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2013-2016: polarización y protestas en Brasil

La reducción de una amplia y compleja reconfiguración de la sociedad brasileña a “fascistas” y “bolivarianos” demuestra la exasperación de la coyuntura actual.

El año 2016 comenzó en Brasil con nuevas protestas. Los motivos son diversos, pero siguen sobresaliendo las reivindicaciones relacionadas con el aumento de las tarifas del transporte público, el encarecimiento del costo de vida y el derecho a la ciudad, de forma más general. Estas luchas sugieren que las movilizaciones iniciadas en junio de 2013 no se agotaron. Por el contrario, inauguraron un nuevo ciclo político en el país, generando una apertura social cuyas consecuencias hoy ya son visibles en varias esferas y no solamente en las calles. Desde entonces, han emergido nuevos espacios y actores, que condujeron a un aumento de la conflictividad en el espacio público y al cuestionamiento de los códigos, actores y acciones tradicionales, que primaron en el país desde la redemocratización política. 

 

Pese a tener visiones y proyectos distintos (y, en general, opuestos) de la sociedad brasileña, los individuos y colectivos a la izquierda y a la derecha del gobierno, movilizados desde 2013 hasta hoy, son fruto de esta misma apertura sociopolítica. Las formas de acción y de organización que adoptaron – propias de una transformación de las formas de activismo y de compromiso militante en el país (y en el mundo hoy) – favorecen el surgimiento rápido, la mediatización y la capacidad de interpelación y expresividad, pero también provocan diversas tensiones y ambivalencias en su propia constitución y en los resultados generados.

Entre junio de 2013 y el inicio de este año 2016, el país transitó por diversos escenarios, marcados por una mayor radicalización y polarización política. El desenlace es aún incierto, pero vivimos en un escenario de transición donde lo “viejo” no terminó de morir y lo “nuevo” aún no ha florecido totalmente. En este proceso de sedimentación, es fundamental entender los nuevos actores emergentes, los impactos inmediatos de las protestas, los realineamientos de los grupos políticos y sus construcciones políticas y discursivas.

Junio de 2013: apertura societaria y conflicto social en Brasil

Participaron en las movilizaciones de 2013 individuos y grupos sociales diversos, pertenecientes a un amplio espectro ideológico. Quedó reflejada la indignación difusa, la ambivalencia de los discursos, la heterogeneidad de las demandas y la ausencia de mediación de terceros y de actores tradicionales, algo también notorio en varias movilizaciones contemporáneas, por ejemplo las que tuvieron lugar en España y Estados Unidos.

La diferenciación de los ritmos, composiciones y miradas de las protestas en los varios lugares donde ocurrieron, nos lleva a considerar la importancia de situar las movilizaciones en diferentes coordenadas espacio-temporales. Pese a que el locus de la acción de las manifestaciones fueran los territorios y los espacios públicos (a través de la ocupación masiva de plazas y calles) había una conexión práctica y simbólica con otras escalas de acción y significación, ya sean nacionales o globales, marcando una resonancia de movimientos y de subjetividades, así como dinámicas de difusión y retroalimentación.

Una de las características más emblemáticas de junio de 2013 fue su capilaridad en todo el territorio nacional. Sin embargo, las lógicas de movilización, la composición social de los manifestantes y la correlación de fuerzas varió de forma sustantiva dependiendo de las ciudades en cuestión. El momento posterior a junio de 2013 también fue desigual en Brasil. En algunos lugares como en Rio de Janeiro, las protestas siguieron con alta intensidad, con una concatenación de movilización y huelgas (la mayor de ellas la de los profesores de escuelas públicas, seguida de otras bastante simbólicas como la de los barrenderos en febrero de 2014) que acabaron, en la víspera de la final del mundial de fútbol en 2014, con la prisión de 23 activistas.

En varias ciudades siguieron teniendo lugar ocupaciones, movilizaciones por derechos y causas específicas, nuevas acciones y trabajo de base, y una profundización del experimentalismo cultural. En determinados casos la represión y criminalización post-junio llevó a la desmovilización. También se generaron varias experiencias más subterráneas entre individuos, comunidades, grupos y colectividades. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la dimensión continental del país, no se puede negar que junio fue también, en determinadas localidades, más una representación colectiva (que, por cierto, enseñó que, con las personas normales haciendo política, se pueden cambiar las cosas) que un proceso permanente de articulación y organización política.

Sea como fuere, es crucial entender junio de 2013 como un momento de apertura societaria en el país. Una vez abierto el espacio de protesta por las movilizaciones iniciales y por los movimientos iniciadores (tales como el Movimiento Pase Libre, central en la ciudad de Sao Paulo, pero no en todas la capitales brasileñas), otros actores se unieron para hacer valer sus propias reivindicaciones, sin mantener necesariamente los lazos con los actores que las desencadenaron y/o repetir las formas, la cultura organizativa, las referencias ideológicas y los repertorios de acción de los iniciadores de dichas movilizaciones. De hecho, como ya proponía Charles Tilly, el uso del mismo repertorio de acción no implica que estemos necesariamente ante un mismo movimiento, pero sí ante una gramática cultural e histórica disponible e interpretada por la sociedad y por los grupos sociales. Alonso y Mische captaron con bastante precisión esas fuentes sociales y culturales, así como la ambivalencia de los repertorios presentes en junio, en lo que ellas definirían como repertorios “socialista” (familiar en la izquierda brasileña de las últimas décadas), “autonomista” (afín a varios grupos libertarios y a propuestas críticas del poder y del Estado) y “patriótico” (que usa un discurso nacionalista y los colores verde y amarillo con un significado histórico y situacional bastante peculiar).

Al emerger un nuevo ciclo de protestas, se presenció lo que he definido como desbordamiento social, es decir, un momento en el que la protesta se difunde desde los sectores más movilizados hacia otras partes de la sociedad, desbordando los movimientos sociales que la iniciaron. En el clímax de dicho proceso, un amplio espectro de la sociedad se encuentra movilizada alrededor de una indignación difusa, portando diferentes perspectivas y reivindicaciones, que coexistirán en el mismo espacio físico y a veces con el mismo eslogan  (contra la corrupción o contra el gobierno), pese a tener construcciones y horizontes muy distanciados y en disputa. Hubo una confluencia ambigua marcada por movimientos contradictorios de fuerzas centrípetas (la externalización de la indignación y la simultaneidad presencial y simbólica en las mismas calles y plazas) y fuerzas centrífugas (que, a pesar de la co-presencia en los mismos espacios, indicaban distintas motivaciones, formas de organización y horizontes de expectativas).

En esta fase catártica, que comenzó en junio de 2013 y duró algunos meses, la polarización ideológica ya existía (llevando, por ejemplo, a agresiones a manifestantes que llevaban banderas, camisetas y otros símbolos vinculados a la izquierda), pero estaba más diluida en la indignación en masa y en la experimentación en las calles.

El escenario político post-junio de 2013

Después de la heterogeneidad inicial, comienza en 2014 una nueva fase de decantación, con algunas reivindicaciones principales de los individuos y grupos ya diferenciadas en el espacio, y posicionadas más claramente a la derecha o a la izquierda, aunque estas nociones (izquierda y derecha) sean vistas de forma creciente, para algunos activistas y a los ojos de gran parte de la sociedad, como caducas, poco capaces de traducir y canalizar sus objetivos, expectativas e inquietudes. Uno de los motivos principales de ello es la asociación directa entre “ideología” y grupos e ideologías políticas específicas (ya sean partidos o, más genéricamente, el “comunismo”, el “socialismo” o el “liberalismo”). En este momento, ya no hay manifestaciones masivas en las calles y en las plazas, pero siguen teniendo lugar varias movilizaciones puntuales, así como una reorganización menos visible de los individuos, de las redes y de los colectivos. La confluencia en el mismo espacio público es paulatinamente desplazada por convocatorias con objetivos y recortes más definidos.

Pese a que gran parte de dichas acciones no se dirigieron al campo político-institucional y político-electoral, que posee lógicas y temporalidades diferentes a las del campo de la movilización social, el escenario pre-electoral de mediados de 2014 orientado a la contienda presidencial acabó abriendo un nuevo momento de intensificación de las polarizaciones, que absorbió buena parte de los actores sociales y políticos a lo largo de 2015.

A pesar de las críticas formuladas al Partido de los Trabajadores (PT) en particular, y a los partidos políticos en general, las elecciones presidenciales de 2014 movilizaron masivamente a los brasileños, incluso para defender, en algunos casos, el partido en el gobierno como un “mal menor”. La ajustada victoria de Dilma generó un clima de instabilidad que fue alimentada constantemente por sectores de la oposición, buscando forjar el impeachment de la presidenta.

En el fragor de la disputa presidencial, muchos analistas asociaron la pérdida de votos del PT con las manifestaciones de 2013. Pese a que pueda haber, de hecho, algunas relaciones entre protesta y voto, no se puede establecer una conexión y una causalidad directa. Además, el mayor problema consiste en que las lecturas hegemónicas sobre los impactos de las manifestaciones de 2013 siguen restringiendo los efectos al campo político electoral y político-institucional, como lo ha hecho recientemente Marco Aurelio Nogueira en su artículo publicado en DemocraciaAbierta.

En esta clave, muy orientada hacia una “política de resultados”, habrían outcomes políticos claramente medibles si fuéramos a conjeturar, por ejemplo, cómo las demandas formuladas en la movilizaciones fueron recibidas (o ignoradas) por el sistema político. Pensemos en políticas públicas concretas, en la inserción de nuevas pautas en las agendas gubernamentales, en la creación de nuevos espacios y canales de mediación y/o participación, y en la conquista real – aunque sea transitoria o parcial – de algunas de las reivindicaciones más simbólicas, tales como el precio del billete del ómnibus.

Ya en lo que se refiere al escenario electoral, la enturbiada disputa presidencial de 2014 puede ilustrar algunos elementos. En primer lugar, es importante diferenciar los intentos de apropiación de algunas de las pautas de las manifestaciones por parte de ciertos candidatos (el caso de Marina da Silva y su discurso de una “nueva” política rellenada por “viejas” prácticas) y partidos políticos apartados de los sectores movilizados de aquellos procesos en los que existen, de hecho, unas relaciones históricas o alianzas tácticas y estratégicas entre grupos sociales y políticos (caso del PT como partido y no como gobierno, visto en su heterogeneidad interna, y de otros partidos menores a la izquierda).

En segundo lugar, es interesante tener en cuenta cómo el “discurso del miedo” fue (y sigue siendo) movilizado para oponer “derecha” e “izquierda”, restringiendo esta última, en el discurso gubernamental, al campo del gobierno, lo que trae como consecuencia el bloqueo de las posibilidades de cambio que emergieron en el país. Finalmente, cabe destacar las limitaciones, a medio y largo plazo, de los propios resultados electorales para entender las transformaciones sociales que vivimos. Por un lado, la creación de una frontera rígida entre amigos/enemigos por parte del oficialismo sirvió para intentar frenar (y a veces deslegitimar) a las fuerzas de izquierda; por otra parte, los desenlaces electorales no invalidan las movilizaciones sociales y no necesariamente presagian su pérdida de influencia.

