Archivo del Autor: jons

MST informa 107 – 20 de enero de 2006

“La reforma agraria en el gobierno Lula no altera la estructura fundiaria”

Estimados amigos y amigas del MST,

<> 
Enviamosen este boletín Especial el artículo del investigador Juliano deCarvalho Filho, profesor de la Facultad de Economía y Administración dela Universidad de São Paulo (USP), que trabajó en la elaboración delPlano Nacional de Reforma Agraria y forma parte de la AsociaciónBrasileña de la Reforma Agraria (ABRA).

Después de analizar cómolos sucesivos gobiernos divulgaron los balances de asentamientos detrabajadores sin tierra, el profesor ratifica la posición delMovimiento Sin Tierra en relación al gobierno Lula: los númerosdivulgados no coinciden con la realidad y no representan un procesoefectivo de Reforma Agraria.

Lea a continuación la versióníntegra del artículo del profesor Juliano de Carvalho Filho, publicadoel 20 de enero del 2006, en el periódico O Globo.

El gobierno Lula fracasó en la Reforma Agraria

Por José Juliano de Carvalho Filho*

Controversiasobre números no es ninguna novedad cuando se trata de reforma agraria.Quien sigue la política agraria en Brasil debe recordar variassituaciones donde este hecho ya ocurrió.Le ha llegado el turno algobierno Lula

En el gobierno Figueiredo, a finales del periododictatorial, hubo controversia sobre los números de la reforma. Enaquella época, finales de 1984, se anunció oficialmente la emisión delmillonésimo documento de títulos de tierra. El gobierno de entoncesapuntaba este hecho como una evidencia de que estaba en curso en elpaís el mayor programa de reforma agraria del mundo.

Losperiódicos publicaron varios análisis. Me manifesté al respecto en unartículo publicado por la Folha de São Paulo en la época: El millón detítulos anunciados se refieren a una serie de documentos, entre los quese incluyen títulos de propiedad definitivos para agricultores sintierra, para posseiros que ya ocupaban la tierra y títulos con derechoa ocupación provisional. Evidentemente, la llamada mayor reformaagraria del mundo, y de los militares, no se realizó. Es necasariotambién recordar lo óbvio, o sea, los movimientos sociales fueronperseguidos y reprimidos en este periodo negro de la historia,

Endiciembre de 1995, primer año del gobierno FHC, el presidente de laRepública afirmaba en la prensa haber conseguido cumplir la meta de lacampaña, asentando más de 40 mil familias. El MST cuestionaba losnúmeros oficiales, presentando el número de familias asentadas en 1995como inferior a 15 mil. De acuerdo con el movimiento, la diferencia sedebía al hecho de que FHC, para llegar a la meta de 40 mil familiasasentadas en aquel año, sumó títulos de regularización fundiaria deprocesos que venían de gobiernos anteriores y, también, títulos deposseiros. Para el MST, la meta anunciada por el gobierno se refería a40 mil nuevas familias que serían asentadas.

Megalomanía tucana

Durantela campaña para la reelección, siempre para engrosar sus supuestosrealizados, el entonces candidato FHC afirmaba en la página web delIncra: Brasil está realizando la mayor reforma agraria en curso delmundo. En la televisión, en la propaganda oficial, un actor famosoanunciaba: Una familia es asentada cada cinco minutos.

Elsegundo mandato, marcado por la llamada reforma agraria de mercado deFHC, desmontó conceptos y condiciones para una distribución fundiariaefectiva. Dos lineas de actuación norteaban el gobierno. Por un lado,la agresividad en la implantación de la política fundiaria, el anunciode medidas y números, siempre, con razón, contestados. Por el otro, conla connivencia de los medios de comunicación, la crítica contínua a losmovimientos sociales, sobretodo, el MST con el objetivo dedescalificarlos, enflaquecerlos y criminalizarlos. Esta otra mayorreforma agraria en curso en el mundo tampoco no se llevó a cabo.

Llegamosal gobierno Lula. En un principio hubo una esperanza en laconcretización de la deseada reforma agraria. Fue encomendada unapropuesta de Plano Nacional de Reforma Agraria (PNRA). Su objetivo eradesencadenar el proceso tan necesario de cambio estructural en favor dela población vulnerable al modelo vigente y revertir el proceso deconcentración fundiaria.

La propuesta no se aceptó. En su lugar,el gobierno anunció el II PNRA. Más tímido en sus metas, significó elabandono de la pretensión de instalar un proceso de cambio de laabsurda estructura agraria brasileña. A pesar de todo, hubocolaboración por parte de los movimientos en el sentido de acordar conel gobierno un conjunto de metas que significasen una políticafundiaria aceptable.

Nueva frustación

El 22 de diciembrepasado, después de anunciar que la meta anual había sido superada, elgobierno emite una nota en respuesta a la crítica recibida del MST porcarta en octubre, durante la Asamblea Popular, en Brasilia. Entre otrasafirmaciones, dice que Brasil superó la meta de asentamientos previstaen el II PNRA… el mejor resultado de reforma agraria de toda lahistoria. Rebate además las contestaciones del MST afirmando que elMovimiento hace una crítica liviana e intenta establecer un debate conel gobierno sin ninguna seriedad.

El análisis de los datosdisponibles confirma la crítica al gobierno. De las 127,5 mil familiasconsideradas asentadas en 2005, sólo el 45,7 % lo fueron en áreas dereforma agraria. El 54,3 % restante se refiere a asentamientos oreordenación de asentamientos en tierras públicas. Los datos tambiénmuestran que gran parte de los asentamientos se crean en áreas defrontera agrícola, siguiendo el comportamiento de gobiernos anteriores.El geógrafo Bernardo Mançano, de la USP, con las informaciones delBanco de Datos de la Lucha por la Tierra, prueba que en los tres añosde gobierno Lula sólo un 25 % de familias fueron asentadas en tierrasexpropiadas.

La reforma agraria en el gobierno Lula no tienecapacidad para alterar la estructura fundiaria. Los únicos resultadospositivos se refieren al Pronaf (Programa Nacional de Fortaleciminetode la Agricultura Familiar), lo que es poco para sustentar laafirmación de que la reforma agraria de calidad está siendo realizada.Lo que aún diferenciaba el gobierno Lula de los demás era su postura enrelación a los movimientos sociales. Ahora, ni esto. Su política esinócua al latifundio. No afecta al monopolio de la tierra.

* JoséJuliano de Carvalho Filho es profesor de la Facultad de Economía yAdministración de la Universidad de São Paulo (USP). Trabajó en laelaboración del Plano Nacional de Reforma Agraria y es dirigente de laAsociación Brasileña de la reforma Agraria (ABRA).

Un fuerte abrazo,

Secretaría Nacional do MST

Traducción: Comitè de Suport al MST de Barcelona

Breves

La Escuela Nacional commemora un año de conquistas de la educación popular

Eldía 23 de enero será recordado en la historia de la lucha de toda laclase trabajadora del campo y la ciudad. En este día, el año 2004, seinauguró la Escuela Nacional Florestán Fernandes, centro de educación yformación construído por el Movimiento Sin Tierra, en Guararema,inetrior de São Paulo. El aniversario de un año de la ENFF consolida elproyecto de la democratización de la educación. Asentados y acampadosrepartidos por todo Brasil tuvieron la oportunidad de estudiar coneducadores de primera línea y compartir el conocimiento.

Movimientos sociales recuerdan los 250 años de la muerte de Sepé

Milesde luchadores y luchadoras del pueblo se encontrarán en Rio Grande delSur para recordar y discutir los 250 años de la muerte del líderguaraní Sepé Tiaraju, muerto durante la resistencia indígena contra lainvasión de las tropas españolas y portuguesas. Las actividades serealizarán del 4 al 7 de febrero, en el municipio de São Gabriel, lugardonde murió Sepé, con debates, presentaciones culturales ycelebraciones de indígenas de diversos países del Cono Sur. Másinformaciones en la página www.projetosepetiaraju.org.br ..

Cartas

Quieromanifestar mi solidaridad con todos aquellos que luchan por másjusticia en este país. Espero que un día podamos decidir las grandescuestiones de Brasil en plebiscitos y referendums y rebocar losmandatos de políticos que no cumplen lo que prometen.João Moncao daSilva

Creo que el camino para la igualdad y la dignidadhumana será a través de la distribución igualitaria de la tierra, yaunque la población no tenga acceso a las informaciones, no es justoprivarla de éstas. Por esto la lucha siempre continua, un año 2006 deconquistas. Rita de Cássia

MST Informa es una publicaciónquincenal del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, enviada porcorreo electrónico. Edições anteriores.
Sugerencias de temas,artículos, formato: semterra@mst.org.br. Incluir o remover correoselectrónicos en el cadastro del MST Informa.

El MST no modera o coordina ninguna comunidad en páginas como Orkut y nadie está autorizado a hacerlo en su nombre.

http://www.mst.org.br/
Recibe en Español: mstbcn@pangea.org

A “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial no Brasil

Sérgio Sauer(2), João Márcio Mendes Pereira(3).
Este artigo procura analisar brevemente a implantação do modelo de reforma agrária de mercado no Brasil, um componente importante da estratégia do BIRD de maximizar as relações de compra e venda como meio preferencial de acesso à terra pelo campesinato pobre.

Desde o início dos anos 1990, observa-se uma ofensiva do Banco Mundial (BIRD) direcionada a estimular a criação, pelos governos nacionais, de políticas agrárias ajustadas aos parâmetros neoliberais, especialmente na América Latina, na Ásia e no antigo bloco socialista. Basicamente, a agenda agrária do BIRD consiste em quatro grandes linhas de ação: a) estímulo a relações de arrendamento, como prioridade máxima; b) estímulo a relações de compra e venda de terras; c) privatização e individualização de direitos de propriedade em fazendas coletivas ou estatais; d) privatização de terras públicas e comunais. Para implementá-las, o BIRD vem estimulando a mudança das legislações agrárias e aumentando a liberação de empréstimos para os governos nacionais, criando as condições legais e administrativas para a livre transação mercantil da terra e a atração de capital privado para o campo.

Este artigo procura analisar brevemente a implantação do modelo de reforma agrária de mercado no Brasil, um componente importante da estratégia do BIRD de maximizar as relações de compra e venda como meio preferencial de acesso à terra pelo campesinato pobre. Iniciado, sob diferentes formatos, em 1994, na África do Sul e na Colômbia e, em 1997, no Brasil e na Guatemala, tal modelo inspirou a criação de programas dessa natureza em Honduras, México, Malaui e Zimbábue, bem como reforçou politicamente programas já existentes em El Salvador e nas Filipinas.

1. A reforma agrária de mercado e a disputa sobre o papel do Estado

Para legitimar o MRAM, o BIRD efetuou, em nível internacional, duas operações simultâneas: de um lado, procedeu a uma crítica radical ao que ele mesmo denominou de reforma agrária “tradicional” ou “conduzida pelo Estado”, baseada no instrumento da desapropriação de propriedades rurais que não cumprem com a sua função social. De outro, trabalhou para que este modelo fosse aceito, política e conceitualmente, como uma modalidade de reforma agrária redistributiva. Assim, o BIRD voltou a enfatizar a necessidade de uma  reforma agrária para diminuir a pobreza rural em sociedades altamente desiguais, mas passou a negar a atualidade da ação desapropriacionista e redistributiva do Estado. Este modelo foi ungido no contexto ultra-liberal do pós-Guerra Fria como a ação governamental adequada aos países do Sul, marcados por grave problema agrário e fortes tensões sociais no campo, agudizadas pelos efeitos socialmente regressivos provocados pelas políticas de ajuste estrutural.

