Las asociaciones, ONG's, campañas, movimientos sociales, y personas que a
título individual firmamos el presente documento queremos manifestar
nuestra solidaridad con el Pueblo Mapuche, en concreto con el chileno, que
sufre desde hace décadas una fuerte represión a su autodeterminación.
Consideramos que el ejemplo de la comunidad Juan Paillalef y el asesinato
del Lonko Juan Collihuis Catril, que relatamos a continuación, es
representativo de la situación de este pueblo y nos hacen cuestionarnos
¿por qué motivo el gobierno chileno nunca ha querido hacerse parte de las
investigaciones a los atentados que han afectado a la comunidad Juan
Paillalef y resto de comunidades mapuches y, en cambio, sí se ha inculpado
a mapuches e incluso aplicándoles la ley antiterrorista?
En la década de los 90 una de las comunidades mapuches chilenas, la
comunidad Juan Paillalef, comienza una reconstrucción política, social,
cultural y territorial en el sector Curaco de la comuna de Cunco. Esto no
fue bien visto por los latifundistas, ya que en el sector existe una gran
riqueza natural y una gran cantidad de comunidades mapuches a las cuales
bajo presión y engaño se les obligó a ceder sus tierras y pasar a ser la
mano de obra barata de los latifundistas. Al saber que el trabajo de la
comunidad era despertar la conciencia de las demás comunidades del sector
para exigir la devolución de las tierras usurpadas y los derechos
fundamentales que hasta la fecha no son respetados, los latifundistas del
sector formaron un grupo paramilitar que, durante un periodo de 3 años,
amenazó y amedrentó a la comunidad. Así, tres veces por semana, movilizados
en camionetas y provistos de gran cantidad de armamento, atacaron la
comunidad, en especial la casa de la lonko (líder) Juana Calfunao y de
Rosita Calfunao.
Este grupo es financiado por Alvaro y Aliro Taladris, dueños del resort
Trilanqui, Alejandro Seco, quien mantiene una gran cantidad de tierra
usurpada a las comunidades de dalcahue del sector, Leonardo García Sabugal,
quien es un empresario forestal y agrícola que mantiene tierras usurpadas
en distintas comunidades de la región, y el esposo de la concejala de Los
Laureles Patricia Vargas (militante de UDI). Todos estos actos son avalados
por el reten de carabineros de Los Laureles, quienes en innumerables
ocasiones tomaron las denuncias de la comunidad en el libro de constancias.
En el año 1998 estas amenazas se hacen efectivas y la casa de la lonko
Juana Calfunao es totalmente destruida, situación que fue denunciada en el
juzgado del crimen de Temuco bajo el nº 105-333. La denuncia es por
asociación ilícita, y porte ilegal y tenencia de armas de fuego. La
denuncia nunca fue tomada en consideración.
Pero la comunidad no se dejo amedrentar y continuó trabajando por la
recuperación y el respeto de los derechos como Pueblo-Nación Mapuche. Así
se transformó en un ente fiscalizador de las gestiones gubernamentales. En
especial de la gran cantidad de denuncias que recibieron por parte de
varias comunidades por irregularidades en la compra de tierra y proyectos
que fueron aceptados y nunca ejecutados, no llegando ningún recurso a las
comunidades beneficiadas.
En mayo del 2001 la lonko Juana Calfunao, junto a Antonio Cadin (esposo de
Juana) y Waikilaf Cadin (hijo de Juana), es detenida por carabineros de
fuerzas especiales de la 2º camisería de Temuco en el Terminal rural de
esta región. Un grupo de aproximadamente 100 carabineros procedieron a
detener a los miembros de la comunidad. Producto de la detención y las
torturas que Juana Calfunao recibió dentro de los calabozos en donde se le
propinaban golpes de pie y puño y, con especial ira, en la zona de la
vagina, tuvo un aborto espontáneo de un feto de 2 meses de gestación. Los
miembros de la comunidad fueron procesados por el delito de maltrato a un
carabinero en servicio, recibiendo una condena de 2 años por este supuesto
delito. La causa esta caratulada bajo el nº 89-2000 y nº 15-000 de la
fiscalía militar de Temuco.
El 5 de mayo del 2002 la lonko Juana Calfunao, mientras se encontraba
realizando tramites de estudios de sus hijos, fue agredida de manera
cobarde por el funcionario policial de apellido Palabechino, quien en esa
época estaba a cargo de las fuerzas especiales de Temuco. Este procedió con
su radio comunicador a golpear en plena boca a Juana Calfunao, que perdió
la pieza número 9 de su dentadura. Además Juana Calfunao resultó detenida
junto a sus hijos, siendo nuevamente procesada por maltrato a un carabinero.
