III CONFERENCIA ESPECIAL PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE “POR LOS DERECHOS Y POR LA VIDA”

Buenos Aires, 22 al 25 de marzo de 2012

Introducción y memoria
En Buenos Aires, Argentina, entre los días 22 y 25 de marzo de 2012, el Comité
Internacional para la Soberanía Alimentaria-Coordinación Regional América Latina
y El Caribe, CIP-ALC, organizó la III Conferencia Especial para la Soberanía
Alimentaria, por los Derechos y por la Vida que antecedió a la 32ª Conferencia
Regional de la FAO.

Provenientes de 20 países, nos reunimos mujeres y hombres representantes de
organizaciones campesinas, de la pesca artesanal, la agricultura familiar,
trabajadores rurales, jóvenes, Pueblos Originarios, afrodescendientes, la
Agroecología, ambientalistas, redes y ONGs, comprometidas con la Soberanía
Alimentaria y el Derecho a la Alimentación, para analizar el modelo industrial de
agricultura, ganadería y pesca y sus efectos sociales, económicos, políticos,
culturales y climáticos, y las alternativas basadas en la Soberanía Alimentaria.
Abrimos nuestros sentimientos para ofrendar esta III Conferencia a la memoria de
Egidio Brunetto, compañero brasileño del MST, de tantas luchas y forjador de
tantas esperanzas: tus ideas y reflexiones y tu compromiso, Compañero,
estuvieron presentes en estas jornadas.
Como parte del proceso articulador que los movimientos y organizaciones sociales
de América Latina y El Caribe impulsamos desde 2003, la III Conferencia Especial
tuvo como objetivos construir un Plan de Acción de la Sociedad Civil para la
Soberanía Alimentaria, fortalecer y ampliar las alianzas estratégicas y elaborar
nuestras propuestas y recomendaciones para la 32ª Conferencia Regional de
FAO.

Reafirmación y solidaridad
Refirmando que la Soberanía Alimentaria es un principio, una visión y un
legado construido por los Pueblos Indígenas, campesinos, agricultores
familiares, pescadores artesanales, mujeres, afrodescendientes, jóvenes y
trabajadores rurales, que se ha convertido en una plataforma aglutinadora de
nuestras luchas y en una propuesta para la sociedad en su conjunto.
El día 24 de marzo, Día de la Memoria en este país, nos honramos de marchar
junto a cientos de miles de argentinos, a 36 años del comienzo de una de las
dictaduras militares más sangrientas del continente, para exigir Memoria, Verdad y
Justicia, por las que aún lucha el pueblo argentino. Nos emocionó la fuerza y la
convicción de esa lucha, simbolizada por la tenacidad de las Madres de Plaza de
Mayo, a quienes simbólicamente abrazamos.

Nuevamente nos solidarizamos, y llamamos a los pueblos de América Latina y el
Caribe y el mundo, a reforzar la solidaridad con la extrema situación que enfrenta
el hermano pueblo haitiano. Exigimos el retiro de la fuerza de ocupación
multinacional en Haití (MINUSTAH), que ahonda la crisis y genera aún más
problemas como cólera, abusos sexuales, miseria, violación de la soberanía
nacional y migración forzada, represión contra las fuerzas democráticas. La fuerza
de ocupación multinacional allana la llegada masiva de empresas transnacionales
del Norte y del Sur que –con estrategias agresivas de pillaje– quieren tomar el
control de los bienes estratégicos del país, aumentando la miseria y socavando
aún más las posibilidades de conquistar la Soberanía Alimentaria y la justa
reparación de las deudas sociales, ambientales, financieras e históricas de las que
el pueblo haitiano es acreedor. Se debe respetar la voluntad y la
autodeterminación del Pueblo haitiano para crear las condiciones mínimas de
reconstrucción de su país, en una trágica coyuntura después del devastador
terremoto del 12 de enero 2010.

Saludamos y nos solidarizamos con la Marcha Indígena, Campesina y Popular en
Guatemala, conformada por miles de mujeres, hombres, jóvenes y niños que se
movilizan hacia la capital para exigir al gobierno que atienda sus demandas de
resolver la problemática agraria que les afecta y en rechazo a los desalojos
violentos que se han dado en el país, generado muertos, hambre y pobreza en las
comunidades.

Demandamos la solución inmediata a los conflictos por la tierra en el Bajo Aguán,
en Honduras, y exigimos frenar los abusos y asesinatos contra campesinos y
campesinas que exigen una Reforma Agraria Integral.
Esta Conferencia manifiesta su solidaridad con todos los hombres y mujeres del
mundo, que por sus luchas se encuentran perseguidos y/o encarcelados.
Denuncia y rechazo

La III Conferencia Especial denuncia y rechaza, una vez más, al modelo de
producción y consumo hegemónico que continúa generando hambre y pobreza
crecientes en el mundo y la región. Estas no son producto ni de la casualidad ni de
la falta de alimentos, sino de un modelo que viola el derecho a la vida digna de las
personas y los pueblos, acrecienta la subordinación de la mujer, invisibilizando su
rol determinante en la producción de alimentos y en la construcción de la
Soberanía Alimentaria.

Un modelo que explota al máximo a los trabajadores y trabajadoras, tanto en el
campo como en la ciudad; precarizando las relaciones e incumpliendo las
legislaciones laborales, devaluando salarios mínimos en el campo, aumentando el
trabajo temporal y generando migración interna e inmigración en búsqueda de
trabajo, y especial vulnerabilidad las zonas de frontera.

Un modelo que expone a la Pesca Artesanal a un conjunto de problemas tales
como falta de acceso a las regiones de pesca, competencia con otras flotas, falta
de un marco legal adecuado, y condiciones socio-económicas precarias que
afectan la comercialización de sus productos. La sobrecapacidad de las
pesquerías industriales, la sobrepesca de los bienes tradicionales y la acuicultura
industrial, generan un escenario de conflictividad creciente y amenazan al medio
de vida de este sector: los ecosistemas marino costeros y sus pesquería. Estas
problemáticas se perpetúan ante la ausencia de políticas pesqueras que
establezcan reglas claras para todos los actores; las fallas en el sistema de
administración, control y fiscalización; la falta de transparencia y participación en la
toma de decisiones; y la sobre-capitalización de la industria.

Un modelo que fomenta el avance acelerado del acaparamiento de la tierra en
todo el continente. Entre las causas que lo explican se encuentran el brutal avance
del agronegocio en todo el continente, el mismo agronegocio que ha llevado a la
humanidad a la inédita cifra de más de mil millones de hambrientos. Otra causa la
constituye el avance de la minería a gran escala en países como Argentina, Chile,
Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, México y Guatemala, así como los mega
proyectos hidroeléctricos y los grandes emprendimientos turísticos que se
apropian de espacios comunes; y las falsas soluciones al cambio climático, como
los proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación),
REDD+, REDD++ y las plantaciones de monocultivos para la producción de
biomasa con fines energéticos.

La concentración de la tierra, bosques y cuerpos de agua de los Pueblos en
manos de las transnacionales, conduce a una guerra por los alimentos y abre la
posibilidad del control político sobre las naciones. La mercantilización de la tierra
promocionada por el Banco Mundial ha seguido impulsando la concentración y la
extranjerización de la tierra y la pérdida de territorios, constituyendo una de las
mayores causas de expulsión de campesinos, afrodescendientes y Pueblos
Indígenas de sus tierras y comunidades. Asimismo, los pescadores y pueblos del
Manglar son expulsados de las zonas costeras y sus derechos son limitados sobre
las zonas marítimas.

Un modelo responsable de las crisis climática y de la biodiversidad, cuyos efectos
ponen en riesgo, como nunca antes en la historia de la humanidad, a los
ecosistemas que mantienen la vida, afectando con especial violencia a los
afrodescendientes, campesinos, pueblos originarios y pescadores artesanales.
Mientras tanto, sus responsables, las transnacionales y los países del Norte, se
benefician de las soluciones de mercado establecidas en el marco de las
negociaciones de la Convenciones de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y
sobre Diversidad Biológica. En tanto, y a través de falsas soluciones a las crisis
que han generado, intentan avanzar aún más sobre los territorios, mercantilizando
y privatizando la naturaleza y la vida. Rechazamos a la denominada “Economía
Verde” como salida a las crisis climática y alimentaria.

Este modelo –industrial, intensivo, a gran escala, concentrador, dirigido a la
exportación de productos primarios, liderado por las transnacionales y altamente
dependiente de insumos químicos– destruye y remplaza los sistemas que
alimentan a los pueblos al transformar los alimentos en meras mercancías
importadas y exportadas alrededor del mundo, a cambio del precio más alto y la
mayor tasa de ganancia del capital.