Este modelo não é uma modalidade de reforma agrária redistributiva, pois tem como princípio a compra e venda voluntária de terra entre agentes privados, acrescida de uma parcela variável de subsídio para investimentos sócio-produtivos. Já a reforma agrária redistributiva consiste em uma ação do Estado que, num curto espaço de tempo, redistribui uma quantidade significativa de terras privadas apropriadas por uma classe de grandes proprietários. Seu objetivo é democratizar a estrutura agrária e promover o desenvolvimento nacional, o que pressupõe transformar as relações de poder econômico e político responsáveis pela reprodução da concentração fundiária. Enquanto política redistributiva, implica, antes de tudo, a desapropriação “punitiva” (isto é, mediante indenização abaixo do preço de mercado) de terras privadas que não cumprem a sua função social.

Como mostra a experiência histórica e vem sendo insistentemente reiterado pelos movimentos camponeses contemporâneos de todo mundo, ela precisa vir acompanhada de um conjunto de políticas complementares na área de infra-estrutura, educação, saúde e transporte, bem como de uma política agrícola que favoreça o campesinato, baseada na oferta pública de crédito, assistência técnica e acesso a mercados. Em outras palavras, a reforma agrária tem como objetivo central redistribuir terra e garantir as condições de reprodução social do campesinato, atacando as relações de poder na sociedade que privilegiam os grandes proprietários, que podem ser, inclusive, grandes empresas e bancos (nacionais ou estrangeiros). Por tudo isso, a reforma agrária exige o fortalecimento do papel do Estado na provisão de bens e serviços públicos essenciais à melhoria das condições de vida dos camponeses assentados e ao bom desempenho econômico do setor reformado.

Não é difícil perceber que os pressupostos do modelo do BIRD são distintos dos da reforma agrária redistributiva. No primeiro caso, a terra é vista como um mero fator de produção, um bem puramente econômico, uma commodity, transacionável como qualquer outra mercadoria. No segundo caso, considera-se que a terra tem um caráter multidimensional (político, econômico e cultural), razão pela qual o controle e os direitos de propriedade sobre ela expressam, antes de mais nada, relações de poder entre grupos e classes sociais.

A crítica do BIRD ao chamado modelo “desapropriacionista” se faz de maneira abstrata, homogeneizadora e universalista, deslocada da análise empírica dos conflitos sociais que definiram natureza, grau, extensão, ritmo, direção e mesmo refluxo das políticas de reforma agrária em vários países, sempre muito heterogêneas entre si. Exemplo desse caráter caricatural é a repetição desse mesmo discurso para explicar o caso brasileiro, considerando “esgotado” ou “falido” uma reforma agrária que, a rigor, jamais foi levada adiante em escala substantiva. Além disso, os programas do BIRD começaram a ser implantados apenas três anos após a regulamentação dos dispositivos constitucionais relacionados à reforma agrária.

Evidentemente, fazer a crítica à crítica do BIRD não implica desconsiderar que as políticas de reforma agrária padeceram  e ainda padecem, nos poucos países onde estão sendo precariamente implementadas, como no Brasil  de enormes deficiências, provocadas por uma série de razões, dentre as quais, de um lado, o veto permanente das classes dominantes à qualquer política de natureza redistributiva e, de outro, a desarticulação neoliberal do aparato público responsável por garantir as condições necessárias ao desenvolvimento econômico e social dos assentamentos rurais. Porém, o que deve ficar claro é que a crítica do BIRD constrói uma caricatura (a tal “reforma agrária conduzida pelo Estado”) para disputar política e ideologicamente qual deve ser o papel do Estado em sociedades marcadas por grave problema agrário na atual fase do capitalismo. Para o BIRD, qualquer política verdadeiramente redistributiva  i.e., que atinja o estoque de riqueza acumulado por uma minoria e modifique as relações de poder entre os grupos e classes sociais  deve ser rejeitada.

2. As “afinidades eletivas” entre o Banco Mundial e o governo Cardoso

O programa do PSDB  partido hegemônico no governo FHC  reconhecia a necessidade de mudanças em favor da desconcentração da propriedade da terra e do fortalecimento da agricultura familiar. No entanto, a “reforma agrária” era pensada sem qualquer relação com a transformação da estrutura fundiária brasileira, a democratização do poder político, o crescimento da produção agrícola e a mudança do modelo de desenvolvimento econômico, entendida como ampliação e fortalecimento do mercado interno de massas e redistribuição substantiva de renda e riqueza. Tratava-se, tão-somente, da realização pontual e dispersa de assentamentos de trabalhadores sem terra a fim de “aliviar” a pobreza rural. Não por acaso, o programa de reforma agrária vinculava-se, de início, ao famigerado Comunidade Solidária, de caráter notoriamente assistencialista.

Apesar das orientações minimalistas do governo FHC, o tema da reforma agrária retornou à agenda política nacional pela confluência de um conjunto de pressões e acontecimentos desencadeados no biênio 1996-1997. Destes, foram fundamentais: a) a enorme repercussão internacional que tiveram os massacres de Corumbiara (RO) e Eldorado dos Carajás (PA), os quais geraram uma onda de protestos contra a violência e a impunidade e em favor da luta por reforma agrária no Brasil; b) o aumento em praticamente todo o país das ocupações de terra organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e, em alguns estados, por determinados sindicatos e federações ligados à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG); c) a tensão social crescente no Pontal do Paranapanema (SP), em virtude do aumento das ocupações de terra e da violência paramilitar praticada por latifundiários; d) a Marcha Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça, organizada pelo MST, que chegou em Brasília em abril de 1997 e acabou galvanizando a insatisfação popular contra as políticas liberais, transformando-se na primeira manifestação popular massiva contra o governo FHC. Em resposta à forte repercussão do massacre de Eldorado dos Carajás, o governo federal criou, ainda em 1996, o Gabinete do Ministro Extraordinário de Política Fundiária (MEPF). Seu objetivo era retomar as iniciativas políticas capazes de imprimir direção ao tratamento das tensões no campo e minimizar a ascensão política e a gravitação social do MST.

O governo FHC iniciou, então, um conjunto de ações relacionadas à reforma agrária e aos conflitos no campo. Relativamente dispersas no início, tais ações foram ganhando coerência ao longo do triênio 1997-1999. Foram elas: a) baratear e acelerar as desapropriações para fins de reforma agrária; b) reprimir as ocupações de terra, impedindo que propriedades ocupadas fossem desapropriadas; c) criminalizar as ocupações via grandes meios de comunicação, criando uma imagem negativa dos “sem terra” e de sua forma de luta social; d) implementar o processo de descentralização político-administrativa da reforma agrária, o que implicava em desfederalizar a execução da política fundiária; e) introduzir o modelo de reforma agrária de mercado do BIRD no Brasil.

Desde o início do governo FHC, o BIRD preconizava a dinamização dos mercados fundiários como mecanismo mais “eficiente” para atingir dois objetivos simultâneos: de um lado, distribuir terra a pequenos agricultores e trabalhadores sem terra; de outro, aliviar pontual e seletivamente a pobreza rural, agudizada pelas políticas de ajuste estrutural. Na ótica do BIRD, o modelo de mercado deveria ser introduzido como o “braço agrário” de políticas compensatórias já em curso no meio rural.

Politicamente, o objetivo de ambos (governo federal e BIRD) era diminuir a pressão provocada pelas ocupações de terra e a ascensão política dos movimentos sociais, introduzindo um mecanismo de mercado que pudesse disputar, pela base, a adesão de trabalhadores sem terra. Para ambos, a introdução de programas orientados pelo mercado poderia desligar a conexão entre ocupações e desapropriações, recolocando em novo patamar o tratamento das questões fundiárias. Assim, a ação governamental não mais estaria a reboque de fatos políticos provocados pela mobilização dos movimentos sociais, limitando-se a intermediar relações de compra e venda entre trabalhadores e proprietários de terra.
A rapidez e a escala desse processo foram impressionantes, pois em agosto de 1996 o projeto São José (ou “Reforma Agrária Solidária”) foi criado no Ceará e o primeiro financiamento para compra de terras foi liberado em fevereiro de 1997. Em abril do mesmo ano foi criado o Cédula da Terra, com início efetivo no mês de julho. Em fevereiro de 1997, foi protocolado no Senado um projeto de lei para a criação do Fundo de Terras/Banco da Terra, o que se consumaria em fevereiro de 1998. Note-se que àquela altura o Cédula da Terra mal havia começado. Sem qualquer tipo de avaliação sobre as experiências anteriores e contra a posição das principais organizações de representação de trabalhadores rurais, o Executivo federal jogou todo seu peso político na criação do Banco da Terra pelo Congresso Nacional. Em outras palavras, partindo de uma experiência diminuta no estado do Ceará até a mobilização do “rolo compressor” do governo federal no Congresso Nacional, em apenas um ano e seis meses o Brasil conheceu três projetos direcionados para o mesmo fim: instituir o financiamento público à compra privada de terras como mecanismo alternativo à reforma agrária, de modo a aliviar as tensões sociais no campo e devolver o protagonismo político ao governo na condução da política agrária.

Foi contra esta tentativa de substituição da política de reforma agrária que CONTAG, MST e uma enorme gama de organizações sociais, articuladas no Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo, se posicionaram durante os anos de 1997 e 1999. Tais programas eram vistos como extensão da agenda neoliberal ao campo brasileiro. Naquela conjuntura, a crítica a tais programas servia como referência a uma crítica mais geral às ações do governo federal. De modo inovador, o Fórum encaminhou em outubro de 1998 uma solicitação ao Painel de Inspeção do BIRD, sustentando que o Cédula d Terra: a) não estava sendo implementado como projeto-piloto, na medida em que não havia sido sequer avaliado e o BIRD já assumira o compromisso com a sua ampliação, consumada na criação do Banco da Terra; b) estava sendo executado como alternativa, e não como complemento à desapropriação, revogando, na prática, o papel do Estado em garantir o cumprimento da função social da propriedade, prevista na Constituição Federal de 1988; c) havia sido dirigido para estados com grande estoque de terras desapropriáveis, possibilitando que terras mantidas como reserva de valor durante décadas fossem remuneradas à vista a preço de mercado; d) aquecia o mercado fundiário, contribuindo para a elevação do preço da terra, revertendo a tendência de queda relativa até então observada; e) as condições de financiamento eram proibitivas, o que geraria inadimplência e perda da terra; f) por essa razão, não atendia ao objetivo de “combate à pobreza rural” preconizado pelo próprio BIRD; g) não se tratava de um processo transparente e participativo, na medida em que não havia publicização de informações aos beneficiários e às suas organizações de representação, nem tampouco mecanismos de consulta e participação social; h) permitia a reprodução de relações tradicionais de dominação e patronagem no meio rural, na medida em que a negociação em torno do preço da terra, longe de ser uma transação mercantil entre iguais, seria controlada pelos agentes dominantes no plano local (proprietários e políticos).

