Rio de Janeiro, 15 a 22 de junio de 2012.

Movimientos sociales y populares, sindicatos, pueblos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo presentes en la Cúpula de los Pueblos en Rio+20 por Justicia Social y Ambiental, pudieron vivir en los campamentos, las movilizaciones masivas, los debates y la construcción de las convergencias y alternativas, conscientes de que somos sujetos de otra relación entre humanos y humanas y entre la humanidad y la naturaleza, asumiendo el desafío urgente de frenar la nueva fase de recomposición del capitalismo y de construir, a través de nuestras luchas, nuevos paradigmas de la sociedad.

La cúpula de los Pueblos es el momento simbólico de un nuevo ciclo en la trayectoria de las luchas globales que produce nuevas convergencias entre movimientos de mujeres, indígenas, negros, juventud, agricultores/as familiares y campesinos/as, trabajadores/as, pueblos y comunidades tradicionales, quilombolas, luchadores por el derecho a la ciudadanía, y religiones de todo el mundo. Las asambleas, movilizaciones y la gran Marcha de los Pueblos fueron los momentos de máxima expresión de estas convergencias.

 Las instituciones financieras multilaterales, las coaliciones al servicio del sistema financiero, como el G8/G20, la captura corporativa de la ONU y la mayoría de los gobiernos demostraron irresponsabilidad con el futuro de la humanidad y del planeta y promovieron los intereses de las corporaciones en la conferencia oficial. Contrastando con esto, la vitalidad y la fuerza de las movilizaciones y los debates en la Cúpula de los Pueblos fortalecieron nuestra convicción de que sólo el pueblo organizado y movilizado puede liberar el mundo del control de las corporaciones y del capital financiero.

Hace veinte años el Fórum Global, también realizado en Aterro do Flamengo, denunció los riesgos que la humanidad y la naturaleza corrían con la privatización y el neoliberalismo. Hoy afirmamos que, además de confirmar nuestro análisis, se produjeron retrocesos significativos en relación a los derechos humanos, ya reconocidos. Rio+20 repite el camino fallido de falsas soluciones defendidas por los mismos actores que provocaron la crisis global. A medida que esta crisis se acentúa, las corporaciones van atacando los derechos de los pueblos, la democracia y la naturaleza, secuestrando los bienes comunes de la humanidad para salvar el sistema económico-financiero.

 Las múltiples voces y fuerzas que convergen alrededor de la Cúpula de los Pueblos denuncian la verdadera causa estructural de la crisis global: el sistema capitalista asociado al patriarcado, al racismo y a la homofobia. Las corporaciones transnacionales continúan cometiendo sus crímenes con la sistemática violación de los derechos de los pueblos y de la naturaleza con total impunidad. Igualmente avanzan sus intereses a través de la militarización, la criminalización de los modos de vida de los pueblos y de los movimientos sociales promoviendo la desterritorialización en el campo y la ciudad. 

 Avanza sobre el territorio y las espaldas de los trabajadores/as del sur y el norte. Hay una deuda ambiental histórica que afecta mayoritariamente los pueblos del sur del mundo que debe ser asumida por los países altamente industrializados que causaron la actual crisis del planeta. El capitalismo también nos conduce a la pérdida del control social, democrático y comunitario sobre los recursos naturales y servicios estratégicos, que continúan siendo privatizados, convirtiendo derechos en mercancías y limitando el acceso de los pueblos a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia.

 La actual fase financiera del capitalismo se expresa a través de la llamada economía verde y de viejos y nuevos mecanismos, tales como la profundización del endeudamiento público-privado, el sobre-estímulo al consumo, la apropiación y concentración de las nuevas tecnologías,  los mercados de CO2 y biodiversidad, la apropiación y extranjerización de tierras y las ocupaciones  público-privadas, entre otros.

Las alternativas están en nuestros pueblos, nuestra historia, nuestras costumbres, conocimientos, prácticas y sistemas productivos, que debemos mantener, revalorizar y ganar escala como proyecto contra-hegemónico y transformador. La defensa de los espacios públicos en las ciudades, con gestión democrática y participación popular, la economía cooperativa y solidaria, la soberanía alimentaria, un nuevo paradigma de producción, distribución y consumo, el cambio de la matriz energética,  son ejemplos de alternativas reales frente al actual sistema agro-urbano-industrial.

 La defensa de los bienes comunes pasa por la garantía de una serie de derechos  humanos y de la naturaleza, por la solidaridad y respeto a las cosmovisiones y creencias de los diferentes pueblos, como, por ejemplo, la defensa del “Bien Vivir” como forma de existir en armonía con la naturaleza, o que presupone una transición justa para ser construida con los trabajadores/as y pueblos. La construcción de la transición justa supone la libertad de organización y el derecho a la contratación colectiva y políticas públicas que garanticen formas de empleo decentes.

 Reafirmamos la urgencia de la distribución de la riqueza y la  renta, del combate al racismo y al etnocidio, de la garantía del derecho a la tierra y al territorio, del derecho a la ciudad, al medio ambiente y al agua, a la educación, a la cultura, a libertad de expresión y a la democratización de los medios de comunicación, y la salud sexual y  reproductiva de las mujeres. El fortalecimiento de diversas economías locales y de los derechos territoriales garantizan la construcción comunitaria de las economías más vibrantes. Estas economías locales proporcionan medios de vida sustentables locales, la solidaridad comunitaria, componentes vitales de la resilencia de los ecosistemas. La mayor riqueza es la diversidad de la naturaleza y la diversidad cultural asociada que están íntimamente relacionadas.

 Los pueblos quieren decidir para qué y a quién se destinan los bienes comunes y energéticos, además de asumir el control popular y democrático de su producción. Un nuevo modelo enérgico está basado en energías renovables descentralizadas y que garantice energía para la población y no para corporaciones. La transformación social exige convergencia de acciones, articulaciones y agendas comunes a partir de las resistencias y propuestas necesarias que estamos discutiendo en todos los rincones del planeta. La Cúpula de los Pueblos en Rio+20 nos encoraja a seguir en frente de nuestras luchas.

Comitê Facilitador da Sociedade Civil na Rio+20 – Cúpula dos Povos

Jueves 21 de junio de 2012

Na manhã desta quinta feira, jagunços travestidos de seguranças da Fazenda Cedro, de propriedade do Banqueiro Daniel Dantas, atiraram contra um grupo de trabalhadores rurais sem terra ligados ao MST no Sudeste do Pará que realizavam um ato político de denuncia da grilagem de terra publica, de desmatamento ilegal, uso intensivo de venenos na área e violência cotidiana contra trabalhadores rurais. Até o momento há confirmação de que 16 trabalhadores foram feridos à bala, sendo que, alguns deles estão em estado grave. Não há confirmação de mortes.