Un modelo que especula a gran escala con los alimentos, lo que sumado a la
concentración de la comercialización, redunda en el alza injustificada de los
precios esencialmente vinculada a la búsqueda de beneficios de las empresas
transnacionales y el sector financiero.

A pesar de la amplísima evidencia sobre los nefastos efectos del modelo
neoliberal en todo el mundo, el sistema internacional, los gobiernos y las
transnacionales continúan sometiendo al planeta a un desarrollo que agota las
posibilidades mismas de la vida, convirtiendo a las personas en meros agentes
productivos, sin rostro y sin historia. La liberalización económica y la arquitectura
legal internacional sobre inversiones extranjeras están directamente relacionadas
con el crecimiento de la pobreza y el hambre en la región.

Un modelo que reprime con violencia a los pueblos que resisten la ocupación de
sus territorios para la producción dirigida a la exportación de productos primarios
(minerales, madera, alimentos, agrocombustibles, entre otros), constituye un
síntoma evidente de un problema estructural, que si no es encarado de manera
inmediata por los gobiernos, a través de políticas públicas adecuadas, puede
transformarse en una situación explosiva.

Por lo tanto, la disyuntiva actual es, o promover un modelo basado en los
agronegocios, los agrocombustibles y en la pesca de gran escala, orientados
todos a la exportación y para lucro de unas pocas trasnacionales, o bien impulsar
la Agroecología –expresión cultural, política, económica, social, ambiental y
técnico-productiva de la agricultura campesina, familiar e indígena– y la pesca
artesanal, basados en la diversidad de sistemas productivos, relaciones de género
justas y en la enorme riqueza de conocimientos y prácticas ancestrales
acumuladas por generaciones que garantizan la producción de alimentos y el
bienestar de los Pueblos y la Biodiversidad.

La tierra y los océanos y demás cuerpos de agua, además de ser medios de
reproducción, son espacios y ambientes de vida, de culturas y emotividad,
de identidad y espiritualidad. Por lo mismo, no son mercancías ni sumideros
de carbono, sino componentes fundamentales para la vida, a los cuales se
accede por derecho, de manera inalienable e imprescriptible. Los Estados
deben entender que el no ejercicio de la Soberanía Alimentaria compromete
gravemente su propia soberanía.

Creemos que la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA),
resultado del proceso político organizado de los movimientos sociales que luchan
por a Soberanía Alimentaria, permite que tengamos la posibilidad de hacer
escuchar nuestra voz en la toma de decisiones. Es sin duda un paso importante
en la búsqueda por alcanzar un sistema coherente con los derechos de los
Pueblos y de la Madre Tierra, la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la
Alimentación Adecuada.

Para ello, debemos fortalecer la participación de los compañeros y las
compañeras representantes de campesinos, sin tierra, trabajadores rurales,
pescadores artesanales, Pueblos Originarios, afrodescendientes y demás
productores de alimentos a pequeña escala, en el Mecanismo de la Sociedad Civil
(MSC), en la incidencia y presión a nuestros gobiernos para implementar los
acuerdos tomados por el CSA y dar cumplimiento a nuestras demandas y
propuestas, implementando políticas nacionales y regionales de Soberanía
Alimentaria.

Señalamos como uno de los primeros resultados de este avance el proceso de las
Directrices Voluntarias de la FAO relativas a la Tenencia de la Tierra, las
Pesquerías y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional.
Después de un proceso participativo de cerca de tres años, el pasado viernes 9 de
marzo de 2012 el CSA concluyó las negociaciones intergubernamentales sobre las
Directrices, demostrando tener capacidad para convocar al debate a múltiples
actores sociales y buscar soluciones a una de las problemáticas más delicadas de
la actualidad. Más de 45 personas representando a 20 organizaciones de la
Sociedad Civil de todas partes del mundo participaron en esta última ronda de
negociaciones.

Las Directrices contribuirán al fortalecimiento de las organizaciones en su larga
lucha por asegurar el uso y control de los Bienes Naturales, con el fin de producir
alimentos sanos, contribuyendo así a erradicar el hambre en el mundo y sus
causas profundas. Asegurar el acceso a la tierra, las pesquerías y los bosques es
crucial para permitir a los productores de pequeña escala alimentar al mundo, pero
también es cuestión de dignidad, y de vida o muerte, para millones de
comunidades de campesinas, de pastores, de Pueblos Indígenas, de pescadores,
afrodescendientes y de Pueblos del Manglar.

Sin embargo, manifestamos nuestro desacuerdo con las conclusiones del reporte
final “Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina y el Caribe” que,
elaborado por la FAO-ALC, plantea que “el fenómeno del Land Grabbing
[acaparamiento de tierras] se encuentra en sus fases iniciales y restringidas sólo a
dos grandes países: Argentina y Brasil”. Estas conclusiones surgen de aplicar los
criterios de acaparamiento en un sentido muy limitado: adquisición de grandes
extensiones destinadas a la producción de alimentos, en la que dentro de los
agentes/actores que intervienen hay por lo menos un Gobierno extranjero.
Además, dicho documento propone como orientador del debate al documento
titulado “Informe del Panel de Expertos de Alto Nivel del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA) sobre Tenencia de la Tierra y las Inversiones
Internacionales en la Agricultura” de Julio de 2011, que pasa de la simple
denuncia del “acaparamiento de tierras” y reconoce potencialidades en las
inversiones extranjeras en tierras.

Si bien los documentos incluidos en el reporte de la FAO-ALC muestran un
panorama gravísimo sobre la situación de la tierra en América Latina y El Caribe y
el proceso de extranjerización y acaparamiento que está ocurriendo tanto para la
producción de alimentos básicos, como de agrocombustibles, producción forestal,
turismo, minería o la conservación, entendemos que estas conclusiones son
sumamente peligrosas, ya que ocultan y desdibujan –detrás de una supuesta
rigurosidad científica y de utilización de términos– un problema de dimensiones
espectaculares a nivel de superficies acaparadas, impactos en las economías
locales y sobre la vida de millones de campesinos, afrodescendientes, Pueblos
Originarios, agricultores familiares y pescadores.

Desde las organizaciones y movimientos sociales que luchamos contra el
acaparamiento de tierras en todo el mundo demandamos que la FAO-ALC
replantee urgentemente esta posición, escuchando las voces de los pueblos y sus
reclamos, y acompasando su accionar con el proceso implementado por la FAO a
nivel internacional. Lo fundamental no es encontrar la definición adecuada al
“acaparamiento de tierras” sino poner fin de manera urgente a un proceso que
está expulsando a los pueblos de sus territorios cada día.

En ese sentido, también rechazamos la definición de “Bosques” establecida por la
FAO, ya que fomenta el acaparamiento de tierras para establecer grandes
extensiones de monocultivos. Al permitir que éstos sean definidos como
“bosques”, legitiman un monocultivo en escala industrial, responsable por
innumerables impactos negativos, incluyendo la expulsión de comunidades
campesinas e indígenas.

La III Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, por los Derechos y
por la Vida, manifiesta que:
+ La Soberanía Alimentaria es el Derecho de los pueblos a controlar sus propias
semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de
una producción local, autónoma (participativa, comunitaria y compartida) y
culturalmente apropiada, en armonía y complementación con la Madre Tierra,
el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos,
profundizando la producción de cada nación y pueblo.
+ Los sistemas tradicionales de producción de alimentos, constituyen un
Derecho Humano y son patrimonio de nuestros pueblos pescadores,
campesinos, afrodescendientes, indígenas y del manglar y están al servicio de
la Humanidad.
+ La recuperación de la autonomía y la Soberanía Alimentaria, cultural y política
para los pueblos requiere de políticas y programas que fomenten la agricultura
campesina, familiar e indígena, y la pesca artesanal, como garantías para
acceder a alimentos saludables, nutritivos, suficientes y culturalmente
apropiados, y como un aporte económico fundamental en el sostenimiento de
las sociedades actuales. Es necesario valorar y promover a la Agroecología
como único modo de producir alimentos de alta calidad, respetando los
ecosistemas y reconociendo los conocimientos de mujeres y hombres
campesinos, indígenas, agricultores familiares, pescadores artesanales y
pastores.
+ Reconociendo el avance en la Política de la FAO sobre Pueblos Indígenas y
Tribales, exigimos que la misma sea implementada en todos sus
componentes, particularmente en lo relacionado a bosques, agricultura, pesca
y desarrollo sustentable, por todas las instancias y programas de la FAO y por
los gobiernos de todo el mundo y en especial de América Latina y El Caribe.
Los recursos para su implementación deben ser garantizados.
+ Es necesario consolidar a la Pesca Artesanal en el escenario pesquero local,
provincial, nacional e internacional, tomando en cuenta el derecho de
accesibilidad a sus recursos y defendiendo al sector, a través del
fortalecimiento de su organización e instituciones, basados en principios de
gestión transparente y participativa, que facilite una actividad pesquera
ambiental, social, económica y políticamente sustentable.
+ Rechaza enérgicamente la generación, desarrollo y uso de agrocombustibles y
toda la generación de energía a través de la biomasa, tal como viene siendo
promovida por gobiernos, corporaciones, agencias de ayuda, las Naciones
Unidas, las instituciones financieras internacionales y demás agentes
interesados en su producción a gran escala y en su comercio internacional. El
desarrollo y uso de agrocombustibles no cambia, sino que perpetúa el modelo
de producción y consumo de la civilización moderna, urbana e industrial.
+ Del mismo modo, rechaza al desarrollo e imposición de organismos
genéticamente modificados (OGM) que, acompañados de un paquete
tecnológico basado en agrotóxicos, vuelven cada vez más precaria y
dependiente la vida de los Pueblos. Caben también responsabilidades a los
medios masivos de comunicación y multimedia empresariales hegemónicos
que manipulan, falsean, ocultan o tergiversan la información promoviendo este
tipo de desarrollo.
+ La denominada “Economía Verde” significa la comercialización global del aire,
los mares, las tierras, territorios y demás bienes naturales.