O Fórum realizou uma série de ações no Brasil e, principalmente, no exterior, pressionando governos europeus a apoiarem a iniciativa brasileira junto ao Painel de Inspeção. Tais iniciativas foram: a) denúncia ao Ministério Público Federal sobre suspeitas de superfaturamento e corrupção; b) envio de documentos para o BIRD, denunciando o descumprimento de suas próprias normas; c) lobby junto aos governos dos Estados Unidos e da Europa denunciando as irregularidades e a finalidade política do Cédula da Terra, para que pressionassem o BIRD e apoiassem o pedido de inspeção.

Resumindo, a solicitação ao Painel foi negada, mas o Fórum fez uma segunda tentativa, dessa vez amparado por farta documentação, liberada pelo governo brasileiro tão-somente porque dois parlamentares haviam assinado pedido oficial de informações. Novamente, o Painel não recomendou a investigação sobre o Cédula, alegando que as motivações do Fórum eram de ordem “filosófica” e que este não havia seguido os “procedimentos” normais, ou seja, tentar negociar com o BIRD e governo antes de solicitar inspeção. Os embates em torno do Painel de Inspeção tiveram muitos desdobramentos, cujos efeitos se prolongam até os diais atuais. Um primeiro foi ter projetado internacionalmente o caso brasileiro como um marco de referência crítica para todo espectro de forças políticas contrário às políticas do BIRD, tanto aquelas voltadas para o setor agrário, como à própria agenda mais ampla de reformas liberalizantes. A constituição dessa referência, por sua vez, contribuiu para uma maior articulação entre movimentos e organizações sociais de todo mundo. A partir de então, diversos encontros em nível internacional foram realizados com o objetivo de intercambiar experiências, fortalecer a articulação e a unidade política entre agentes sociais tão diversos e unificar o discurso e a prática contrários às ações do BIRD.

Um segundo desdobramento foi ter bloqueado por quase dois anos o empréstimo que o BIRD faria ao governo federal para financiar o Banco da Terra em todo país. Foi a pressão internacional sobre o Painel de Inspeção que tencionou a negociação do novo empréstimo do BIRD ao governo brasileiro, a qual encontrava-se em estágio avançado em dezembro de 1998. Criou-se uma situação de impasse, na medida em que a implantação em larga escala do MRAM no Brasil não encontrava o necessário respaldo político. O fato era que as principais organizações nacionais de representação de trabalhadores rurais (CONTAG e MST) posicionavam-se em bloco contra o novo modelo através do Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo. Essa resistência colocava em cheque a seqüência de uma experiência propagandeada pelo BIRD como a mais exitosa em nível internacional, rompendo com o discurso da participação da sociedade civil em seus projetos

Tal unidade, entretanto, foi rompida em 2000, quando a CONTAG incluiu na pauta do Grito da Terra-Brasil a demanda por um programa de crédito fundiário. Essa demanda abriu a possibilidade de negociação com o governo FHC e o BIRD, o qual desviou o seu apoio ao Banco da Terra para o “crédito fundiário”, um programa muito semelhante aos que já vinham sendo implementados. Com este apoio, a diretoria do BIRD aprovou em 2001 o pedido de empréstimo de aproximadamente EUR 436,4 milhões para implementar o crédito fundiário em 14 estados. Assim, ampliou-se sensivelmente a experiência do Cédula da Terra, ainda em vigência, o qual abarcava 5 estados, a partir de um empréstimo de US$ 90 milhões.

3. Continuidades e descontinuidades no Governo Lula

A experiência brasileira com os programas de reforma agrária de mercado é a mais abrangente em nível internacional, tanto em número de famílias financiadas como em volume de recursos gastos. Nenhum outro país contratou tal volume de empréstimos junto ao BIRD para financiar a compra e venda de terras.
Durante o governo Cardoso, foram implementados quatro programas, sendo que o São José foi uma experiência pequena, limitada ao estado do Ceará. Este projeto contemplou em torno de 800 famílias no ano de 1997. Já o Cédula da Terra, apesar de ser também um projeto piloto, foi mais abrangente, pois abrangeu quase 16 mil famílias de cinco Estados e foi concluído oficialmente em dezembro de 2002. O caso do Banco da Terra/Fundo de Terras é diferente, pois não se resume a um programa governamental. Sua natureza institucional é a de um fundo de terras criado pelo Congresso Nacional. Constitui-se, por isso, em um instrumento de caráter permanente, por meio do qual o financiamento para compra e venda de terras ao campesinato pobre opera como política de Estado.

O governo Lula, redefinindo alguns parâmetros, incorporou o Fundo de Terras à sua política fundiária, fortalecendo-o como fonte da contrapartida nacional aos empréstimos do BIRD para a implantação da reforma agrária de mercado.

O Banco da Terra foi renomeado como “Consolidação da Agricultura Familiar” (CAF) em outubro de 2003. O nome mudou, os itens financiáveis foram ampliados e as condições de financiamento foram revistas, mas a lógica permanece a mesma do “antigo” Banco da Terra. Oficialmente, sua fonte de financiamento é exclusivamente nacional. Tal como no governo anterior, sua fonte de financiamento é nacional, sem recursos do BIRD. Entretanto, essa situação pode ser provisória, já que o Banco vem revendo suas próprias normas no tocante à proibição de empréstimos para compra de terras aos países clientes, e já autorizou em 2002 esse tipo de operação para projetos desenvolvidos no Malaui, na África. Por outro lado, a unificação dos três programas sob o abrigo do novo CAF não permite distinguir claramente qual é a fonte dos financiamentos para cada um deles. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vem firmando, desde o final de 2003, termos de cooperação com governos estaduais a fim de implantar o CAF no maior número possível
de estados brasileiros.

O Crédito Fundiário de Combate à Pobreza Rural está sendo executado pelo governo Lula e sua conclusão foi adiada para 2006. A diretoria do BIRD já aprovou mais duas outras fases e, se efetivamente executadas, o programa será concluído em 2012, financiando a compra de terras por cerca de 250 mil famílias.

Em novembro de 2003 foi criado o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), responsável pela gestão do Crédito Fundiário, do Fundo de Terras e de uma nova linha de crédito para compra de terras dirigida ao público jovem, especialmente filhos de pequenos agricultores da região Sul do país. Subordinado ao MDA, o PNCF tem como meta financiar a compra de terras por 130 mil famílias até 2006. Considerando que a meta do programa de reforma agrária (desapropriações) é assentar 400 mil famílias no mesmo período, conclui-se que esses programas de mercado correspondem a mais de 30% das metas das metas agrárias do MDA. Nos termos em que vem sendo reestruturado e negociado com o Ministério da Fazenda, o Fundo de Terras deverá operar como um instrumento de longo prazo  as projeções atuais estimam trinta anos de ação ininterrupta. Até 2010, o Fundo deverá receber anualmente cerca de R$ 330 milhões do Tesouro Nacional e, a partir de 2012, já capitalizado pela aplicação no mercado financeiro e pelo pagamento das prestações dos mutuários, poderá devolver ao Tesouro parte dos recursos aportados.

O redesenho do Fundo de Terras sinaliza a tentativa de consolidação de uma mudança  iniciada pelo governo anterior  no aparato estatal dirigido à questão fundiária. Almeja aperfeiçoar e fortalecer um instrumento de caráter permanente voltado ao financiamento público à compra de terras por “agentes privados” (trabalhadores rurais sem terra, pequenos agricultores e fazendeiros), potencialmente em todo território nacional.

Entretanto, em que pesem as continuidades, há duas descontinuidades relevantes em relação ao quadro de disputas que marcou o governo anterior. A primeira é que nenhuma entidade de representação rural (patronal ou de trabalhadores) vê no governo Lula a intenção de substituir a reforma agrária pela política de reforma agrária de mercado, apesar das metas do PNCF serem elevadíssimas e o mesmo estar sendo estendido virtualmente a todo país.

A segunda diz respeito à legitimação dada por organizações sindicais nacionais aos programas orientados pelo modelo de reforma agrária de mercado do BIRD. Desde 2000, a luta contra este modelo não mais aglutina o conjunto de entidades de representação do campesinato pobre contra as políticas neoliberais. Mesmo aqueles movimentos que são contrários (como o MST e os integrantes da Via Campesina), relegaram esse embate a um plano secundário, por entenderem que a contradição principal no meio rural brasileiro hoje está etre o grande “agronegócio” exportador e os trabalhadores rurais sem terra, e não entre desapropriação e crédito fundiário.

Conclusão

As posições políticas sobre o mérito do PNCF se desenharão não apenas em função do seu desempenho operacional, mas sim, fundamentalmente, dos resultados do programa de reforma agrária do governo Lula, até agora muito aquém do esperado.

Ocorre que os dados preliminares sobre a execução do PNCF também estão muito abaixo das expectativas do próprio governo federal e do BIRD. Em 2004 o programa alcançou apenas 9.186 famílias, enquanto a meta previa 37 mil famílias. Vários fatores respondem por este desempenho, como, por exemplo, os cortes sistemáticos no orçamento do MDA, a lentidão própria do arranjo tripartite de implementação do programa e, sobretudo, elevação do preço da terra em função da dinamização do grande “agronegócio”, especialmente após 1999. Dentro desse quadro de baixíssima execução, se o PNCF avançar relativamente mais do que o programa de reforma agrária, é provável que se estabeleça uma tensão política cada vez mais forte entre as duas “concepções”. No que diz respeito ao BIRD, observa-se uma posição mais flexível em relação à replicabilidade do modelo de mercado nos países marcados por grave problema agrário, derivada do fracasso rotundo das experiências levadas a cabo na África do Sul, Guatemala e Colômbia. A rigor, a prioridade atual da política agrária do BIRD não consiste mais na implementação de programas de compra e venda, mas no estímulo a relações de arrendamento de terras.

Todavia, o modelo de mercado não foi descartado. Além do Brasil, esse tipo de programa vem ganhando impulso na Ásia e começa a ser implementado no México. Lá, o BIRD pretende financiar um projeto direcionado a jovens agricultores no mesmo formato da linha de crédito fundiário criada pelo governo Lula, com um empréstimo de U$ 100 milhões prometidos para julho de 2005.

Por outro lado, o BIRD prossegue com o mesmo “deslizamento semântico” que caracteriza toda a construção da proposta de mercado. Com isso, seu objetivo é rebaixar politicamente da própria definição de reforma agrária, alargando-a de tal maneira que até mesmo programas de financiamento à compra e venda de terras passam a ser considerados “instrumentos” ou “modalidades” de reforma agrária. Trata-se de uma tentativa de redefinição do sentido e do significado da reforma agrária no mundo contemporâneo, em disputa direta com a visão de mundo e a plataforma política dos movimentos sociais camponeses.

Possivelmente, o desdobramento da experiência brasileira jogará papel central no futuro da reforma agrária de mercado como proposta aplicável aos países do Sul. De todo modo, ainda é cedo para afirmar se esses programas vão ser plenamente executados no Brasil — dando origem a um novo arranjo de políticas agrárias de caráter “misto” (desapropriação e compra e venda) —, ou se vão redundar em fracasso e desmoralização desse tipo de proposta.