El día 31 de diciembre del 2002 dos miembros de la comunidad Juan
Paillalef, Sebastián y Eliseo Calfunao, fueron brutalmente agredidos por
funcionarios policiales del retén Los Laureles, quienes mantuvieron toda la
noche a los jóvenes amarrados propinándoles golpes con diferentes
elementos. Sebastián Calfunao fue trasladado al servicio de urgencia de
Cunco en estado de inconsciencia. Ambos jóvenes fueron condenados por
maltrato a carabineros de servicio, siendo condenados a firmar por dos
años. La causa esta caratulada bajo el nª RUC. Nº03100000-k R.I.T Nº 9-2003.
El día 26 junio del 2004 la comunidad es nuevamente víctima de un atentado
incendiario que destruye la casa de la lonko Juana Calfunao, resultando
muerto el lonko Basilio Coñoenao de la comunidad Juan Pichunlaf, sector
Calquinco, cuyas tierras se encuentran usurpadas por los hermanos Taladris.
Este incendio debió ser investigado por el fiscal Cristián Crisosto Riffo,
quien además contó con una dedicación preferente por más de un mes para
investigar este hecho. El fiscal, después de 8 días de perpetrado el
atentado, se hizo presente en la comunidad. Allí se le entregaron las
pruebas que la comunidad mantenía de las amenazas por parte de
latifundistas de la zona, investigación que hasta la fecha no arroja
resultados.
El día 13 de agosto del 2004, Waikilaf Cadin (hijo de Juana Calfunao),
resultó apuñalado por cuatro personas, una de las cuales dirigió todo el
procedimiento. Waikilaf Cadin terminó con tres heridas corto punzantes, una
de ellas en el dorso, una segunda en el pulmón izquierdo y la tercera en el
muslo derecho.
El 22 de julio de 2005, la comunidad Juan Paillaef fue victima de un nuevo
atentado incendiario, resultando nuevamente la vivienda de la lonko Juana
Calfunao destruida. La investigación está a cargo del fiscal Claudio Berato
y, nuevamente, hasta la fecha, no hay ningún resultado.
El día 22 de diciembre del 2005, la lonko Juana Calfunao, quien se
desplazaba en su caballo, fue baleada, quedando el caballo con impacto de
perdigón en 16 partes y Juana Calfunao con 5 proyectiles en su cuerpo.
El día 23 de diciembre del 2005 la lonko Juana Calfunao es detenida junto a
su hermana Luisa Calfunao, la cual resultó con más de 30 hematomas en su
cuerpo, producto de las torturas que recibió por funcionarios policiales.
La detención se produjo sin contar con una orden.
En el control de la detención, la jueza Luz Mónica Madariaga instruyo al
fiscal Mauricio Torres a realizar una investigación por los hematomas, la
cual no se llevó a cabo. La jueza decretó que la detención se llevo de
manera ilegal e irracional por carabineros de Chile, dejándola en libertad.
El día 4 de enero del 2006, la lonko Juana Calfunao es detenida por una
orden emanada del Tribunal de Garantía, en la cual se le acusa de
desordenes públicos graves y amenazas a los carabineros de servicio. Por
ello pasa 20 días recluida. Allí inicia una huelga de hambre y sed para
exigir su libertad. En el juicio es considerada culpable de los delitos que
se le imputan y es condenada a dos penas de 61 días.
El día 17 de agosto del 2006, se produce la detención de Walkilaf Cadin
(hijo de Juana Calfunao), en los momentos en la longo Juana Calfunao se
encontraba en Ginebra denunciando los constantes abusos de los cuales el
pueblo mapuche es víctima y en especial la comunidad Juan Paillalef ante en
el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la ONU.
La detención de Waikilaf se produjo después que los integrantes de la
Comunidad Juan Paillalef se opusieran al corte de árboles por los
trabajadores de la empresa eléctrica Frontel, quienes querían instalar
postes de alta tensión en la comunidad. Cabe destacar que dicha empresa ya
ha instalado 20 postes sin el consentimiento de dicha comunidad. Waikilaf
fue arrestado bajo los cargos de: "secuestro, daños, desórdenes en la vía
pública, hurto, y porte ilegal de arma corto punzante". Durante el arresto
Waikilaf fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes por la
policía, que luego el Juzgado de Garantía de Temuco lo dejo en libertad por
falta de pruebas.
Sin embargo, la Fiscalía de Temuco apeló ante la Corte de Apelaciones de
esa ciudad, alegando la existencia de procesos pendientes en su contra,
quienes procedieron a revocar la decisión del Juzgado de Garantía y,
ordenando la prisión preventiva en contra de Waikilaf.
Encarcelado Waikilaf, su vida corre serio peligro como demuestran los
hechos ocurridos el pasado día 7 de Septiembre cuando según la versión
policial, los reclusos de la cárcel de Temuco le arrojaron agua hirviendo
en la espalda. Si bien esta es la versión oficial de los hechos, esta
versión se pone es cuestionable dado los constantes intentos de
amedrantamiento que está sufriendo esta comunidad en su lucha por los
derechos sobre sus tierras y su autodeterminación. A su vez, queremos
denunciar que se ha negado la asistencia médica a Waikilaf a pesar de las
importantes quemaduras que sufre en su cuerpo.