La III Conferencia Especial demanda:
+ Detener la criminalización de los movimientos sociales y terminar con la
militarización de los territorios de los pueblos y comunidades.
+ La inmediata ratificación por parte de los gobiernos del Convenio 184 de la
OIT (Organización Internacional del Trabajo) referente a la salud y seguridad
de los trabajadores rurales por los derechos y por la vida, y de la Convención
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General de
Naciones Unidas en su resolución 45/158, del 18 de diciembre de 1990.
+ Que los gobiernos de la región y la FAO adopten medidas urgentes para
restablecer los sistemas alimentarios nacionales de Haití, permitiendo al
pueblo de dicha nación recuperar su autonomía. Menos armas, menos tropas
y más alimentos soberanos para Haití.
+ Detener y condenar el acaparamiento de la tierra y otros bienes naturales e
impulsar la implementación de las Directrices relativas a la Tenencia de la
Tierra, las Pesquerías y los Bosques junto a las organizaciones sociales y de
productores de alimentos a pequeña escala, estableciendo plataformas o
mesas nacionales participativas para su implementación, monitoreo y
evaluación del su impacto en la realización del Derecho a la Alimentación
Adecuada.
+ Que la FAO y los gobiernos mantengan los compromisos adoptados en la
Declaración de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo
Rural, CIRADR, concretando una Reforma Agraria integral, radical, con la
debida consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos y
las comunidades.
+ Que los Gobiernos, reconociendo a los y las jóvenes como agentes
estratégicos para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena y del Desarrollo Rural Sostenible, destinen recursos para generar
políticas y programas de Juventud Rural, diferenciados y articulados en el
ámbito de acceso a la tierra, la comercialización, la financiación y asistencia
técnica, que posibiliten el arraigo de la juventud en el campo, en regiones
costeras y de Manglar.
+ Que los gobiernos implementen urgentemente medidas políticas concretas
para que en el 2014 expresemos con fuerza el Año de la Agricultura Familiar
decretado por la ONU, dando visibilidad mundial a la importancia de esta
actividad familiar, campesina e indígena para alcanzar la Soberanía y
Seguridad alimentarias.
+ Que los gobiernos continúen garantizando la participación activa de la
Sociedad Civil en las Naciones Unidas y la FAO, para que ésta sea un agente
activo en la lucha contra el hambre y la pobreza e impulse el mantenimiento y
la recuperación de los modos tradicionales de producción de alimentos,
comprometiéndose de manera prioritaria con la realización del Derecho a la
Alimentación, en el marco de la Soberanía Alimentaria y creando un entorno
propicio para un diálogo eficaz de alto nivel entre los gobiernos y los
movimientos y organizaciones sociales a través de la formulación de acuerdos
vinculantes.
+ Garantizar un amplio y significativo debate conjuntamente con la Sociedad
Civil sobre el funcionamiento y los cometidos centrales del CSA y sus
implicancias para los gobiernos nacionales.
+ Garantizar la inclusión de la posición de la Sociedad Civil en las consultas
multisectoriales, especialmente sobre un Marco Estratégico Mundial (MEM)
que incluya a la Soberanía Alimentaria como la reivindicación más importante
de los movimientos sociales y principio rector de dicho Marco.
+ Que los gobiernos aseguren que en el proceso de reforma de la FAO prime
una arquitectura de género igualitaria y permanente, con presupuesto
suficiente y con los debidos mecanismos participativos, de consulta y toma de
decisiones.
+ Que la FAO inicie un proceso de revisión de su definición de “Bosques”, con la
participación efectiva de los pueblos campesinos e indígenas que viven o
dependen de dichos ecosistemas.
+ Que la FAO cree y ponga en funcionamiento un departamento o unidad
dedicada a la implementación de su Política sobre Pueblos Indígenas y
Tribales con presencia en cada estado de América Latina y El Caribe.
+ Que en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (“Rio +
20” cuya realización está prevista desde el 20 al 22 de junio de 2012) los
Estados de América Latina y El Caribe impulsen un desarrollo debidamente
sustentable, reconociendo la contribución de la Agricultura familiar, campesina
e indígena al desarrollo sustentable y contribuyendo a que los países formulen
agendas nacionales al respecto; y no una “Economía Verde” global basada en
el libre comercio y el mercado global. Esta privatización y mercantilización de
la vida y la naturaleza está probada como profundamente destructiva e
insustentable.

Agradecimientos
Finalmente, la III Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, por los
Derechos y por la Vida expresa públicamente su agradecimiento al Gobierno
Argentino, en especial a la Sub Secretaría de Agricultura Familiar, y a la Oficina
Regional de la FAO, por su apoyo para la realización de esta Conferencia. Sin esa
colaboración hubiera sido imposible llevar adelante nuestros debates, perdiéndose
un mecanismo político imprescindible para el diálogo entre los gobiernos y los
movimientos y organizaciones sociales.

POR LOS DERECHOS Y POR LA VIDA POR UN PRESENTE Y UN FUTURO SIN HAMBRE,
ES TIEMPO DE SOBERANIA ALIMENTARIA

Rio de Janeiro, 15 a 22 de junio de 2012.

Movimientos sociales y populares, sindicatos, pueblos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo presentes en la Cúpula de los Pueblos en Rio+20 por Justicia Social y Ambiental, pudieron vivir en los campamentos, las movilizaciones masivas, los debates y la construcción de las convergencias y alternativas, conscientes de que somos sujetos de otra relación entre humanos y humanas y entre la humanidad y la naturaleza, asumiendo el desafío urgente de frenar la nueva fase de recomposición del capitalismo y de construir, a través de nuestras luchas, nuevos paradigmas de la sociedad.

La cúpula de los Pueblos es el momento simbólico de un nuevo ciclo en la trayectoria de las luchas globales que produce nuevas convergencias entre movimientos de mujeres, indígenas, negros, juventud, agricultores/as familiares y campesinos/as, trabajadores/as, pueblos y comunidades tradicionales, quilombolas, luchadores por el derecho a la ciudadanía, y religiones de todo el mundo. Las asambleas, movilizaciones y la gran Marcha de los Pueblos fueron los momentos de máxima expresión de estas convergencias.

 Las instituciones financieras multilaterales, las coaliciones al servicio del sistema financiero, como el G8/G20, la captura corporativa de la ONU y la mayoría de los gobiernos demostraron irresponsabilidad con el futuro de la humanidad y del planeta y promovieron los intereses de las corporaciones en la conferencia oficial. Contrastando con esto, la vitalidad y la fuerza de las movilizaciones y los debates en la Cúpula de los Pueblos fortalecieron nuestra convicción de que sólo el pueblo organizado y movilizado puede liberar el mundo del control de las corporaciones y del capital financiero.

Hace veinte años el Fórum Global, también realizado en Aterro do Flamengo, denunció los riesgos que la humanidad y la naturaleza corrían con la privatización y el neoliberalismo. Hoy afirmamos que, además de confirmar nuestro análisis, se produjeron retrocesos significativos en relación a los derechos humanos, ya reconocidos. Rio+20 repite el camino fallido de falsas soluciones defendidas por los mismos actores que provocaron la crisis global. A medida que esta crisis se acentúa, las corporaciones van atacando los derechos de los pueblos, la democracia y la naturaleza, secuestrando los bienes comunes de la humanidad para salvar el sistema económico-financiero.