1 Texto publicado na revista Proposta, dezembro/fevereiro, nº 107, ano 30. Endereço: www.fase.org.br
2 Doutor em Sociologia e mestre em Filosofia da Religião. É assessor da senadora Heloísa Helena
(PSOL/AL) e pesquisador associado da Universidade de Brasília (UnB).
3 Historiador, doutorando em História pela UFF, mestre em Desenvolvimento e Agricultura pelo CPDAUFRRJ.

Balance 2005 del Fórum Nacional de Reforma Agrária

Documento de balance de la situación del campo brasileño del año 2005
realizado por el Fórum Nacional de Reforma Agrária ren la reunión mantenida
recientemente en Brasília.

El campo exige cambios para resolver los problemas del pueblo: contra el
neoliberalismo y el agronegocio.

1- Brasil vive una gran crisis en este momento de su historia. Una crisis
de carácter  económica , ya que la política económica mantiene la prioridad
en la remuneración del capital financiero en detrimento de la solución de
los problemas del pueblo. Una crisis social, porque los problemas del
pueblo aumentan, con la falta de empleo, renta, escuela y tierra. Una
crisis política, porqué el pueblo no cree en los parlamentarios y exige una
reforma política profunda , que garantice mayor participación y democracia
directa. Estamos en una palabra viviendo una crisis de proyecto para
nuestro país.
 
 2- En el medio rural, estamos asistiendo a la disputa entre dos proyectos
para la organización de la producción. De un lado el agronegocio,
priorizando las exportaciones, tecnificado las haciendas, desempleando y
aumentando sus beneficios. De otro, la agricultura familiar y campesina que
es responsable de la producción de alimentos, del abastecimiento del
mercado interno y por el empleo de más del 85% de las mano de obra del campo.
 
3- Desgraciadamente, en los últimos tres años de gobierno, representado por
la fuerza de los ministerios de la área económica , Agricultura e Industria
y Comercio, opta por el agronegocio.
 La actual política económica es una aliada de las transnacionales y del
agronegocio y penaliza cada vez más la agricultura familiar y campesina.
Esta solo encuentra apoyo  en el debilitado Ministerio de Desarrollo Agrario.
 

 4.La reforma agraria, como un conjunto de medidas para atacar la
concentración de la propiedad de la tierra, valorizar y multiplicar la
agricultura familiar y campesina, está paralizada. Se ha transformado en un
mero programa de asentamientos, que están por debajo  de las propias
promesas del II Plano Nacional de Reforma Agraria. Mientras tanto
asistimos, indignados, al avance de la Bancada Ruralista*(1) que ha
aprobado el informe de la CPMI *(2)de la Tierra en  la que clasifica las
ocupaciones de tierra como crimen hediondo, además de proferir  otros
ataques contra los movimientos sociales del campo.  
 

 5- El aumento de recursos para el PRONAF*(3), el convocar oposiciones
publicas para el INCRA* (4) y los nuevos acuerdos para la as istencia
técnica, son insuficientes para atender las necesidades e influir de hecho
en los cambios en el campo.
 
 
 6- El Gobierno no cumplió los compromisos asumidos con los trabajadores y
trabajadoras rurales en las diversas manifestaciones, como por ejemplo la
marcha Nacional, el “Grito da Terra”y la Jornada de la Agricultura Familiar
entre otras. Ejemplo de esto es la no publicación del Reglamento
Interministerial que actualiza los índices de productividad, punto
prioritario de las pautas de reivindicaciones de todos los movimientos y
acto que depende exclusivamen te, del Poder Ejecutivo. Consecuentemente
permanece acampados alrededor de las carreteras mas de 140.000 familias, a
pesar de las promesas de promover el asentamiento prioritario de estas
familias, y no diponibilizó la ayuda suficiente para los asentados.

 
 7- Por lo que se refiere al Ministerio de Agricultura, las medidas son
tomadas de forma más rápida y valiente, pero siempre contra la agricultura
familiar, como és el objeto del Reglamento 51, que selecciona y concentra
la producción de leche, del reglamento que regula el comercio de semillas;
de las tentativas de liberar el uso de agrotóxicos importados hasta la
fecha prohibidos por la ANVISA*(5). Es publica y notoria la pr ioridad del
Ministerio en defensa del agronegocio, de las exportaciones y de las
semillas transgénicas controladas por las multinacionales. 

 8- Delante de todo esto, las entidades que componen el FORUM NACIONAL PELA
REFORMA AGRARIA E JUSTIÇA NO CAMPO, se dirigen a la sociedad brasilera, a
su base y al Gobierno Federal para decir que el balance del año 2005, es
extremadamente negativo para los intereses de los sin –tierra, de los
agricultores familiares y campesinos, es decir para el conjunto de los
trabajadores y trabajadoras rurales.
 
 
9. Si el gobierno quiere estar al lado de los pobres del campo, necesita
tomar inmediatamente las siguientes medidas:
            
 a)              Asentar, en el menor tiempo posible, todas las familias
que están acampadas y pasando todo tipo de necesidades
 b)             Publicar el reglamento que actualiza los índices de
productividad a los efectos de expropiación.
 c)               Cambiar la política económica, alterando las tasas de
intereses, eliminado el supe rávit primario y adoptando como prioridad la
inversión en la creación dee empleo , distribución de renta y
fortalecimiento del mercado interno.
 d)             Tratar la reforma agraria como prioridad, adoptando un
conjunto de medidas que lleven, de hecho, a la democratización de la
propiedad de la tierra y al fortalecimiento del INCRA como órgano ejecutor
de esta reforma.
 e)               Aplicar la ley que exige el etiquetaje de todos los
productos que contienen transgénicos, tomando medidas drásticas de combate
al contrabando de semillas de maíz transgénico  y garantizando la
representación de las y movimientos campesinos en la composición de
CTNBio*(6)
 f)               Abrir un amplio debate nacional, incluso con la
realización d e un referéndum, sobre la revitalización del Rio San
Francisco y el proyecto de transposición, según el compromiso asumido con
Dom Luiz Cappio* (7)
 g)              Tomar medias urgentes en defensa de la biodiversidad de la
Amazonía y de las fuentes y reservas de agua potable del país, evitando la
privatización y el control por empresas multinacionales, reexaminando los
proyectos de implantación de polos siderúrgicos en plena Amazonía (como en
Marabà, Belo Monte-PA, Açailandia e Sao Luis-MA), que atienden tan solo los
intereses del capital extranjero, y así impedir la propagación de la
monocultura de soja en la Amazonía. Todos estos proyectos traen serios
problemas al medio ambiente y a las poblaciones locales.
 h)              Asumir una política de defensa de la agroecología y un
posicionamiento contra la utilización de semillas terminator (semilla
transgénica con gen que la vuelve estéril)
 i)                Votar a favor del etiquetaje de los transgénicos en el
comercio internacional en la próxima Conferencia Internacional sobre el
protocolo de Cartagena, que se realizara en Curitiba, a final de marzo de
2006.
 j)                Parar de financiar, vía BNDES *(8), la implantación de
industrias de celulosa, e la plantación de árboles homogéneos de eucalipto
que traen serios problemas al medio ambiente.
 k)               Liberar más recursos y aumentar los equipos para la
fiscalización  del trabajo esclavo, y de súper-explotación a que están
sometidos los trabajadores, de modo especial los cortadores de caña de
azúcar en todo el país.
 l)                 Esforzarse para que el Congreso Nacional apruebe el
Proyecto de enmienda  Constitucional que expropia haciendas que utilizan
mano de obra esclava
 m)            Tener en cuenta las sugestiones del movimiento campesino y
re-evaluar toda los deshechos jurídicos promovidos por el Ministerio de
Agricultura contra los agricultores familiares y campesinos.
 n)              Implementar, inmediatamente , el FUNDEB (Fondo de
Educación Básica) y ampliar el número de plazas en todas las universidades
pública, destinando más recursos públicos  para la enseñanza pública,
garantizándole derecho a la educación a la población brasileña.
 o)              Ampliar los recursos para el PRONERA (Programa Nacional de
Educación de la Reforma Agraria), dando condiciones de acceso a la
educación para toda la población rural.
 p)              Cumplir los compromisos de campaña de doblar el poder
adquisitivo del salario mínimo, como medida de distribución de renta a los
más pobres.

Brasília-DF, 19 de diciembre  de 2005.
Firman todas las 45 entidades que componen el
Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo
 1.       ABRA – Associação Brasileira de Reforma Agrária
 2.       ABONG – Associação Brasileira das ONGs
 3.       APR – Animação Pastoral Rural
 4.       ASPTA – Assessoria e Serviços em Projetos de Tecnologia Alternativa
 5.       ANDES – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de
Superior
 6.       COIABE – Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira
 7.       Cáritas Brasileira
 8.        Centro de justiça Global
 9.       CESE – Coordenadoria Ecumênica de Serviço
 10.   CIMI – Conselho Indigenista Missionário
 11.   CMP – Central dos Movimentos Populares
 12.   CNASI – Confederação Nacional das Associações dos Servidores do Incra
 13.   CONDSEF – Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais
 14.   CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil
 15.   CONTAG – Confederação dos Trabalhadores na Agricultura
 16.   CPT – Comissão Pastoral da Terra
 17.   CUT – Central Única dos Trabalhadores
 18.   DESER – Departamento de Estudos Sindicais Rurais
 19.   ESPLAR – Escritório de Planejamento Rural
 20.   FASE – Federação de Órgãos de Assistência Social e Educacional
 21.   FASER – Federação das Associações e Sindicatos dos Trabalhadores da
Extensão Rural e do Setor Público Agrícola do Brasil
 22.   FEAB – Federação dos Estudantes de Engenharia Agronômica
 23.   FETRAF Brasil – Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar
 24.   FIAN-Brasil – Rede de Informação e Ação pelo Direito a se Alimentar
 25.   FISENGE – Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros
 26.   IBASE – Instituto de Estudos Sociais e Econômicos
 27.   IBRADES – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social
 28.   IDACO – Instituto de Desenvolvimento e Ação comunitária
 29.   IECLB – Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
 30.   IFAS – Instituto de Formação e Assessoria Sindical
 31.   INESC – Instituto de Estudos Sócio-Econômicos
 32.   MAB – Movimento dos Atingidos pelas Barragens
 33.   MLST – Movimento de Libertação dos Sem-Terra
 34.   MMC – Movimento de Mulheres Camponesas
 35.   MNDH – Movimento Nacional de Direitos Humanos
 36.   MPA – Movimento de Pequenos Agricultores
 37.   MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
 38.   MTL – Movimento Terra, Trabalho e Liberdade
 39.   Pastorais Sociais da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)
 40.   PJR – Pastoral da Juventude Rural
 41.   Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais
 42.   Rede Social de Justiça e Direitos Humanos
 43.   RENAP – Rede Nacional dos Advogados Populares
 44.   SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Instituição de
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário
 45.   TERRA DE DIREITOS
   * (1) Parlamentarios representantes de los terratenientes.
 (2)    Comisión Parlamentaria de Investigación.
 (3)    Programa Nacional de Agricultura Familiar
 (4)    Instituto Nacional de colonización y Reforma Agraria
 (5)    Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
 (6)    Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
 (7)    Obispo Franciscano que hzo huelga de hambre en contra del trasvase
del Rio San Francisco.
 (8)    Banco Nacional deDesarrollo Económica y Social.
 