Impactos sociales, culturales y biográficos de las protestas

Estas perspectivas político-institucionales y político-electorales restringen la visión de la política y de lo político e ignoran otro tipo de resultados, impactos y escenarios posibles.  Argumentamos, de forma inversa, que es fundamental una mirada amplia y multidimensional en relación a los impactos, pues no todos los desdoblamientos de las movilizaciones de junio de 2013 son fácilmente medibles en estos términos. Por lo menos otros dos tipos de impactos (los sociales y los culturales) deben ser tenidos en cuenta.

De entre los impactos sociales, podemos destacar dos principales: la reconfiguración de los grupos sociales, y la generación de nuevos encuadramientos sociopolíticos. En el primer caso, las movilizaciones recientes sirvieron para sacudir las posiciones, visiones y correlaciones de fuerzas entre partidos, sindicatos, movimientos societarios, ONG´s y otros colectivos. Aunque sea temprano para afirmar el alcance y las repercusiones de ello, algunos actores se realinearon o aún buscan hacerlo (en algunos casos sin saber muy bien cómo), mientras que otros han venido cuestionando su propia trayectoria y rol, intentando (re)situarse en la nueva coyuntura. 

En el segundo caso, se incluye la generación de nuevos marcos individuales y colectivos, relacionados hoy principalmente con la calidad de vida en la grandes ciudades brasileñas, con el bloqueo mediático, con la violencia (inclusive la estatal, que afecta de forma particular las mujeres y los jóvenes negros pobres que viven en la periferia urbana) y con el machismo. Son procesos de reelaboración de experiencias sociales que producen, paulatinamente, re-significaciones de las constelaciones semánticas de la sociedad a partir de experiencias diversas de politización de la vida cotidiana, la mayoría de las cuales invisible a los media y a los intelectuales de oficina.

En el ámbito cultural, se observan innovaciones en la lógica de movilización y en los mecanismos relacionales e interactivos del activismo. Marcados por la conflictividad, por la difusión viral, por identidades multi-referenciales y por una expresividad de lo político mediada por la cultura, tanto militantes primerizos como movimientos más consolidados ponen en jaque la cultura política de la apatía. Pese a que en algunos casos exista una distanciamiento entre una nueva generación de activistas y la militancia más experimentada (lo que nos obliga a repensar los espacios y las fórmulas de diálogo generacional), en otros aparecen confluencias creativas, como es el caso de algunas sinergias entre redes sumergidas e iniciativas artístico-culturales en el compromiso político (algo digno de mención en ciudades como Belo Horizonte).

Asociado a los impactos sociales y culturales, se sitúa un impacto de carácter más biográfico, es decir, individual. Se trata de un impacto subjetivo de las movilizaciones en la trayectoria de los activistas. Ha sido recurrente escuchar a varios participantes definir las movilizaciones de junio de 2013 como “un antes y un después”, una “inflexión”, “un comienzo” o un “nuevo comienzo”. Para una generación de activistas emergente, y para jóvenes que no necesariamente se auto-definen como activistas, junio de 2013 fue, en palabras de un joven, “un incendio que no se apaga con agua”. Aunque efímeras, las experiencias vividas en las movilizaciones y en la construcción de las protestas generan “marcas” en los participantes, reforzando la propensión a que puedan comprometerse en el futuro y pudiendo, además, transformar, a medio y largo plazo, sus identidades sociales y sus valores políticos.

Movimientos sociales, movimientos societarios y polarización

Es importante comprender junio de 2013 no como un “evento” aislado, sino como un proceso. Para ello, es fundamental asociar siempre los movimientos sociales a movimientos societarios más amplios. En otras palabras, analizar cómo las movilizaciones, los actores sociales y sus prácticas se encuadran dentro de la dinámica de transformación de la sociedad. Esto es central en el actual momento de crisis en Brasil, donde parece haber una reconfiguración de las formas de activismo y de los sujetos políticos vis-à-vis alteraciones de los elementos estructurales y subjetivos de la sociedad como un todo. En este sentido, de la misma manera en que se relacionaron las movilizaciones de masas de los años 70 y 80 con un movimiento societario de redefinición de la democracia y de los derechos, las movilizaciones recientes se asocian a desarrollos estructurales del país (en el plano exterior y geopolítico, una mayor inserción, si bien aún dependiente, en el mundo y, en el escenario doméstico, una mayor centralidad de las políticas sociales, incluida la lucha contra la pobreza), que fueron particularmente rápidos en la última década.

En una sociedad tan desigual como la brasileña, estos cambios afectaron de diferentes formas a las clases sociales, generando frustraciones que, pese a converger en algunos casos, eran opuestas ideológicamente. Los ricos se hicieron más ricos, mientras que una fracción de la población salió de la pobreza y pasó a tener acceso a determinados servicios, nichos de mercado, espacios y derechos que anteriormente tan solo eran ejercidos por una clase media-alta, que vio sus “privilegios” y su estilo de vida amenazados. Los clivajes de clase, pero también los de raza, género y origen, son fundamentales en este momento para cuestionar si estas movilizaciones y el activismo emergente serán, de hecho, capaces de permear con mayor densidad el campo popular, algo poco visible hasta ahora.

En la actual situación de polarización, es posible identificar claramente en Brasil dos polos radicalmente antagónicos, con una diversidad de situaciones intermedias posibles. Por un lado, un campo progresista y de radicalización de la democracia, que actúa orientado por valores como la igualdad, la justicia, la pluralidad, la diferencia y el buen vivir. Por otro lado, un campo reaccionario, marcado por el autoritarismo, ciertos trazos fascistas y antidemocráticos y por la defensa de los privilegios de clase y de la propiedad privada, y con una visión siempre evasiva de la libertad.

En el primer caso, se trata de una diversidad de jóvenes, colectivos, plataformas y movimientos que han militado en la denuncia (y en el intento de eliminación) de las jerarquías, de la opresión y los abusos del Estado – principalmente, violencia, racismo institucional y criminalización – y en reivindicaciones varias, como la calidad de los servicios públicos y por una vida más humana en las ciudades. Participan en luchas territorializadas y/o culturales, y entienden la democracia en sentido amplio, no como sinónimo de instituciones, representación o elecciones, sino como una creación sociopolítica y una experiencia subjetiva.

El segundo grupo perpetúa, en sus discursos y en la práctica cotidiana, las estructuras de dominación y las formas de opresión. Acepta la fuerte desigualad social existente en el país basándose en el discurso de la inevitabilidad y de la meritocracia. Pregona, en algunos casos, el retorno de un pasado mejor (dictadura) para el cual no temen pedir la intervención militar. Cuentan, en general, con el apoyo y actúan en connivencia con las élites económicas y mediáticas. Suelen actuar en los bastidores de la política, pese a que ahora combinan estas estrategias con una novedad: el recurso a la movilización en las calles y a la acción directa.

En medio de estos dos campos, en el centro político, se encuentra el gobernismo y varios sectores más tradicionales. Los límites de la política win-win y del consenso de clases establecido por el gobierno durante los mandatos de Lula y Dilma, unido al agotamiento de su agenda política, desafiada por las movilizaciones de 2013, llevaron a que en los últimos años el gobierno haya abortado la agenda reformista que lo aproximaba al primer campo. La consecuencia directa es una deriva cada vez más reactiva y conservadora, que se profundiza en las elecciones de 2014 y con las protestas de la derecha (no toda ella, cabe decirlo, autoritaria y reaccionaria) en 2015. Presionado no solo internamente, pero también externamente por la elite política global y por las instituciones financieras internacionales, uno de los puntos más dramáticos de los últimos meses es la propuesta del ejecutivo, realizada a finales del pasado año, de aprobar una absurda ley antiterrorista, la PL2016/2015. Bajo la excusa de crear un “ambiente seguro” para las inversiones en el país y para los ciudadanos durante el año de los Juegos Olímpicos, la ley termina por contribuir a generar más dispositivos de criminalización de las protestas y de los movimientos sociales más radicales. Se trata, una vez más, de una clásica lógica selectiva del Estado, donde los actores sociales más afines son invitados a dialogar, mientas que los rupturistas son profundamente reprimidos o controlados.

La reducción de una amplia y compleja reconfiguración de la sociedad brasileña a “fascistas” y “bolivarianos” demuestra la exasperación de la coyuntura actual. En esta configuración, la “derecha” es encuadrada, por parte de los sectores progresistas más tradicionales, como el “enemigo a combatir” – pese a que, contradictoriamente, en la práctica esté también dentro del gobierno – forzando a algunos de los actores posicionados a la izquierda a defender, de forma ambivalente, el gobierno. Obviamente, cabe matizar que no todo el Partido de los Trabajadores se encuentra en este campo y se adhiere a esta visión de la defensa férrea de una gobernabilidad crecientemente amenazada por la crisis política, que ya afectó también a la economía.

En definitiva, el abanico de posturas que transciende estas posiciones es amplio, pero la polarización existente hoy en la sociedad brasileña determina que la mayoría de las interpretaciones reduzcan el conflicto realmente existente a estos campos, emborronando el potencial de las voces más transformadoras de junio de 2013. En estos ensayos insurgentes, y en la rearticulación del campo popular, se concentran las esperanzas de generación de alternativas al actual escenario.

 

Nota: El autor agradece los comentarios y la colaboración de Geoffrey Pleyers.

Concentração de cerca de 12 mil pessoas ocorreu na Romaria da Terra, em São Gabriel, na Fronteira Oe

10 de fevereiro de 2016 19h39

Por Catiana de Medeiros

Da Página do MST

“Este é um momento de reflexão, oração e agradecimento por tudo o que a terra nos dá. É onde viemos buscar novas forças e renovar nossa fé para seguir produzindo e trabalhando no campo, porque a luta pela vida e a terra é diária e eterna”, explicou a assentada da reforma agrária Adriana de Almeida, 39 anos, enquanto acompanhava romeiros e romeiras na caminhada da 39ª Romaria da Terra.


O evento aconteceu na nesta terça-feira (9), em São Gabriel, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, região conhecia como o coração do latifúndio gaúcho, que tem em sua marca a monocultura de soja transgênica e o uso abusivo de agrotóxicos. Mas São Gabriel também tem histórias de luta e resistência: é onde as forças da segurança do Estado matou o Sem Terra Elton Brum da Silva, em 2009, durante reintegração de posse da Fazenda Southall. Hoje, o município conta com oito assentamentos e abriga 700 famílias Sem Terra que produzem arroz agroecológico e outros alimentos livres de venenos.

Foi em São Gabriel que também tombou o herói indígena Sepé Tiaraju e seus 1,5 mil companheiros que lutavam em defesa da terra, do seu povo e de uma vida pacífica em seu território. Esta edição da romaria, organizada pela Comissão da Pastoral da Terra (CPT-RS) com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Diocese de Bagé e Conselho Indigenista Missionário (Cimi), provocou a reflexão sobre os 260 anos do martírio, completados no dia 7 de fevereiro.

Na caminhada, cerca de 12 mil trabalhadores do campo e da cidade fizeram suas orações e acompanharam o legado deixado por Sepé e os indígenas massacrados. Ela iniciou na Sanga da Bica, no Centro da cidade, onde o herói foi morto, e encerrou no Parque Tradicionalista Municipal.