 

Cerca de 300 famílias já estão acampadas nessa fazenda desde o dia 1º de março de 2010. Ao todo, foram 06 fazendas do Grupo de Dantas ocupadas pelos movimentos sociais no período. Mesmo a então juíza da Vara Agrária de Marabá tendo negado o pedido de liminar de despejo feito pelo grupo à época, o Tribunal de Justiça do Estado, cassou a decisão da juíza de autorizou o despejos de todas as famílias.

 Através de mediação da Ouvidoria Agrária Nacional, foi proposto um acordo judicial perante a Vara Agrária de Marabá, através do qual, os Movimentos Sociais, com apoio do INCRA, desocupariam três fazendas (Espírito Santo, Castanhais, Porto Rico) e outras três (Cedro, Itacaiunas e Fortaleza) seriam desapropriadas para o assentamento das famílias. O Grupo Santa Bárbara, que administra as fazendas do Banqueiro, concordou com a proposta. Em ato contínuo, os trabalhadores sem terra desocuparam as três fazendas, mas, o Grupo Santa Bárbara tem se negado a assinar o acordo.

 A formação dessa (Fazenda Cedro) e de muitas outras fazendas adquiridas pelo Grupo Santa Bárbara no sul e sudeste do Pará (ao todo, adquiriram mais de 60 fazendas num total de mais de 500 mil hectares) vem de uma trama de ilegalidades históricas envolvendo grilagem, apropriação ilegal de terras públicas, fraude em Títulos de Aforamento, destruição de castanhais, trabalho escravo e prática de muitos outros crimes ambientais. História, que até o momento, por falta de coragem política, nem o INCRA e nem o ITERPA se propôs a enfrentar. Terras públicas cobertas de floresta de castanheiras se transformaram em pastagem para criação extensiva do gado.

 Frente à situação exposta o MST exige:
– A liberação imediata das três fazendas para o assentamento das famílias dos Movimentos sociais;

– Uma audiência urgente no INCRA de Marabá, com a presença da SEMA, do ITERPA, da CASA CIVIL para encaminhamento do assentamento e apuração dos crimes ocorridos na área.

– Apuração imediata, por parte da polícia do Pará dos crimes, cometidos contra os trabalhadores.

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST Pará. Comissão Pastoral da Terra – CPT Marabá

Los pueblos del mundo frente a los avances del capitalismo: Rio +20 y más allá

Los gobiernos de todo el mundo se reunirán en Río de Janeiro, Brasil del 20 al 22 de junio de 2012, para supuestamente conmemorar 20 años de la "Cumbre de la Tierra", la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que estableció por primera vez una agenda global para el "desarrollo sostenible". Durante esa cumbre, en 1992, se adoptaron tres convenios internacionales: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio de Lucha contra la Desertificación. Cada una de ellos prometía poner en marcha un conjunto de acciones destinadas a proteger el planeta y la vida sobre él, y contribuir a que todos los seres humanos gocemos de una vida digna.

Muchas organizaciones sociales en ese momento saludamos y apoyamos con esperanza las nuevas convenciones. Veinte años después, vemos que las causas reales del deterioro ambiental, económico y social siguen sin ser atacadas. Peor aún, nos alarma profundamente que la próxima reunión de junio servirá para profundizar las políticas neoliberales y los procesos de expansión capitalista, concentración y exclusión que nos tienen hoy envueltos en una crisis ambiental, económica y social de gravísimas proporciones. Bajo el nombre engañoso y mal intencionado de “economía verde” , hoy se anuncian nuevas formas de contaminación y destrucción ambiental, así como nuevas olas de privatización, monopolización y expulsión desde nuestras tierras y territorios.

 

La Vía Campesina se movilizará para este evento, representando a la voz campesina en el debate mundial y defendiendo un camino diferente de desarrollo, arraigado en el bienestar de todos y todas, que garantice los alimentos para todos, que proteja y garantice que los bienes comunes y los recursos naturales estén al servicio de un buen vivir para todas y todos y no de las necesidades de acumulación de unos pocos.

 

20 años después: el planeta y la humanidad en crisis

20 años después de la Cumbre de la Tierra, el conjunto de la vida en el planeta se ha vuelto dramáticamente difícil. El número de personas hambrientas ha aumentado a casi mil millones, lo que significa que uno de cada seis seres humanos está pasando hambre, principalmente niños y mujeres del campo. La expulsión desde nuestras tierras y territorios sigue avanzando de manera acelerada, ya no sólo por las condiciones de desventaja que se nos imponen desde los tratados comerciales y el sector industrial, sino por nuevas formas de acaparamiento de la tierra y el agua, la imposición global de formas de propiedad intelectual que nos roban nuestras semillas, por la invasión de semillas transgénicas, el avance de las plantaciones de monoculivos, los megaproyectos, la minería.

 

Las grandes promesas de Río 92 han resultado una farsa. El Convenio de Biodiversidad no detuvo la destrucción de la biodiversidad y fortaleció y generó nuevos mecanismos destinados a privatizarla y convertirla en mercancía. La desertificación sigue avanzando de la mano de la agricultura industrial y la expansión de los agronegocios y de las plantaciones de monocultivos. El calentamiento de nuestro planeta -con todo los desastres y el sufrimiento dramático que ya está causando- no se ha detenido, sino que se ha acelerado y agravado.

 

El gran engaño de 1992 fue el “desarrollo sustentable”, que inicialmente las organizaciones sociales vimos como una posibilidad de enfrentar la raíz de los problemas. Sin embargo, no fue más un lavado de cara de la búsqueda de nuevas formas de acumulación. Hoy buscan legitimar una nueva fachada, especialmente bajo el nombre de “economía verde”

 

 

La “economía verde” y otras falsas soluciones: un nuevo asalto a los pueblos y sus territorios

La ganancia capitalista ha generado la mayor crisis del sistema desde 1929. Desde 2008, el sistema hegemónico intenta encontrar salidas a su crisis estructural, buscando nuevas posibilidades de acumulación que mantengan su lógica. Es en este contexto que ocurrió la captura corporativa de los convenios de diversidad biológica y cambio climático y, consecuentemente, el desarrollo de esta nueva ingeniería financiera llamada Capitalismo Verde.

