, próximos aos grandes centros, até 110 hectares, que é o maior que temos no Brasil. Com a proposta do limite em 35 módulos fiscais, o tamanho variará de 175 hectares, próximo aos grandes centros, o que é muito, até 3.500 hectares em áreas mais distantes como a Amazônia. Veja que a proposta não está propondo acabar com a grande propriedade, que é acima de 15 módulos fiscais, está apenas acabando com as gigantescas – trata-se de reduzir a desigualdade e não acabar com ela. Então, não é no nível de radicalidade que alguns países fizeram.

Há países no mundo que estabeleceram limites muito mais restritos para a propriedade da terra, como no Japão, onde o limite é de 12 hectares, ou na Coréia do Sul, que é de três hectares. O limite que estamos propondo para o Brasil chega a 3.500 hectares e isso significa que propriedades do tamanho de aproximadamente 3.500 campos de futebol poderiam ser permitidas no país, variando de região para região. É uma proposta extremamente eficaz porque, atingindo apenas 50 mil imóveis, o que corresponde a 2% dos imóveis rurais do Brasil, seria possível obter 200 milhões de hectares para a reforma agrária.  Isso corresponde a quase 40% do total da área dos imóveis do Brasil. Portanto, atingindo muito poucos, permitiria-se um avanço muito grande da reforma agrária, beneficiando muitas populações do campo e da cidade. É uma medida com impacto extremamente positivo do ponto de vista social no Brasil.

Existe uma dimensão da demanda por terra no país?

Existem várias projeções em relação a isso. Há aquelas que trabalham com número de famílias acampadas, que seria a demanda mais direta pela terra,  cuja estimativa é de 150 a 200 mil famílias acampadas. Tem uma estimativa que toma como base uma proposta do governo Fernando Henrique, de cadastro de interessados via correio, que chegou a 800 mil famílias cadastradas. E  há dados do Censo Agropecuário que apontam os que seriam os assalariados em condição precária no campo: os arrendatários, parceiros, de forma geral, os trabalhadores rurais sem terra – que chegariam a quatro milhões de famílias aproximadamente. Se agregarmos isso ainda a milhões de famílias que foram expulsas do campo e vivem precariamente nas cidades, e algumas delas podem ter interesse em voltar para a terra, isso poderia chegar a 10 milhões de famílias.

Há variadas possibilidades de mensurar, desde a forma mais direta até a mais indireta. E de fato a medida poderia resolver tranqüilamente essa demanda. Neste sentido, o plebiscito é muito importante como instrumento de mobilização, de conscientização da sociedade em relação aos seus problemas, assim como os outros plebiscitos populares, como o da Alca, o da Vale e o da Dívida Externa. O objetivo, sobretudo, é provocar o debate na sociedade sobre a importância destas questões. E neste caso, a importância fundamental que tem a reforma agrária para o campo e para a cidade, para transformar esta realidade brasileira.

O plebiscito tem dois objetivos fundamentais: o primeiro é  o  de colocar o debate para a sociedade, e o segundo é, através do número de votos que se obtiver e das assinaturas que irá se recolher neste processo, poder impulsionar a proposta de emenda constitucional que visa a estabelecer efetivamente o limite para o tamanho da propriedade no Brasil. Não temos ilusão de que isto será uma batalha fácil, pelo contrário, mas é através do plebiscito que se coloca isso mais amplamente para a sociedade, o que  pode vir a gerar a pressão popular necessária para que isso possa acontecer. De alguma forma o plebiscito da Alca teve esse efeito, pelo menos tensionou o governo brasileiro para a questão e demonstrou que havia uma quantidade expressiva de brasileiros que rejeitava a proposta da Alca.

Veja vídeo com depoimento de Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia (MT), sobre a importância da luta do MST.

http://www.mst.org.br/eu-apoio-mst-pedro-casaldaliga

"O MST é uma força alternativa. É uma força autônoma e estritamente popular, no sentido forte da palavra. Inclusive, mais do que um movimento, eu diria que deve ser sempre um estímulo, uma cutucada, para a movimentação.