 

Romaria da Terra –

Durante o trajeto, ocorreram sete paradas em celebração às reduções jesuíticas: São Francisco de Borja, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista, São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo Custódio. Já no parque, romeiros e romeiras participaram de missa celebrada pelo bispo da Diocese de Bagé, Dom Gílio Felício.

Este ano a romaria teve como tema “Cuidar da Terra, Casa Comum”. Conforme Simonne Pegoraro, da coordenação da CPT-RS, além de lembrar o martírio de Sepé, o intuito foi refletir sobre a relação do homem com a terra e o meio ambiente diante da realidade de esgotamento, exploração e violência.

“Temos muito a aprender com os povos indígenas, quilombolas e camponeses, que têm em suas raízes o cuidado e a preservação da terra, e que não a vê como objeto de exploração, mas que se vê como parte dela”, argumentou Simonne.

 

Demarcação de terras indígenas

Integrando a programação da romaria, entre os dias 5 e 9 de fevereiro, para celebrar a luta de Sepé Tiaraju e discutir a questão indígena no Brasil, cerca de 700 índios Guarani e Kaiowá do RS, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Argentina participaram do 10º Encontro do Povo Guarani.

Segundo o cacique Santiago Franco, da Aldeia Yuy Poty, localizada no município de Barra do Ribeiro (RS), o principal tema abordado foi a demarcação de terras no país, o qual corresponde hoje às mais importantes e urgentes bandeiras erguidas pelos indígenas.

“Nossa maior preocupação é com a demarcação do nosso território, que está paralisado por falta de atitude do governo. Nós vivemos com muitas dificuldades e queremos saúde, educação e que o governo reconheça nossa cultura e o direito que temos de viver como brasileiro e de termos liberdade”, disse Santiago.

Atualmente, segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai), existem 462 terras indígenas regularizadas, que representam cerca de 12,2% do território nacional. Dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 896,9 mil brasileiros se declaram ou se consideram indígenas.

Durante o encontro, foi construído um documento de reivindicações que será entregue à Funai, lideres governamentais do Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia – países onde há grande concentração de territórios Guaranis.

“Pedimos respeito e que possamos viver melhor. Estamos cada vez mais unidos porque o reconhecimento ao valor que nós temos é o nosso grande objetivo”, finalizou Santiago.

 

Acampamento da Juventude

Ainda em comunhão às temáticas da Romaria da Terra, ocorreu de 7 a 9 de fevereiro, também em São Gabriel, o 11º Acampamento da Juventude. O Evento envolveu desde oficinas, com debates sobre questões de gênero, agroecologia, agitação e propaganda, entre outros temas, até atividades de integração dos jovens do campo e da cidade.

“A nossa juventude tem um vínculo com a terra, mas precisamos cuidar dela, da natureza, da nossa casa comum. E esse compromisso e responsabilidade não é apenas de quem está no campo, mas também dos jovens da cidade”, declarou Liciê Scolari, da coordenação do acampamento.

A juventude ainda acompanhou análise de conjuntura com o coordenador nacional do MST, João Pedro Stedile. Ele levou para o centro do debate as crises econômica, social, ambiental e política do país e motivou os jovens a continuarem a luta por uma sociedade mais justa e igualitária.

“Estamos semeando em terra fértil e tenho certeza que todos vocês vão se tornar militantes da classe trabalhadora, para que o povo, com consciência, possa seguir a luta por uma sociedade mais justa e igualitária, assim como fez Sepé Tiaraju. Precisamos continuar essa batalha e eliminar todo o tipo de opressão e exclusão”, apontou Stedile.

Agricultura Familiar, agroecologia, reforma agraria na maior festa popular- o carnaval.

Escola da vila isabel de porto alegre, homenageia no seu samba enredo e  alegorias, o deputado do mst falecido ADAO PRETTO  e focaliza os temas da agricultura familair, ecologia, alimentos saudaveis..etc, confira, artigo de  Leonardo Melgarejo, presidente da AGAPAN

http://jornalja.com.br/mas-afinal-me-diga-porque-insiste-em-prevalecer-a-producao-que-envenena-e-mata/


Mas afinal me diga porque prevalece a produção que envenena e mata?

Integrantes da Agapan desfilaram no Porto Seco para defender a agroecologia | Divulgação JÁ

Leonardo Melgarejo, presidente da Agapan

A escola de samba Unidos da Vila Isabel trouxe para o carnaval gaúcho deste ano, com coragem e alegria, temas delicados como a agricultura familiar, a produção de alimentos saudáveis, a reforma agrária e a agroecologia.

Mostrou com a humildade e o despojamento honestos de uma escola enraizada no povo, em um desfile alegre e comprometido, que estas questões são atuais e merecem atenção geral.

A Unidos da Vila Isabel homenageou um homem do povo, um homem que saiu das barracas de lona preta e se tornou referência na Câmara Federal. Adão Pretto, uma voz forte e clara na defesa de pessoas modestas e despojadas, sempre revelando a indignação de quem vê, mas não entende por que “insiste em prevalecer a produção que envenena e mata, se existe neste lugar quem faça com o coração, caleja as mãos e alimenta a alma” – conforme cantava o samba-enredo da escola.

A Agapan se orgulha e agradece pela oportunidade de cantar com a Vila Isabel a música mais linda das passarelas deste ano. Participar deste ato político, incorporado à maior festa popular brasileira marca a história de nossa entidade e reforça nosso compromisso com o lema: “A vida sempre em primeiro lugar”.

Como mostra a crise ambiental que acaba de derrubar milhares de árvores em nossa cidade, como revelam as denúncias do coletivo A Cidade que Queremos, as facilidades asseguradas a interesses privados e a invisibilidade oferecida às denúncias feitas simplicidade e alegria pela Vila dificultam, mas não impedirão que os gaúchos se ergam pelo apoio à agricultura familiar, “gente humilde que sempre quis igualdade e fartura à todos, energia do povo, agricultura do país”.

Agradecemos ao presidente Cléber e a todos e todas da Vila Isabel pela honrosa oportunidade de estar com eles e assim reforçar nossa consciência de que cabe a todos: “cultivar, cuidar, amar, colher a esperança do amanhecer”.

No coração do latifúndio, trabalhadores celebram a terra e o herói indígena Sepé Tiaraju

 

Quanto valer a vida de um sem-terra? Para uma Câmara do TJRS, uma ninharia

artigo de dr. Jacques alfosin comenta decisao recente do tribunal de justiça do RS, em torno do assassinato de Elton brum da silva, durante um despejo

Por Jacques Távora Alfonsin*


A companheira, a filha e o pai do agricultor Elton Brum da Silva, assassinado pelas costas por um policial militar, durante a execução judicial de um mandado de reintegração de posse, no dia 21 de agosto de 2009, em São Gabriel, ajuizaram uma ação de indenização contra o Estado do Rio Grande do Sul, com base na responsabilidade civil deste, prevista em lei, pelas ações dos seus servidores públicos. 

A sentença reconheceu o direito em causa e condenou o Estado a pagar uma indenização por dano moral sofrido por essas pessoas, no valor de R$100.000,00 para cada uma. Para a filha, o mesmo julgado reconheceu o direito de ela receber uma pensão de um salário mínimo regional.

No dia 29 de janeiro passado, a 9ª Câmara cível do Tribunal de Justiça do RS, reformou a sentença, e o fez em reexame necessário (processo nº 70067526939), já que nem as/os familiares do Elton, nem o Estado  vencido na ação, interpuseram qualquer recurso contrário à dita sentença.

Sublinhe-se isso: nem o Estado vencido recorreu da referida sentença. Por unanimidade, mesmo assim, com parecer favorável do Ministério Público atuante naquele processo, a Câmara entendeu que o valor da indenização por dano moral deve  ser fixado em “R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), para cada uma das autoras (companheira e filha do falecido), e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o pai da vítima, diante das particularidades do caso em concreto, especialmente à condição econômica das partes, a extensão do dano, a punição ao ofensor e a busca do caráter pedagógico da indenização.

Para o pensionamento da filha menor “fixar a quantia de um salário mínimo nacional, reduzido o percentual de 1/3, levando-se em conta que se presume que 1/3 dos rendimentos seria utilizado para a própria manutenção do falecido.”

Não faltaram argumentos de muito peso em favor dessa drástica redução, lembranças doutrinárias e acórdãos até de Tribunais sustentando  “legalmente” que, em casos tais, deve-se evitar um tal “locupletamento”, garantindo-se esse “caráter pedagógico da indenização”. 

O julgado todo, se for minimamente considerada a causa pela qual o Elton foi assassinado, escandaliza, cria uma indignação mais do que justificada nos familiares do Elton e a quem quer que seja dotado de um sentimento mesmo rudimentar de justiça. 

Não se lê uma palavra sequer, no acórdão da 9ª Câmara Cível, referindo, por exemplo, o fato de o país testemunhar com muita e triste frequência, decisões judiciais determinando desapossamento de terra, terminarem como aquela que acabou com a vida do Elton. Também ali não se lê nada sobre o fato notório de a vida desse pobre jovem agricultor ter sido interrompida pelo criminoso atraso dos Poderes Públicos em efetivar a reforma agrária, a que têm direito milhões de pobres sem-terra do Brasil, desde que o latifúndio aqui se implantou matando índias/os, quilombolas, grilando terras, desrespeitando posses centenárias, comprando registros, manipulando leis, corrempendo funcionários, montando CPIS em favor de seus privilégios, manipulando a mídia, enganando o povo, cercando e humilhando gente pobre sem defesa e apoio.    

Algum/a das/os nossas/os leitoras/es recorda ter havido nesses casos  o reconhecimento administrativo ou judicial do locupletamento ilícito, esse sim, dessa barbárie covarde dever indenizar os danos patrimoniais e morais que ela causou, causa e continuará causando às/aos sem-terra e ao país? Alguém tem alguma notícia de os Tribunais brasileiros recomendarem educação “pedagógica” para dar um fim nessa injustiça historicamente repetida? 

Pelo contrário, o que mais se ouve é o louvor do mérito desbravador dos bandeirantes no passado, feito à custa de milhares de Eltons, agora imitado por uma determinação judicial de que o próprio dano moral por eles/as sofridos com a morte de um parente “não exagere” na mensuração do valor dessa tragédia e, mais, isso sirva de lição para elas/es e outras/os vítimas da mesma injustiça social pela qual continuem morrendo. 

Com muito raras exceções, algum/a juiz/a se atreveu a reconhecer nessas violências a cumplicidade do Estado com a covardia inspiradora dessas violências, dessas agressões à dignidade humana, desses mandados próprios dos Estados de exceção, inconstitucionais não só por ferirem a letra dos direitos sociais de gente pobre que a obriga a ocupar terra para fazê-los valer, mas principalmente pela desumanidade própria das suas execuções, uma delas responsável por esse assassinato.  

A morte do Elton não foi considerada suficiente para encher o poço das lágrimas e do grande sofrimento dos seus familiares e companheiras/os.   A Nona Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu de direito e de justiça lhes acrescentar não só a diminuição dos valores com que a sentença mal e mal tentara compensar o que nenhum dinheiro é capaz de pagar, como ainda advertiu-os de que, assim o fazendo, contribui com a educação deles e de todas/os quantas/os brasileiras/os, na sua mesma condição reivindicatória, ousarem, no futuro, se socorrer do Judiciário para “fazer lucro” (?!) em cima da morte de um parente.