Gobiernos, empresarios y los organismos de Naciones Unidas han pasado los últimos años construyendo el mito de la “economía verde” y del “enverdecimiento de la tecnología”. La presentan como la nueva posibilidad de hacer coincidir el cuidado de la Tierra con los negocios, pero es en realidad la vía para lograr nuevos avances del capitalismo, hasta poner a todo el planeta bajo el control de los grandes capitales. Son varios los mecanismos que se impulsarán a través de la economía verde y todos ellos aumentarán la destrucción. Más específicamente,

 

1. La economía verde no busca detener el cambio climático ni el deterioro ambiental, sino generalizar el principio que quien tiene dinero puede seguir contaminando. Hasta el momento han utilizado la farsa de la compra de bonos de carbono para poder seguir emitiendo gases invernadero. Hoy están inventando los bonos de biodiversidad. Es decir, las empresas podrán seguir destruyendo bosques y ecosistemas, siempre y cuando le paguen a alguien para que supuestamente conserve la biodiversidad en algún otro lado. Mañana posiblemente inventen los bonos de agua, de paisaje, de aire puro.

 

1. Los sistemas de pago por servicios ambientales se están utilizando para quitarle sus tierras y territorios a los pueblos indígenas y campesinos. El mecanismo que están impulsando con más fuerza gobiernos y empresas es el sistema REDD y REDD plus. Dicen que es un sistema para reducir las emisiones de gases invernadero producto de la deforestación y degradación de los bosques, pero se está utilizando para imponer, por un pago irrisorio, planes de manejo que les niegan a familias y comunidades rurales el acceso a sus propias tierras, bosques y fuentes de agua. Además, garantizan el acceso irrestricto de las empresas a las áreas de bosque colectivo, potencializando la biopiratería. También imponen contratos que amarran a las comunidades a esos planes de manejo por 20 años o más y que dejan las tierras indígenas y campesinas como prenda hipotecaria, lo que crea la posibilidad cierta de que esas comunidades pierdan sus tierras. El objetivos de los servicios ambientales es tomar control de los espacios naturales de reserva y de los territorios que aún están bajo el control de nuestras comunidades.

 

1. Otra iniciativa de la economía verde es convertir a las plantas, las algas y a todos los restos orgánicos (rastrojos, estiércol, etc) en fuente de energía para sustituir el petróleo; es lo que llaman “uso de la biomasa” . Con los agrocombustibles, esto ha significado que millones de hectáreas que debieran estar cubiertas de bosques o produciendo alimentos hoy se utilizan para alimentar máquinas. Si efectivamente se generaliza el uso energético de la biomasa, veremos que la vida en el mar se reduce aún más porque una parte importante de especies marinas se quedará sin alimento, que nuestros suelos no recuperarán la materia orgánica que es imprescindible para conservar la fertilidad y protegerse contra la erosión y la sequedad, y que será imposible alimentar a nuestros animales porque los alimentos se harán cada vez más escasos y caros. También se agravará la escasez de agua, ya sea por el cultivo de agrocombustibles, ya sea por que nuestros suelos no tendrán capacidad para absorber y retener agua al faltarles la materia orgánica.

 

1. Después nos hablan de “agricultura climáticamente inteligente”, que sólo busca que aceptemos una nueva Revolución Verde -posiblemente con transgénicos- y que en vez de exigir apoyo efectivo para defendernos de los efectos del cambio climático, aceptemos pagos irrisorios que funcionarán igual que REDD. También buscan imponernos sistemas altamente dependientes de grandes cantidades de agrotóxicos, como la siembra directa a base de pulverizaciones aéreas de Round Up, los que pasan a ser llamados “agricultura baja en carbono.” Es decir, nos obligarán a hacer un cierto tipo de agricultura y podremos perder el control sobre nuestros territorios, nuestros ecosistemas y nuestra agua.

 

1. Uno de los aspectos más perversos de las falsas soluciones que se impulsan en las negociaciones internacionales es la de restringir el acceso y el uso del agua de riego. Usando como pretexto el hecho que el agua de riego es escasa, proponen que el agua se concentre en “cultivos de alto valor”; es decir que se rieguen los cultivos de exportación, los agrocombustibles y otros cultivos industriales, y que se deje de regar los cultivos para la propia alimentación

 

1. El impulso de soluciones tecnológicas que no son solución alguna es parte también de la agenda de las discusiones en Río. Entre las más peligrosas están la geoingeniería y la aceptación de los cultivos transgénicos. Hasta el momento, ninguna de las soluciones propuestas por la geoingeniería ha demostrado tener capacidad real de solucionar los problemas del clima. Por el contrario, algunas de las formas de geoingeniería (como la fertilización de los mares) son tan peligrosas que internacionalmente se ha declarado una moratoria sobre ellas. Para que aceptemos los transgénicos se nos dice que crearán cultivos resistente a la sequía y al calor, pero lo único nuevo en transgénicos es más variedades resistentes a herbicidas, las que además están haciendo que vuelvan al mercado herbicidas altamente tóxicos, como el 2,4,-D.

 

1. El plan más ambicioso y lo que algunos gobiernos identifican como “el mayor desafío” es el de ponerle precio a todos los bienes de naturaleza (como el agua, la biodiversidad, el paisaje, la vida silvestre, las semillas, la lluvia, etc), para luego privatizarlos (con la excusa de que conservarlos requiere dinero) y cobrarnos por su uso. A esto se le llama la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB). Es el asalto final a la naturaleza y la vida, pero también a los medios de trabajo y de vida de los pueblos que viven de la agricultura, la caza y la pesca.

 

Este capitalismo “verde” tiene en la mira especialmente los espacios rurales comunes, la agricultura, la tierra y el agua. Ya estamos sufriendo sus efectos en la forma de acaparamientos de tierra, privatización del agua y de los océanos, de los territorios indígenas, de los parques nacionales y las reservas naturales, todos procesos que están siendo acompañados de expulsiones forzadas de comunidades campesinas e indígenas.

 

La solución real: poner al centro las agriculturas campesinas e indígenas

Los pueblos campesinos e indígenas somos quienes concentramos los mayores niveles de pobreza, porque se nos ha despojado de la tierra y se nos ha cercado por la ley o por la fuerza para que no podamos cultivar e intercambiar libremente. Sin embargo, somos pueblos que seguimos resistiendo la expulsión desde el campo, y aún somos más del 90% de la población rural. Nuestras formas de hacer agricultura enfrían el planeta, cuidan los ecosistemas y aseguran la alimentación para los sectores más pobres.