 *Traducción al español  Glòria Casaldàliga
 COMITE SUPORT al MST.   BARCELONA

Concentración contra la Cumbre de la OMC en Hong Kong

Jueves, 15 de diciembre, 19:00
Lugar: Intercambiador de autobuses en Atocha-Renfe – Paseo de la Infanta Isabel.

La Alianza "Nuestro Mundo no está en venta – descarrilemos la cumbrede la OMC en Hong Kong" llama la atención sobre las consecuencias parala población de las políticas de "libre comercio" promovidas por laOMC. En Hong Kong están en juego, entre otras cosas, la privatizaciónde los servicios públicos y nuestra seguridad alimentaría, por lo quenos manifestaremos en Atocha-Renfe y luego enfrente del Ministerio deAgricultura.

 Convocan: Asambleas contra la mercantilización de laenseñanza – Attac – Campaña ¿Quién debe a quién? – CGT – COAG -Ecologistas en Acción – Plataforma por la Defensa de los ServiciosPúblicos – STEs. (más información: 619 94 90 53)

Más movilizaciones esta semana:

Martes, 13 de diciembre
 
20:00 – Campaña ¿Quién debe a quién? actúa en el metro.
Lugar: Líneas 6, 9 y Metro Sur.
 
» ¡Qué mala suerte!: Vicente Fox, José Luis Rodríguez Zapatero, TonyBlair y Pascal Lamy pierden el avión y van en metro a Hong Kong.Mientras lleguen "revisan sus agendas": ¿Cómo saquear los países delSur y cómo privatizar los servicios públicos?
 

Miércoles, 14 de diciembre
 
18:00 Concentración en defensa de la educación pública
Lugar: Ministerio de Educación – Calle Alcalá, 34 – 36
 » Jornada de lucha de la STEs-Intersindical "Por una Ley de Educaciónque fortalezca la escuela pública y mejore las condiciones de trabajoen la enseñanza".» Y además huelga del profesorado de la EnseñanzaPública no Universitaria para mostrar su protesta y desacuerdo con elproyecto de Ley Orgánica de la Educación.
 
19:30 Movilización contra la reforma laboral
Lugar: Atocha – Pl. Jacinto Benavente
 
» Para terminar con la precariedad, la flexibilidad laboral y loscontratos basura la Confederación General del Trabajo (CGT) yCoordinadora Sindical de Madrid (CSM) movilizan contra las agresionesde la patronal y el gobierno en contra de los derechos sociales.

Como la OMC manipula el comercio Mundial

Por João Pedro Stedile, dirigente del Movimiento de los Sin Tierra (MST) y
de Via Campesina Brasil.

El 13 de diciembre próximo los gobiernos de todo el
mundo volverán a reunirse, en Hong Kong, convocados por la Organización
Mundial del Comercio (OMC) para tratar de alcanzar un acuerdo comercial.

Pero,¿qué es la OMC?

La OMC se ha transformado en un paraguas jurídico-institucional que los
países más ricos y sus grandes empresas utilizan para crear reglas que
imponen a los países periféricos. En esta organización no se discute cómo
reducir la pobreza, el hambre, el desempleo o la desigualda d social. En ella
no se discurre acerca de la explotación de los capitalistas de los países
ricos sobre los trabajadores de los países pobres.

El objetiivo de la OMC está concentrado en aumentar el volumen de un
comercio internacional dominado por las corporaciones transnacionales, en
quebrar las barreras defensivas de los países pobres y en consolidar el
control sobre la producción y la comercialización de los productos
alimenticios.

Precisamente, en Hong Kong, los representantes de Europa y Estados Unidos,
que han logrado cooptar a los gobiernos de India y Brasil, presionarán para
definir las reglas del comercio agrícola mundial y por lo tanto, el futuro
de millones y millones de familias campesinas. Frente a ellos estarán los
demás países pobres del Sur, que son una amplia mayoría de población y
también de votos en la OMC.

¿Qué pretenden los países ricos? Que se eliminen las barreras aduaneras que
protegen las producc iones agrícolas nacionales. Asimismo, prometen la
reducción paulatina de los subsidios que otorgan a sus producciones
agrícolas. Con esto alimentan la ilusión de las burguesías agrarias de
países exportadores de materias primas como Brasil, de que de que podrán
aumentar sus colocaciones en Europa y Estados Unidos. Se trata de una
ilusión pues, aunque se redujeran los subsidios, esto no significa que los
mercados de alimentos y de materias primas del Norte están en expansión.

Un acuerdo de esas características llevará a la ruina a millones de
campesinos que hoy producen en condiciones adversas en sus países pero que
aún así abastecen a los mercados locales. Si los gobiernos liberan la
importación de productos subsidiados, en un primer momento las
trasnacionales los ofrecerán a precios menores pero dejarán a las economías
del Sur totalmente dependientes de las importaciones y perderán, por lo
tanto, la soberanía alimentaria.

La OMC, en resumen, tiene como meta la institución de un aparato jurídico
internacional para favorecer los intereses de las corporaciones
transnacionales aliadas a sectores de las burguesías agrarias locales.
Pierden siempre los pobres, los trabajadores y los campesinos de los países
periféricos.

La Vía Campesina Internacional, que representa a los sectores campesinos,
afirma que todo ello es una gran manipulación. Porque pese a que habrá un
debate, las decisiones serán tomadas por los gobiernos de Estados Unidos y
Europa, que buscarán imponer reglas pára destruir los mercados nacionales y
las economías rurales de los países pobres, que serán obligadas a importar
los productos de las transnacionales.

Por ello afirmamos que la OMC no tiene legitimidad y no puede atribuirse la
potestad de dictar las reglas sobre el comercio y mucho menos sobre el
abastecimiento de los mercados nacionales.

Por lo tanto, exigimos la cancelación de los a cuerdos de la Ronda de Doha,
comenzada en el 2001 en el marco de la OMC.
Pero esperamos que la mayoría de los gobiernos de los países pobres rechace
las manipulaciones y haga fracasar la reunión de Hong Kong.

La Vía Campesina propicia la valorización de los mercados nacionales y de
las economías rurales para que los campesinos de todo el mundo puedan
continuar produciendo alimentos para las poblaciones locales y dejen de
sufrir la competencia desleal de la producción subsididada de los países
desarrollados. Defendemos la soberanía alimentaria, que es el derecho de
cada pueblo a controlar la producción de su propia alimentación y a terminar
con la dependencia externa. Defendemos la descentralización en contra del
monopolio que ejercen no más de diez corporaciones que dominan el comercio
mundial de cereales, de leche y de proteínas animales. Defendemos la
democratización de la propiedad de la tierra para que a través de la reforma
agraria los campesinos se asienten en sus comunidades y obtengan una
remuneración suficiente para vivir dignamente.

No asistiremos de brazos cruzados a decisiones tomadas a nombre nuestro y en
contra nuestro. Millares de militantes y dirigentes de Vía Campesina iremos
a Hong Kong para levantar nuestra voz y para defender los intereses de los
pueblos del Tercer Mundo. En muchas doctrinas económicas, filosóficas y
religiosas está fundamentado el derecho y el deber que tienen todos los
pueblos de producir sus propios alimentos. Y todo pueblo que deje de
producir sus propios alimentos caerá en la esclavitud de la dependencia.

Esta es la consigna de Vía Campesina Internacional como respuesta a diez
años de manipulaciones por parte de la OMC y de todos los gobiernos que son
incapaces de representar los intereses de sus pueblos.

Respuesta del el MST sobre la CPMT

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra desea exponer, mediante esta nota,   su indignación  frente a la actuación de la  mayoría de la Comisión  Parlamentaria  Mixta de la Tierra.

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra desea
exponer, mediante esta nota,  su indignación  frente a la
actuación de la  mayoría de la Comisión  Parlamentaria  Mixta de
la Tierra que, cumpliendo los objetivos criminales y  odiosos de la
UDR (Unión Democrática Ruralista) y sus aliados, actuó para
desvirtuar el objetivo original de la comisión, que era trazar un
amplio diagnóstico sobre la estructura  de la propiedad de la tierra
brasileña, los procesos de Reforma Agraria y  urbana y proponer
soluciones para los problemas encontrados.

El relator de la CPMI de la Tierra, diputado João Alfredo
(PSOL/CE), presentó un informe con un diagnóstico profundo
de la situación agraria de nuestro  país y  diversas  propuestas
para que la Constitución  brasileña  se cumpla, o sea, que la tierra
sea democratizada. Ese es el  motivo por el que la  bancada
ruralista, siendo mayoría en la composición  de la Comisión, actuó
en forma contraria a la relatoría, pues tiene como único objetivo
criminalizar a los movimientos sociales del  campo y  deslegitimar
las actividades de diversas entidades que luchan  por la a Reforma
Agraria en Brasil.

El voto del diputado Abelardo Lupion (PFL/PR), conocido
parlamentario  vinculado a UDR y que responde a un requerimiento
pendiente en el  Supremo Tribunal Federal, por el uso de recursos
en dos campañas electorales, expresó su  visión  torcida del
latifundio atrasado de nuestro país, que ignora la situación  de
exclusión  social de  más de  4 millones  de familias Sin Tierra en
Brasil.  Silencia el hecho incontestable de que en los últimos tres
años fueron  liberados cerca de 12.500 trabajadores encontrados
en situación  de esclavitud  en más de 400 haciendas; silenció y
escondió la terrible cifra de 1.500 trabajadores muertos en los
últimos 20 años; sobre las milicias de pistoleros de los
hacendados; sobre la concentración  de la tierra; sobre el robo de
tierras; sobre los desvíos de recursos públicos de la  SUDAM
(Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia).

La  parcialidad se expresa en el análisis  que hace  de los
recursos públicos a las diversas entidades, pues es  imposible  no
percatarse que las tres entidades encargadas  de la Reforma
Agraria investigadas en la Comisión, recibieron,  en  diez años,  el
4% de lo  que recibieron  las entidades patronales, defendidas por
la bancada ruralista. Las patronales  sumaron  1,51 billones de
reales.

Se expresa también la tentativa  de solicitar al  Ministerio Público
que denuncie a los líderes del  MST sin presentar ningún hecho
concreto, que fundamente legalmente la apertura de investigación
o denuncias contra estos trabajadores.

Ese posicionamiento ya fue  analizado varias  veces por tribunales
de nuestro país que rechazaron  la posibilidad de criminalizar a los
trabajadores rurales por el hecho de ocupar latifundios.
Reconocieron también la legitimidad de este tipo de acciones que
buscan el  cumplimiento de la Constitución por los  gobiernos.

La  disputa ocurrida en esta Comisión Parlamentaria  expresa la
oposición ideológica de los latifundistas  contra las   familias Sin
Tierra que luchan  por una vida digna en el campo. La mayoría de
esas grandes áreas es improductiva, algunas utilizan mano de
obra esclava y destruyen el medio ambiente, características que
determinan el  uso de las mismas áreas para fines de reforma
agraria, conforme garantiza nuestra Constitución.