 Las múltiples voces y fuerzas que convergen alrededor de la Cúpula de los Pueblos denuncian la verdadera causa estructural de la crisis global: el sistema capitalista asociado al patriarcado, al racismo y a la homofobia. Las corporaciones transnacionales continúan cometiendo sus crímenes con la sistemática violación de los derechos de los pueblos y de la naturaleza con total impunidad. Igualmente avanzan sus intereses a través de la militarización, la criminalización de los modos de vida de los pueblos y de los movimientos sociales promoviendo la desterritorialización en el campo y la ciudad. 

 Avanza sobre el territorio y las espaldas de los trabajadores/as del sur y el norte. Hay una deuda ambiental histórica que afecta mayoritariamente los pueblos del sur del mundo que debe ser asumida por los países altamente industrializados que causaron la actual crisis del planeta. El capitalismo también nos conduce a la pérdida del control social, democrático y comunitario sobre los recursos naturales y servicios estratégicos, que continúan siendo privatizados, convirtiendo derechos en mercancías y limitando el acceso de los pueblos a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia.

 La actual fase financiera del capitalismo se expresa a través de la llamada economía verde y de viejos y nuevos mecanismos, tales como la profundización del endeudamiento público-privado, el sobre-estímulo al consumo, la apropiación y concentración de las nuevas tecnologías,  los mercados de CO2 y biodiversidad, la apropiación y extranjerización de tierras y las ocupaciones  público-privadas, entre otros.

Las alternativas están en nuestros pueblos, nuestra historia, nuestras costumbres, conocimientos, prácticas y sistemas productivos, que debemos mantener, revalorizar y ganar escala como proyecto contra-hegemónico y transformador. La defensa de los espacios públicos en las ciudades, con gestión democrática y participación popular, la economía cooperativa y solidaria, la soberanía alimentaria, un nuevo paradigma de producción, distribución y consumo, el cambio de la matriz energética,  son ejemplos de alternativas reales frente al actual sistema agro-urbano-industrial.

 La defensa de los bienes comunes pasa por la garantía de una serie de derechos  humanos y de la naturaleza, por la solidaridad y respeto a las cosmovisiones y creencias de los diferentes pueblos, como, por ejemplo, la defensa del “Bien Vivir” como forma de existir en armonía con la naturaleza, o que presupone una transición justa para ser construida con los trabajadores/as y pueblos. La construcción de la transición justa supone la libertad de organización y el derecho a la contratación colectiva y políticas públicas que garanticen formas de empleo decentes.

 Reafirmamos la urgencia de la distribución de la riqueza y la  renta, del combate al racismo y al etnocidio, de la garantía del derecho a la tierra y al territorio, del derecho a la ciudad, al medio ambiente y al agua, a la educación, a la cultura, a libertad de expresión y a la democratización de los medios de comunicación, y la salud sexual y  reproductiva de las mujeres. El fortalecimiento de diversas economías locales y de los derechos territoriales garantizan la construcción comunitaria de las economías más vibrantes. Estas economías locales proporcionan medios de vida sustentables locales, la solidaridad comunitaria, componentes vitales de la resilencia de los ecosistemas. La mayor riqueza es la diversidad de la naturaleza y la diversidad cultural asociada que están íntimamente relacionadas.

 Los pueblos quieren decidir para qué y a quién se destinan los bienes comunes y energéticos, además de asumir el control popular y democrático de su producción. Un nuevo modelo enérgico está basado en energías renovables descentralizadas y que garantice energía para la población y no para corporaciones. La transformación social exige convergencia de acciones, articulaciones y agendas comunes a partir de las resistencias y propuestas necesarias que estamos discutiendo en todos los rincones del planeta. La Cúpula de los Pueblos en Rio+20 nos encoraja a seguir en frente de nuestras luchas.

Comitê Facilitador da Sociedade Civil na Rio+20 – Cúpula dos Povos

Jueves 21 de junio de 2012

Na manhã desta quinta feira, jagunços travestidos de seguranças da Fazenda Cedro, de propriedade do Banqueiro Daniel Dantas, atiraram contra um grupo de trabalhadores rurais sem terra ligados ao MST no Sudeste do Pará que realizavam um ato político de denuncia da grilagem de terra publica, de desmatamento ilegal, uso intensivo de venenos na área e violência cotidiana contra trabalhadores rurais. Até o momento há confirmação de que 16 trabalhadores foram feridos à bala, sendo que, alguns deles estão em estado grave. Não há confirmação de mortes.

Cerca de 300 famílias já estão acampadas nessa fazenda desde o dia 1º de março de 2010. Ao todo, foram 06 fazendas do Grupo de Dantas ocupadas pelos movimentos sociais no período. Mesmo a então juíza da Vara Agrária de Marabá tendo negado o pedido de liminar de despejo feito pelo grupo à época, o Tribunal de Justiça do Estado, cassou a decisão da juíza de autorizou o despejos de todas as famílias.

 Através de mediação da Ouvidoria Agrária Nacional, foi proposto um acordo judicial perante a Vara Agrária de Marabá, através do qual, os Movimentos Sociais, com apoio do INCRA, desocupariam três fazendas (Espírito Santo, Castanhais, Porto Rico) e outras três (Cedro, Itacaiunas e Fortaleza) seriam desapropriadas para o assentamento das famílias. O Grupo Santa Bárbara, que administra as fazendas do Banqueiro, concordou com a proposta. Em ato contínuo, os trabalhadores sem terra desocuparam as três fazendas, mas, o Grupo Santa Bárbara tem se negado a assinar o acordo.

 A formação dessa (Fazenda Cedro) e de muitas outras fazendas adquiridas pelo Grupo Santa Bárbara no sul e sudeste do Pará (ao todo, adquiriram mais de 60 fazendas num total de mais de 500 mil hectares) vem de uma trama de ilegalidades históricas envolvendo grilagem, apropriação ilegal de terras públicas, fraude em Títulos de Aforamento, destruição de castanhais, trabalho escravo e prática de muitos outros crimes ambientais. História, que até o momento, por falta de coragem política, nem o INCRA e nem o ITERPA se propôs a enfrentar. Terras públicas cobertas de floresta de castanheiras se transformaram em pastagem para criação extensiva do gado.

 Frente à situação exposta o MST exige:
– A liberação imediata das três fazendas para o assentamento das famílias dos Movimentos sociais;

– Uma audiência urgente no INCRA de Marabá, com a presença da SEMA, do ITERPA, da CASA CIVIL para encaminhamento do assentamento e apuração dos crimes ocorridos na área.

– Apuração imediata, por parte da polícia do Pará dos crimes, cometidos contra os trabalhadores.

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST Pará. Comissão Pastoral da Terra – CPT Marabá

Los pueblos del mundo frente a los avances del capitalismo: Rio +20 y más allá

Los gobiernos de todo el mundo se reunirán en Río de Janeiro, Brasil del 20 al 22 de junio de 2012, para supuestamente conmemorar 20 años de la "Cumbre de la Tierra", la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que estableció por primera vez una agenda global para el "desarrollo sostenible". Durante esa cumbre, en 1992, se adoptaron tres convenios internacionales: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio de Lucha contra la Desertificación. Cada una de ellos prometía poner en marcha un conjunto de acciones destinadas a proteger el planeta y la vida sobre él, y contribuir a que todos los seres humanos gocemos de una vida digna.

Muchas organizaciones sociales en ese momento saludamos y apoyamos con esperanza las nuevas convenciones. Veinte años después, vemos que las causas reales del deterioro ambiental, económico y social siguen sin ser atacadas. Peor aún, nos alarma profundamente que la próxima reunión de junio servirá para profundizar las políticas neoliberales y los procesos de expansión capitalista, concentración y exclusión que nos tienen hoy envueltos en una crisis ambiental, económica y social de gravísimas proporciones. Bajo el nombre engañoso y mal intencionado de “economía verde” , hoy se anuncian nuevas formas de contaminación y destrucción ambiental, así como nuevas olas de privatización, monopolización y expulsión desde nuestras tierras y territorios.

La Vía Campesina se movilizará para este evento, representando a la voz campesina en el debate mundial y defendiendo un camino diferente de desarrollo, arraigado en el bienestar de todos y todas, que garantice los alimentos para todos, que proteja y garantice que los bienes comunes y los recursos naturales estén al servicio de un buen vivir para todas y todos y no de las necesidades de acumulación de unos pocos.