 

Toda solución real pasa por detener el lucro desenfrenado del capital, acabar con la complicidad de los gobiernos y apoyar las formas de producción que efectivamente cuiden el planeta. La Soberanía Alimentaria es parte del corazón de los cambios necesarios, el único camino real para hacer posible alimentar a toda la humanidad. Nuestras propuestas son claras y entregan soluciones reales:

 

1. Debemos cambiar el sistema alimentario industrial agroexportador por un sistema basado en la soberanía alimentaria, que devuelva a la tierra su función social como productora de alimentos y sustentadora de la vida, que ponga en el centro la producción local de alimentos, los circuitos de comercialización y procesamiento local. La soberanía alimentaria permite acabar los monocultivos y los agronegocios, fomentar los sistemas de producción campesina que se caracterizan por su mayor intensidad y productividad, su capacidad para dar trabajo, cuidar el suelo y entregar una producción sana y diversificada. La agricultura campesina e indígena es también la que puede enfriar el planeta; con capacidad de absorver o evitar hasta 2/3 de los gases invernaderos que se emiten cada año

 

1. La tierra actualmente en manos campesinas e indígenas es alrededor del 20% de la tierra agrícola a nivel global. Si embargo, con esa tierra las familias y comunidades campesinas e indígenas producimos al menos la mitad de la alimentación mundial. En nuestras manos está la forma más segura y eficiente de superar el hambre en el mundo.

 

1. Para asegurar alimentación para todos y restaurar la normalidad climática en la tierra, es necesario que la agricultura vuelva a ser una tarea en manos principalmente de comunidades campesinas y pueblos indígenas. Para ello debe hacerse de manera urgente reformas agrarias integrales y de gran amplitud, que acaben con la concentración extrema y creciente de la tierra que hoy afecta a la humanidad. Esas reformas agrarias son las que darán las condiciones materiales para que la agricultura cumpla su papel en beneficio de la humanidad entera y por ello la defensa y protección de las agriculturas campesinas e indígenas es hoy una tarea de todas y todos. En lo inmediato, es necesario detener todos las transacciones, concesiones y traspasos que signifiquen concentración o acaparamiento de tierras y/o desplazamiento de comunidades rurales.

 

 

1. Los sistemas campesinos e indígenas de agricultura, caza, pesca y pastoreo que ayudan a cuidar la tierra y la alimentación deben ser apoyados adecuadamente con fondos y medios públicos no condicionados. Los mecanismos de mercado -como venta de carbono y servicios ambientales- deben desmontarse de inmediato y reemplazarse por medidas reales, como las que mencionamos más arriba. Detener la contaminación es un deber que nadie puede evadir comprando derechos a seguir destruyendo

 

1. El uso legítimo de lo que ahora organismos internacionales y empresariales llaman biomasa es alimentar a los seres vivos y volver a la tierra para restaurar su fertilidad. Las emisiones provenientes del derroche de energía deben reducirse en base al ahorro y el fin del despilfarro. Necesitamos fuentes de energía renovable decentralizados, al alcance de los pueblos.

 

Todos movilizados para desenmascarar Rio+20 y el capitalismo verde

Nosotros y nosotras, campesinos y campesinas, agricultores y agricultoras familiares, campesinos y campesinas sin tierra, pueblos indígenas y migrantes -hombres y mujeres- nos oponemos decididamente a la mercantilización de la tierra, nuestros territorios, el agua, las semillas, los alimentos, la naturaleza y la vida humana. Reiteramos lo dicho en la Cumbre de los Pueblos en Cochabamba, Bolivia: “La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.”

 

Repudiamos y denunciamos la economía verde como una nueva máscara para ocultar mayores niveles de codicia de las corporaciones y del imperialismo alimentario en el mundo y como una forma brutal de lavarle la cara al capitalismo, que sólo impone falsas soluciones, como el comercio de carbono, REDD, la geoingienería, los transgénicos, los agrocombustibles, el bio-char y todas las soluciones de mercado a la crisis ambiental.

 

Nuestro reto es restituir otra manera de relacionarnos con la naturaleza y entre los pueblos. Ese es también nuestro deber y nuestro derecho y por ello seguiremos luchando y llamamos a seguir luchando incansablemente por la construcción de la soberanía alimentaria, por la reforma agraria integral y la recuperación de los territorios indígenas, por poner fin a la violencia del capital, y por restituir los sistemas campesinos e indígenas de producción basados en la agroecología.

 

NO A LAS FALSAS SOLUCIONES DEL CAPITALISMO VERDE AGRICULTURA CAMPESINA YA!

Por segundo año consecutivo, este informe que revela quiénes son los verdaderos beneficiarios de las ayudas de la política agraria común europea (PAC). Este año, entre los afortunados receptores de fondos públicos europeos, se encuentran marcas tan conocidas como Don Simón cuya empresa madre ha recibido 5,5 millones de euros, Campofrío con 2 millones de euros y la cadena de supermercados Mercadona que ha recibido 2,6 millones de Euros.

Con este informe denunciamos el “acaparamiento” de las ayudas, destacando que el 75% del dinero se queda entre sólo un 16% de los beneficiarios mientras que El 50% de las personas que han recibido ayudas, ha recibido cantidades por debajo de los 1.250 € en concepto de ayuda. Entre los grandes beneficiados por estas subvenciones también encontramos nombres muy conocidos como la casa de Alba que este año ha recibido 2 millones de Euros.
 
Estos datos contrastan con la situación agraria en el estado español. Al mismo tiempo que sucede todo esto, la agricultura familiar sufre una crisis de precios sin precedentes, aplastada por una agroindustria cada vez más poderosa y unos supermercados más agresivos. Ante la imposibilidad de recibir un precio justo y digno por su producción (por la inexistencia de una política de precios) miles de explotaciones familiares cada año se ven obligadas a echar el cierre, son literalmente “desahuciados” de sus tierras y sus explotaciones por la presión de los mercados, incluso los especulativos.
 
Un ejemplo esclarecedor el de las explotaciones lácteas: De cada euro que pagamos por un litro de leche, el beneficio se queda en un 70% en la fase de distribución (en ocasiones llega al 90%), el resto se lo queda la industria mientras que la explotación ganadera recibe un beneficio de entre 0 y el 1%. No es de extrañar que el número de explotaciones de este tipo se haya reducido dramáticamente; en 1994, existían en el estado español 140.000 explotaciones lácteas mientras que hoy solo quedan 23.000, en este último año, cuando ya existen realmente pocas ganaderías en activo, se siguen perdiendo 3 explotaciones diarias, la mayoría de ellas eran explotaciones familiares.
 