"O MST poderia desaparecer, porque já deixou uma marca que não se apaga. Eu espero que por muitos anos ainda… A não ser que se acabe com o agronegócio e com o latifúndio. Aí não vamos necessitar do MST. Enquanto o diabo estiver solto aí, necessitamos do MST…

"[A luta vai continuar] enquanto houver latifúndio, produtivo ou improdutivo, no meu entender, porque latifúndio é sempre acumulação, sempre é exclusão, sempre é prepotência”.

Divulgue!
—
Brigada de Audiovisual da Via Campesina

Frei Betto

ALAI AMLATINA, 03/08/2010.- El MST nunca desvió dinero público para
realizar ocupaciones de tierra: ésta es, en resumen, la conclusión de la
CPMI (Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación), integrada por
diputados federales y senadores, instaurada para comprobar si había
fundamento en las acusaciones, orquestadas por los señores
latifundistas, de que los movimientos comprometidos con la reforma
agraria se apoderaron de recursos oficiales.


En ocho meses fueron convocadas trece audiencias públicas. Y fueron
examinadas exhaustivamente las cuentas de decenas de cooperativas de
agricultores y de asociaciones de apoyo a la reforma agraria. No se
encontró nada anormal. Según el relator, el diputado federal Jilmar
Tatto (PT/SP), “fue una CPMI innecesaria”.

Aunque no tan innecesaria, pues demostró oficialmente que las denuncias
de la bancada ruralista en el Congreso son infundadas. Y se constató que
las entidades y movimientos volcados a favor de la reforma agraria
desarrollan un trabajo serio de mejoramiento de la agricultura familiar
y de calificación técnica de los agricultores.

Lo que pretendían los denunciantes era reavivar la antigua política
–descartada por el gobierno de Lula– de criminalizar a los movimientos
sociales brasileños. Ese tipo de terrorismo es bien conocido en la
historia de nuestro país: Monteiro Lobato fue encarcelado por propagar
que había petróleo en el Brasil (lo que perjudicó los intereses
usamericanos); fueron llamados comunistas los que defendían la creación
de Petrobras; y terroristas los que luchaban contra la dictadura y en
pro de la redemocratización del país.

La Comisión Parlamentaria significó, para quien insistió en instaurarla,
un tiro salido por la culata. Quedó claro para diputados y senadores
bien intencionados que es necesario votar cuanto antes el proyecto de
ley que prevé la desapropiación de propiedades rurales que utilizan
trabajo esclavo en sus tierras. Y resolver cuanto antes la cuestión de
los índices de productividad de la tierra.

La investigación sacó a la luz, no el supuesto bandidaje del MST y sus
afines, como acusaban los señores del latifundio, sino la importancia de
esos movimientos para ayudar a la población sin tierra. Éstos cuidan de
la organización de campamentos y asentamientos y de ese modo evitan la
migración que refuerza, en las ciudades, el cinturón de favelas y el
contingente de familias y de personas desamparadas, sujetas al trabajo
informal, al alcoholismo, a las drogas, a la criminalidad.

Según Jilmar Tatto, los enemigos de la reforma agraria “montaron toda
una acusación, un discurso rabioso, sembraron dudas en relación al
desvío de recursos públicos, y conocieron que la montaña había parido un
ratón. Porque no había ningún desvío. Las entidades y el gobierno
enseñaron todas sus cuentas. Fueron transparentes y en ningún momento se
consiguió identificar ni un centavo de desvío del erario público.
Quedaron desmoralizados (los denunciantes), y resolvieron ausentarse de
los trabajos de la CPMI. (…) Fue un trabajo productivo, en el sentido
de dejar claro que no hubo desvío de recursos públicos para realizar las
ocupaciones de tierras en el Brasil. Lo que sí hubo fue una oposición
montando una acusación muy seria contra el gobierno y contra el MST”.

Los diputados sensibles a la cuestión social se convencieron, gracias al
trabajo de la comisión, de que es necesario aumentar los recursos para
la agricultura familiar; garantizar que la legislación laboral sea
aplicada en la zona rural; e incentivar más las plantaciones
alternativas y los alimentos orgánicos, sobre cuya calidad nutricional
no recae la desconfianza que pesa sobre los transgénicos. Y, sobre todo,
intensificar la reforma agraria en el país, desapropiando, como lo exige
la Constitución, las tierras improductivas.