20 años después: el planeta y la humanidad en crisis

20 años después de la Cumbre de la Tierra, el conjunto de la vida en el planeta se ha vuelto dramáticamente difícil. El número de personas hambrientas ha aumentado a casi mil millones, lo que significa que uno de cada seis seres humanos está pasando hambre, principalmente niños y mujeres del campo. La expulsión desde nuestras tierras y territorios sigue avanzando de manera acelerada, ya no sólo por las condiciones de desventaja que se nos imponen desde los tratados comerciales y el sector industrial, sino por nuevas formas de acaparamiento de la tierra y el agua, la imposición global de formas de propiedad intelectual que nos roban nuestras semillas, por la invasión de semillas transgénicas, el avance de las plantaciones de monoculivos, los megaproyectos, la minería.

Las grandes promesas de Río 92 han resultado una farsa. El Convenio de Biodiversidad no detuvo la destrucción de la biodiversidad y fortaleció y generó nuevos mecanismos destinados a privatizarla y convertirla en mercancía. La desertificación sigue avanzando de la mano de la agricultura industrial y la expansión de los agronegocios y de las plantaciones de monocultivos. El calentamiento de nuestro planeta -con todo los desastres y el sufrimiento dramático que ya está causando- no se ha detenido, sino que se ha acelerado y agravado.

El gran engaño de 1992 fue el “desarrollo sustentable”, que inicialmente las organizaciones sociales vimos como una posibilidad de enfrentar la raíz de los problemas. Sin embargo, no fue más un lavado de cara de la búsqueda de nuevas formas de acumulación. Hoy buscan legitimar una nueva fachada, especialmente bajo el nombre de “economía verde”

La “economía verde” y otras falsas soluciones: un nuevo asalto a los pueblos y sus territorios

La ganancia capitalista ha generado la mayor crisis del sistema desde 1929. Desde 2008, el sistema hegemónico intenta encontrar salidas a su crisis estructural, buscando nuevas posibilidades de acumulación que mantengan su lógica. Es en este contexto que ocurrió la captura corporativa de los convenios de diversidad biológica y cambio climático y, consecuentemente, el desarrollo de esta nueva ingeniería financiera llamada Capitalismo Verde.

Gobiernos, empresarios y los organismos de Naciones Unidas han pasado los últimos años construyendo el mito de la “economía verde” y del “enverdecimiento de la tecnología”. La presentan como la nueva posibilidad de hacer coincidir el cuidado de la Tierra con los negocios, pero es en realidad la vía para lograr nuevos avances del capitalismo, hasta poner a todo el planeta bajo el control de los grandes capitales. Son varios los mecanismos que se impulsarán a través de la economía verde y todos ellos aumentarán la destrucción. Más específicamente,

1. La economía verde no busca detener el cambio climático ni el deterioro ambiental, sino generalizar el principio que quien tiene dinero puede seguir contaminando. Hasta el momento han utilizado la farsa de la compra de bonos de carbono para poder seguir emitiendo gases invernadero. Hoy están inventando los bonos de biodiversidad. Es decir, las empresas podrán seguir destruyendo bosques y ecosistemas, siempre y cuando le paguen a alguien para que supuestamente conserve la biodiversidad en algún otro lado. Mañana posiblemente inventen los bonos de agua, de paisaje, de aire puro.

1. Los sistemas de pago por servicios ambientales se están utilizando para quitarle sus tierras y territorios a los pueblos indígenas y campesinos. El mecanismo que están impulsando con más fuerza gobiernos y empresas es el sistema REDD y REDD plus. Dicen que es un sistema para reducir las emisiones de gases invernadero producto de la deforestación y degradación de los bosques, pero se está utilizando para imponer, por un pago irrisorio, planes de manejo que les niegan a familias y comunidades rurales el acceso a sus propias tierras, bosques y fuentes de agua. Además, garantizan el acceso irrestricto de las empresas a las áreas de bosque colectivo, potencializando la biopiratería. También imponen contratos que amarran a las comunidades a esos planes de manejo por 20 años o más y que dejan las tierras indígenas y campesinas como prenda hipotecaria, lo que crea la posibilidad cierta de que esas comunidades pierdan sus tierras. El objetivos de los servicios ambientales es tomar control de los espacios naturales de reserva y de los territorios que aún están bajo el control de nuestras comunidades.

1. Otra iniciativa de la economía verde es convertir a las plantas, las algas y a todos los restos orgánicos (rastrojos, estiércol, etc) en fuente de energía para sustituir el petróleo; es lo que llaman “uso de la biomasa” . Con los agrocombustibles, esto ha significado que millones de hectáreas que debieran estar cubiertas de bosques o produciendo alimentos hoy se utilizan para alimentar máquinas. Si efectivamente se generaliza el uso energético de la biomasa, veremos que la vida en el mar se reduce aún más porque una parte importante de especies marinas se quedará sin alimento, que nuestros suelos no recuperarán la materia orgánica que es imprescindible para conservar la fertilidad y protegerse contra la erosión y la sequedad, y que será imposible alimentar a nuestros animales porque los alimentos se harán cada vez más escasos y caros. También se agravará la escasez de agua, ya sea por el cultivo de agrocombustibles, ya sea por que nuestros suelos no tendrán capacidad para absorber y retener agua al faltarles la materia orgánica.

1. Después nos hablan de “agricultura climáticamente inteligente”, que sólo busca que aceptemos una nueva Revolución Verde -posiblemente con transgénicos- y que en vez de exigir apoyo efectivo para defendernos de los efectos del cambio climático, aceptemos pagos irrisorios que funcionarán igual que REDD. También buscan imponernos sistemas altamente dependientes de grandes cantidades de agrotóxicos, como la siembra directa a base de pulverizaciones aéreas de Round Up, los que pasan a ser llamados “agricultura baja en carbono.” Es decir, nos obligarán a hacer un cierto tipo de agricultura y podremos perder el control sobre nuestros territorios, nuestros ecosistemas y nuestra agua.

1. Uno de los aspectos más perversos de las falsas soluciones que se impulsan en las negociaciones internacionales es la de restringir el acceso y el uso del agua de riego. Usando como pretexto el hecho que el agua de riego es escasa, proponen que el agua se concentre en “cultivos de alto valor”; es decir que se rieguen los cultivos de exportación, los agrocombustibles y otros cultivos industriales, y que se deje de regar los cultivos para la propia alimentación

1. El impulso de soluciones tecnológicas que no son solución alguna es parte también de la agenda de las discusiones en Río. Entre las más peligrosas están la geoingeniería y la aceptación de los cultivos transgénicos. Hasta el momento, ninguna de las soluciones propuestas por la geoingeniería ha demostrado tener capacidad real de solucionar los problemas del clima. Por el contrario, algunas de las formas de geoingeniería (como la fertilización de los mares) son tan peligrosas que internacionalmente se ha declarado una moratoria sobre ellas. Para que aceptemos los transgénicos se nos dice que crearán cultivos resistente a la sequía y al calor, pero lo único nuevo en transgénicos es más variedades resistentes a herbicidas, las que además están haciendo que vuelvan al mercado herbicidas altamente tóxicos, como el 2,4,-D.

1. El plan más ambicioso y lo que algunos gobiernos identifican como “el mayor desafío” es el de ponerle precio a todos los bienes de naturaleza (como el agua, la biodiversidad, el paisaje, la vida silvestre, las semillas, la lluvia, etc), para luego privatizarlos (con la excusa de que conservarlos requiere dinero) y cobrarnos por su uso. A esto se le llama la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB). Es el asalto final a la naturaleza y la vida, pero también a los medios de trabajo y de vida de los pueblos que viven de la agricultura, la caza y la pesca.

Este capitalismo “verde” tiene en la mira especialmente los espacios rurales comunes, la agricultura, la tierra y el agua. Ya estamos sufriendo sus efectos en la forma de acaparamientos de tierra, privatización del agua y de los océanos, de los territorios indígenas, de los parques nacionales y las reservas naturales, todos procesos que están siendo acompañados de expulsiones forzadas de comunidades campesinas e indígenas.

La solución real: poner al centro las agriculturas campesinas e indígenas

Los pueblos campesinos e indígenas somos quienes concentramos los mayores niveles de pobreza, porque se nos ha despojado de la tierra y se nos ha cercado por la ley o por la fuerza para que no podamos cultivar e intercambiar libremente. Sin embargo, somos pueblos que seguimos resistiendo la expulsión desde el campo, y aún somos más del 90% de la población rural. Nuestras formas de hacer agricultura enfrían el planeta, cuidan los ecosistemas y aseguran la alimentación para los sectores más pobres.