Um verdadeiro despropósito. É de se imaginar a vibração e o entusiasmo das/os inimigos das/os sem terra e da reforma agrária com esse julgamento: “Bem feito! Aí está mais um julgado, como muitos outros, forrados por doutas opiniões doutrinárias, para empoderar mais ainda o domínio crescente que temos sobre administradores públicos, leis e tribunais.” 

Como outros antecedentes jurisprudenciais, com pretensão “docente” como esse, pode-se fazer uma idéia precisa das razões pelas quais as garantias devidas aos direitos humanos fundamentais sociais valem tão pouco como o valor aqui julgado justo para quem confiou no Judiciário, pretendendo ver  minimamente reparada a morte desse agricultor.  A poderosa influência das/os inimigas da reforma agrária – pretenda ou não o acórdão desse reexame necessário – vai tirar o maior proveito desse julgamento. Vai-se locupletar ilicitamente com a reforma da sentença, baseada na circunstância de o valor da indenização devida pelo Estado, por força de um assassinato como o sofrido pelo Elton, é tão insignificante que uma Câmara de Tribunal de Justiça corta fundo os valores da indenização  devida aos seus familiares e ainda justifica essa  redução pelo razão de, mantidos os  valores fixados na sentença, eles acabarem lucrando com isso. 

Não se sabe se, na 9ª Câmara Cível do TJRS, alguém tinha conhecimento de que o sangue do Elton fecundou a terra de onde o mesmo Poder Judiciário determinou a sua saída, assim provocando a sua morte e provando o injusto e infeliz propósito dela. A famosa Fazenda Southall de São Gabriel, por trágica ironia do seu destino, é hoje um assentamento de agricultoras/es com direito a reforma agrária, testemunhando não ter sido em vão a sua morte se somado a tantas/os outras/os sem-terra assassinados por defenderem esse direito. 

Não serve de nenhum consolo para os familiares do Elton esse martírio, mas ele comprova, por mais uma trágica vez, quão diferentes são   as garantias devidas aos direitos humanos fundamentais sociais quando comparadas com os patrimoniais. A rapidez com que o mandado judicial de reintegração de posse acabou por assassiná-lo, levou-o para o túmulo no dia seguinte ao da sua morte, acompanhado por multidão de sem-terras, movimentos sociais, entidades de defesa dos direitos humanos e apoiadoras/es do MST.  Já o processo crime que apura a responsabilidade do policial militar que o matou, não tem a mesma pressa. Há quase seis anos vai tramitando ao ritmo do desinteresse habitual e costumeiro com que o Poder Judiciário caminha, honrosas exceções a parte. Daqui a pouco prescreve e o nosso chamado Estado de direito dá por cumprida mais uma das suas injustas atuações. Como a história ensina, a esperança de esse cortejo fúnebre ter seu fim não morre no coração de quem, como Elton Brum da Silva, ressuscita em cada ocupação de terra usurpada pelo poder do latifúndio atestando ser ela mãe, fonte de vida comum, acessível a todas/os as/os suas/seus filhas/os, e não propriedade exclusiva de quem dela abusa, explora e mata  como matou o Elton.

* Jacques Távora Alfonsin é procurador aposentado do estado do Rio Grande do Sul e membro da ONG Acesso, Cidadania e Direitos Humanos.

MST considera que 2015 foi «ano perdido» para a reforma agrária

Para dirigentes do movimento, ajuste fiscal prejudicou atuação do Incra e ausência de iniciativa do governo se tornou obstáculo para desapropriações.

02/01/2016

Lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realizaram nesta terça-feira (2) uma entrevista coletiva para apresentar um balanço político do movimento do ano de 2015 e as perspectivas para o cenário de 2016.

Para o movimento, um dos principais pontos de dificuldade no ano passado foi a agenda de ajuste fiscal promovido pelo então ministro da Fazenda Joaquim Levy. O coordenador do MST João Paulo Rodrigues leu uma carta escrita após o encontro da Coordenação Nacional do movimento, que aconteceu na cidade pernambucana de Caruaru e contou com a presença de mais de 400 dirigentes.

“A presidenta Dilma Rousseff errou em implementar um programa econômico de medidas neoliberais”, diz a carta. Rodrigues também afirmou que em 2016, como resposta, o movimento vai intensificar as ocupações de propriedades improdutivas, “como permite a Constituição de 1988”.

João Pedro Stedile considerou que o ano de 2015 foi perdido para o movimento, e que o ajuste fiscal promovido pelo governo federal atingiu em cheio o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

“Ela [Dilma] prometeu, no final de 2014, dar prioridade ao assentamento das mais de 100 mil famílias acampadas. Aconteceu que o Incra não desapropriou nenhuma área em 2015 . Além disso, as áreas desocupadas desde 2012 não foram pagas pelo governo no ano passado, então muitos decretos podem caducar porque o fazendeiro foi à Justiça requerer a área de volta. Tem recursos para a reforma agrária, o que não tem é coragem”, criticou.

“Interesse dos bancos”

Desde o final do ano passado, o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, vem reafirmando a necessidade de uma nova reforma da Previdência. A idade mínima pra aposentadoria é um dos principais pontos.

Stedile diz que o MST não vai aceitar alterações em relação à idade mínima pra a aposentadoria dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e aponta que a verdadeira motivação para as alterações na seguridade social vem dos bancos privados.

“Com qual autoridade o [Luis Carlos] Trabuco, presidente do Bradesco, vem dizer que é ‘imprescindível’ uma reforma da Previdência? A crise brasileira tem a ver com produção e não com Previdência pública. O que o capital financeiro quer é privatizar a Previdência”, criticou.

Frente Brasil Popular

Nos últimos dias, o ex-presidente Lula se viu envolvido em diversas denúncias e foi convocado para depor, como investigado, na Justiça de São Paulo.

O principal argumento do Ministério Público paulista é que a Odebrecht pagou reformas em um apartamento no Guarujá, litoral do estado, e em um sítio em Atibaia, interior de São Paulo, que, supostamente, pertencem ao ex-presidente.

Stedile ressaltou que Lula é o maior líder popular brasileiro e que ele vem passando por um linchamento midiático. “O motivo disso não é prender o Lula, mas desmoralizá-lo e impedir a sua candidatura à presidência em 2018”, apontou.

Ele anunciou também que a Frente Brasil Popular está organizando um protesto em 17 de fevereiro, no dia do pronunciamento de Lula no Fórum Criminal da Barra Funda, região oeste de São Paulo, como forma de solidariedade ao ex-presidente. Stedile também declarou que um grande ato unificado contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff acontecerá no mês de março em diversas cidades do Brasil.

Retomar las calles. Entrevista con João Pedro Stedile

Entrevista de Joao pedro stedile MST Brasil en la revista CONTRAPUNTO,

nr 7. enero 16, Montevideo. Uruguai.

Contrapunto: Has hablado de que Brasil está atravesando un período de
crisis. ¿Cómo estás viendo el escenario político actual? ¿Cuáles son los
posibles desarrollos de esa conjugación de crisis?

João Pedro Stedile: La evaluación de los movimientos populares brasileros,
que nos conformamos en el Frente Brasil Popular -que reúne a casi setenta organizaciones
nacionales-, es que Brasil vive un período histórico muy complejo,
porque están ocurriendo al mismo tiempo tres crisis: una crisis económica que
paralizó la economía hace dos años y que aún va a seguir sin crecer, con un
fuerte proceso de desindustrialización, aumento de desempleo y disminución
del salario medio; una crisis política sin precedentes, pues el proceso electoral
fue secuestrado por las empresas que financian los candidatos y después los
controlan —las diez mayores empresas del país financian cerca del 70 % de
los parlamentarios—; y una crisis social, cuya punta del iceberg apareció en las
protestas de junio de 2013 y está aún latente, ya que los problemas del pueblo,
sobre todo de las grandes ciudades, solo aumentan, sin solución.
Como es una crisis profunda, seguramente su salida será prolongada y exigirá
un nuevo bloque de alianza de clases que pueda sacar el país adelante. Por
ahora, no hay ninguna señal de construcción de ese nuevo bloque.
La clase dominante, el gran poder económico que controla nuestra economía
-que son el capital financiero, las empresas transnacionales y sus aliados
internos-, presenta un único programa que es el retorno al neoliberalismo, basado
en 3 puntos: a) una realineación de nuestra economía con Estados Unidos
y, por lo tanto, en contra de las iniciativas regionales, a la espera de que el
sometimiento y un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos traiga miles
de millones de inversión para reactivar la economía; b) un mínimo estatal que
corta todas las inversiones en política social y prioriza solamente la infraestructura
para exportar; c) corte de los derechos de los trabajadores, ganados a lo
largo del siglo xx y consagrados en la Constituyente de 1988. Con esto, esperan
reducir el costo de la mano de obra y aumentar su tasa de ganancia a repartir
con mejores condiciones entre sus socios o competidores extranjeros.
Pero el problema es que ese programa no ha funcionado bien en ningún
lugar del mundo, ni en Europa y, mucho menos, en América Latina. Y en el caso
brasilero, el pueblo ya derrotó en cuatro elecciones ese programa neoliberal.
Ya el gobierno de Dilma está completamente perdido. Erra en el diagnóstico,
ya que reduce la crisis a un problema ornamental, y comete un error en
la composición de la cartera ministerial al formar un equipo mediocre que no
representa ni los partidos ni los intereses de la sociedad. Y por eso es que está
metida en una crisis política sin precedentes. Un gobierno que sólo hace gol
en contra y, con ello, está perdiendo día a día su base social, sus seguidores.

C: ¿Cuál es la propuesta de los movimientos populares en esta situación?
JPS: De parte de los movimientos populares, hemos analizado que, en primer
lugar, precisamos crear una gran unidad entre la clase trabajadora, desde
los campesinos, los trabajadores precarizados o los trabajadores sindicalizados,
todos, para también presentar un programa que nos saque de la crisis.
Hemos avanzado en muchas direcciones. Estamos construyendo esa unidad
en torno al Frente Brasil Popular, lanzado en un acto político el 5 de setiembre
en Belo Horizonte, con más de dos mil militantes y dirigentes políticos.
Tenemos una plataforma mínima que defiende la democracia, por eso estamos
contra cualquier golpe que quiera derribar el gobierno de Dilma e, incluso,
de algunos gobernadores corruptos en los estados. Estamos por la defensa de
todos los derechos de los trabajadores y por los derechos sociales del pueblo.
Estamos en contra de entregar las reservas de petróleo, como quiere la derecha.
Defendemos un programa de integración regional y trabajamos por un
programa de reformas estructurales y populares de mediano plazo.
Sin embargo, la fuerza de la clase obrera no solo se expresa en espacios de
unidad o de documentos. Nuestros esfuerzos solo se expresan políticamente
si llegamos a las calles con movilizaciones y presiones masivas, y en eso estamos
todavía por debajo de lo que necesitamos, porque en las varias movilizaciones
que hicimos, aun estando programadas, por ahora, apenas la militancia
se está movilizando; la población, nuestra base social, está asistiendo desde el
sofá, y eso es muy malo.
Así que esperamos también poner más energía para generar, en el próximo
período, un reascenso del movimiento de masas, que pueda poner a la clase
obrera como el principal actor de este escenario de lucha de clases, que, por
ahora, está confundido y abrumado únicamente por la política institucional.