Datos recientes muestran que, en el Brasil, se ocupan 3 millones de ha
(hectáreas) para la producción de arroz y 4,3 millones para fríjol.
Según el geógrafo Ricardo Álvarez, si lo comparamos con los 851 millones
de ha que forman este coloso llamado Brasil, veremos que las cifras son
raquíticas. Apenas el 0,85% del territorio nacional está ocupado con el
cereal y la leguminosa. Un aumento de apenas 20% del área plantada
significaría pasar de 7,3 a 8,7 millones de ha, con fuerte impacto en la
alimentación del pueblo brasileño.

Para Álvarez, el aumento de la producción llevaría a la caída de
precios, que es malo para el productor, y bueno para los consumidores.
Le correspondería entonces al gobierno implantar una política de
ampliación de la producción de alimentos, garantizar precios mínimos,
forzar a la ocupación de la tierra, combatir el latifundio, crear
empleos en el campo y atacar el hambre. Lo cual sería una actuación más
eficaz, gracias a ese 20% de aumento del área plantada, que el
asistencialismo alimentario.

El latifundio ocupa hoy más de 20 millones de ha para soja. Al comienzo
de los años 90, esa cantidad andaba por los 11,5 millones. La caña de
azúcar subió de 4,2 a 6,5 millones de ha en el mismo período. En cambio
el arroz y el fríjol sufrieron una reducción del área plantada. Hoy el
brasileño consume más masa que la tradicional combinación de arroz y
fríjol, de gran valor nutritivo.

Álvarez concluye: “No faltan tierras en el Brasil, faltan políticas de
distribución de las mismas. No faltan empleos, falta voluntad de
enfrentar la tierra improductiva. No falta comida, falta orientar la
producción para atender a las necesidades básicas de nuestra población”.
(Traducción de J.L.Burguet)

– Frei Betto es escritor, autor de “Calendario del Poder” (Rocco), entre
otros libros. www.freibetto.org Twitter:@freibetto

14 de julho de 2010 Do Blog da Reforma Agrária

Quem acompanhou a CPMI contra Reforma Agrária sabe que a bancada ruralista simplesmente não compareceu às sessões. Foram seis meses em entidades de apoio à reforma agrária foram ouvidas, tal como órgãos de governo. E a bancada ruralista? Boicote! Agora que o relatório oficial está pronto, os ruralistas acharam uma jurisprudência que pode obrigar a Câmara a prorrogar a Comissão, mesmo ser consultada. O Senado, por sua vez, leu o requerimento que pede mais seis meses de investigação.

E o voto separado do DEM? Os latifundiários não apresentaram nenhum relatório alternativo. O voto separado? Retiraram de última hora. No lugar, mostraram um novo plano de trabalho para a CPMI.

Ora, alguém dúvida que mais seis meses só servirão para gastar mais dinheiro público em cima de denúncias já investigadas pelo TCU e Ministério Público? Lembremos que dia 17 de julho o Congresso Nacional entra em recesso. Depois entra o período eleitoral. Prato cheio para que os oligarcas que ainda permanecem no poder usem o espaço para se cacifar politicamente. angariar alguns votos de outros latifundiários.

"Ruralistas querem manter no ar a criminalização", afirma Ivan Valente Por Verena Glass
Para o Blog da Reforma Agrária

O deputado federal Ivan Valente (PSOL) avalia que "a participação das entidades de reforma agrária nas audiências da CPMI foi importante para mostrar o excelente trabalho desempenhado na execução dos convênios firmados com os entes públicos". Em resposta às acusações de desvio de recursos públicos de entidades sociais para ocupações de terras, Valente relata que "não vimos qualquer ação administrativa que fuja aos padrões de transparência e legalidade no uso dos recursos públicos".

O relator Jilmar Tatto (PT) apresentou na quarta-feira o relatório final da CPMI, que será votado nesta quarta-feira. O plano de trabalho da CPMI prevê seu encerramento até dia 17 de julho. Os ruralistas ainda tentam, antes da sessão desta quarta-feira, prorrogar a CPMI, mesmo sem os trâmites comuns do Congresso Nacional.

"Trata-se de uma tentativa de manter no ar a criminalização dos movimentos sociais, particularmente do MST. De manter em permanente suspense essa questão e de buscar não encerrar este capítulo. É mais uma ação desta campanha do agronegócio de criminalizar os movimentos", afirma Valente. Abaixo, leia a entrevista do deputado federal Ivan Valente ao Blog da Reforma Agrária.