Toda solución real pasa por detener el lucro desenfrenado del capital, acabar con la complicidad de los gobiernos y apoyar las formas de producción que efectivamente cuiden el planeta. La Soberanía Alimentaria es parte del corazón de los cambios necesarios, el único camino real para hacer posible alimentar a toda la humanidad. Nuestras propuestas son claras y entregan soluciones reales:

1. Debemos cambiar el sistema alimentario industrial agroexportador por un sistema basado en la soberanía alimentaria, que devuelva a la tierra su función social como productora de alimentos y sustentadora de la vida, que ponga en el centro la producción local de alimentos, los circuitos de comercialización y procesamiento local. La soberanía alimentaria permite acabar los monocultivos y los agronegocios, fomentar los sistemas de producción campesina que se caracterizan por su mayor intensidad y productividad, su capacidad para dar trabajo, cuidar el suelo y entregar una producción sana y diversificada. La agricultura campesina e indígena es también la que puede enfriar el planeta; con capacidad de absorver o evitar hasta 2/3 de los gases invernaderos que se emiten cada año

1. La tierra actualmente en manos campesinas e indígenas es alrededor del 20% de la tierra agrícola a nivel global. Si embargo, con esa tierra las familias y comunidades campesinas e indígenas producimos al menos la mitad de la alimentación mundial. En nuestras manos está la forma más segura y eficiente de superar el hambre en el mundo.

1. Para asegurar alimentación para todos y restaurar la normalidad climática en la tierra, es necesario que la agricultura vuelva a ser una tarea en manos principalmente de comunidades campesinas y pueblos indígenas. Para ello debe hacerse de manera urgente reformas agrarias integrales y de gran amplitud, que acaben con la concentración extrema y creciente de la tierra que hoy afecta a la humanidad. Esas reformas agrarias son las que darán las condiciones materiales para que la agricultura cumpla su papel en beneficio de la humanidad entera y por ello la defensa y protección de las agriculturas campesinas e indígenas es hoy una tarea de todas y todos. En lo inmediato, es necesario detener todos las transacciones, concesiones y traspasos que signifiquen concentración o acaparamiento de tierras y/o desplazamiento de comunidades rurales.

1. Los sistemas campesinos e indígenas de agricultura, caza, pesca y pastoreo que ayudan a cuidar la tierra y la alimentación deben ser apoyados adecuadamente con fondos y medios públicos no condicionados. Los mecanismos de mercado -como venta de carbono y servicios ambientales- deben desmontarse de inmediato y reemplazarse por medidas reales, como las que mencionamos más arriba. Detener la contaminación es un deber que nadie puede evadir comprando derechos a seguir destruyendo

1. El uso legítimo de lo que ahora organismos internacionales y empresariales llaman biomasa es alimentar a los seres vivos y volver a la tierra para restaurar su fertilidad. Las emisiones provenientes del derroche de energía deben reducirse en base al ahorro y el fin del despilfarro. Necesitamos fuentes de energía renovable decentralizados, al alcance de los pueblos.

Todos movilizados para desenmascarar Rio+20 y el capitalismo verde

Nosotros y nosotras, campesinos y campesinas, agricultores y agricultoras familiares, campesinos y campesinas sin tierra, pueblos indígenas y migrantes -hombres y mujeres- nos oponemos decididamente a la mercantilización de la tierra, nuestros territorios, el agua, las semillas, los alimentos, la naturaleza y la vida humana. Reiteramos lo dicho en la Cumbre de los Pueblos en Cochabamba, Bolivia: “La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.”

Repudiamos y denunciamos la economía verde como una nueva máscara para ocultar mayores niveles de codicia de las corporaciones y del imperialismo alimentario en el mundo y como una forma brutal de lavarle la cara al capitalismo, que sólo impone falsas soluciones, como el comercio de carbono, REDD, la geoingienería, los transgénicos, los agrocombustibles, el bio-char y todas las soluciones de mercado a la crisis ambiental.

Nuestro reto es restituir otra manera de relacionarnos con la naturaleza y entre los pueblos. Ese es también nuestro deber y nuestro derecho y por ello seguiremos luchando y llamamos a seguir luchando incansablemente por la construcción de la soberanía alimentaria, por la reforma agraria integral y la recuperación de los territorios indígenas, por poner fin a la violencia del capital, y por restituir los sistemas campesinos e indígenas de producción basados en la agroecología.

NO A LAS FALSAS SOLUCIONES DEL CAPITALISMO VERDE AGRICULTURA CAMPESINA YA!

Por segundo año consecutivo, este informe que revela quiénes son los verdaderos beneficiarios de las ayudas de la política agraria común europea (PAC). Este año, entre los afortunados receptores de fondos públicos europeos, se encuentran marcas tan conocidas como Don Simón cuya empresa madre ha recibido 5,5 millones de euros, Campofrío con 2 millones de euros y la cadena de supermercados Mercadona que ha recibido 2,6 millones de Euros.

Con este informe denunciamos el “acaparamiento” de las ayudas, destacando que el 75% del dinero se queda entre sólo un 16% de los beneficiarios mientras que El 50% de las personas que han recibido ayudas, ha recibido cantidades por debajo de los 1.250 € en concepto de ayuda. Entre los grandes beneficiados por estas subvenciones también encontramos nombres muy conocidos como la casa de Alba que este año ha recibido 2 millones de Euros.
 
Estos datos contrastan con la situación agraria en el estado español. Al mismo tiempo que sucede todo esto, la agricultura familiar sufre una crisis de precios sin precedentes, aplastada por una agroindustria cada vez más poderosa y unos supermercados más agresivos. Ante la imposibilidad de recibir un precio justo y digno por su producción (por la inexistencia de una política de precios) miles de explotaciones familiares cada año se ven obligadas a echar el cierre, son literalmente “desahuciados” de sus tierras y sus explotaciones por la presión de los mercados, incluso los especulativos.
 
Un ejemplo esclarecedor el de las explotaciones lácteas: De cada euro que pagamos por un litro de leche, el beneficio se queda en un 70% en la fase de distribución (en ocasiones llega al 90%), el resto se lo queda la industria mientras que la explotación ganadera recibe un beneficio de entre 0 y el 1%. No es de extrañar que el número de explotaciones de este tipo se haya reducido dramáticamente; en 1994, existían en el estado español 140.000 explotaciones lácteas mientras que hoy solo quedan 23.000, en este último año, cuando ya existen realmente pocas ganaderías en activo, se siguen perdiendo 3 explotaciones diarias, la mayoría de ellas eran explotaciones familiares.
 
Encontramos más que decepcionantes los borradores de la nueva política agraria común, en pleno proceso de reforma, (concluirá en 2013). Estas primeras versiones no incorporan ninguna de las demandas realizadas desde las organizaciones agrarias y de la sociedad civil. Estas propuestas, elaboradas durante el proceso de participación abierto por la comisión europea, apuestan por políticas que garanticen la estabilidad de precios y que promocionen la producción familiar, local, diversa, ecológica y la comercialización en circuitos cortos:
 
En definitiva, una apuesta por la Soberanía Alimentaria, con sistemas alimentarios locales que estimulan las economías locales y generan empleo.
 
 
 
Para descargar el informe completo visita:
 
http://veterinariossinfronteras.org/news/es_ES/2012/05/15/0002/una-pac-para-el-1
 

TJ do Pará determina prisão de envolvidos em massacre de Eldorado. Coronel e Major recorriam da sentença em liberdade.

Do G1 Pará http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/05/tj-do-para-determina-prisao-de-envolvidos-em-massacre-de-eldorado.html

O Tribunal de Justiça do Pará expediu na manhã desta segunda feira (07) o mandado de prisão contra o Coronel Mario Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira, policiais militares que foram condenados  pelo envolvimento no massacre dos sem terra em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará, em 1996.

Desde a condenação, eles vinham recorrendo da sentença em liberdade. Mas com o esgotamento dos recursos, em abril, a documentação do processo retornou ao Tribunal de Justiça do Pará e o juiz Edmar Pereira, da primeira vara do Tribunal do Júri, expediu o mandado para que os condenados cumprissem as sentenças. Na época do crime, Pantoja foi condenado a 228 anos, e o major Oliveira a 158 anos e 4 meses em regime fechado, mas a lei penal brasileira permite o cumprimento máximo de 30 anos de reclusão.