C: ¿Qué análisis está haciendo el movimiento del avance conservador en Brasil?
JPS: En la actual fase de dominio del capital financiero e internacionalizado,
aquellos parámetros clásicos de la república y del capital industrial en la disputa
democrática están superados. El capital ahora no precisa más partidos ni instituciones;
ejerce su poder, no solo por el dinero, sino también por la enorme
influencia económica que tiene en la sociedad, por el uso sistemático de los
medios de comunicación (televisión, radio, periódicos), donde tiene hegemonía
completa. Entonces, los medios de comunicación son hoy la principal arma
política de la burguesía y su verdadero partido ideológico. Es a través de ellos
que su predicación proyecta valores sociales falsos y se predica el conservadurismo.
Por eso, también defendemos que como parte de la construcción
democrática y de la salida de la crisis actual es necesaria una profunda reforma
de los medios de comunicación, que democratice su poder de acceso y que
dé al pueblo y a sus organizaciones el derecho de acceso a una información
verdadera.
A pesar de que ellos manipulan, mienten todos los días y convencen a los
sectores más atrasados y desorganizados, no pueden nunca cambiar la realidad,
y mientras no haya soluciones concretas a los problemas reales de la
población, la crisis continuará.

Comunicado da coordenação nacional do MST ? opiniao publica

2 de febrero 2016

Os dirigentes do MST, Joao pedro Stedile e  Joao paulo Rodrigues deram coletiva de imprensa nesta tarde do dia 2 de fevereiro, na sede do sindicato dos jornalistas de Sao paulo. A coletiva teve por objetivo divulgar para opiniao publica dois documentos.  O primeiro foi a Carta de Caruaru, que é um balanço politico da situaçao do país e da reforma agraria realizado pela reuniao nacional de 400 dirigentes da coordenação nacional, de todos os estados, terminada nesta sabado passado em Caruaru.  E o segundo é uma carta entregue em mãos à presidente Dilma, no dia 17 de dezembro passado, com copias aos ministros da area, cobrando do governo seus compromissos com a reforma agraria.

Os dirigentes rsponderam a perguntas dos jornalistas e a integra das perguntas respostas foi transmitido e gravado pela TV Drone de São Paulo.

Veja abaixo os documentos.  De livre circulação.

 MST: Estamos entrando num novo período histórico da luta de classes

 Confira a Carta de Caruaru, em que o MST apresenta o balanço crítico do atual momento político e as perspectivas para o próximo período.

2 de fevereiro de 2016 19h25

 Da Página do MST

 Na semana passada, mais de 400 dirigentes do MST de todo o Brasil se reuniram na cidade de Caruaru (PE), durante o encontro da coordenação nacional do MST.

 No final da atividade, os Sem Terra escreveram a Carta de Caruaru, em que apresentam um balanço crítico do atual momento político e as perspectivas para o próximo período.

 

 Carta de Caruaru

 1.     A atual crise mundial do capitalismo, iniciada ainda em 2008, causa o aumento do desemprego, do crescimento da desigualdade social, a concentração da renda e riqueza além de intensificar o uso do aparato repressivo do Estado em todas as partes do mundo.

 2.     O grande capital se mostra incapaz de apontar saídas para essa crise do capitalismo. Acentua-se que será uma crise profunda, prolongada, que exigirá reformas estruturais. E suas consequências sociais são imprevisíveis.

 3.     No cenário nacional, à crise internacional do capitalismo soma-se o esgotamento do modelo neodesenvolvementista, baseado no crescimento econômico e na distribuição de renda com conciliação de classes, iniciado em 2003.

 4.     Frente à gravidade da crise, a classe dominante demonstra não ter unidade em torno de um novo projeto hegemônico para o país. Há setores da burguesia que persistem na defesa do modelo neodesenvolvimentista. E há outra parcela que almeja a retomada e o aprofundamento do modelo neoliberal.

 5.     A presidenta Dilma Rousseff, desde o início do seu 2º mandato, errou em implementar um programa econômico de medidas neoliberais, adotado do seu adversário político, derrotado nas urnas. Tal equívoco causou o agravamento da crise econômica e fragilizou o apoio popular que lhe assegurou a vitória nas últimas eleições presidenciais.

 6.     Mesmo assim, o governo seguiu cedendo ao grande capital, retirando direitos sociais e trabalhistas e dando continuidade ao ajuste econômico, que mostrou-se fracassado em 2015.

  7.     As anunciadas reformas trabalhistas e da previdência social – que penalizam a classe trabalhadora e, especialmente, as mulheres camponesas – são inaceitáveis; e, se concretizadas, provocarão uma onda de lutas populares em todo o país contra o governo.

 8.     Da mesma forma exigimos que o governo enfrente o modelo de agricultura do agronegócio. É uma agricultura financiada pela poupança social e subsidiada com recursos públicos, destinada a atender os interesses do mercado internacional. Esse modelo de agricultura provoca a concentração de renda e da propriedade da terra, aumenta a desigualdade social, produz alimentos com agrotóxicos, promove uma irracional destruição ambiental em nosso país e subordina toda cadeia produtiva agropecuária ao controle e interesses das empresas transnacionais e do capital financeiro.

 9.     Todo este contexto sinaliza um novo período histórico da luta de classes. Cabe à classe trabalhadora enfrentar o desafio de impulsionar as lutas populares nas ruas, construir a unidade da classe e alimentar o povo brasileiro com os ideais de uma sociedade avançada, socialmente justa e democrática.

 10.  Urge a classe trabalhadora construir coletivamente, através de todas as mediações, sindicatos, movimentos populares e partidos políticos progressistas, um novo projeto político para o país. Um projeto alicerçado na defesa e no aprofundamento da democracia popular, na distribuição da riqueza e na soberania nacional.

 11.  A Frente Brasil Popular (FBP), criada em setembro/2015, em Belo Horizonte/MG, logrou unidade de uma parcela da classe trabalhadora em torno de uma plataforma política mínima de um projeto político para o Brasil. Como integrante da FBP, faremos todos os esforços para a sua consolidação nos estados e municípios. Cabe-nos, ainda, a tarefa de ampliar a FBP com outros setores e organizações, além de aprofundar o diálogo com outras Frentes existentes.

 12.  No campo, diante da ineficiência e apatia do governo em adotar medidas favoráveis à Reforma Agrária, iremos intensificar as mobilizações populares, as ocupações de latifúndios improdutivos e das fazendas, como estabelece a Constituição Federal de 1988, que não cumprem a função social.

 13.  Lutaremos pela Reforma Agrária Popular, centrada na distribuição da terra às famílias camponesas e em um novo modelo de agricultura brasileira. Uma agricultura que priorize a produção de alimentos sadios, baseada na agroecologia e na cooperação agrícola, associada com a implantação de agroindústrias nas áreas da Reforma agrária.

 14.  A Reforma Agrária Popular é indissociável do direito da população do campo ter acesso à educação e ao conhecimento. Assim, lutaremos contra o fechamento das escolas do meio rural e exigiremos, para cada área de assentamento, a existência física de escolas que assegurem uma educação pública, de qualidade social e gratuita. Educação é um direito e não uma mercadoria!

 15.  Juntos com a Via Campesina e os demais movimentos populares do campo,  lutaremos pela soberania alimentar de todos os povos, em defesa das sementes como um patrimônio  da humanidade, e pelo alimento ser um direito do ser humano e não uma mercadoria que visa apenas os lucros das empresas transnacionais, às custas da miséria e da fome de milhões de seres humanos.

 Enfim, assumimos o compromisso de dar continuidade e intensificar as lutas populares de 2015. Iremos, em 2016, voltar às ruas contra forças imperialistas, a direita partidária, o conservadorismo do Congresso Nacional, o oligopólio da mídia, os setores reacionários e golpistas incrustados no aparato estatal. Estes querem fazer o país retroceder nas conquistas democráticas já obtidas, nos direitos trabalhistas conquistados e no avanço das políticas econômicas que reduzem a desigualdade social.

 Será um ano de muitas lutas e de superação de desafios na construção da unidade da classe trabalhadora, do reascenso das lutas populares, da solidariedade com todos os povos em lutas e na construção de um projeto político popular para o nosso país.

 Caruaru/PE, 30 janeiro de 2016.

Coordenação Nacional do MST

Lutar, construir a Reforma Agrária Popular!

 

 

 

CARTA A PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF

 Excelentíssima Senhora

 D. Presidenta Dilma Rousseff,

 República Federativa do Brasil

 No dia 14 de dezembro de 2014, estivemos reunidos para tratar dos temas que envolvem a terra, a política agrária em geral de nosso país. Passado um ano, nossa avaliação é que pouco avançamos em relação a realização concreta dos diversos compromissos que seu governo assumiu, de mudanças para o campo. Por isso, vimos a sua presença apresentar as questões ainda pendentes, para que a senhora tenha conhecimento, e eventualmente nos colocamos a disposição para realizarmos uma reunião de trabalho apenas para tratar desses temas.

 

I – TERRA

 1. Solução para as famílias acampada

 Neste ano não foi possível dar celeridade a sua determinação política de priorizar assentamento das famílias acampadas, e foi nos dito que a razão seriao contingenciamento dos recursos. Num ano foram mobilizadas apenas 31 areas, que representa apenas uma por estado. Por outro lado há áreas que já foram destinadas a reforma agrária e as famílias assentadas há três anos, e por falta de pagamento do Incra, corremos o risco dos decretos caducarem e a justiça mandar devolver aos ex-propietarios. 2016 esperamos que os recursos sejam de fato aplicados para assentar todas as famílias que estão sobrevivendo embaixo da lona preta acampadas pelo Brasil.

 

2. Novos Recursos para Reforma Agrária

 

É urgente e necessário que se destine os recursos recolhidos por diversas taxas para o Incra, que estão depositados no Tesouro Nacional, porém vão para o superávit primário. Há na conta Incra 1 bilhão e 200 mil), que poderiam ser utilizados imediatamente para as enormes demandas do Incra, e da reforma agrária.

 

3. Plano de metas

 

É urgente que o governo acorde o plano de metas para a reforma agrária já discutida com os movimentos e apresentado pelo MDA.

 

4. Habitação Rural

 

Pedimos a contratação imediata dos projetos que estão na Caixa Econômica e Banco do Brasil que totalizam a construção de 12 mil casas acordadas em outubro de 2015; e ate agora nenhum contrato foi assinado. Lançamento imediato do "Programa Minha Casa, Minha Vida 3" para atender as 120 mil famílias quem vivem em barracos.