O relatório final da CPMI apresentado na ultima reunião da comissão considera que as acusações de irregularidades na aplicação de recursos públicos em programas e projetos de reforma agrária são improcedentes. Isso fecha, legalmente, o capítulo das denúncias sobre desvios de verbas em convênios do governo com os movimentos sociais?

Desde a CPMI da Terra em 2005, os ruralistas insistem na tentativa de demonstrar irregularidades em convênios com cooperativas utilizando recursos públicos, visando prejudicar os movimentos sociais pela reforma agrária, impedindo assessoria técnica e prestação de serviços à comunidade. Em nome da exigência de transparência e legalidade que todos nós defendemos, o que se quer é tentar inviabilizar a luta e criminalizar os movimentos sociais. Aqui se trata fundamentalmente de uma luta política. Por isso, o relatório da CPMI encerra um capítulo, mas possivelmente, os que não querem a reforma agrária continuarão com suas
pressões políticas.

Como o senhor vê a tentativa dos ruralistas de tentar, de qualquer forma, prorrogar a CPMI até janeiro?
Trata-se de uma tentativa de manter no ar a criminalização dos movimentos sociais, particularmente do MST. De manter em permanente suspense essa questão e de buscar não encerrar este capítulo. É mais uma ação desta campanha do agronegócio de criminalizar os movimentos.

Apesar das evidências de que não houve desvios na aplicação de recursos públicos nos convênios com as organizações sociais, a bancada ruralista prometeu apresentar um relatório paralelo. Do ponto de vista legal, o que poderia sustentar medidas de criminalização dos movimentos, dada a comprovação da inexistência de ilícitos cometidos?

A apresentação de Voto em Separado (Relatório Paralelo) é prevista no Regimento Comum do Congresso Federal e tem justamente o condão de possibilitar que posições divergentes sejam apreciadas por uma Comissão. Em seu relatório, os ruralistas podem, em tese, apresentar dados que não foram considerados pelo relator em seu parecer, chegando a uma conclusão diferente daquela apresentada por ele. Caso o relatório principal seja rejeitado pela comissão, o Voto em Separado é colocado em votação e pode tornar-se o relatório final da Comissão, a exemplo do que ocorreu em 2005 na CPMI da Terra. Para isso, os representantes do agronegócio teriam que ter maioria para vencer o voto do relator. O mais provável é que os ruralistas usem o voto em separado para fazer disputa política no Congresso e, particularmente, na grande mídia que lhe dá cobertura.

O relatório da CPMI considera que a reforma agrária é e continuará necessária para o desenvolvimento rural do país, e recomenda ao ejecutivo e ao legislativo a atualização dos índices de produtividade e a priorização da votação em segundo turno da PEC do Trabalho Escravo. Qual é a força legal destas recomendações? Ou então, por ter sido fruto de uma CPMI, qual a sua força política?

O Brasil é um dos poucos países no mundo que nunca fizeram reforma agrária, mesmo diante da escandalosa concentração de terra e riqueza existente no país. Mais do que isso, é preciso combater a lógica do grande capital no campo, que martela a essencialidade do papel exportador do agronegócio, a partir da grande propriedade, afirmando que não é mais necessária uma reforma no campo brasileiro. Isto precisa ser permanentemente desmistificado, mostrando que é na pequena propriedade e na agricultura familiar onde se gera mais emprego e produz mais alimentos para o nosso povo.

São excelentes as recomendações que pregam a atualização dos índices de produtividade, que o próprio governo assumiu perante os movimentos sociais pela reforma agrária e depois recuou. E, também, a votação imediata da PEC do trabalho escravo (PEC 348), que desapropria propriedades para fins de reforma agrária onde for flagrado trabalho em condições degradantes, análogas ao trabalho escravo. É uma vergonha que essa PEC espere ainda para ser votada em segundo turno na Câmara dos Deputados, por resistencia dos ruralistas. Do ponto de vista legal, porém, as recomendações apresentadas no relatório final não têm a eficácia desejada. Elas não têm o caráter de vincular os poderes Executivo e Legislativo à execução das mesmas. Sua força é política e de opinião sobre o Congresso, com o simbolismo de que os poderes se omitem diante de temas da mayor relevância, se não levarem adiante as recomendações.