Encontramos más que decepcionantes los borradores de la nueva política agraria común, en pleno proceso de reforma, (concluirá en 2013). Estas primeras versiones no incorporan ninguna de las demandas realizadas desde las organizaciones agrarias y de la sociedad civil. Estas propuestas, elaboradas durante el proceso de participación abierto por la comisión europea, apuestan por políticas que garanticen la estabilidad de precios y que promocionen la producción familiar, local, diversa, ecológica y la comercialización en circuitos cortos:
 
En definitiva, una apuesta por la Soberanía Alimentaria, con sistemas alimentarios locales que estimulan las economías locales y generan empleo.
 
 
 
Para descargar el informe completo visita:
 
http://veterinariossinfronteras.org/news/es_ES/2012/05/15/0002/una-pac-para-el-1
 

TJ do Pará determina prisão de envolvidos em massacre de Eldorado. Coronel e Major recorriam da sentença em liberdade.

Do G1 Pará http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/05/tj-do-para-determina-prisao-de-envolvidos-em-massacre-de-eldorado.html

O Tribunal de Justiça do Pará expediu na manhã desta segunda feira (07) o mandado de prisão contra o Coronel Mario Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira, policiais militares que foram condenados  pelo envolvimento no massacre dos sem terra em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará, em 1996.

Desde a condenação, eles vinham recorrendo da sentença em liberdade. Mas com o esgotamento dos recursos, em abril, a documentação do processo retornou ao Tribunal de Justiça do Pará e o juiz Edmar Pereira, da primeira vara do Tribunal do Júri, expediu o mandado para que os condenados cumprissem as sentenças. Na época do crime, Pantoja foi condenado a 228 anos, e o major Oliveira a 158 anos e 4 meses em regime fechado, mas a lei penal brasileira permite o cumprimento máximo de 30 anos de reclusão.

O Massacre de Eldorado

19 trabalhadores rurais ligados ao Movimento dos Sem Terra (MST) foram mortos pela Polícia Militar em 1996 durante uma ação que tinha como objetivo liberar tráfego da rodovia PA 150 na altura da chamada Curva do S, no município de Eldorado do Carajás, sudeste do Pará. O episódio ficou conhecido como "Massacre de Eldorado dos Carajás".
Mais de 150 policiais militares participaram da ação, mas apenas Pantoja e Oliveira foram condenados pela morte dos trabalhadores.

 

Para ver unas fotos del dia de ayer en la finca somontes:
https://n-1.cc/pg/photos/album/1287191/1-de-mayo-en-somontes

18 de abril de 2012 Por  Leonardo Sakamoto

O Massacre de Eldorado dos Carajás, que matou 19 sem-terra e deixou mais de 60 feridos após uma ação violenta da Polícia Militar para desbloquear a rodovia PA-150, no Sudeste do Pará, completa 16 anos nesta terça. Duas pessoas foram condenadas por reprimir com morte a manifestação: o coronel Mario Colares Pantoja (a 228 anos) e o major José Maria Pereira Oliveira (a 154 anos), que estavam à frente dos policiais. Eles recorreram em liberdade. No final do mês passado, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou o direito de continuarem nessa condição. Agora, não há impedimento para que sejam presos.

 

Alguns vêm na prisão de ambos o fim da impunidade do caso – o que, para dizer o mínimo, é uma visão muito limitada da realidade. Pois, pergunto a vocês:

Um massacre se faz com duas pessoas? 
Os responsáveis políticos na época, o então governador Almir Gabriel (que ordenou a desobstrução da rodovia) e o secretário de Segurança Pública, Paulo Câmara (que autorizou o uso da força policial), nunca foram processados. Outros 142 policiais militares que participaram da matança foram absolvidos. Isso sem contar que as denúncias de fazendeiros locais que teriam dado apoio para a ação policial ficaram por isso mesmo.

Um massacre se faz da noite para o dia? 
Se fossemos contar todos os casos anteriores de sindicalistas, trabalhadores rurais, camponeses, indígenas cujos carrascos nunca foram punidos no Pará, teríamos o maior post de todos os tempos. Por exemplo, na década de 80 e 90, os fazendeiros resolveram acabar com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, no Sul do Pará, e assassinaram uma série de lideranças. Foram a julgamentos, houve condenações, fuga de pistoleiros, mandantes que viveram em paz até a sua morte natural. A certeza da impunidade pavimenta a tortura e a violência contra trabalhadores e populações tradicionais no Pará.

Um massacre solucionado gera filhos?
A Justiça, quando se refere ao Pará, tem servido para proteger o direito de alguns mais ricos em detrimento dos que nada têm. Mudanças positivas têm acontecido, graças à sociedade civil, à imprensa e a promotores, procuradores e juízes que têm a coragem de fazer o seu trabalho, mesmo com o risco de uma bala atravessar o seu caminho. Mas tudo isso é muito pouco diante do notório fracasso em garantir a dignidade daqueles que lutam com melhores condições de vida até o presente momento. Praticamente toda a semana, uma liderança social é morta na Amazônia. Algumas são mais conhecidas e ganham mídia nacional e internacional, mas a esmagadora maioria passa como anônimos e são velados apenas por seus companheiros. Além da importância do trabalho de Maria e Zé Cláudio, lideranças extrativistas de Nova Ipixuna assassinadas no ano passado, a morte deles ocorreu no dia de votação do novo Código Florestal na Câmara dos Deputados, o que contribuiu em dar visibilidade ao crime. E aqueles que morrem em dias de jogos da Copa do Mundo em que não há ninguém prestando atenção?

Um massacre ocorre aleatoriamente?
As mortes no campo são resultado de um modelo de desenvolvimento concentrador, excludente, que privilegia o grande produtor e a monocultura, em decorrência ao pequeno e o médio. Que explora mão-de-obra de uma forma não-contratual, chegando ao limite da escravidão contemporânea, a fim de facilitar a concorrência em cadeias produtivas cada vez mais globalizadas. Que fomenta a grilagem de terras e a especulação fundiária, até porque tem muita gente graúda e de sangue azul que se beneficia com as terras esquentadas e prontas para o uso. Que muito antes da época dos verde-oliva já considerava a região como um “imenso deserto verde” a ser conquistado – como se o pessoal que lá morasse e de lá dependesse fossem meros fantasmas. Que está pouco se importando com o respeito às leis ambientais, porque o país tem que crescer rápido, passando por cima do que for. Tudo com a nossa anuência, uma vez que consumimos os produtos de lá alegres e felizes com nossa ignorância, elogiando algumas marcas e empresas que – ao contrário de nós – não estão imersas em ignorância.