Los datos del INCRA indican que el 51,4% de los predios
calificados como  gran propiedad  son  improductivos, o   sea más
de 133 millones de hectáreas de tierras no atienden  las
exigencias de productividad  y podrían ser expropiadas  para fines
de reforma agraria. Y más aún se rebela que,  el 1,6% de los
propietarios con predios que superan las  mil hectáreas poseen el
46,8% del área total existente en el  país.

Después de  realizar 43 viajes a nueve estados brasileños,  abrir
125 investigaciones  y  analizar cerca de 75 mil documentos, se
constató una enorme concentración  latifundista , robo de tierras,
violencia en el campo y la utilización de trabajo esclavo, algunas
soluciones para esos problemas en el  campo son  señaladas.

La  necesidad de una reforma agraria masiva y  de calidad en el
cumplimiento de las metas del  II Plan Nacional de Reforma
Agraria (PNRA), suscrito por el  gobierno federal, que consiste en
asentar 400 mil familias acampadas . Apenas el 45% de las metas
fueron  cumplidas, y queda poco más de un  año para la
conclusión de su mandato. Para eso es preciso realizar un
catastro de las propiedades rurales, la actualización  de los
índices de productividad, que están desfasados desde hace más
de  30 años.

La Cámara de los Diputados, que debería ser la  representación
del pueblo brasileño, demuestra una vez más  que continúa siendo
un instrumento de defensa de los poderosos de nuestro país, que
se resisten a la realización de la  Reforma Agraria. El  Movimiento
repudia las posiciones presentadas en la  relatoría aprobada y
reafirma su compromiso de continuar su lucha para que las más
de 4,8 millones de familias Sin Tierra tengan  acceso a la Reforma
Agraria.

*CMPT: Comisión Parlamentaria Mixta de la Tierra
Coordinación Nacional del  Movimiento de los Trabajadores Rurales
Sin Terra

Assassinado trabalhador do MST + Ruralistas atropelam CPMI da Terra

Plenário da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Terra recusou
parecer original e aprovou relatório final alternativo do deputado Abelardo
Lupion (PFL-PR), que propõe a criminalização dos movimentos sociais como
terroristas.
Maurício Hashizume

Integrante da direção estadual do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) de Alagoas, Jaelson Melquíades, de 24 anos, foi
assassinado nesta terça-feira (29) por dois pistoleiros no centro de
formação do assentamento São Pedro, no município de Atalaia, zona da mata
do Estado. Há cerca de um mês, outros três sem-terra – Hanilton Martins,
Antonio José dos Santos e Luiz Manuel – tombaram pela ação de criminosos em
Pernambuco. Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 39 trabalhadores
rurais morreram como vítimas de conflitos agrários em 2005.

Distante cerca de dois mil quilômetros do local do crime, membros da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Terra aprovaram no Congresso
Nacional, também nesta terça-feira (29), o relatório final do deputado
Abelardo Lupion (PFL-PR), apresentado em substituição ao relatório original
de autoria do deputado João Alfredo (PSOL-CE).

O parecer aprovado ignora a ocorrência de 1,5 mil mortes no campo nos
últimos 20 anos, silencia sobre a existência de trabalho escravo no País, não trata
da ação de milícias armadas de pistoleiros contratados por fazendeiros,
desconhece o problema da grilagem de terra e desvia o foco da concentração
fundiária, um dos principais sustentáculos do quadro da desigualdade social
no Brasil.

E além de pedir indiciamento de um dirigente e um ex-dirigente da Associação
Nacional de Cooperação Agrícola (Anca) e outro da Confederação de
Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil (Concrab) por desvio de recursos
públicos ? ainda que os processos que envolvem os acusados ainda estejam
ainda em fase preliminar de análise no Tribunal de Contas da União (TCU) -,
o texto final da CPMI traz, em anexo, dois projetos de lei com o intuito de
criminalizar a ação das organizações de trabalhadores e trabalhadoras
rurais.

Um deles visa dar conotação jurídica de ato terrorista às ocupações de
terra praticadas por diversos movimentos camponeses para protestar pela
realização da reforma agrária. O outro propõe que o esbulho possessório
(definido no texto como saque, invasão, depredação ou incêndio de
propriedade alheia) com fins políticos (com o fim de manifestar
inconformismo político ou de pressionar o governo a fazer ou deixar de fazer alguma coisa)
seja enquadrado como crime hediondo (pena de reclusão de três a dez anos).
Os projeto ainda serão devidamente avaliados na Câmara e no Senado.
"O setor produtivo está cansado de ser invadido, de sofrer com a
insegurança", comemorou Lupion. "Nós não poderíamos ter feito nenhum
acordo. Passaríamos por fracos", emendou. De acordo com ele, a CPMI obteve
êxito porque conseguiu "detectar os desmandos que existem no contexto da
violência no campo".

O relatório do parlamentar da bancada ruralista foi aprovado por 12 votos a
um na comissão. Para que o relatório vencedor pudesse ter sido apreciado na
mesma 45a sessão da CPMI da Terra, entretanto, a comissão teve antes que
rechaçar o relatório do deputado João Alfredo. O parecer do deputado do PSOL
foi derrotado por 13 votos – senadores: Gilberto Goellner (PFL-MT), César
Borges (PFL-BA), Flexa Ribeiro (PSDB-PA), Wellington Salgado (PSDB-MG),
Juvêncio da Fonseca (PSDB-MS), Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR), e deputados:
Abelardo Lupion (PFL-PR), Onyx Lorenzoni (PFL-RS), Moacir Micheletto
(PMDB-PR), Max Rosenmann (PMDB-PR), Xico Graziano (PSDB-SP), Luiz Carlos Heinze
(PP-RS), Josué Bengston (PTB-PA)  a oito senadores Eduardo Suplicy (PT-SP),
Sibá Machado (PT-AC) e Valdir Raupp (PMDB-RO), senadora Ana Júlia Carepa
(PT-PA), deputados Zé Geraldo (PT-PA), Jamil Murad (PCdoB-SP) e Adão Pretto
(PT-RS) e Luci Choinacki (PT-SC). Houve abstenção do senador Garibaldi Alves
(PMDB-RN). O senador Pedro Simon (PMDB-RS) justificou sua ausência por
motivos de saúde e os deputados da vaga do PL não registraram presença.

Logo depois que o parecer de 800 páginas de João Alfredo caiu, os
parlamentares que foram derrotados  "inclusive o próprio relator – deixaram
o no plenário da comissão. A senadora Ana Júlia chegou aos gritos:
"não serei cúmplice de assassinatos" – até a rasgar o relatório de
Lupion. O deputado Jamil Murad, por sua vez, classificou a proposta do
colega pefelista do Paraná de "relatório do ódio", que tem como objetivo manter
a impunidade e acabar com aqueles que lutam por justiça social no Brasil.

"O relatório aprovado incrimina as vítimas, impede a reforma agrária e
desconhece a realidade do campo brasileiro", resumiu Alfredo. "Fizemos o
que era para ser feito: o diagnóstico da situação fundiária brasileira, a
análise dos processos de reforma agrária, das organizações do campo. O
relatório alternativo proposto é a antítese do nosso e sequer cumpre os
objetivos desta CPMI; não valorizou as visitas aos Estados, não reconhece os
problemas fundiários nem apresenta propostas para resolvê-los. É um
retrocesso de cem anos". O que texto final aprovado na comissão, na
interpretação dele, "santifica o latifúndio e sacramenta a propriedade
privada acima de tudo".

Alfredo atribuiu o resultado da votação à "sobre-representação" dos
ruralistas na comissão "que não corresponde à composição da
sociedade". Para o presidente da CPMI, senador Álvaro Dias (PSDB-PR),
porém, a CPMI "acolheu a tendência existente na sociedade brasileira".
Segundo ele, a criminalização pode, sim, ajudar na repressão a atos
ilícitos no meio rural, mas o relatório aprovado de autoria do deputado
Lupion não é o ideal. Por isso, o senador se comprometeu a também encaminhar
o relatório do deputado João Alfredo, com suas respectivas recomendações,
às autoridades competentes.

Supressões de última hora

Depois da ratificação do relatório de Lupion, o plenário da comissão acatou
algumas emendas propostas pela senadora Heloísa Helena (PSOL-AL) e pelos
senadores Eduardo Suplicy e Valdir Raupp. Este último, discretamente, aliás,
pediu aos pares um relatório "mais leve para a sociedade brasileira". A
aprovação das emendas retirou: a recomendação de suspensão imediata do
repasse de recursos federais aos convênios firmados com a Anca, a Concrab e
Iterra; a solicitação de encaminhamento de cópia dos documentos para outra
comissão parlamentar de inquérito (CPI) que sequer foi instalada na Câmara
dos Deputados; e o pedido de indiciamento de cinco lideranças do Movimentos
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST): João Pedro Stédile, Gilmar Mauro,
João Paulo Rodrigues, José Rainha Júnior e Jaime Amorim.

"O MST, todos nós sabemos, é uma grande quadrilha, só que nós não
tínhamos provas [contra as lideranças citadas]. Achamos por bem atender o
pedido da senadora Heloísa Helena e do senador Suplicy", comentou Lupion
depois do encerramento da sessão.

Em nota, o MST ressaltou que a "Casa que deveria ser representação do povo
brasileiro demonstra mais uma vez continua sendo instrumento de defesa dos
poderosos de nosso país, que resistem à realização da Reforma Agrária".
O movimento manifestou repúdio às posições apresentadas no relatório
aprovado e reafirmou seu compromisso de continuar sua luta para que mais de
quatro milhões de famílias tenham acesso à terra. Nunca é demais lembrar
que 1,6% dos proprietários com imóveis acima de mil hectares possuem 46,8%
da área total existente no País.

Massacre de sem-terra em Felizburgo: já faz um ano

Um texto sobre 1º  ANO DO MASSACRE de 05 sem-terra, no Acampamento Terra
Prometida, em FELIZBURGO.

Após o exaurimento do ouro em Vila Rica/Ouro Preto, a colonização do Vale do
Jequitinhonha se deu pela dizimação dos povos indígenas e pela apropriação
das terras. O poder local foi pouco a pouco se fortalecendo a partir do
latifúndio. Em 3 de maio de 1808, uma Carta Régia ordenava uma ³Guerra
Ofensiva e Justa² contra os índios botocudos, para mostrar superioridade dos
brancos ³civilizados².

No dia 01 de maio de 2002, 230 famílias de trabalhadores rurais sem-terra do
município de Felizburgo começavam a escrever uma outra página na história do
município e da região. Os Sem Terra cansaram de viver de favores e de
plantar para entregar a meia ao patrão. Ocuparam a fazenda Nova Alegria. O
sonho de uma vida mais digna falou mais alto e moveu os pobres para a luta.
Iniciava-se um desafiou não só aos ³donos² da Fazenda Nova Alegria, mas
também aos ³donos do poder² e todo um sistema que está a serviço de um
pequeno grupo. Por 2,5 anos a vida no acampamento se dava em meio a muita
luta, produção de alimentos e ameaças por parte de jagunços.