Como você avalia o trabalho das entidades da reforma agrária (Anca, Concrab, Cepatec, Inocar, Itac e Fepafi) que participaram das audiencias públicas da CPMI?

Como muito positivo na assistência técnica, formação e viabilização econômica da produção. Também não vimos qualquer ação administrativa que fuja aos padrões de transparência e legalidade no uso dos recursos públicos. A participação das entidades de reforma agrária nas audiencias da CPMI foi importante para mostrar o excelente trabalho desempenhado na
execução dos convênios firmados com os entes públicos.

Qual a importância desses convênios para a execução de políticas públicas nos assentamentos e nas áreas rurais?

Os convênios analisados no decorrer desta CPMI demonstram a necessidade de investimento em programas sociais que integrem a população assentada. Não se trata apenas de assentar e abrir uma linha de crédito. Mas sim de fornecer capacitação técnica, educacional; de proporcionar acesso à cultura e ao lazer. Enfim, de conferir um caráter mais amplo à execução das políticas públicas de Reforma Agrária, embora estas ainda sejam poucas ante a demanda apresentada no país.

Nas considerações finais do relatório, consta uma recomendação para que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) organize uma força tarefa para analisar o estoque de mais de 50 mil processos em que as prestações de contas não foram analisadas. Estes processos incluem organizações vinculadas ao setor ruralista, como entidades da CNA?

O relatório do TCU que buscou a recomendação da força tarefa no MPOG para analisar cerca de 50 mil processos não faz referência nem detalha quais foram os processos que não tiveram suas análises realizadas, apresentando tal dado de forma genérica. É bem possível que existam organizações vinculadas ao setor ruralista naquela lista.

No decorrer da CPMI, o senhor e outros parlamentares solicitaram a análise de convênios com entidades dos ruralistas. Por quê? Estas análises foram feitas?

Foram solicitadas à Controladoria Geral da União cópias dos relatórios de auditorias realizadas por aquele órgão junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, uma vez que esta entidade recebe recursos públicos de origem parafiscal, sujeito à fiscalização do Poder Público. Da mesma forma, solicitamos o envio à CPMI de cópias dos balanços fiscais dos últimos cinco anos do SENAR nacional, tendo em vista que, em diversos acórdãos (1620/2008; 1239/2005; 2286/2008; 919/2005; 2753/2005) , o TCU constata a íntima relação entre o uso dos recursos do sistema SENAR e os trabalhos administrativos da Confederação Nacional de Agricultura e Federações Estaduais de Agricultura, o que configura irregularidade que merece investigação pela CPMI. Tais análises não foram realizadas pela CPMI, uma vez que os requerimentos que solicitavam tais informações não chegaram a ser apreciados pela Comissão.

 

 

Não identificamos um centavo de desvio de recurso público, afirma relator da CPMI

Por Aline Scarso Da Radioagência NP Para o Blog da Reforma Agrária

Não há desvio de dinheiro público para a ocupação de terra no Brasil. Foi
o que concluiu o relatório da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito), que investigou a ligação entre entidades da reforma agrária e
ministérios do governo. No total, foram realizadas treze audiências
públicas em oito meses. A CPMI também investigou as contas de dezenas de
cooperativas de agricultores e associações de apoio à reforma agrária.

Para o relator da CPMI, deputado federal Jilmar Tatto (PT/SP), ?foi uma
CPMI desnecessária?.

?São entidades sérias que desenvolvem um trabalho de aperfeiçoamento e de
qualificação técnica do homem do campo. O que deu para perceber foi que a
oposição, principalmente o DEM e o PSDB, estavam com uma política de
criminalizar o movimento social no Brasil. Tanto é verdade que, depois de
instalada a CPMI, eles praticamente não apareceram nas reuniões.?

O deputado federal Onxy Lorenzoni (DEM/RS) pediu vista do relatório
durante a última sessão. Com isso, uma nova reunião foi marcada para a
próxima quarta-feira (14). A expectativa é de que a bancada ruralista
coloque em votação um relatório paralelo à relatoria oficial, mesmo não
tendo participado das audiências de investigação.