 

5. Pronera

 

O Pronera é o melhor programa do governo para garantir aos jovens do campo acesso ao ensino superior. Esse ano foram apenas 20 milhões. Nossa demanda de projetos em parcerias com asuniversidades poderiaatender a milhares de jovens. Por isso pedimos que o governo veja formas de alocar recursos no Pronera/Incra, no valor de 200 milhões de reais. 37

 

II – POLÍTICA AGRÍCOLA

 

1. Conab

 

Programa de Aquisição de Alimentos: É urgente recompor o orçamento para o PAA e transferi-lo para o MDA. Antes havia um total de 1,2 bilhões de reais /ano, e este ano, não ultrapassa os 200 milhões atendendo menos de 30 mil famílias. Num potencial de mais de um milhão de famílias que poderiam fornecer alimentos.

 

Programa Milho no Balcão: Garantir recursos para ampliar a distribuição de milho na regiãosemi-árido e assim amenizar os problemas da seca entre a agricultura familiar.

 

Programa Doação Simultânea: precisamos ampliar esse programa para que milhões de pessoas pobres das periferias das cidades e que estão organizadas por suas associações e movimentos.

 

2. Assistência técnica e extensão rural

 

É preciso que o Governo assuma o pagamento dos contratos de trabalho já realizados pelos convênios da ATES. Há diversas entidades que já apresentaram notas há três meses e até o momento não foram pagos. A inadimplência do Governo com os contratos de ATES vai levar a falência diversas entidades que fizeram convênios com o Incra, gerando um clima de revolta e desconfiança.

 

Estruturação e funcionamento imediato da ANATER

 

3. Instituto Nacional de Pesquisas do Semi-árido – INSA

 

Por ser o único instrumento de pesquisa do semi-árido é necessário rever o posicionamento do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação de encerrar as atividades do instituto, pelo contrário, é necessário fortalecê-lo e transferí-lo para o MDA a fim de estimular o desenvolvimento da região Nordeste.

 

4. Programa Nacionalde Redução de Agrotóxicos – PRONARA

 

Existe apoio formalizado de 8 ministros da República. A ministra da Agricultura, Kátia Abreu, se negou a assinar. É preciso que o Governo Federal promulgue e divulgue o mais breve possível.

 

5. Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO

 

É fundamental a imediata designação de orçamento próprio para viabilizar as propostas acordadas entre os ministérios concentrando os recursos no MDA.

 

6. Fundo Desenvolvimento Incra

 

É urgente que se constitua esse fundo com objetivos de financiar projetos comunitários de agroindústria nos assentamento rurais e com obras comunitárias, que ora o Incra não tem orçamento.O projetodo Fundo já foi apresentado na Secretária de Governo, e os movimentos do campo, apoiamos a iniciativa do Incra.

 

7. Perímetros irrigados

 

Desde 2009 os agricultores aguardam que essas terras sejam destinadas para Reforma Agrária, sendo que o processo fica estacionado dentro do Ministério da Integração. É necessário que o governo decrete as áreas para produção familiar;

 

Interferir para que o Ministério da Integração possa liberar os 50 milhões contingenciados para construção de sistemas de irrigação simplificados para áreas de agricultura camponesa;

 

III – PROJETOS DE LEI DE INTERESSE POPULAR QUE CIRCULAM NO CONGRESSO E QUE O GOVERNO PRECISA SE POSICIONAR

 

1. Terrorismo

 

Exigimos a imediata retirada da urgência da votação do Projeto de Lei que tipifica o terrorismo no nosso país.

 

2. Previdência Rural

 

Não aceitaremos calados que o ministro Levy retire os direitos dos trabalhadores rurais no sentido da alteração da idade mínima para aposentadoria e da retirada do valor de referência do salário mínimo. Não existe projeto, mas o Ministro tem feito reiteradas declarações na imprensa.38

 

3. Lei de terras para estrangeiros

 

O Executivo deve vetar qualquer tentativa de alteração desta lei. As nossas terras são nosso patrimônio e não devem ser mercantilizados ao interesse do mercado financeiro internacional.

 

4. Transgênicos

 

A tecnologia Terminator é proibida em todo o mundo, apenas no Brasil se coloca em debate uma medida que prejudica profundamente a biodiversidade do campo brasileiro, o que determina isso são os interesses dos indivíduos que compõem o Congresso Nacional. O Governo Federal não pode compactuar com esse absurdo.

 

5. PEC 215

 

O Poder Executivo deve articular a base aliada do governo no Congresso Nacional para barrar mais esse retrocesso nos Direitos Humanos da nossa história.

 

No mais desejamos que a Presidenta tenha muita força para passar por este período de profundo tensionamento político. O acirramento político coloca uma urgente e necessária tarefa para os lutadores do povo: resistir! Nessa trincheira somos aliados, não permitiremos nenhum retrocesso nas conquistas democráticas do povo brasileiro.

 

Um abraço da Direção Nacional do MST

 

Brasília, 17 de dezembro de 2015

 

ALEXANDRE CONCEIÇAO

 

JOAO PEDRO STEDILE

 

Alexandre

Documentario sobre os dez anos da ENFF

Durante reuniao da coordenação nacional do mst, de 26 a 30 de janeiro de16, em caruaru, foi lançado do DOCUMENTARIO DOS DEZ ANOS DA ENFF

https://www.youtube.com/watch?v=ycotsNxotgg

 

 No filme Escola Nacional Florestan Fernandes na batalha de ideias, temos uma apresentação das principais concepções no campo da formação política que a ENFF desenvolveu nos seus primeiros 10 anos de atividades, os desafios para a continuidade do processo formativo e o seu significado para a luta de classes. Ao longo dessa década, a ENFF se constituiu numa escola de referência para a classe trabalhadora, não só do Brasil, mas também da América Latina e de outros continentes, um espaço pedagógico de articulação e troca de experiências internacionalista. No território nacional, a ENFF também expandiu sua atuação com a criação de novas unidades nas regiões centro-oeste, nordeste e amazônica.

Alexandre conceição, dirigente do MST analisa a conjuntura politica e da reforma agraria

 ENTREVISTA 'Governo precisa apontar mudanças urgentes e progressistas para a economia', diz MST

Movimento completa 32 anos, ressalta reforma agrária para enfrentar crise econômica e alerta para ofensiva em curso contra os direitos dos trabalhadores: 'Não elegemos Dilma para fazer estas reformas'

21/01/2016

 Brasília – Alexandre Conceição, dirigente da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que completa 32 anos de atividade, avalia a trajetória do movimento, sua relação com partidos políticos e meios de comunicação e lembra a contribuição que a reforma agrária pode dar para o enfrentamento da crise econômica no país. “Nosso grande papel é ajudar a combater a inflação dos alimentos”, afirma, do acampamento onde vive, no litoral norte de Pernambuco.

 Segundo ele, com desapropriação de terra, crédito, assistência técnica e assentamento de famílias o país pode produzir alimentos saudáveis, baratos e combater a alta de preços. Alexandre, que atua no MST há 16 anos e atualmente é responsável pela articulação política do movimento em Brasília, também comentou o momento político brasileiro. “O governo precisa incisivamente apontar programas progressistas para a economia.” Confira a entrevista:

 

Após 32 anos de luta pela reforma agrária, qual a importância do MST hoje para o Brasil?

 Falarmos da nossa importância não é fácil. É a sociedade brasileira que tem dado importância ao MST. Mas nós temos sim uma importância histórica no Brasil, de juntar todo o povo injustiçado do campo, fazer uma luta pela redemocratização da terra e justamente pautar a reforma agrária no país.

 

Pautar a reforma agraria popular, que venha a distribuir terra, produzir alimentos saudáveis, combater a utilização de agrotóxicos, proteger o meio ambiente e desenvolver o interior deste país. Em vários assentamentos, desenvolvemos hoje uma agroindústria voltada para produzir alimentos saudáveis de melhor qualidade e menor preço para a população.

 

Essa é a importância do MST, de organizar a luta pela terra, pela reforma agrária popular, para que possamos ter de fato uma democracia plena. Enquanto a terra estiver nas mãos de muitos poucos, esse país não será verdadeiramente democrático

 O projeto de reforma agrária do MST foi se modificando ao longo do tempo?

 Nós fomos modificando porque a sociedade também foi modificando. Com a expansão do agronegócio e do latifúndio, o país vive hoje uma produção agrícola baseada na monocultura de cinco produtos: soja, cana-de-açúcar, eucalipto, carnes e aves. O agronegócio não produz alimento.

 É a agricultura familiar e camponesa que produz alimento para a mesa da população. Neste processo histórico, o MST foi se readequando e descobrindo que a única alternativa para o país é uma reforma agrária voltada para uma nova matriz tecnológica de produção baseada no cooperativismo e na produção agroecológica. É assim que vamos produzir a democracia da produção agrícola no Brasil, com a produção de alimentos saudáveis e ao mesmo tempo democratizando o espaço territorial brasileiro.

 

A criminalização dos movimentos que lutam pela terra diminuiu com o passar deste tempo?

 

Muito pelo contrário. Anos atrás, o processo de criminalização era realizado pelo latifúndio, que fazia a luta direta contra o movimento, com apoio do delegado e do juiz local. Hoje, não é só o Poder Judiciário, mas a mídia que faz um processo de ideologização e criminalização perversa contra o MST e contra o conjunto dos movimentos sociais que lutam pela democracia.

 

Os meios de comunicação são terríveis contra qualquer levante do povo que busca sua emancipação e luta por seus direitos. Vivemos um momento histórico nestes últimos 13 anos de avanço popular, inclusive a própria constituição da EBC como canal que dá espaço para os movimentos falarem e terem sua voz. Ao mesmo tempo, você tem sete famílias controlando os meios de comunicação privados e criando um processo de criminalização forte dos movimentos.

 

Além disso, a violência vai aumentando. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, houve em 2015 um aumento em mais de 30% dos casos de violência no campo no país. O processo é perverso, mas a luta dos trabalhadores avança em passos lentos, consolidando um projeto político democrático.

 

Houve uma diminuição da ação do MST nos últimos anos? O movimento está em declínio?

 

O fato é que temos feito muitas mobilizações e ocupações, mas não se noticia isso. Parece até que não tem tido mobilização, não tem tido luta. Mas na verdade não é. O que existe é uma tentativa dos grandes veículos de comunicação de invisibilizar deliberadamente a luta dos movimentos sociais.  Em 2015, tivemos mais de 60 novas ocupações de terra.

 

Por outro lado, nos últimos 12 anos passamos por um processo de aumento de renda, com valorização do salário mínimo, com a geração de empregos, o que ajudou o povo a buscar outras alternativas que não fossem a terra. Agora vem a nova crise e a tendência é que o número de pessoas aumente por conta do desemprego, e que os trabalhadores comecem a retornar a luta pela terra porque estão vendo que as cidades não têm lugar para eles.

 

Na atual crise econômica, qual seria o papel da reforma agrária para o desenvolvimento do país?

 

Nosso grande papel é ajudar a combater a inflação dos alimentos. Para isso, o governo precisa desapropriar terra, dar crédito, assistência técnica e colocar o povo em cima da terra. Assim, vamos produzir alimentos saudáveis, baratos e combater a inflação.

 

Ao mesmo tempo, vamos combater o agronegócio, que é uma mentira, uma falácia, que vive dos subsídios do governo, do dinheiro público, das exportações e da dependência do capital internacional. O agronegócio

 

Que relação o MST mantém com os partidos? O movimento se enfraqueceu com a eleição do PT para o governo federal?