O Massacre de Eldorado

19 trabalhadores rurais ligados ao Movimento dos Sem Terra (MST) foram mortos pela Polícia Militar em 1996 durante uma ação que tinha como objetivo liberar tráfego da rodovia PA 150 na altura da chamada Curva do S, no município de Eldorado do Carajás, sudeste do Pará. O episódio ficou conhecido como "Massacre de Eldorado dos Carajás".
Mais de 150 policiais militares participaram da ação, mas apenas Pantoja e Oliveira foram condenados pela morte dos trabalhadores.

Para ver unas fotos del dia de ayer en la finca somontes:
https://n-1.cc/pg/photos/album/1287191/1-de-mayo-en-somontes

18 de abril de 2012 Por  Leonardo Sakamoto

O Massacre de Eldorado dos Carajás, que matou 19 sem-terra e deixou mais de 60 feridos após uma ação violenta da Polícia Militar para desbloquear a rodovia PA-150, no Sudeste do Pará, completa 16 anos nesta terça. Duas pessoas foram condenadas por reprimir com morte a manifestação: o coronel Mario Colares Pantoja (a 228 anos) e o major José Maria Pereira Oliveira (a 154 anos), que estavam à frente dos policiais. Eles recorreram em liberdade. No final do mês passado, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou o direito de continuarem nessa condição. Agora, não há impedimento para que sejam presos.

Alguns vêm na prisão de ambos o fim da impunidade do caso – o que, para dizer o mínimo, é uma visão muito limitada da realidade. Pois, pergunto a vocês:

Um massacre se faz com duas pessoas? 
Os responsáveis políticos na época, o então governador Almir Gabriel (que ordenou a desobstrução da rodovia) e o secretário de Segurança Pública, Paulo Câmara (que autorizou o uso da força policial), nunca foram processados. Outros 142 policiais militares que participaram da matança foram absolvidos. Isso sem contar que as denúncias de fazendeiros locais que teriam dado apoio para a ação policial ficaram por isso mesmo.

Um massacre se faz da noite para o dia? 
Se fossemos contar todos os casos anteriores de sindicalistas, trabalhadores rurais, camponeses, indígenas cujos carrascos nunca foram punidos no Pará, teríamos o maior post de todos os tempos. Por exemplo, na década de 80 e 90, os fazendeiros resolveram acabar com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, no Sul do Pará, e assassinaram uma série de lideranças. Foram a julgamentos, houve condenações, fuga de pistoleiros, mandantes que viveram em paz até a sua morte natural. A certeza da impunidade pavimenta a tortura e a violência contra trabalhadores e populações tradicionais no Pará.

Um massacre solucionado gera filhos?
A Justiça, quando se refere ao Pará, tem servido para proteger o direito de alguns mais ricos em detrimento dos que nada têm. Mudanças positivas têm acontecido, graças à sociedade civil, à imprensa e a promotores, procuradores e juízes que têm a coragem de fazer o seu trabalho, mesmo com o risco de uma bala atravessar o seu caminho. Mas tudo isso é muito pouco diante do notório fracasso em garantir a dignidade daqueles que lutam com melhores condições de vida até o presente momento. Praticamente toda a semana, uma liderança social é morta na Amazônia. Algumas são mais conhecidas e ganham mídia nacional e internacional, mas a esmagadora maioria passa como anônimos e são velados apenas por seus companheiros. Além da importância do trabalho de Maria e Zé Cláudio, lideranças extrativistas de Nova Ipixuna assassinadas no ano passado, a morte deles ocorreu no dia de votação do novo Código Florestal na Câmara dos Deputados, o que contribuiu em dar visibilidade ao crime. E aqueles que morrem em dias de jogos da Copa do Mundo em que não há ninguém prestando atenção?

Um massacre ocorre aleatoriamente?
As mortes no campo são resultado de um modelo de desenvolvimento concentrador, excludente, que privilegia o grande produtor e a monocultura, em decorrência ao pequeno e o médio. Que explora mão-de-obra de uma forma não-contratual, chegando ao limite da escravidão contemporânea, a fim de facilitar a concorrência em cadeias produtivas cada vez mais globalizadas. Que fomenta a grilagem de terras e a especulação fundiária, até porque tem muita gente graúda e de sangue azul que se beneficia com as terras esquentadas e prontas para o uso. Que muito antes da época dos verde-oliva já considerava a região como um “imenso deserto verde” a ser conquistado – como se o pessoal que lá morasse e de lá dependesse fossem meros fantasmas. Que está pouco se importando com o respeito às leis ambientais, porque o país tem que crescer rápido, passando por cima do que for. Tudo com a nossa anuência, uma vez que consumimos os produtos de lá alegres e felizes com nossa ignorância, elogiando algumas marcas e empresas que – ao contrário de nós – não estão imersas em ignorância.

Um massacre é um fato isolado?
De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, apenas nas regiões Sul e Sudeste do Pará, há cerca de 50 pessoas marcadas para morrer devido a conflitos rurais. Aliás, se tivesse sido aprovado no plebiscito, o Estado de Carajás – onde fica Eldorado – nasceria como o mais violento da nação – um título edificante. Entre 1971 e 2007, foram 819 pessoas mortas em função de disputas por terra no Estado. Conta-se nos dedos de uma mão os punidos após condenação.

Um massacre, como um raio, não cai duas vezes no mesmo lugar?
Em novembro de 2009, quase ocorreu uma tragédia na “Curva do S”, local onde 19 trabalhadores rurais sem-terra foram assassinados. Policiais ameaçaram ir para cima de mais de mil trabalhadores ligados ao MST durante uma manifestação pacífica. Faltou pouco, muito pouco. À frente, o delegado Raimundo Benassuly, que ficou conhecido nacionalmente por tentar justificar que uma adolescente de 15 anos colocada em uma cela cheia de presos no Pará era a culpada pelo episódio. Relembrando: segundo ele, a menina “certamente tem alguma debilidade mental porque em nenhum momento informou ser menor de idade”. Foi afastado, mas depois voltou ao cargo. Como disse o ultrapassado Marx, “a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa”.

Um massacre por policiais é responsabilidade do poder público?
A pergunta é: quem comanda o quê? Há uma relação carnal que se estabelece entre o público e o privado na região amazônica. O detentor da terra exerce o poder político, através de influência econômica e da coerção física. É freqüente, por exemplo, encontrar policiais que fazem bicos como jagunços de fazendas. Em outros casos, as tropas públicas estiveram diretamente a serviço de particulares. Sabe qual a chance de trabalhadores rurais que solicitam a destinação de terras griladas para a reforma agrária ou de comunidades tradicionais que exijam a devolução de terras roubadas terem o mesmo sucesso que grandes proprietários que pedirem a desocupação de terras? Anos atrás, grandes proprietários rurais e suas entidade patronais chegaram a demandar intervenção federal no Pará uma vez que o poder público local não estava sendo célere – em sua opinião, claro – para garantir reintegrações de posse de terras (muitas das quais, com sérios indícios de grilagem). Se fossem trabalhadores pedindo isso, o ato seria encarado como um levante comunista.

Pegue matérias sobre assassinatos no campo no Pará e no Brasil. Verá que é só trocar o nome dos mortos, do município (às vezes, nem isso) e onde foi a emboscada para serem a mesma matéria de antes. As mesmas desculpas do governo, os mesmos planos de ação parecidos, as mesmas reclamações da Comissão Pastoral da Terra, os mesmos grupos sendo criados para debater e encontrar soluções.

Pode-se prender um ou dois. Mas as condições que fizeram Eldorado dos Carajás estão aí produzindo vítimas. De novo. E de novo. E de novo…

Quando alguém conseguir dar uma resposta decente a essas indagações, considerarei que o massacre não acabou impune. Até lá, vou vendo a história feito carrossel, conduzida pelo giro dos tambores de revólveres, acompanhada pelo barulho seco de corpos caindo na terra batida ou no asfalto.

EL PSOE de Andalucía logra que se reprima a jornaleras y jornaleros en paro que ocupan una finca pública para trabajarla y evitar su venta a especuladores.

El juzgado de Posadas ha ordenado el pasado viernes el desalojo de la Finca ocupada de Somontes, en Palma del Río, Córdoba, como medida cautelar solicitada por la Junta de Andalucía -PSOE-. Esta mañana agentes de la Guardia Civil han ido a advertir a los campesinos de que vendrían a echarlos por la fuerza. En cualquier momento se pondrá en marcha la maquinaria represiva para volver a quitar la tierra a los jornaleros y dársela a los especuladores.

