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“El modelo neoliberal aún se impone en Brasil y frena acciones más sociales como la refo

El líder del Movimiento de los Sin Tierra Moacyr Vilella conversa sobre la realidad política y de los más pobres en Brasil. El presidente Lula, dice, ha puesto las bases para aplicar políticas contra la pobreza.

El pasado 1 de octubre, los brasileños votaron en la primera vuelta de las elecciones generales del país. Contra todo pronóstico, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se presenta a la reelección, no obtuvo los votos necesarios y deberá disputar una segunda vuelta, el próximo 29 de octubre, contra el conservador Geraldo Alckim.

 Canal Solidario ha conversado con Moacyr Vilella, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra en Brasil, que ha hecho balance de las políticas sociales llevadas a cabo por Lula en sus cuatro años de mandato y ha advertido de la fuerte presión que los actuales terratenientes ejercen sobre el Gobierno para evitar una reforma agraria que beneficia a los más desfavorecidos.

 El presidente Lula llegó al poder en 2002 con la promesa de llevar a cabo una reforma agraria justa. ¿Ha habido avances en sus cuatro años de mandato?

 El programa que Lula proponía en 2002 era bastante ambicioso porque era la primera vez que un partido de izquierdas en el Gobierno hablaba de objetivos históricos e inmediatos. La reforma agraria siempre estuvo entre las prioridades del Partido de los Trabajadores, y era una promesa de reforma muy amplia. Pero eso no pasó. La política agraria del Gobierno fue muy tímida, se hizo pero no con la intensidad para, al menos, atender la necesidad de las 300.000 personas que hoy viven en campamentos.

 En estos años, el Gobierno tuvo problemas fiscales y monetarios muy serios, una crisis financiera con el mercado internacional muy fuerte, y optó por solucionar primero estas cuestiones. Cada año dedicó el 5% del PIB a pagar deudas internacionales, que ya están pagadas. Esto ha perjudicado bastante a las políticas sociales, y sobre todo a la reforma agraria.

 Además, hay que tener en cuenta la fuerza de los empresarios agrícolas, que se oponen a la reforma agraria. Son latifundistas asociados con grandes empresarios que presionan todo el tiempo a Lula porque son exportadores y una fuente de ingresos muy importante para Brasil. El Gobierno los trató muy bien; incluso el ministro de Agricultura, que recientemente se marchó con la oposición, era un hombre de confianza de estos empresarios.

 ¿Esta presión que ejercen los terratenientes también llega al Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra?

 Todo el tiempo, porque los terratenientes se han unido a la justicia. Ahora son los jueces, con tradicionalmente vínculos muy fuertes con los sectores más conservadores, los que todo el tiempo se enfrentan a nosotros. Y hay mucha impunidad.

 Esto es así porque, a diferencia de gobiernos anteriores que trataban a los sin tierra como criminales, Lula nos trató como interlocutores y como movimiento de masas. Cada vez que hubo un conflicto fue negociado. Y esto es importante porque nos acerca a la democracia y al diálogo.

 ¿Este acercamiento y reconocimiento como interlocutores ha venido acompañado de más avances sociales?

 Ha habido otros avances, como el aumento de crédito para los pequeños agricultores y el incremento de 3 a 8 billones de dólares al año para estimular la pequeña agricultura. También ha habido un aumento significativo de fondos para educación. Haciendo balance, vemos puntos positivos y negativos, ha habido avances importantes, pero la política neoliberal todavía se impone en el ámbito económico y eso frena políticas más sociales como la reforma agraria.

 Además, desde el año pasado la derecha brasileña ha realizado un intenso ataque contra el Gobierno para desacreditar el prestigio que Lula tenía entre las clases populares. Decían que crearía el caos en la economía pero en estos años se han pagado las deudas y, aunque a nivel de políticas sociales no haya hecho demasiado, su principal promesa de cuidar de los más pobres la ha cumplido.

 En Brasil hay 13 millones de familias que reciben una ayuda para sobrevivir y, en este tiempo, se han promovido créditos a muy bajo interés y largo plazo. Según el Instituto de Estadística, en los últimos 4 años hubo un aumento de la renta de la población del 19%, algo significativo, aunque la diferencia de renta entre la población sigue muy grande.

 A esta gran diferencia de renta se suman todos los prejuicios que la clase media y la burguesía tienen contra la gente pobre; en muchos años no ha habido en Brasil una división tan grande entre ricos y pobres ni un electorado tan dividido.