 

O MST nasceu com a característica de ser um movimento autônomo. Autônomo de igrejas, de partidos. É um movimento popular, que se organiza pela terra. Temos nossa autonomia. É com nossa visão de mundo que dialogamos e nos aproximamos de partidos e movimentos progressistas, da esquerda, dos que compreendem a luta pela terra como importante. Nos relacionamos com o PT, PSB, PCdoB, PSOL, com partidos de esquerda que defendem a luta pela terra e que são nossos grandes aliados.

 

No ano em que o Lula assumiu a presidência, em 2003, foi o período que o movimento teve um dos maiores números de ocupações de terra. Só em 2004 foram mais de 200 ocupações.

 

Não aceitaremos a corrupção. Quando descobrirmos que tem terra comprada com dinheiro de corrupção, vamos estar atentos e ocupar essa terra.

 

Qual a avaliação o MST faz do atual momento que o país vive?

 

Temos uma elite preconceituosa e machista. O que a presidenta Dilma tem enfrentado tem a ver com esses preconceitos contra mulher, os pobres, os negros, contra a renda que foi distribuída nos últimos anos. Essa elite, que perdeu a eleição em 2014, é que quer dar o golpe de todo jeito.

 

Isso já esfriou, porque os movimentos sociais derrotam eles nas ruas. Chamamos a atenção do governo para a necessidade de mudanças na economia. Uma das mudanças era o “Fora Levy”. O ministro caiu e o governo agora precisa incisivamente apontar programas progressistas para a economia e não fazer cortes na Previdência, não fazer mudanças nas leis trabalhistas.

 

Não aceitaremos que o governo faça reformas neoliberais. Não elegemos Dilma para fazer essas reformas. A elegemos para avançar mais do que nos últimos 12 anos. Que o projeto popular possa avançar e se consolidar com políticas construídas.

Informe CPT 2015: 49 campesinos asesinados en Brasil.

La violencia en el campo en 2015 fue, de acuerdo con datos parciales de la CPT, el año con el mayor número de muertes en el campo desde 2004: fueron asesinados 49 campesinos sin tierras y asentados de la reforma
agraria. 

http://www.mst.org.br/2016/01/07/cpt-desafio-para-povos-do-campo-em-2016-sera-enorme.html

 

 

Balanço da questão agrária no Brasil em 2015

O ano de 2015 foi marcado pelo desmonte de órgãos do Governo e por cortes de recursos públicos para a Reforma Agrária e demarcação de territórios quilombolas e indígenas. A aliança do Estado brasileiro com o agronegócio se intensificou, atingindo diretamente o conjunto dos povos do campo. A violência contra as comunidades camponesas e povos indígenas foi praticada não só pela lógica do capitalismo, como também pelo Estado brasileiro.

O balanço foi publicado por Comissão Pastoral da Terra – CPT, 05-01-2016.

O número de assassinatos no campo cresceu. A destruição das florestas aumentou. O uso de veneno, que chega a nossas mesas, foi ampliado. Os recursos para o Programa de Construção de Cisternas e outras tecnologias sociais sofreram cortes e no campo persistiu o trabalho escravo. A natureza foi, cada vez mais, o filão das empresas capitalistas. Com isso, seguiu intensamente a apropriação das águas, das terras, do sol e do ar. A natureza foi e está sendo privatizada. Neste cenário, fica mais clara a lógica do capitalismo e do Estado brasileiro.

Do outro lado, a memória dos povos do campo e a crescente violência o fizeram permanecer em luta. Foram inúmeras ocupações e retomadas de terra, marchas, jornadas e protestos que alimentaram a rebeldia necessária para manter a esperança na construção da Terra sem males, do Bem Viver.

Confira abaixo o balanço da questão agrária brasileira no ano de 2015, elaborado pela Comissão Pastoral da Terra – Regional Nordeste II

No início de 2015, o sentimento era de que, após as tensões eleitorais diante da possibilidade de vitória de um candidato expressamente de direita, seria possível uma polarização de projetos e mudanças de rumo na política para o campo brasileiro. Ledo engano: os cenários político e econômico brasileiro se agravaram e produziram impactos negativos nas lutas do campo.

O Congresso Nacional, com a mais conservadora formação das últimas décadas, manteve-se a serviço do poder econômico, que financiou as ricas campanhas eleitorais e, ao mesmo tempo, se colocou como palco da crise política e do prolongamento da disputa eleitoral, em prejuízo de uma pauta que fosse de interesse real da sociedade. Houve uma preocupante predominância de pautas conservadoras. São exemplos: os inquietadores projetos para implantar a terceirização, a redução da maioridade penal, a restrição da demarcação das terras indígenas, a mudança na rotulação de produtos transgênicos, o tratamento restritivo do estatuto da família, a mudança do estatuto do desarmamento, a mudança no regime de partilha do pré-sal, dentre outras iniciativas voltadas ao conservadorismo e ao retrocesso nas conquistas sociais.

Com isso, as injustiças, as desigualdades sociais e ambientais voltaram a se intensificar e o Governo andou para trás no caminho de superar os desafios e impasses da luta da terra, deixando de atender a demanda histórica pelaReforma Agrária e os direitos dos povos do campo.

Cortes do orçamento da Reforma Agrária

Em consequência desse quadro, as desapropriações de terras foram drasticamente prejudicadas com o corte de 15,1%, afetado pelo contingenciamento do orçamento da União. O Ministério do Desenvolvimento Agrário sofreu, em termos absolutos, uma redução de 49% do montante previsto inicialmente na Lei Orçamentária Anual de 2015. OIncra, que possuía um orçamento inicial da ordem de R$ 1,65 bilhão, atuou em 2015 com metade deste valor: R$ 874,37 milhões.

Sequer foi cumprida a estimativa do governo para 2015 que era de atingir uma meta de trinta mil novas famílias assentadas e, até 2018, zerar o número de trabalhadores e trabalhadoras rurais acampadas no país, caso não ocorressem mais ocupações até essa data – tendo em vista que os movimentos sociais indicam o número atual de 120 mil famílias acampadas no país. Os movimentos sociais do campo questionam os dados do MDA que declarou ter assentado cerca de 13 mil famílias de trabalhadores rurais até outubro, quando somente cerca de sete mil novas famílias haviam sido assentadas até então. De todo modo, o número é muito aquém da necessidade das famílias acampadas no Brasil.

Continuam os conflitos e violência no campo

A manutenção da aliança com o agronegócio acarretou o agravamento da violência vivida pelas comunidades camponesas que lutam por direitos e pela permanência em seus territórios. Os registros parciais da CPT apontam que o Nordeste foi a região em que houve mais ocorrência de conflitos no campo em 2015, representando 35% dos casos em todo o país. Em seguida, veio a região Norte, com 27% das ocorrências, o Centro-Oeste com 17%, oSudeste com 15% e, finalmente, o Sul do país com 5,5%.

Parte significativa das ocorrências de conflitos neste ano continuou sendo provocada pelo poder privado, com destaque para fazendeiros, grandes latifundiários, grandes empresas, mineradoras, hidrelétricas, portos, dentre outras grandes obras de infraestrutura. O fato demonstra uma disputa, excessivamente desigual, por territórios e bens naturais entre o poder privado e as comunidades camponesas. Apesar disso, permanece alarmante a violência praticada pelo próprio Estado Brasileiro, através da força policial, dos investimentos aos grandes projetos desenvolvimentistas, das ações do Poder Judiciário e das portarias e decretos que limitam as demarcações e desapropriações.

No Estado de Pernambuco, um dos destaques da violência ficou por conta do Complexo Industrial e Portuário de Suape, como revelam as denúncias feitas pelos camponeses posseiros da área quanto a abusos cometidos pela empresa pública, sobretudo de ameaças, despejos forçados e de criminalização dos mesmos. Em diversas audiências públicas, os camponeses denunciaram publicamente as ações de violência protagonizadas peloComplexo, inclusive a existência de trabalhadores ameaçados de morte e a forte atuação de milícias armadas contratadas e formadas por Suape. Foram feitas denúncias internacionais, inclusive em audiência na Comissão Interamericana de Direito Humanos e com o relator especial da ONU sobre defensores e defensoras de Direitos Humanos.

Outro exemplo da violência sofrida pelas comunidades camponesas ocorreu na Fazenda Salgadinho, no estado daParaíba. Localizada no município de Mogeiro, a área foi palco de um conflito que envolveu 33 famílias de posseiros que vivem e trabalham no local há mais de 50 anos. Há oito anos, os proprietários vinham ameaçando os camponeses/as de expulsão. Em 2015, os capangas da Fazenda, atiraram, com frequência, nas proximidades das casas dos posseiros, como forma de ameaça e amedrontamento. Em um desses ataques, seis posseiros foram baleados no tórax e pernas, sendo que um deles teve cinco perfurações no abdômen. Vários boletins de ocorrência foram feitos e nenhuma providência eficaz foi adotada.

A Terra encharcada de sangue

O ano que se encerra também deixa outra triste marca na história do campesinato, com os assassinatos no campo se destacando e ganhando repercussão nacional e internacional. Segundos dados parciais da CPT, o número de assassinatos no campo é o maior desde 2004. Foram 49 assassinatos de camponeses, sobretudo de posseiros, sem terras e assentados da Reforma Agrária.

Se a região Nordeste concentra o maior número de ocorrências de conflitos agrários, o Norte do país se destaca por possuir os piores índices de conflitos com vítimas fatais. Dos 49 assassinatos no campo, 21 ocorreram somente no estado de Rondônia. De acordo com a CPT no estado, os casos expressam a espiral crescente de assassinatos de sem terras por jagunços, a mando dos latifundiários, com denúncias de envolvimento de policiais e milícias armadas. Além de Rondônia, 19 assassinatos foram registrados no estado do Pará e cinco no Maranhão. Estes foram os três estados que lideraram o índice de violência no campo com vítimas fatais em 2015.

Um dos casos de assassinato que mais chocou o país ocorreu no município de Conceição do Araguaia/PA. Seis pessoas de uma mesma família foram assassinadas a golpes de facão e tiros. O crime foi motivado por disputa por lote de terra, ocasionadas pela morosidade dos processos de regularização fundiária. Esta é uma das principais causas do acirramento da violência no campo. Quanto mais o Incra demora para solucionar os conflitos fundiários, mais violência e assassinatos acontecem envolvendo vítimas e pessoas inocentes, nas áreas das comunidades tradicionais e de ocupações.

Outra vítima fatal em circunstâncias absurdas foi a trabalhadora rural Maria das Dores dos Santos, conhecida comoDora, que vivia na comunidade de Portelinha, município de Iranduba/AM. Ela foi sequestrada de sua casa por cinco homens fortemente armados e executada com 12 tiros de pistola. Dora vinha sendo ameaçada de morte e tinha procurado ajuda na Delegacia de Iranduba, local em que registrou 18 boletins de ocorrência por ameaça. A trabalhadora também havia feito denúncias na Assembleia Legislativa.