Um massacre é um fato isolado?
De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, apenas nas regiões Sul e Sudeste do Pará, há cerca de 50 pessoas marcadas para morrer devido a conflitos rurais. Aliás, se tivesse sido aprovado no plebiscito, o Estado de Carajás – onde fica Eldorado – nasceria como o mais violento da nação – um título edificante. Entre 1971 e 2007, foram 819 pessoas mortas em função de disputas por terra no Estado. Conta-se nos dedos de uma mão os punidos após condenação.

Um massacre, como um raio, não cai duas vezes no mesmo lugar?
Em novembro de 2009, quase ocorreu uma tragédia na “Curva do S”, local onde 19 trabalhadores rurais sem-terra foram assassinados. Policiais ameaçaram ir para cima de mais de mil trabalhadores ligados ao MST durante uma manifestação pacífica. Faltou pouco, muito pouco. À frente, o delegado Raimundo Benassuly, que ficou conhecido nacionalmente por tentar justificar que uma adolescente de 15 anos colocada em uma cela cheia de presos no Pará era a culpada pelo episódio. Relembrando: segundo ele, a menina “certamente tem alguma debilidade mental porque em nenhum momento informou ser menor de idade”. Foi afastado, mas depois voltou ao cargo. Como disse o ultrapassado Marx, “a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa”.

Um massacre por policiais é responsabilidade do poder público?
A pergunta é: quem comanda o quê? Há uma relação carnal que se estabelece entre o público e o privado na região amazônica. O detentor da terra exerce o poder político, através de influência econômica e da coerção física. É freqüente, por exemplo, encontrar policiais que fazem bicos como jagunços de fazendas. Em outros casos, as tropas públicas estiveram diretamente a serviço de particulares. Sabe qual a chance de trabalhadores rurais que solicitam a destinação de terras griladas para a reforma agrária ou de comunidades tradicionais que exijam a devolução de terras roubadas terem o mesmo sucesso que grandes proprietários que pedirem a desocupação de terras? Anos atrás, grandes proprietários rurais e suas entidade patronais chegaram a demandar intervenção federal no Pará uma vez que o poder público local não estava sendo célere – em sua opinião, claro – para garantir reintegrações de posse de terras (muitas das quais, com sérios indícios de grilagem). Se fossem trabalhadores pedindo isso, o ato seria encarado como um levante comunista.

Pegue matérias sobre assassinatos no campo no Pará e no Brasil. Verá que é só trocar o nome dos mortos, do município (às vezes, nem isso) e onde foi a emboscada para serem a mesma matéria de antes. As mesmas desculpas do governo, os mesmos planos de ação parecidos, as mesmas reclamações da Comissão Pastoral da Terra, os mesmos grupos sendo criados para debater e encontrar soluções.

Pode-se prender um ou dois. Mas as condições que fizeram Eldorado dos Carajás estão aí produzindo vítimas. De novo. E de novo. E de novo…

Quando alguém conseguir dar uma resposta decente a essas indagações, considerarei que o massacre não acabou impune. Até lá, vou vendo a história feito carrossel, conduzida pelo giro dos tambores de revólveres, acompanhada pelo barulho seco de corpos caindo na terra batida ou no asfalto.

EL PSOE de Andalucía logra que se reprima a jornaleras y jornaleros en paro que ocupan una finca pública para trabajarla y evitar su venta a especuladores.

El juzgado de Posadas ha ordenado el pasado viernes el desalojo de la Finca ocupada de Somontes, en Palma del Río, Córdoba, como medida cautelar solicitada por la Junta de Andalucía -PSOE-. Esta mañana agentes de la Guardia Civil han ido a advertir a los campesinos de que vendrían a echarlos por la fuerza. En cualquier momento se pondrá en marcha la maquinaria represiva para volver a quitar la tierra a los jornaleros y dársela a los especuladores.

El Partido Socialista Obrero Español vuelve a mostrar su verdadera cara, ya que en lugar de aceptar la negociación propuesta por el SOC-SAT para la cesión de estas tierras públicas a cooperativas de trabajadores en paro, ha optado por la represión pura y dura, y el consiguiente destrozo de todo lo construido en este mes y medio de trabajo colectivo: huerto, plantación de olivos, gallinero, animales, recuperación y labranza de una hectárea de terreno para la siembra de pimientos, arreglo y mejora de las instalaciones de riego, viviendas e instalaciones en general. Y con lo que quieren acabar es sobre todo con la lección de dignidad, rebeldía y vida que vienen ofreciendo a todos los parados, precarios y trabajadores andaluces, estos veinte campesinos ocupantes, junto a los cientos de personas que han apoyado la ocupación con su presencia y trabajo.

La finca de 359 hectáreas en secano y 41 en regadío no estaba dando empleo alguno, más que a un cuidador, y se encontraba en proceso de venta en subasta por parte de la Junta de Andalucía. Dicha venta hubiera significado que sus compradores, banqueros, terratenientes o especuladores, pasaran a beneficiarse de subvenciones europeas, ayudas públicas y en su caso ganancias obtenidas por una explotación agrícola extensiva e industrializada (para biodisel, transgénicos, etc.) sin generar prácticamente ningún puesto de trabajo. Al mismo tiempo 1.700 habitantes de Palma del Río y más de 4.000 en la comarca, en su mayoría jornaleros sin tierra, están sufriendo el desempleo, los recortes sociales y los desahucios de sus viviendas, soportando situaciones indignas de pobreza y desesperanza.

 

Desde el 4 de marzo en que se comenzó a trabajar en Somontes de manera colectiva, la Asamblea de ocupantes comunicó a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía que se estaban planificando inversiones y trabajos que pueden garantizar la subsistencia no sólo para los actuales ocupantes sino para decenas de familias jornaleras. No se busca la propiedad privada ni la especulación sino que se trata de crear un espacio de uso público y abierto en beneficio del pueblo. Se pretende un uso agro-ecológico del terreno, camino a la ecología social y a la soberanía alimentaria. Por ello se planteó a la Administración la firma de un acuerdo de concesión del uso a una cooperativa de trabajadores.

 

Ante esta situación la Asamblea de jornaleros de Somontes hace un LLAMAMIENTO URGENTE al apoyo a la ocupación, a través de la presencia del mayor número de compañeros y compañeras para resistir juntos cualquier intento de desalojo. Asimismo piden que la noticia se difunda lo máximo posible, que se sigan recogiendo firmas de apoyo y que se haga todo lo posible para que se enteren los líderes políticos que dicen luchar contra el desempleo y la pobreza, en especial los de Izquierda Unida, para exigir al PSOE de Andalucía que retire inmediatamente la denuncia interpuesta contra los ocupantes y abra una mesa de diálogo para encontrar los mecanismos que pongan ésta y toda la tierra pública en manos de los trabajadores en paro.