 Producir para comer

 ¿Desde el Movimiento de los Sin Tierra se apoya a algún candidato en concreto?

 Como movimiento no apoyamos formalmente a ninguno de los candidatos, aunque el 95% de las personas del MST apoyó a Lula en la primera vuelta de las elecciones. Como Movimiento de los Sin Tierra, durante los cuatro años de gobierno de Lula hemos dialogado e, incluso, le hemos alertamos de problemas que podría tener y que tiene ahora. Con el actual Gobierno tenemos una posición de apoyo pero también de crítica y pensamos que si gobierna un segundo mandato lo hará de manera diferente, porque hay estabilidad económica y es el momento de empezar a crecer e impulsar políticas sociales.

 Una cuestión clave para luchar contra la pobreza es la reforma agraria. ¿Cuál es la propuesta del Movimiento de los Sin Tierra?

 Hoy en día reforma agraria no significa sólo un reparto de la tierra, eso sólo era posible cuando el enfrentamiento era con los terratenientes que dejaban la tierra sin cultivar.

 Ahora nos enfrentamos al agronegocio, a grandes capitales asociados a esos terratenientes, lo que significa enfrentarse a un modelo de agricultura y no sólo a los terratenientes.

 El MST, junto a otras entidades como Vía Campesina, nos enfrentamos a un modelo de agricultura que no es bueno para ningún país: la agricultura empresarial con grandes cultivos y productos químicos que envenenan el suelo, una agricultura predatoria que no tiene futuro porque explota la tierra durante 20 años y luego la abandona.

 Entonces, ¿cuál es para el MST el modelo de agricultura más justo?

 Creemos que lo principal no es producir para exportar, sino producir comida para el pueblo. El segundo paso es producir comida de calidad porque la que ahora se produce está llena de agrotóxicos y ha habido un empobrecimiento muy grande de la comida.

 Necesitamos una agricultura menos industrializada, no quiero decir tradicional, sino moderna pero que elimine los abonos químicos y el exceso de veneno, que mantenga el suelo vivo por más tiempo… porque los sin tierra quieren llegar a la tierra y no salir de ahí por muchas generaciones.

 También creemos que la industria de los alimentos tiene que estar en manos de los campesinos y denunciamos que, en realidad, la liberalización comercial agrícola no es para los campesinos sino para las multinacionales. Por eso, nuestro interés es el mismo que el de otros campesinos del mundo, y no debemos enfrentarnos entre nosotros sino a los grandes empresarios y sus modelos agrícolas.

 Apostar por la educación

 Para reivindicar sus derechos los campesinos deben conocerlos y formarse. ¿Es la educación una de las prioridades del MST?

 La formación de la gente es la prioridad de nuestro trabajo interno. La cuestión de la reforma agraria se volvió más compleja, ya no se trata sólo de hablar de acceso a la tierra y a los recursos para producir sino de ir más allá y comprender la estructura de la sociedad. Por eso tenemos escuelas itinerantes en los campamentos, a través de las cuales la gente de alfabetiza y participa en charlas, y ofrecemos formación para los que ya están asentados. Porque la gente necesita saber qué pasa y los motivos complejos de por qué Lula no hace la reforma agraria.

 ¿La educación y el acceso a la tierra serían la solución a la pobreza y el fin de la migración del campo a la ciudad?

 Sí, porque los campesinos que llegan a la ciudad tampoco tienen alternativa de sobrevivir. Quizás no se ve tanto en las grandes metrópolis porque están congestionadas pero sí en las ciudades medianas, donde empiezan a aparecer favelas y gente viviendo en la calle que no tiene cómo subsistir.

 Todos vienen del campo por la presión económica, de la policía y de los terratenientes, y esta situación sólo cambiará con una reforma agraria radical, enfrentando a los terratenientes.

 Por otro lado, ¿cree que una nueva victoria de Lula daría fuerza a los gobiernos en América Latina que apuestan por políticas más sociales?

 Pienso que el modelo neoliberal en América Latina está cayendo. Eso no significa que la derecha no tenga poder y, en los próximos años, cada cual deberá posicionarse para ver dónde quiere ir. Nosotros lo tenemos claro porque siempre hemos estado en la lucha. Lo importante no es posicionarse en la coyuntura sino en los principios, porque no se trata de ganar elecciones sino de cambiar las estructuras.