Clique aqui e leia o relatório final

Abaixo, leia entrevista com deputado federal Jilmar Tatto (PT/SP).

A CPMI foi criada para investigar desvios de recursos públicos de
convênios entre ministérios e entidades sociais para a ocupação de terras.
Qual a conclusão depois de oito meses de trabalho?

Foi uma CPMI desnecessária. A oposição fez uma carga muito grande, dizendo
que havia recursos públicos desviados para a ocupação de terras no Brasil.
Depois de um trabalho intenso e exaustivo, verificando todas as contas de
dezenas de entidades, que fizeram convênios com o governo federal,
concluímos que não é nada disso. São entidades sérias, que desenvolvem um
trabalho de aperfeiçoamento e qualificação técnica, principalmente para o
homem do campo. O que deu pra perceber é que a oposição, principalmente o
DEM e o PSDB, estavam com uma política de criminalizar os movimentos
sociais no Brasil. Tanto é verdade que, depois de instalada a CPMI, eles
praticamente não apareceram nas reuniões. Foi a demonstração de que eles
realmente estavam interessados mais em desgastar o governo federal, o MST
e criminalizar o movimento social. Infelizmente, foi isso que aconteceu na
criação dessa CPMI.

Como você avalia o trabalho das entidades da reforma agrária (como Anca,
Concrab, Cepatec, Inocar, Itac e Fepafi), que participaram das audiência
públicas na CPMI?

A oposição, em certa medida, no primeiro momento, conseguiu atrapalhar. Os
convênios estavam acontecendo e, na medida em que ficam fazendo denúncias
vazias em relação a essas entidades, atrapalham o seu trabalho junto aos
produtores rurais assentados. Uma parte do seu objetivo a oposição
conseguiu: justamente romper parte desses convênios. Eu acho que era isso
que ela queria. Ficou comprovado que essas entidades, que fazem um
trabalho com os assentados, produtores e pequenos proprietários de terra,
ligados à agricultura familiar e às cooperativas, é muito importante para
o Brasil. São entidades que trabalham com a produção de orgânico, a
qualificação da melhor maneira de aproveitamento da terra e manuseio das
sementes. Do ponto de vista pessoal, foi um aprendizado. Do ponto de visto
político, foi um desastre, porque essa CPMI veio para prejudicar o campo,
principalmente os pequenos produtores e assentados. Tem algumas questões
de competência do legislativo que precisam ser aprimoradas.

Quais são as medidas mais importantes propostas no relatório?

Por exemplo, a questão do trabalho escravo. Essa lei [que prevê a
desapropriação das terras dos proprietários que usam trabalho escravo]
precisa ser votada urgente, que criminaliza quem pratica a vergonha do
trabalho escravo, principalmente pelo agronegócio. Outra questão que
precisa ser resolvida é dos índices de produtividade. Estou propondo
também uma lei que regule os convênios. Porque a cada hora que se muda os
governos, tem um procedimento em relação aos convênios com as entidades.
Por isso, tem que normatizar, definir em lei como funcionam esses
convênios, para desburocratizar, deixar transparente e facilitar esses
convênios. Dessa forma, essas entidades e outras poderão desenvolver seu
trabalho de forma tranquila, sem cometer erros de procedimento ? não de
má-fé ? porque não está claro na legislação de como proceder na prestação
de contas.

Já é possível pensar alguns pontos dessa lei para regular os convênios?

Tem que tratar diferente os desiguais. Uma coisa é fazer um convênio com
entidades patronais, que têm uma estrutura muito grande, nas áreas
jurídica, contábil e administrativa. Outra coisa são entidades pequenas,
que não têm essa estrutura. A lei tem que facilitar o trabalho, e os
convênios, evidentemente, terão todo rigor na aplicação dos recursos
públicos. Se tem a garantia de que a aplicação dos recursos está dentro do
objeto, não precisa de tantos mecanismo, porque temos que partir do
princípio da boa fé. Uma das ideias é colocar na legislação os
procedimentos, porque nem sempre isso está claro, prejudicando as
entidades que não têm uma estrutura administrativa de grande porte.

Qual a importância desses convênios para a execução de políticas públicas
nos assentamentos e nas áreas rurais?