Dia 20 de novembro de 2004, dia da Consciência Negra, cerca de 18 jagunços,
liderados pelo fazendeiro e empresário Adriano Chafik Luedy, invadiram o
Acampamento Terra Prometida, em Felisburgo, no Vale do Jequitinhonha.
Assassinaram covardemente Iraguiar Ferreira da Silva (23 anos), Miguel José
dos Santos (56 anos), Francisco Nascimento Rocha (72 anos), Juvenal Jorge da
Silva (65 anos) e Joaquim José dos Santos (49 anos). Todos os tiros foram à
queima roupa. Feriram outras 20 pessoas sem-terra, inclusive uma criança de
12 anos levou um tiro no olho. Atearam fogo no acampamento, reduzindo a
cinzas 65 barracas, inclusive a barraca da escola, onde 51 adultos faziam,
todas as noites, o curso de alfabetização. A guerra oculta e sutil que os
latifundiários fazem todos os dias contra os trabalhadores tinha se
transformado em guerra declarada.

Os trabalhadores sem-terra deste acampamento vinham recebendo ameaças há
mais de dois anos, desde o dia 1o de maio de 2002, quando ocuparam o
latifúndio, que é, parcialmente, de terras devolutas, não arrecadadas pelo
estado. Inúmeros Boletins de Ocorrência foram registrados na delegacia
local. A Comissão Pastoral da Terra ­ CPT -, em 24/09/2004, fez uma
representação junto à Secretaria de Segurança Pública, alertando que oito
jagunços estavam há dois dias dentro do acampamento, mas as autoridades não
tomaram medidas para evitar a tragédia.

Mas os Sem Terra seguiram em frente, mesmo depois das famílias terem perdido
todos os seus pertences, barracos, panelas, roupas, documentos, que foram
queimados pelos pistoleiros, ainda havia muitas pessoas internadas nos
hospitais em estado grave, acabamos de enterrar os cincos mortos que haviam
sido assassinados e as famílias, junto com outras acampadas na região,
reocuparam a fazenda Nova Alegria.

Na semana seguinte, já tinham reconstruído o acampamento. Pela primeira vez
na história do município de Felizburgo, os trabalhadores rurais sem terra
não abaixaram a cabeça diante do autoritarismo do fazendeiro. Reagiram
continuando a luta por seus direitos. Poucos dias depois eles ocuparam a
prefeitura municipal para exigir a criação de uma escola no acampamento.
Isso demonstra o grau de consciência e coragem que as famílias adquiriram
com o processo de luta.

Há um 1 ano do massacre de Felizburgo, constatamos as seguintes conquistas
do Acampamento Terra Prometida: 1a) O Acampamento Terra Prometida tem hoje
uma organização política autêntica dos trabalhadores, coordenada por eles
próprios; 2a) Três dias após o massacre, a fazenda foi reocupada e já
conquistaram 568 hectares dela; 3a) Derrota política imposta ao Adriano
Chafic e à classe latifundiária. Estão desmoralizados em seus métodos; 4a) A
prisão do mandante e assassino Adriano Chafik e mais três pistoleiros; 5a)
Hoje se produz praticamente de tudo na parte da fazenda já conquistada. Na
1a safra foram mais de 800 sacas de feijão, muito milho e verdura, fato que
fez as pessoas do acampamento transbordar de alegria; 6a) A criação da
Escola Municipal Miguel José dos Santos (nome dado em homenagem a um dos
companheiros que tombou no massacre). As mais de cinqüenta crianças e mais
de trinta adultos estão agora estudando dentro do pré-assentamento. A escola
é coordenada pelo Setor de Educação do MST; 7a) Todos participam com
entusiasmo nos núcleos de base, nas equipes de trabalho e nas assembléias. É
o início de uma vida nova, vida em comunidade que luta em mutirão e de forma
organizada. A solidariedade e a co-responsabilidade envolvem a todos.

Após estudos sérios, em parceria com universidades federais, o Instituto de
Terras do estado de Minas Gerais, o ITER, chegou à conclusão de que,
existem presumivelmente 11 milhões de hectares de terras devolutas em Minas
Gerais (cerca de 1/3 do território do estado), quase todas elas griladas por
fazendeiros, reflorestadoras (na verdade, eucaliptadoras) e grandes
empresas. Nas décadas de 70 e 80 do século XX, grandes extensões de terras
devolutas foram repassadas para grandes empresas em convênios firmados entre
o ITER e aquelas empresas, que hoje as usam, quase que exclusivamente, na
monocultura de eucalipto. Muitos destes convênios estão vencidos. Muitas
outras terras devolutas foram invadidas por grileiros, fazendeiros e
empresas. Resgatar as terras devolutas e destiná-las à Reforma Agrária é um
desafio urgente, conforme prescreve o art. 184 da Constituição Federal.

O mártir sr. Miguel José dos Santos terminaria a 4a série em 2005. Pendurado
no corpo do sr. Joaquim José dos Santos foram encontrados dois embornais, um
com milho e outro com feijão. Ele tinha semeado durante a manhã toda. Veio
almoçar, participou da reunião da coordenação do acampamento, mas antes de
voltar para continuar plantando, foi barbaramente assassinado. Sr. Joaquim,
um semeador de sementes não transgênicas, foi semeado na terra prometida. Os
mártires do acampamento Terra Prometida não foram sepultados, mas plantados.
Deles está nascendo uma Minas Gerais mais solidária, fraterna e humana. É
isso que todos os que lutam por justiça esperam. É com isso que todos
sonham.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA ­ MST ­ Minas Gerais
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA – CPT
Frei Gilvander Moreira, email: gilvander@igrejadocarmo.com.br

Carta de Amor a l@s amig@s del MST en Europa

Carta de Amor de Ademar Bogo (ideologo del MST) a l@s compas
del MST en Europa.

Amigo, cultiva-se como o trigo. Após a longa convivência, ele oferece o
pão como sinal de sua coerência. Então, reparte-se em pedaços para
fortalecer ainda mais os laços. Uma amizade vale mais do que um milhão de
propriedades.

Amigo é aquele que acompanha, que estranha quando mudam as aparências. É
quem revela as impaciências quando vê o outro ameaçado. É quem não fica
acomodado, busca informações e as passa adiante. Amigo é um acompanhante,
quase um amante, sem nunca ter atraiçoado.
    Amigo é quem nunca deixa alguém andar sozinho; pode ser um parente ou um
vizinho, está sempre presente. Não importa a distância, até o tempo perde a
importância, como a cinza no braseiro ardente. Como simples camponeses,
sentimos por diversas vezes, o calor afetivo de todos os continentes.
    Amigo é solidário, não se arrepende, ao contrário, quer envolver-se ainda
mais. Empenha o seu tempo de descanso, humildemente e manso, realiza
tarefas infinitas. Faz coletas, faz visitas, mantendo-se sempre cordial. E
foi assim que vimos acontecer, na Europa, as pessoas coletarem e vender,
objetos, para construir a nossa Escola Nacional.
    Folhas de remédios em pacotinhos, vendidas com todo o carinho com rótulos
artesanais identificando o movimento. E não foram extraídas de
assentamentos, mas de lavouras doadas, pelo simples fato de que nossa luta
organizada, estimulou este desprendimento.
    E assim são muitas as iniciativas, de pessoas de fronte altiva que
caminham em nossa direção. Acreditam na transformação do ser humano e
também da sociedade. Aqui dizemos com toda a honestidade; se os burgueses
brasileiros quiserem mesmo saber de onde vem este dinheiro, jamais
entenderão, porque nada entendem de solidariedade.
    Mas não é a ajuda material a contribuição principal. São as denúncias e a
divulgação. Os governantes que viajam em missão, lá se defrontam com a
imagem dos Sem Terra. Uma bandeira, um boné ou uma faixa os espera,
cobrando providências; isso inibe as mentiras e as imprudências e alguns
deles se revoltam como as feras.
    E o mais interessante, é que estes amigos e amigas militantes, querem
participar da formação, seja nos cursos, no intercâmbio ou na produção, até
mesmo nas lutas cotidianas. Como explicar esta energia, este vigor da alma
urbana, que desafia a própria consciência? É a mística que se torna
resistência e a coerência que revela a essência humana.
    É importante que a base de nosso movimento, saiba que alguém distante zela
por cada acampamento. Sofre com as perdas dos assassinatos e festeja quando
são vitoriosos os nossos atos.
    Mas há uma questão mais importante. Não importa que estejam próximos ou
distantes; se nos conhecemos ou nunca nos tocamos. Importa é dizer que a
vós juramos, jamais trair a vossa confiança. Diremos às nossas crianças,
que, se um dia estiverem realmente emancipadas, que a terra foi deveras
libertada, com a ajuda desta grande aliança.
    E podemos dizer mais uma vez; que nas noites das frias madrugadas,
dormindo sobre a terra ou na beira das estradas, em nossos sonhos estão vocês.
    Que a utopia suspensa nas mãos do horizonte, nos faça seguir sempre mais
confiantes. E, dizemos com sinceridade, sentindo esta solidariedade, é um
prazer continuar a ser, a cada dia, melhores militantes.
           

Ademar Bogo.

La hora de plantar árboles

Raúl Zibechi
ALAI-AMLATINA 11/11/2005, Montevideo.-

Luego de tomar distancias del gobierno de Lula, el principal movimiento social de Brasil y de América Latina quiere profundizar sus lazos con los jóvenes pobres de las periferias urbanas, para seguir avanzando en su empeño por cambiar el mundo.

Debajo de la enorme carpa instalada en el campus de la Universidad Federal Fluminense (UFF), Marina dos Santos, de la dirección del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), asegura que “en este país vivimos un período histórico muy complejo, tal vez una de las peores coyunturas de los últimos años”. Marina forma parte del contingente de 500 militantes sin tierra que llegaron hasta Niteroi, sede la UFF, para participar a mediados de octubre del encuentro internacional Pensamiento y Movimientos Sociales junto a una decena de intelectuales y cientos de activistas urbanos(1). “Es necesario que la gente entienda que este gobierno, como los anteriores, es como el fríjol duro que hay que meterle mucha presión para cocinarlo”, concluye.

Los últimos meses significaron un remezón para el MST. Con la crisis del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, perdieron las escasas esperanzas que aún tenían de que se produjera un viraje hacia la izquierda. En septiembre, un texto firmado por el coordinador del movimiento, Joao Pedro Stédile, fue una suerte de ruptura “Digamos adiós al gobierno del Partido de los Trabajadores y a sus compromisos históricos”, puede leerse en el documento El MST ante la coyuntura brasileña(2). Esta despedida fue muy significativa e impone al movimiento un esfuerzo para comprender el fracaso del PT en el gobierno, así como ensayar nuevos rumbos.

Nueva clase social

Hasta ahora el análisis más profundo sobre lo sucedido con el PT sigue siendo el del sociólogo Francisco de Oliveira en un texto titulado El Ornitorrinco(3). En su opinión, el PT representa el ascenso de una nueva clase social formada por gestores de fondos de pensiones -la Constitución de 1988 creó el Fondo de Amparo al Trabajador (FAT), que es el mayor financiador de capital de largo plazo, donde las centrales sindicales tienen sus representantes- pero no es una clase propietaria de medios de producción, ni de tierras ni de fábricas, sino algo diferente. “Las capas más altas del antiguo proletariado se convirtieron en administradoras de fondos de pensiones, que provienen de las antiguas empresas estatales; forman parte de los consejos de administración, como en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), a título representantes de los trabajadores”, que ahora “están preocupados con la rentabilidad de tales fondos, que al mismo tiempo financian la reestructu
ración productiva que genera desempleo”, dice Oliveira.