 

Más Información:  Lola Alvarez 666088373; Javier Ballesteros  660970722. 

Palma del Río, 16 de abril de 2012.-

Brasil: Año tras año, ¿y dónde está la Justicia?

Joao Pedro Stedile

ALAI AMLATINA, 17/04/2012.- El 17 de abril de 1996, siendo presidente de  Brasil Fernando Henrique Cardoso, tropas de la policía militar autorizadas  por el Gobernador Almir Gabriel (PSDB-Para), y financiadas por la empresa  Valle Do Río Doce (como denunció más tarde en el proceso el abogado de los  policías…), atacaron una marcha pacífica de más de mil familias de los  sin tierra que salieron de Eldorado de Carajás con rumbo a Belén.

El resultado de la masacre todos lo conocen, hasta las piedras. 19 sin  tierra asesinados, algunos con excesos de crueldad, tras ser maniatados,  fueron muertos a culatazos. Otros dos murieron algunos meses después, y  más de 60 sufren las secuelas hasta hoy, y están imposibilitados para el  trabajo agrícola.

La sociedad brasileña quedó aterrorizada. La ONU, los obispos, el Papa y  los orixás clamaron por justicia. Los movimientos campesinos de todo el  mundo escogieron entonces el día 17 de abril, como el día mundial de la  lucha campesina, en homenaje a aquellos mártires.

Un lento proceso se siguió en la Justicia paraense, que culminó con la  conformación de un Jurado Popular, que, en 2002, condenó a los dos  principales comandantes militares a penas de más de 200 años de prisión.  Los comandantes apelaron. El poder judicial los acogió. Y luego el  silencio. Pasados 16 años de la masacre, ¡ningún responsable directa o  indirectamente ha sido apresado, castigado o ha sufrido algún tipo de  restricción por parte de la “justicia” brasileña!

Por esas y otras razones es que el pueblo brasileño, de lejos, considera  el poder judicial, el más injusto, el más anti-democrático, el más  corporativo y el más servil a los intereses de la burguesía. Como dice el  dicho popular, ¡la cárcel en Brasil está hecha para los pobres y negros!

Pero algún día tendremos una reforma del poder judicial, para que por fin  cese la vergüenza de las injusticias, de los salarios inmorales, de las  ventajas y de las infiltraciones denunciadas incluso por el Consejo  Nacional de Justicia.

Felizmente, los supervivientes fueron asentados en un latifundio de 50 mil  hectáreas, que hasta entonces el Incra decía ser “productivo”, y que hoy  constituye la más productiva y progresista comunidad rural del municipio  de Eldorado de los Carajás, el distrito 17 de abril.

Mientras tanto, ¿dónde está la reforma agraria?

El capital agrario y las corporaciones transnacionales están “nadando a  sus anchas” en la agricultura brasileña. Tras la crisis del capitalismo  internacional, los precios medios de las commodities agrícolas se  duplicaron. Eso representó un enorme aumento en la tasa de ganancia, y una  corrida de los capitalistas de todo el mundo, para comprar tierras en  Brasil, América Latina y controlar la producción de las mercancías  agrícolas.

Resultado: <brasil experimentó en los últimos años, el mayor índice de  concentración de tierras de todos los tiempos. Está en curso una enorme  concentración de la producción agrícola, que destina el 85% de todas las  tierras agrícolas sólo a cuatro productos: soja, maíz, caña y ganadería.  La economía brasileña retornó a los tiempos coloniales y se volvió  agro-exportadora, mientras la industria cayó a sólo el 15% del PIB.

El agronegocio concentra tierras y producción. Aumenta su dependencia de  los fertilizantes importados que ese año alcanzó la cifra de 28 millones  de toneladas. Transforma a Brasil en el mayor consumidor mundial de  venenos agrícolas, que contaminan el suelo, las aguas, y hasta la  atmósfera, matan vegetales y animales; prolifera el cáncer en más de un  millón de brasileños por año. Siendo que, según el Instituto Nacional del  Cáncer, ¡solamente el 40% sobrevivirán!

El agronegocio desequilibra el medioambiente con la deforestación y  destruye la biodiversidad. Altera el clima. Pero sigue ganando mucho  dinero.

¡Todo eso es saludado por la prensa burguesa como el éxito del progreso!

¿Y el gobierno?

Entre tanto, el gobierno aún no toma posición en el tema agrario, y cuando  se manifiesta es para decir cosas sin sentido, como esa repetición  absurda, de que la reforma agraria no es distribuir tierras, que primero  tenemos que mejorar la calidad de los asentamientos.

Sería como decir a las 10 millones de familias brasileñas que viven en  viviendas precarias, que el gobierno no va a construir más casas, que  primero prefiere mejorar las casas de los que ya las tienen.

Señores gobernantes: buscad en el diccionario de la educación del campo,  recién editado por la Fiocruz o en Aurélio. Reforma agraria es un programa  gubernamental, en el que el Estado expropia las grandes propiedades, los latifundios y los distribuye entre los agricultores sin tierra,  promoviendo la democratización de la propiedad rural en el país.

Todos los países del hemisferio norte, todas las democracias  contemporáneas realizaron reformas agrarias, democratizaron el acceso a la  tierra, como base para la construcción de sociedades más democráticas. Finalmente, la tierra es un bien de la naturaleza, y todos los ciudadanos  tienen los mismos derechos sobre ella, así como tiene derecho a la  alimentación, al empleo, a la vivienda digna y a la educación.

Como no quieren hacer una verdadera reforma agraria, inventan subterfugios  de ocasión. ¡Sean más sinceros, por lo menos! Y menos absurdos, porque los  grandes propietarios de tierra, las empresas transnacionales y el  agronegocio siempre hicieron campaña y financiaron los candidatos  neoliberales y contrarios al gobierno Lula y Dilma. (Traducción ALAI)

– João Pedro Stedile, es integrante de la coordinación nacional del MST y  de la Vía Campesina de Brasil.
Artículo publicado originalmente en la revista Caros Amigos, abril de  2012.