Meio ambiente: o verde do dólar é o que interessa

Os dados oficiais do Governo Federal apontam que houve um aumento de 16% do desmatamento da Amazônia entre agosto de 2014 e julho de 2015, em comparação com o mesmo período anterior. Os Estados do Amazonas (54%),Rondônia (41%) e Mato Grosso (40%) foram os que mais sofreram com o aumento, que foi mais acentuado no velho e bem conhecido arco do desmatamento (faixa de fronteira da expansão da soja e da pecuária, que avança sobre o coração da Amazônia). O fato revela a tendência de crescimento dos índices de desmatamento, provocado por incentivo do próprio Estado à expansão dessas atividades sobre a floresta, incluindo os territórios de povos e comunidades tradicionais.

A tragédia de Mariana, além de ser um dos maiores desastres ambientais na história, revelou que o Estado prossegue na contramão das necessidades globais, atendendo os interesses de empresas criminosas que financiam parlamentares e defendem o crescimento a qualquer custo. As bancadas da mineração, ruralistas e de outros parlamentares federais e senadores ligados ao mercado, tentam, através do Projeto de Lei 654/2015, enfraquecer ainda mais o processo do licenciamento ambiental, visando encurtar o tempo de análise técnica dos projetos e eliminar etapas do processo de licenciamento.

O veneno nosso de cada dia

Na contramão dos alertas das organizações sociais sobre segurança e soberania alimentar, o Brasil continuou ampliando a sua liderança como maior consumidor mundial de agrotóxicos, mantendo a autorização de comercialização e uso de produtos que já foram banidos em vários países. Enquanto de um lado, os órgãos reguladores são flexíveis com a liberação desses produtos no país, a estrutura dos órgãos de vigilância e fiscalização foi concebida para não funcionar e impede o acompanhamento das populações expostas, deixando de verificar quais são os riscos do contato com essas substâncias.

O Instituto Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), da Organização Mundial da Saúde (OMS), que faz avaliações sobre diversos agrotóxicos, classificou alguns desses produtos como carcinógeno humano, dentre eles o glifosato e o herbicida 2,4-D, que têm o seu uso permitido no Brasil. Enquanto o Brasil se afoga em agrotóxicos, organizações e movimentos sociais apontam que a única forma de retirar o veneno da mesa é através da agroecologia e de políticas de estado que possam investir na produção camponesa, historicamente ignorada pelos Governos.

A convivência com o Semiárido não foi prioridade

2015 foi o quinto ano consecutivo da estiagem considerada a maior dos últimos 80 anos no país, com cerca de mil municípios na região decretando situação de emergência. Apesar da importante redução da mortalidade humana, da fome e dos saques, em razão de programas públicos exigidos pelo povo sertanejo, o nordestino continuou sofrendo severos impactos diante da prioridade dos Governos aos grandes empreendimentos e ao latifúndio.

De fato, o prolongamento do período de seca representou o aumento da perda da produção agrícola e pecuária na região, provocando a descapitalização das comunidades camponesas que vivem não somente no sertão, mas também nas zonas da mata e litoral nordestino. Este, por sinal, será um dos principais desafios para os próximos anos: a recomposição do rebanho dizimado, que é fonte de renda e alimentação de muitas famílias camponesas.

Por sua vez, a secagem nos açudes e cacimbas também tem sido uma das consequências deste aterrador contexto. Os principais reservatórios e geradores de energia do Nordeste estão com níveis baixíssimos e em colapso. Neste contexto, os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí ocupam a posição mais grave prevista na ordem classificatória adotada pela Agência Nacional das Águas (ANA).

Do ponto de vista dos camponeses, dos pequenos agricultores e das populações tradicionais, esse quadro continua agravado por um aspecto há muito conhecido no Nordeste: a concentração das águas para o desenvolvimento de grandes empreendimentos industriais ou agropecuários voltados para a exportação. Significa dizer que, enquanto os trabalhadores/as viveram em 2015 a pior seca das últimas décadas, as empresas (de fruticultura, mineração, automotiva, entre outras) apropriaram-se do bem em escassez, sem que os poderes públicos adotassem qualquer medida protetora para a população.

Tais empreendimentos perpetuam o modelo de apropriação da água no Nordeste. Com isso, tem-se o aumento considerável de casos de disputa pela água na área rural. Um dos exemplos deste fenômeno é o caso dos conflitos pela água nos municípios inseridos na Bacia hidrográfica Apodi-Mossoró/RN, além da já denunciada apropriação das águas do aquífero Jandaíra, um dos maiores do Nordeste.

As organizações sociais questionaram, em 2015, grandes empreendimentos em curso no Nordeste, a exemplo do canal do sertão, considerada a maior obra de infraestrutura hídrica no estado de Alagoas e um dos maiores doNordeste. O canal, que compõe o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, terá 250 quilômetros de água para 42 municípios alagoanos, do Sertão ao Agreste. A cada trecho é uma festa pública de inauguração e nada da água chegar à torneira dos trabalhadores/as.

De acordo com especialistas, obras deste porte costumam destinar somente cerca de 6% da água para consumo humano e o restante para irrigação por grandes empreendimentos. As organizações sociais que atuam na área denunciam que esta água será um privilégio para poucos. Pelo mesmo caminho, se teme que vá a tão polêmica obra da Transposição do Rio Francisco, que em 2015 ganhou destaque por investigações de supostos desvios elevados de verbas públicas em sua construção.

Mesmo diante de um cenário estarrecedor, estima-se que a migração para outras regiões do país foi menor em 2015, fato este atribuído justamente ao pouco que se conquistou de Reforma Agrária e de iniciativas de convivência no semiárido. Contudo, tais iniciativas sofreram cortes drásticos em 2015, como os sofridos pela Articulação Nacional do Semiárido (ASA).

Trabalho escravo em 2015: Recuo dos números, crescimento das preocupações

O ano de 2015, que iniciou com a suspensão da Lista Suja de Trabalho Escravo por decisão liminar do STF a pedido de grandes construtoras, chega ao fim com graves preocupações quanto à continuidade da política brasileira de combate ao trabalho escravo. 

Em 2015, cerca de mil trabalhadores/as foram resgatados da escravidão – um número em nítida redução se comparado à média dos quatro anos anteriores (2.260). Essa queda ocorre no exato momento em que parte dos congressistas, no afã de reduzir mais e mais direitos, quer aprovar a revisão da definição legal do trabalho escravo. A alegação é de que o conceito atual, enunciado no artigo 149 do Código Penal – em vigor desde 2003 e parabenizado internacionalmente –, abre a porta a exageros, arbitrariedade e insegurança jurídica. Trata-se de uma alegação falsa, pois o baixo efetivo de auditores fiscais em atividade tem reduzido as autuações, considerando como em condições análogas à escravidão apenas um caso em cada sete estabelecimentos fiscalizados, sob o frágil argumento de que trabalho escravo só se caracterizaria pela soma de violações e não pela verificação de infrações isoladas.

Segundo dados parciais, os estados que lideraram o ranking de trabalho escravo identificados em 2015 pela CPT, foram Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro e Pará. As principais atividades que se beneficiaram da prática do trabalho escravo em 2015 foram: a construção civil (243 resgatados), a pecuária (133) e o extrativismo vegetal (114), sendo 52 no PI e 37 no CE. Na prática do trabalho escravo em geral, as atividades econômicas ligadas ao campo predominaram sobre as atividades urbanas. Segundo a análise da Divisão de Erradicação do Trabalho Escravo (DETRAE), do Ministério do Trabalho, o perfil atual das vítimas é de jovens do sexo masculino, com baixa escolaridade e que tenham migrado internamente no Brasil. Doze trabalhadores encontrados tinham idade inferior a 16 anos, enquanto 24 tinham entre 16 e 18 anos.

Vale lembrar que no final do ano, poucos dias após a entrega do Prêmio Nacional de Direitos Humanos à militanteBrígida Rocha, da Campanha De Olho Aberto para Não Virar Escravo, coordenada pela CPT, uma pronta mobilização permitiu evitar no Senado a votação-relâmpago do Projeto de Lei que – sob pretexto de regulamentar a emenda constitucional do confisco da propriedade dos escravistas – propõe eliminar os principais elementos caracterizadores do trabalho escravo, ou seja: os que remetem à violação da dignidade da pessoa (as condições degradantes e a jornada exaustiva). 

Lutas que marcaram 2015

Mesmo diante de todas as dificuldades impostas pelo Estado, pelo agronegócio e grandes empreendimentos, os camponeses e camponesas enfrentaram os desafios que lhes foram impostos, lutaram pela Reforma Agrária e pela demarcação de seus territórios.

O ano foi de intensas mobilizações e lutas. Algumas destas marcaram o ano que se encerrou, como a jornada das mulheres da Via Campesina e a marcha das Margaridas, realizadas em março e agosto, respectivamente, mobilizando milhares de camponesas de todo o país. 

As ocupações de terras também ganharam força em 2015. Conforme dados parciais da CPT, 34% dos latifúndios ocupados estão localizados na região Nordeste, 26% no Centro-Oeste, 17% no Sudeste, 11,5% no Sul e finalmente 11% no Norte. Os estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Pernambuco lideraram a lista das ocupações de latifúndios improdutivos. Grande parte dessas foi realizada pelo MST no mês de abril, durante a sua Jornada de caráter nacional, o Abril Vermelho.

O movimento sindical também ocupou as ruas em 2015, a exemplo da realização de mais uma edição do Grito da Terra, realizado em Brasília no mês de maio. A mobilização nacional, que reuniu milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais, foi precedida de um conjunto de manifestações estaduais e regionais.

Os povos indígenas de todo o Brasil também realizaram grandes mobilizações e fizeram de Brasília um de seus principais campos de luta contra a PEC-215. Um exemplo emblemático foi a manifestação ocorrida no mês de outubro, quando centenas de indígenas, quilombolas e pescadores tradicionais ocuparam a Câmara dos Deputados, em protesto à PEC. Na ocasião, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, recriminou os manifestantes. As luzes, microfones e ar-condicionados foram desligados, sob ordens do presidente da Câmara. A polícia cercou o local e impediu a entrada de advogadas e advogados. Além dos protestos, as populações indígenas exigiram respeito, denunciaram as violências de que são vítimas em inúmeros fóruns e tribunais nacionais e internacionais e reivindicaram o cumprimento da Constituição para impedir retrocessos ou supressão de direitos.

Perspectivas para 2016

A ameaça real, de que os preocupantes cenários político e econômico vividos em 2015 se prolonguem no ano de 2016, evidencia que somente com muita organização e luta é que os trabalhadores rurais e movimentos sociais conseguirão evitar a clara tendência da permanência dos conflitos agrários.

As comunidades camponesas impactadas por este modelo de desenvolvimento continuarão desafiadas a assumir para si a responsabilidade da resistência como único caminho para permanecerem existindo. De fato, não são poucos os desafios que se apresentam para o ano que se anuncia, em razão da persistência do modelo alicerçado no agronegócio, da exploração do latifúndio e sem qualquer preocupação com os povos do campo e com o meio ambiente. Os desafios são enormes e, aos povos do campo, caberá a firmeza no olhar e a coragem nos passos para avançar em seus direitos, como sempre fizeram.

 

en enero se cumplen 32 años del nacimiento del MST.
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