El Partido Socialista Obrero Español vuelve a mostrar su verdadera cara, ya que en lugar de aceptar la negociación propuesta por el SOC-SAT para la cesión de estas tierras públicas a cooperativas de trabajadores en paro, ha optado por la represión pura y dura, y el consiguiente destrozo de todo lo construido en este mes y medio de trabajo colectivo: huerto, plantación de olivos, gallinero, animales, recuperación y labranza de una hectárea de terreno para la siembra de pimientos, arreglo y mejora de las instalaciones de riego, viviendas e instalaciones en general. Y con lo que quieren acabar es sobre todo con la lección de dignidad, rebeldía y vida que vienen ofreciendo a todos los parados, precarios y trabajadores andaluces, estos veinte campesinos ocupantes, junto a los cientos de personas que han apoyado la ocupación con su presencia y trabajo.

La finca de 359 hectáreas en secano y 41 en regadío no estaba dando empleo alguno, más que a un cuidador, y se encontraba en proceso de venta en subasta por parte de la Junta de Andalucía. Dicha venta hubiera significado que sus compradores, banqueros, terratenientes o especuladores, pasaran a beneficiarse de subvenciones europeas, ayudas públicas y en su caso ganancias obtenidas por una explotación agrícola extensiva e industrializada (para biodisel, transgénicos, etc.) sin generar prácticamente ningún puesto de trabajo. Al mismo tiempo 1.700 habitantes de Palma del Río y más de 4.000 en la comarca, en su mayoría jornaleros sin tierra, están sufriendo el desempleo, los recortes sociales y los desahucios de sus viviendas, soportando situaciones indignas de pobreza y desesperanza.

Desde el 4 de marzo en que se comenzó a trabajar en Somontes de manera colectiva, la Asamblea de ocupantes comunicó a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía que se estaban planificando inversiones y trabajos que pueden garantizar la subsistencia no sólo para los actuales ocupantes sino para decenas de familias jornaleras. No se busca la propiedad privada ni la especulación sino que se trata de crear un espacio de uso público y abierto en beneficio del pueblo. Se pretende un uso agro-ecológico del terreno, camino a la ecología social y a la soberanía alimentaria. Por ello se planteó a la Administración la firma de un acuerdo de concesión del uso a una cooperativa de trabajadores.

Ante esta situación la Asamblea de jornaleros de Somontes hace un LLAMAMIENTO URGENTE al apoyo a la ocupación, a través de la presencia del mayor número de compañeros y compañeras para resistir juntos cualquier intento de desalojo. Asimismo piden que la noticia se difunda lo máximo posible, que se sigan recogiendo firmas de apoyo y que se haga todo lo posible para que se enteren los líderes políticos que dicen luchar contra el desempleo y la pobreza, en especial los de Izquierda Unida, para exigir al PSOE de Andalucía que retire inmediatamente la denuncia interpuesta contra los ocupantes y abra una mesa de diálogo para encontrar los mecanismos que pongan ésta y toda la tierra pública en manos de los trabajadores en paro.

Más Información:  Lola Alvarez 666088373; Javier Ballesteros  660970722. 

Palma del Río, 16 de abril de 2012.-

Brasil: Año tras año, ¿y dónde está la Justicia?

Joao Pedro Stedile

ALAI AMLATINA, 17/04/2012.- El 17 de abril de 1996, siendo presidente de  Brasil Fernando Henrique Cardoso, tropas de la policía militar autorizadas  por el Gobernador Almir Gabriel (PSDB-Para), y financiadas por la empresa  Valle Do Río Doce (como denunció más tarde en el proceso el abogado de los  policías…), atacaron una marcha pacífica de más de mil familias de los  sin tierra que salieron de Eldorado de Carajás con rumbo a Belén.

El resultado de la masacre todos lo conocen, hasta las piedras. 19 sin  tierra asesinados, algunos con excesos de crueldad, tras ser maniatados,  fueron muertos a culatazos. Otros dos murieron algunos meses después, y  más de 60 sufren las secuelas hasta hoy, y están imposibilitados para el  trabajo agrícola.

La sociedad brasileña quedó aterrorizada. La ONU, los obispos, el Papa y  los orixás clamaron por justicia. Los movimientos campesinos de todo el  mundo escogieron entonces el día 17 de abril, como el día mundial de la  lucha campesina, en homenaje a aquellos mártires.

Un lento proceso se siguió en la Justicia paraense, que culminó con la  conformación de un Jurado Popular, que, en 2002, condenó a los dos  principales comandantes militares a penas de más de 200 años de prisión.  Los comandantes apelaron. El poder judicial los acogió. Y luego el  silencio. Pasados 16 años de la masacre, ¡ningún responsable directa o  indirectamente ha sido apresado, castigado o ha sufrido algún tipo de  restricción por parte de la “justicia” brasileña!

Por esas y otras razones es que el pueblo brasileño, de lejos, considera  el poder judicial, el más injusto, el más anti-democrático, el más  corporativo y el más servil a los intereses de la burguesía. Como dice el  dicho popular, ¡la cárcel en Brasil está hecha para los pobres y negros!

Pero algún día tendremos una reforma del poder judicial, para que por fin  cese la vergüenza de las injusticias, de los salarios inmorales, de las  ventajas y de las infiltraciones denunciadas incluso por el Consejo  Nacional de Justicia.

Felizmente, los supervivientes fueron asentados en un latifundio de 50 mil  hectáreas, que hasta entonces el Incra decía ser “productivo”, y que hoy  constituye la más productiva y progresista comunidad rural del municipio  de Eldorado de los Carajás, el distrito 17 de abril.

Mientras tanto, ¿dónde está la reforma agraria?

El capital agrario y las corporaciones transnacionales están “nadando a  sus anchas” en la agricultura brasileña. Tras la crisis del capitalismo  internacional, los precios medios de las commodities agrícolas se  duplicaron. Eso representó un enorme aumento en la tasa de ganancia, y una  corrida de los capitalistas de todo el mundo, para comprar tierras en  Brasil, América Latina y controlar la producción de las mercancías  agrícolas.

Resultado: <brasil experimentó en los últimos años, el mayor índice de  concentración de tierras de todos los tiempos. Está en curso una enorme  concentración de la producción agrícola, que destina el 85% de todas las  tierras agrícolas sólo a cuatro productos: soja, maíz, caña y ganadería.  La economía brasileña retornó a los tiempos coloniales y se volvió  agro-exportadora, mientras la industria cayó a sólo el 15% del PIB.

El agronegocio concentra tierras y producción. Aumenta su dependencia de  los fertilizantes importados que ese año alcanzó la cifra de 28 millones  de toneladas. Transforma a Brasil en el mayor consumidor mundial de  venenos agrícolas, que contaminan el suelo, las aguas, y hasta la  atmósfera, matan vegetales y animales; prolifera el cáncer en más de un  millón de brasileños por año. Siendo que, según el Instituto Nacional del  Cáncer, ¡solamente el 40% sobrevivirán!

El agronegocio desequilibra el medioambiente con la deforestación y  destruye la biodiversidad. Altera el clima. Pero sigue ganando mucho  dinero.

¡Todo eso es saludado por la prensa burguesa como el éxito del progreso!

¿Y el gobierno?

Entre tanto, el gobierno aún no toma posición en el tema agrario, y cuando  se manifiesta es para decir cosas sin sentido, como esa repetición  absurda, de que la reforma agraria no es distribuir tierras, que primero  tenemos que mejorar la calidad de los asentamientos.

Sería como decir a las 10 millones de familias brasileñas que viven en  viviendas precarias, que el gobierno no va a construir más casas, que  primero prefiere mejorar las casas de los que ya las tienen.

Señores gobernantes: buscad en el diccionario de la educación del campo,  recién editado por la Fiocruz o en Aurélio. Reforma agraria es un programa  gubernamental, en el que el Estado expropia las grandes propiedades, los latifundios y los distribuye entre los agricultores sin tierra,  promoviendo la democratización de la propiedad rural en el país.

Todos los países del hemisferio norte, todas las democracias  contemporáneas realizaron reformas agrarias, democratizaron el acceso a la  tierra, como base para la construcción de sociedades más democráticas. Finalmente, la tierra es un bien de la naturaleza, y todos los ciudadanos  tienen los mismos derechos sobre ella, así como tiene derecho a la  alimentación, al empleo, a la vivienda digna y a la educación.

Como no quieren hacer una verdadera reforma agraria, inventan subterfugios  de ocasión. ¡Sean más sinceros, por lo menos! Y menos absurdos, porque los  grandes propietarios de tierra, las empresas transnacionales y el  agronegocio siempre hicieron campaña y financiaron los candidatos  neoliberales y contrarios al gobierno Lula y Dilma. (Traducción ALAI)

– João Pedro Stedile, es integrante de la coordinación nacional del MST y  de la Vía Campesina de Brasil.
Artículo publicado originalmente en la revista Caros Amigos, abril de  2012.

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