URL de este artículo: http://alainet.org/active/54146

Nuestra jornada de lucha está dedicada a la memoria de los 21 compañeros asesinados (19 murieron en el lugar de los hechos) en la Masacre del Eldorado de Carajás, durante la operación de la Policía Militar, en el municipio de Eldorado de Carajás, en Pará, el día 17 de abril de 1996, que se convirtió oficialmente en el Día Nacional de la Lucha por la Reforma Agraria. Pasados 16 años de la masacre que tuvo repercusión internacional, nadie fue a prisión y el país aún no resolvió sus problemas de pobreza en el campo, ni acabó con el latifundio, que continua promoviendo diversos actos de violencia.

REFORMA AGRÁRIA PARADA Y RECORTADA

Nuestras ocupaciones, protestas y manifestaciones tienen como objetivo denunciar que la Reforma Agraria está parada con la disminución de las políticas de expropiaciones de tierras. El primer año de gobierno Dilma fue el peor en relación a la creación de asentamientos de los últimos 16 años (sólo 7 mil familias del MST fueron asentadas). Ahora en abril, el Ministerio de  Planejamento recortó un 70% el presupuesto del Incra. Este recurso sólo sirve para pagar los salarios de los funcionarios. Se recortaron los recursos para la obtención de tierras, instalación de asentamientos, para el desarrollo de la agricultura familiar y la educación del campo. Con todo esto, la tendencia es que el gobierno repita la situación lamentable del año pasado.

COMPROMISOS NO CUMPLIDOS POR EL GOBIERNO

Pedimos que el gobierno federal cumpla los compromisos asumidos con el MST en agosto de 2011, a través del ministro Gilberto Carvalho, que aún no se cumplieron:

1-Exigimos un plan de emergencia del gobierno federal para el asentamiento de las más de 186 mil familias acampadas hasta el final de este año. Tenemos familias acampadas hace más de cinco años, viviendo en situaciones bastante difíciles en el arcén de las carreteras y en áreas ocupadas, que son víctimas de la violencia del latifundio y del negocio agroalimentario.

2- Necesitamos un programa de desarrollo de los asentamientos, con inversiones públicas, crédito agrícola, vivienda rural, educación y salud. Nuestros asentados también pasan por una situación bastante difícil, con la falta de inversión pública para el crédito rural e infraestructuras en áreas de reforma agraria, como casa, alcantarillado, escuela y hospital.

3- Necesitamos un nuevo tipo de crédito rural que no endeude aún más a los pequeños agricultores. El modelo Pronaf no atiende al público de la reforma agraria, pues el volumen de recursos no llega a todos los sectores.

4-  Necesitamos también medidas para garantizar la educación en los asentamientos, con la construcción de escuelas (en todos los niveles, desde infantil pasando por el fundamental hasta el medio), un programa que combata el analfabetismo y políticas para la formación de   profesores en el medio rural.

PROGRAMA DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Necesitamos fortalecer los asentamientos con la implantación de un programa de industrias agroalimentarias para producir y beneficiar los alimentos. Con la industrialización de los alimentos la producción gana valor añadido, elevando la renta de las familias. La creación de estas industrias creará una cadena productiva para generar empleos en el campo. Hay un gran potencial de creación de puestos de trabajo, pero nuestros asentados pasan por una situación bastante difícil, con la falta de inversiones públicas para el crédito rural e infraestructuras en las áreas de reforma agraria, como casa, alcantarillado, escuela y hospital.

 

COMBATE A LA POBREZA

Un documento de la Investigación Nacional por Muestra de Domicilios (Pnad) apunta que la inseguridad alimentar es mayor en el área rural que en la urbana. Mientras 6,2% y el 4,6% de los domicilios en el área urbana presentaban niveles moderados y graves de inseguridad alimentaria, respectivamente, en el área rural las proporciones fueron del 8,6% y 7%. La presidenta Dilma tomo el compromiso de acabar con la pobreza en su gobierno. Sólo es posible acabar con la pobreza con la realización de la Reforma Agraria y políticas para el desarrollo en los asentamientos. La Reforma Agraria, junto con un programa de agro-industrializaçión de la producción, es la respuesta para afrontar la pobreza, porque genera renta, crea empleos y aumenta la producción de alimentos.

CONTRA EL USO DE LOS AGROTÓXICOS

Brasil es el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo desde 2009. Más de un billón de litros de venenos fueron esparcidos por los cultivos, de acuerdo con datos oficiales. Los agrotóxicos contaminan la producción de los alimentos que comemos y el agua (de los ríos, lagos, lluvias y los pozos freáticos) que bebemos. Pero los venenos no están sólo en nuestro plato. Todo el ambiente, los animales y nosotros, los seres humanos, estamos amenazados. Los agrotóxicos causan: cáncer, problemas hormonales, problemas neurológicos, mala formación del feto, depresión, enfermedades de piel, problemas de riñón, diarrea, vómitos, desmayo, dolor de cabeza, problemas reproductivos, contaminación de la leche materna.

NUEVO MODELO AGRíCOLA

Necesitamos de una nueva matriz de producción agrícola. El modelo del agronegocio se sostiene en el latifundio, en la mecanización voraz, en la expulsión de las familias del campo y en el uso exagerado de agrotóxicos. Queremos la prohibición del uso de los venenos. En el lugar de los latifundios, defendemos pequeñas y medias propiedades y Reforma Agraria. Somos favorables a la “Desforestación cero”, que acabe con la devastación del ambiente. En vez de la expulsión del campo, políticas para generación de trabajo y renta para la población del medio rural. En el lugar de las empresas transnacionales, la organización de cooperativas de agricultores y agroindustrias para producir en escala y beneficiar los alimentos. Nuevas tecnologías que cooperen con los trabajadores y acaben con la utilización de agrotóxicos. Así será posible una forma diferente de producir: la agroecologia.

 

CÓDIGO FORESTAL – !VETALO DILMA!

El agronegocio deteriora el ambiente con los  monocultivos, tales como  soja, eucalipto, caña de azúcar y agricultura intensiva.  Por eso, presiona para cambiar el Código Forestal, para ampliar la frontera agrícola y para desmantelar áreas de preservación ambiental. El agronegocio y las empresas extranjeras quiere acabar con ese legislación progresista, que obliga a que todas las propiedades preserven un porcentaje del área verde (80% en la Amazonia, 40% en el Cerrado y 20% en el general). La preservación de la naturaleza es fundamental para el desarrollo de Brasil, para enfrentar el calentamiento global y evitar los desastres naturales que están repitiéndose todos los años. Por eso, estamos haciendo una campaña junto con otros movimientos campesinos, ambientalistas, juristas y con la Iglesia para que la presidenta  Dilma vete el proyecto de la bancada ruralista que altera el Código Forestal.

 Secretaría Nacional del MST