Los campesinos sin tierra dan la espalda a Lula

El MST reprocha al presidente no haber hecho una reforma agraria

En la vereda de un polvoriento camino de tierra que desciende hasta la ciudad de Cajamar, al norte de São Paulo, se levantan varios chamizos construidos con planchas de madera y telas donde unas 40 familias viven desde hace cinco años. El terreno donde habitan pertenece a la Compañía de Aguas del Estado de São Paulo, pero ellos tratan de transformarlo en un pueblo de pequeños agricultores al que han denominado Irma Alberta.

Son una pequeña proporción de las 180.000 familias que, bajo la dirección del Movimiento Sin Tierra (MST), ocupan terrenos por todo Brasil y echan en cara al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que no haya realizado una profunda reforma agraria. Brasil es el país que cuenta con los mayores latifundios del mundo.

Cuando quedan tres días para las elecciones presidenciales del próximo domingo -la campaña finalizó ayer- el tema del reparto de la tierra no ha sido mencionado por ninguno de los dos principales candidatos.

Rosana Santos, de 21 años, es la "coordinadora del sector de educación" del asentamiento. Lleva tres años aquí con sus padres y un hermano y espera que dentro de poco, al igual que ha sucedido en otros sitios, el Estado termine reconociendo la situación y oficialice el asentamiento; es decir, les otorgue el derecho sobre la tierra que ocupan. "Este terreno no sólo era improductivo, sino que la compañía propietaria pensaba instalar un basurero", explica mientras recuerda que los momentos de mayor tensión se han vivido en la media docena de ocasiones en que la compañía ha tratado de expulsarlos. Desde que el MST fue fundado, en 1984, unas 350.000 familias han visto legalizada su situación.

Sin luz, sin agua corriente, sin alcantarillado ni escuela, y con un sólo teléfono instalado en una caseta bajo la bandera roja del MST, Rosana y otros vecinos del asentamiento aseguran que la vida allí es mucho mejor que la que han dejado atrás. Pero no todos han pensado igual; y de hecho a lo largo de los últimos cuatro años, varias familias han optado por cambiar de aires.

Aunque están relativamente cerca de la ciudad, y por tanto tienen accesos a los comercios, lo cierto es que la vida gira en torno a un huerto donde se cultivan desde cebollas a hierbas medicinales. "Alguna vez nos traen la Cesta Básica del Gobierno". Se trata de una ayuda que forma parte del programa de lucha contra el hambre, puesto en marcha por Lula "Pero llega a veces y tiene que quedar claro que es muy, muy básico, apenas harina y judías", subraya la joven.

"Lula ha errado en la distribución de la riqueza por tres motivos", subraya João Paulo Gonçalves, de la Dirección Nacional del MST. "En primer lugar, ha mantenido la política económica de Fernando Henrique Cardoso [presidente entre 1995 y 2002]. Ese ha sido su pecado capital. En segundo lugar, al no tener mayoría en el Congreso, y para poder aprobar las leyes, ha hecho una alianza muy complicada con sectores muy conservadores y extremadamente corruptos de la sociedad. Y en tercer lugar, no tiene proyecto para Brasil. O mejor, el proyecto de Lula es el lulismo que sólo está en su cabeza", añade.

Paradójicamente el MST coincide con la oposición socialdemócrata en acusar a Lula, no por lo que ha hecho durante su gestión, sino por las oportunidades que ha dejado pasar, aunque claro que en dirección radicalmente opuesta. "No pensamos que Lula sea un traidor; de hecho no hemos pedido a nuestros seguidores que voten contra él, pero ha dejado pasar las oportunidades. Por ejemplo no ha querido hacer como Hugo Chávez en Venezuela, que aunque haga negocios con Estados Unidos ha sido capaz de construir una alianza con una amplia base social", apunta el dirigente del MST.

Es cierto que el Movimiento Sin Tierra no ha dado consigna a sus seguidores para votar, pero no lo es menos que las posibilidades reales de que, por ejemplo, los votantes del asentamiento de Irma Alberta, acudan a las urnas el domingo son muy escasas, por no decir nulas.

Sin recursos, ni medios de transporte, se encuentran en la mayoría de los casos a cientos de kilómetros de los lugares donde fueron censados; y eso que Irma Alberta es el primer asentamiento cercano a un casco urbano. Los demás están prácticamente aislados. Aunque todas las familias que actualmente están en el asentamiento votarán al mismo candidato -y hay que descontar a los niños- apenas llegarían al medio punto porcentual del censo nacional. Resultado: el tema ya no está en el debate político.