A pesar de las obvias características políticas de la lucha de los
comuneros mapuche, las autoridades chilenas insisten catalogarla como actos
delictivos. Resulta irónico que ayer bajo la Dictadura Militar los presos
resultantes de este tipo de actividades eran considerados presos políticos,
mientras hoy en democracia son considerados delincuentes comunes. No menos
insensato es invocar la Ley Antiterrorista hoy exclusivamente aplicada
contra los mapuches, Ley que fuera recientemente discutida por los
legisladores chilenos, tras un compromiso de reforma después de la presión
de organismos de derechos humanos internacionales y los presos políticos
mapuches, que mantuvieran una huelga de hambre por 70 días.
El rechazo de la reforma de la Ley Antiterrorista por los legisladores
chilenos promovido por el Gobierno, sin el apoyo de su propia coalición,
causo una profunda frustración dentro del pueblo Mapuche, porque nos
demuestra la falta de cometido para honorar los acuerdo contraídos con el
Pueblo Mapuche. El partido Demócrata Cristiano, miembro de la coalición de
Gobierno, se unió con la derecha racista y anti-mapuche para prevenir la
reforma de dicha Ley, quienes tradicionalmente niegan todos los derechos
básicos del pueblo mapuche, criminalizando sus justas reivindicaciones y
encarcelan a sus dirigentes. Es la misma clase política que el 11 de Sep.
de 1973 endorsaron o apoyaron el golpe militar, que termino con la
democracia, causo la muerte de miles de chilenos y, enviaron a la cárcel y
el exilio a otros cientos de miles, son los que implementaron leyes y
practicas represivas que hoy el gobierno democrático aplican contra el
pueblo Mapuche.
La persecución política y el estado de indefensión en que se encuentran los
dirigentes y autoridades mapuches en Chile, esta ampliamente documentada
por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Esta
situación se ve corroborada de nuevo por el asesinato del Lonko Juan
Collihuin Catril de 71 años por la policía chilena. El contingente policial
integrado por unos 14 individuos, entre uniformados y civiles, llego a la
casa de la autoridad mapuche a las 01:00 hrs. de la madrugada y sin exhibir
orden de allanamiento o detención, comenzaron a disparar
indiscriminadamente contra la familia, causando la muerte del Lonko y
dejando gravemente heridos a bala sus dos hijos, Juan y José. La agresión
se produjo el 28 de agosto pasado, en la comunidad Bollilco Grande,
Imperial, IX Región, bajo el pretexto de robo de animales.
El Lonko Juan Collihuin y la Lonko Juana Calfunao tienen un pasado común,
ambos lucharon contra la dictadura militar y por el retorno de la
democracia. Esto hizo que los latifundistas locales buscaran todos los
pretextos posibles para perseguirlos, mantenerlos encarcelados, sean
torturados, tanto ellos como sus familias, situación reconocida por las
autoridades chilenas motivo que hizo acreedor al Lonko Collihuin de los
beneficios provistos en la Ley Valesch.
Con la firma del presente documento queremos denunciar que el Gobierno
Chileno ha sido incapaz de parar la deplorable práctica feudal que ejercen
individuos dueños del poder económico y con influencias en el poder
político, asentados en el territorio Mapuche. Los mismos que mediante la
manipulación del orden jurídico, son responsables de su quebrantamiento y
que hoy los mapuches perciban a la policía como sus guardias privado y el
estado de derecho como su herramientas para perpetrar el robo de tierras a
los mapuches, sus legítimos dueños.
Son ellos los que ordenan detener a dirigentes mapuches acusándolos de:
amenaza terrorista, incendio terrorista, organización ilícita terrorista,
robos, etc. corrompiendo a la policía y jueces para preservar tierras,
dentro del territorio ancestral de la nación Mapuche, que no les pertenecen.
Nos sumamos a la lucha del pueblo Mapuche y exigimos:
1. La puesta en libertad de todos los presos políticos mapuches que se
encuentran injustamente encarcelados por defender sus tierras ancestrales y
están acusados de delitos que no han cometido.
2. El cese de la aplicación de la ley Antiterrorista contra los detenidos
del pueblo mapuche.
3. La asistencia médica para todos los detenidos que así la requieran como
es el caso de Waikilaf, el hijo de lonko Juana Calfunao.
4. El cese de las amenazas contra los dirigentes del pueblo Mapuche y del
hostigamiento y violaciones de derechos contra las comunidades Mapuches.
5. Que se lleven a cabo las investigaciones judiciales y las detenciones
sobre todas aquellas personas que han intervenido en los abusos cometidos
contra el pueblo Mapuche, como los relatados en el presente documento.
5. La restitución de las tierras del pueblo Mapuche, el respeto de sus
derechos de pueblo y el ejercicio de su libre determinación.