É fundamental. É onde o Estado não consegue chegar, e se chega faz de
forma atabalhoada, sem critério. Essas entidades fazem a ponte dos órgãos
do Estado com aquelas pessoas que mais precisam. Fazem um trabalho
fundamental de resgate da cidadania, de setores da sociedade que estão
marginalizados. Por isso, um governo democrático, preocupado com a
melhoria da qualidade de vida de todos e todas, precisa fortalecer esse
tipo de entidade no Brasil.

Na sua avaliação, por que a bancada ruralista ficou ausente durante as
audiências com representantes das entidades e dos ministérios?

Eles fizeram toda uma carga, um discurso muito raivoso, colocaram dúvidas
em relação ao desvio de recursos públicos e perceberam que a montanha
tinha parido um rato. Porque não havia desvio nenhum. As entidades e o
governo abriram todas as suas contas. Foi transparente e, em nenhum
momento, conseguiram identificar um centavo de desvio de recurso público.
Foram desmoralizados, e resolveram se ausentar dos trabalhos da CPMI. De
todo modo, nós aprovamos um plano de trabalho, cumprimos a nossa
obrigação, investigando aquilo que o Congresso definiu como prioridade.
Nesse período, ouvimos todas as entidades e órgãos do governo envolvidos e
fizemos um debate sobre a questão agrária no Brasil. Foi um trabalho
produtivo, no sentido de deixar claro que não houve desvio de recurso
público para fazer ocupação de terras no Brasil. O que houve foi a
oposição fazendo uma carga muito grande contra o governo e o MST.

O prazo final da CPMI, previsto no plano de trabalho, é 17 de julho. O
prazo para a prorrogação da CPMI acabou. O Onyx Lorenzoni anunciou que vai
apresentar um relatório paralelo. Qual a perspectiva para a aprovação do
seu relatório na próxima semana?

Eles tentaram, como último suspiro, prorrogar a CPMI, mas eles não
conseguiram as assinaturas. Então, só cabe à oposição apresentar um
relatório alternativo. Está convocada uma reunião para esta quarta-feira,
às 14h, pra votar o relatório. Provavelmente, vai ser votado meu relatório
contra o da oposição. Se der quórum, e tivermos maioria, a gente aprova o
nosso relatório. Se não, de todo modo, já apresentei o relatório. É o que
vale. A CPMI termina no dia 17 de julho, com os trabalhos concluídos,
comprovando que não houve desvio de recursos públicos.

E os ruralistas vão apresentar um relatório mesmo não comparecendo às
sessões?

Exatamente. Essa é a contradição. De novo, estão fazendo politicagem. Tem
alguns deputados e senadores, ligados aos ruralistas, que precisam fazer
prestação de contas, porque na prática fizeram muito pouco na defesa dos
ruralistas na CPMI. É mais para mostrar para os setor deles que estão
trabalhando. Esse relatório tem mais essa função, porque do ponto de vista
objetivo não tem sentido apresentar um relatório alternativo. Até porque
nem sei o que eles vão escrever nesse relatório. Vai ser mais um discuso
político de campanha eleitoral, para atender os interesses do agronegócio,
do que propriamente algo que trata de desvios de recursos públicos.

A partir das investigações, o que precisa ser feito para o país resolver
os conflitos no campo e enfrentar o problema da pobreza dos trabalhadores
rurais?

Precisamos continuar investindo bastante na agricultura familiar, o que o
governo tem feito, aumentando os recursos cada vez mais. Temos que
garantir que a legislação trabalhista seja aplicada, rever os índices de
produtividade, incentivar cada vez mais plantios alternativos, ligados à
questão de alimentos orgânicos, produzindo alimentos de qualidade e do
ponto de vista nutricional adequado. E, ao mesmo tempo, acelerar e
intensificar o processo de desapropriação e de reforma agrária no país.
Fazer um mapeamento, por meio de georreferenciamento, de todas as terras
no Brasil ? tanto as que pertencem ao governo como as privadas. Definir
claramente quem são os donos dessas terras e, aquelas que não forem
produtivas, como diz a Constituição, devem ser desapropriadas para fazer a
reforma agrária. É preciso acelerar esse processo, que teve avanços no
governo Lula, mas precisamos continuar cada vez mais para fazer com que as
pessoas do campo também possam ter uma qualidade de vida mais adequada.