Los moradores del asentamiento lo saben. "Las elecciones no son la solución para los problemas de Brasil. El cambio vendrá por la organización del pueblo", destaca otra joven que se encarga de controlar el acceso al lugar. Los comicios tampoco preocupan a dos hombres que rondan los sesenta y presentan un aspecto de tener noventa, ocupados en pelar unas judías pequeñas y tiernas que luego venderán en la ciudad a 8 reales (unos 2 euros) el kilo. "¿Sabe el trabajo y el tiempo que me lleva conseguir un kilo de éstas?", pregunta uno de ellos señalando un plato lleno de judías. "No me importa quien sea el próximo presidente", termina.

ENCE abandona la construcción de su planta celulosa en Uruguay

Ayer día 21 el presidente de ENCE Juan Luis Arregui, y el consejero ejecutivo de la empresa, Pedro Oyarzábal anunciaron que ENCE renunciaba a realizar una nueva planta de celulosa en Fray Bentos Uruguay (proyecto M’Bopicuá).

El proyecto había causado importantes protestas ciudadanas en Uruguay y Argentina, y había desembocado en el mayor conflicto diplomático entre ambos gobiernos en los últimos años. La planta de celulosa debería situarse en el río Uruguay que separa ambos países, junto a otro proyecto similar promovido por la empresa finlandesa Botnia. Los impactos ambientales y sociales negativos se extendían a ambos países.

El presidente de ENCE justificó su decisión por considerar que las dos plantas (la de ENCE y la prevista de la finlandesa Botnia) están demasiado juntas y el constante transporte por las carreteras de la materia prima para su funcionamiento sería excesivo para las características de la zona.

Aunque no se reconoce públicamente el proyecto tenía también importantes problemas en su financiación, pues necesitaba los recursos de la Corporación Financiera Internacional (organismo dependiente del Banco Mundial) y del Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como el seguro a nombre de Estado Español que puede otorgar la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

La campaña “¿Quién debe a quién?”, formada por cerca de 50 organizaciones españolas, ya había denunciado, desde inicios del año 2006, que el proyecto no tenía una evaluación ambiental y social adecuada, y que causaría importantes impactos negativos en el medio ambiente y en la región.

Igualmente la campaña había solicitado que la inversión no obtuviera recursos públicos españoles (a través ICO y CESCE), habiendo logrado el compromiso por parte del Gobierno español de congelar temporalmente el posible apoyo. La falta de financiación puede haber tenido un papel destacado en la decisión final.

Por ello Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la Globalización no comparten las declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente, Cristinta Narbona, en las que afirma que el “gobierno español es ajeno al conflicto”, cuando está directamente implicado en la financiación de la planta. Del mismo modo añadió que "ENCE tiene tecnología homologada por normas internacionales (de protección del ambiente) y equivalente a la mejor de la que tienen (plantas papeleras) instaladas en Argentina", lo cual entra en clara contradicción con las propias declaraciones de la empresa.

Ante la retirada del proyecto queremos señalar que los sistemas de control de impacto social y ambiental de CESCE e ICO han sido insuficientes para negar por sí mismos la realización del proyecto, a pesar de los altos impactos reconocidos como principal razón para renunciar al proyecto por el nuevo presidente de ENCE. Esto muestra que efectivamente CESCE e ICO no disponen de sistemas adecuados para la evaluación de los proyectos y deben ser revisados en profundidad, tal como se está exigiendo actualmente a través de la propuesta de Ley de Deuda Externa que está en trámite parlamentario.

Este caso muestra, una vez más, que debe exigirse corresponsabilidad a estas instituciones, con la finalidad de asegurar que no se apoyan con recursos públicos españoles proyectos ambiental y socialmente dañinos en el exterior. Por ello exigimos a los parlamentarios españoles que aprovechen la modificación de la ley de deuda para establecer los mecanismos de corresponsabilidad adecuados.

Del mismo modo se encuentra en trámite la elaboración la Ley de Responsabilidad Ambiental. Esta ley no incluye las acciones de empresas españolas en el extranjero, lo cual, según el parecer del Observatorio de la Deuda en la Globalización y Ecologistas en Acción, es una gran carencia en la misma, como se demuestra en este caso.

Ambas organizaciones se alegran de que la movilización ciudadana en Uruguay, Argentina y España hayan impedido este perjudicial proyecto en Fray Bentos.