Desde el punto de vista político, esto explica la convergencia programática entre el PSDB (el partido de Fernando Henrique Cardosdo) y el PT. Se trata de “una nueva clase social, que se estructura de un lado, sobre técnicos y economistas doublés de banqueros, núcleo duro del PSDB, y trabajadores transformados en operadores de fondos previsionales, núcleo duro del PT”. Todavía hay algo más: “La nueva clase tiene unidad de objetivos, se formó en el consenso ideológico sobre la nueva función del Estado, trabaja en el interior de los controles de fondos estatales y semiestatales y están en el lugar que hace de puente con el sistema financiero”, allí donde el capital privado busca recursos para acumular. De modo que las relaciones de la cúpula del PT con el sistema financiero no son nuevas sino que se forjaron a mediados de los años 90.

Apenas un ejemplo. Cuando el secretario de finanzas del PT festejó su cumpleaños en una hacienda de Goiás, la prensa contó 18 aviones ejecutivos, incluyendo varios jets privados, algo fuera de lo común incluso entre los más destacados dirigentes petistas. Se trataba de Delúbio Soares, quien antes había sido representante de la central sindical CUT en el consejo de administración del BNDES, y el hecho sucedió antes de que Lula llegara a la presidencia. Delúbio había comenzado como metalúrgico y en pocos años trabó amistades con el tipo de personas que viajan en jets privados(4). Durante el escándalo de corrupción Soares fue señalado como uno de los principales responsables de la compra de votos de diputados. No es el único caso. El nuevo presidente del PT, Ricardo Berzoini, y el ex ministro de Comunicaciones, Luiz Gushiken, presentan biografías políticas casi idénticas, emparentadas a la gestión de los fondos previsionales.

La cuestión del poder

Stédile asegura que “la crisis es mucho más grave que lo que dice la prensa”. Sin duda está en lo cierto. Sólo estando en Brasil, escuchando a la gente de izquierda, mirándola a los ojos y dejándose contagiar por esa mezcla de desesperación y rabia, puede comprenderse la profundidad de una crisis que, como dice el coordinador del MST, trasciende a la propia izquierda para convertirse en “una crisis societal”(5).

Oliveira sostiene que Lula cometió un error grave al asumir el gobierno: “El sistema partidario estaba extremadamente fragilizado. Al asumir, Lula en vez de profundizar la crisis intentó reconstruir un sistema que no representa nada”(6). El resultado es que en nombre de la gobernabilidad se llegó a una situación de gran ingobernabilidad, de la cual es muy difícil salir sin hacer grandes concesiones a la derecha. Sin embargo, la crisis de representación sigue su curso y el escándalo de corrupción no ha hecho sino agravarla. En este punto, tanto el análisis del MST como el de Oliveira convergen mostrando un panorama desalentador, más aún cuando el gobierno Lula agravó los problemas creados por 15 años de neoliberalismo. Quizá el más importante, ya que puede provocar un estallido social, son los 12 millones de desocupados y los 15 millones de informales, casi 30 millones de personas en situación de extrema precariedad. Para empeorar las cosas, los movimientos sufren las consecu
encias de la derrota de 1989 con la que se impuso el neoliberalismo. En consecuencia, se trata de trabajar a largo plazo. “Ahora no es hora de plantar alfalfa. No se trata de plantar para recoger en tres o cuatro semanas. Es hora de plantar árboles. Van a demorar en dar frutos, pero cuando surjan serán duraderos”, dice Stédile.

El MST se apoya en sus 15 mil militantes que están estudiando, las 140 mil familias acampadas a la orilla de las carreteras bajo las lonas; o sea, un millón de personas que se pueden movilizar. Además, su base social son unas 480 mil familias ya asentadas, de las cuales unas 300 mil están vinculadas al movimiento, y los cuatro millones de campesinos sin tierra. Pese a toda esa fuerza social y militante acumulada en 25 años, no son optimistas. Gilmar Mauro, de la dirección del MST, sostiene: “No hay perspectivas, a corto plazo, de ascenso de la lucha social y de masas. Entendemos que el proceso será lento y que es necesario pensar el movimiento a largo plazo”(7).

Para el MST esto se traduce en cuatro líneas de acción: estimular un debate sobre un nuevo proyecto de país que supere el neoliberalismo, formar militantes, impulsar las luchas sociales y elevar el nivel de cultura del pueblo. El coloquio realizado en Niteroi forma parte de los convenios que mantiene el MST con 42 universidades en las que se forman 4.000 militantes, pero también es parte del esfuerzo por vincularse con los movimientos urbanos y en particular con la juventud pobre.

Una buena muestra de los puentes que están forjando con los sectores urbanos, fue la asamblea popular “Trabajo solidario por un nuevo Brasil” realizada a fines de octubre en Brasilia, en la que participaron 8 mil militantes –sin tierra, sin techo, sin trabajo, hip- hop, iglesias-, con el objetivo de crear “unidad de lectura de la crisis y unidad de lectura de las salidas”. El MST no deja de sorprender: por encima de un discurso que en ocasiones parece calcado de la III Internacional, muestra una gran creatividad en las iniciativas de base, muy en particular en la educación, y está siendo capaz de modificar sus propias formulaciones. Durante el último Foro Social Mundial en Porto Alegre, Stédile dijo algo que revela que el MST no está aferrado a dogmas: “La cuestión del poder no se resuelve tomando el Palacio, que es lo más fácil y se ha hecho muchas veces, sino creando nuevas relaciones sociales”.

Con los pobres urbanos

No es la primera vez que el MST tiende puentes con las ciudades. En 1997 decidió destinar militantes al trabajo urbano que se dedicaron al tema vivienda y desocupación. La iniciativa fructificó con la creación del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) que consiguió cierto arraigo en el área de San Pablo y en Rio de Janeiro. Los sin techo se proponen desplegar dos formas de lucha: la ocupación de “latifundios urbanos improductivos” y el trabajo comunitario, “un trabajo largo y que no tiene fin, pero genera frutos y fortalece la lucha uniendo a los que no tienen vivienda con los que tienen pero que aprendieron que sólo con eso no es suficiente”(8).

El movimiento viene creciendo y ha protagonizado algunas acciones importantes pese a la represión sistemática que sufre. En la madrugada del 1 octubre instalaron un gran campamento en Taboao da Serra, a 25 kilómetros del centro de Sao Paulo, un estado que tiene un déficit de 1,4 millones de viviendas(9). El “campamento Chico Mendes” (en homenaje al luchador ambientalista asesinado por hacendados), creció a la medida del hambre de vivenda: se inició con 300 personas, a los tres días ya eran mil y al mes son dos mil familias, unas diez mil personas. Los campamentos sin techo son creados sobre el patrón de los que instalan los sin tierra a la vera de las carreteras: carpas de plástico negro, organización por grupos de familias, estricta disciplina, discusión política, movilización constante.

Los desempleados urbanos, recuerda Stédile, ya no son lumpen, la mayoría tienen estudios secundarios completos y es posible que “construyan nuevos movimientos”. Y agrega un comentario que muestra una lectura de la realidad muy diferente a la que tienen los partidos de izquierda: “Un movimiento que se está ampliado y masificando es el hip-hop. Es un movimiento que, con base cultural, aglutina a los jóvenes pobres, negros y mulatos de las periferias con ideas en la cabeza. Esos muchachos no son estúpidos. Y no son lumpen. Y nosotros tenemos relaciones con ellos”.

A través del hip-hop perciben que la juventud pobre de las grandes ciudades encarna en la música tanto la protesta como su deseo de cambio social. Una de las particularidades del movimiento hip- hop en Brasil es que, además de la existencia de miles de grupos locales, se han creado “frentes” nacionales que agrupan a sectores del movimiento. En Sao Paulo, por ejemplo, hay 4 mil grupos de hip-hop, en los que trabajan 60 mil personas haciendo grabaciones, distribuyéndolas y organizando festivales y conciertos(10). Los “frentes” agrupan al sector “organizado” del movimiento, que participó incluso en un encuentro con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva hace ya dos años. Sin embargo, para la cultura de los jóvenes pobres de las periferias urbanas la idea de representación -que va de la mano con los “frentes” más institucionalizados- suena como algo lejano y ajeno. “Todo el mundo queire hablar por sí mismo, nadie quiere que otro hable por él”, reconoce Marcelinho Buraco, de Naç
ao Hip Hop, ligado al Partido Comunista de Brasil(11).

Los sin techo del Chico Mendes organizaron un festival de rap para celebrar, a comienzos de noviembre, el primer mes de instalado el campamento. En la convocatoria señalan que “la música combativa tiene el poder de hacer una verdadera revolución en la mentalidad de las personas. El rap es una de las formas que el pueblo de la periferia se comunica, se expresa y se indigna”. Lo consideran parte de una “guerrilla cultural”, que rendirá sus frutos a largo plazo(12). El encuentro de los excluidos del campo con los excluidos de la ciudad, promete liberar energías insospechadas en un país que ha sido definido como el “campeón mundial de la desigualdad”.

Ahora que el MST rompió con el gobierno de Lula, retorna a un lenguaje duro y radical. La “Carta a Lula” emitida por la Asamblea Popular de Brasilia, es elocuente de un estilo que habrá de profundizarse. La reforma agraria prometida no existe: “En el estado de Maranhao, donde está el mayor número de familias sin tierra y la mayor concentración de latifundios, en los últimos tres años el Incra no consiguió asentar ninguna familia del MST. Eso es una vergüenza”. Luego de la marcha por la Reforma Agraria de mayo, de los siete acuerdos firmados ninguno ha sido cumplido. La Carta finaliza con una ironía que habla por sí sola acerca de las distancias entre el gobierno Lula y el MST: “El no cumplimiento de estos compromisos es una afrenta al sufrimiento de las familias acampadas y una vergüenza para su gobierno. ¿Podemos imaginar lo que sucedería si el gobierno fuese tan lento para atender los intereses del agronegocio o de los bancos?”.

Notas:
(1) Ponencias y debates pueden encontrarse en www.uff.com.br/msalc
(2) El texto puede encontrarse en www.jornada.unam.mx del 27 de setiembre de 2005.
(3) “O Ornitorrinco”, Boitempo, Sao Paulo, 2003, pp. 125-150. Oliveira fue fundador del PT y ahora es miembro del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), creado por parlamentarios expulsados del PT.
(4) Entrevista a Francisco de Oliveira en Fola de Sao Paulo, 22 de setiembre de 2003.
(5) En www.cartacapital.com.br
(6) Revista Sem Terra, julio-agosto de 2005, p. 7.
(7) Revista Sem Terra, julio-agosto de 2005, p. 34.
(8) MTST, “Cartilha do Militante No. 1”, Sao Paulo, 2005, en www.mtst.info
(9) Brasil de Fato, 13 de octubre de 2005.
(10) Marina Amaral, “Da volta para o futuro”, en revista Caros Amigos edición especial Hip Hop, setiembre 2005.
(11) Idem.
(12) www.mtst.info