MST Informa n° 151 – 28/05/2008: Plantado en la deforestación

Estimado amigo y amiga del MST,

La aprobación de la Medida Provisional (MP) 422 por parte de los diputados federales durante la noche del martes, pocas horas después de la salida de Marina Silva del Ministerio del Medio Ambiente, confirma que la defensa de la biodiversidad va perdiendo la batalla contra la deforestación y el desarrollo a cualquier precio, defendido por diversos sectores del gobierno.

La recién aprobada MP 422 se puede traducir como la legalización del “grilaje” (de los falsos títulos de propiedad). La Medida trata de eximir de licitación para realizar la venta de tierras públicas de hasta 1.500 hectáreas – límite ampliado en mil hectáreas- bajo la tutela del Incra ( Instituto Nacional de Colonización y reforma Agraria). 

En este momento, la MP 422 espera el Proyecto de Ley propuesto por el senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), el PL 6.424, otro gran incentivo para la devastación, que reduce del 80 al 50 % la exigencia de reserva legal (área de preservación de la selva) en propiedades de la región amazónica.

Ambas propuestas evidencian la prioridad del gobierno federal: abrir terreno para el agro negocio, sea cual sea. El sector del agro negocio hoy en día es protagonista del gran proceso de devastación del Amazonas que, en los últimos cinco meses del 2007, excedió la medida de 3.000 kilómetros cuadrados de selva, según datos del Ministerio de Medio Ambiente.
 
No es por casualidad que los vientos apuntan para el Norte y el agro negocio siga esa dirección. Es en la región amazónica que está concentrado el mayor volumen de tierras devolutas del país (tierras sin
título de propiedad, pero donde el Estado es quien tiene que regular la forma de venderlas o no). Esta es la base de un proceso de ocupación y devastación que, aliado al uso de la máquina estatal para fines privados, abre espacio para los diversos frentes del agro negocio que destacan en el mercado, especialmente la extracción de madera, la pecuaria y el monocultivo de la soja.
 
Cambiar la selva por bueyes es un proyecto antiguo. Se sabe que la iniciativa de ocupar la región con ganado se remonta a la década de 1950 y empezó a dar pasos más firmes durante el gobierno militar, cuando en 1966 fueron aprobados los primeros proyectos agropecuarios para la región.
 
La Amazonia sufre hoy en día una gran cantidad de ocupaciones ilegales realizadas por latifundistas pecuarios y productores de soja, desarrolladas a través del grilaje de tierras y pactada con el pillaje de madera. Los últimos datos sobre el avance de la producción de ganado, por ejemplo, son emblemáticos y asustadores.
 
El montante de las áreas usadas para la pecuaria en la región es de 32,6 millones de hectáreas, lo que corresponde a la suma de las áreas de los estados de São Paulo, Rio y Espiritu Santo. De los 30,6 millones de hectáreas devastadas entre los años 1990 y 2006, 25 millones fueron transformados en pasto.
 
El itinerario es simple: primero se necesita cercar la tierra adquirida junto al Incra – generalmente de manera ilegal – , se vende la madera del área y entonces, después de realizar una pequeña quemada para construir pasto, se utiliza la tierra para criar ganado o, con más inversión, para plantar soja.
 
Un esquema que cuenta también con empresas exportadoras brasileñas y extranjeras. Un tercio de la carne producida en esas áreas ilegales, como gran parte de la madera robada y de la soja, van fuera del país. Es decir, parte del superávit de la balanza comercial del país, principal “beneficio” del modelo del agro negocio, se sustenta en la devastación de la región amazónica.
 
Lo que evidencia la disposición del agro negocio en Brasil: usar la tierra que pertenece a todo el pueblo en función única y exclusivamente del lucro, sin tener en cuenta cuestiones ecológicas o de otro orden, atentando contra las condiciones humanas de supervivencia.
 
El problema del pillaje de madera y ocupación por el ganado está lejos de ser resuelto. Todo lo contrario. Ahora la envestida de esos latifundistas es descaradamente disfrazada de asentamiento, a ejemplo de las denuncias que marcaron el fin del 2007, sobre proyectos irregulares en el Oeste de Pará, los cuales, en vez de abrigar agricultores, estarían siendo explotados ilegalmente por madereras.  
 
El escándalo que reveló la existencia de un pacto entre madereras y el Incra de Pará, acusado de destinar áreas de la selva para asentamientos falsos que eran después explotados por los latifundistas, había sido denunciado por el MST desde hacía mucho tiempo.
 
El monocultivo de la soja muchas veces trabaja en convenio con la pecuaria, ya que el grano se expande por áreas de pasto degradado. El cultivo ya devasta el sotobosque y avanza sobre la Selva Amazónica.
 
Encabezando ese proceso están el capital financiero y las grandes transnacionales del agro negocio, como Cargill, Bunge, Monsanto, Syngenta, Stora Enzo y Aracruz, que orientan un modelo de producción agrícola basado en la expulsión de los trabajadores rurales y los indígenas del campo y en la destrucción del medio ambiente.
 
Entre 1995 y 2003 la producción de soja creció más del 300 % en los estados de Pará, Tocantins, Roraima y Rondônia y esa expansión tiene previsión de continuar hasta el 2020. El área de cultivo de soja en la Amazonia pasó de 20 mil hectáreas en el año 2000 a 200 mil en 2006.
 
Más impresionantes e incriminadores son los datos del aumento de la producción en Santarém, en el estado de Pará. Un claro ejemplo de la relación de las inversiones de esas transnacionales con la devastación de nuestra selva. El área de Santarém pasó de 200 hectáreas en 2002 a 4,6 mil en 2003 y hoy corresponde a 16 mil. Curiosamente, fue en el año 2003 que el puerto construido por Cargill en la ciudad, destinado a dar salida a la producción de granos, empezó a funcionar. Puerto que, además, fue instalado ilegalmente, pues ya en la época no presentó el Estudio de Impacto Ambiental que es obligatorio para ese tipo de proyectos, según la Constitución de 1988.

Las transnacionales buscan ahora introducir en el mercado nuevas semillas transgénicas, volviendo aún más exasperado el avance sobre la selva. Y esto ya está ocurriendo. Asistimos tristemente a la reciente liberalización de dos variedades de maíz transgénico de la Monsanto y de la Bayer que ahora podrán ser comercializadas.
 
La decisión del CNBS (Consejo Nacional de la Bioseguridad) pone en riesgo un largo trabajo de conservación en el campo de centenares de variedades de maíz adaptadas a diferentes regiones y a diferentes usos y cultivadas libremente por los agricultores.
 
La consecuencia más grave repercute en la soberanía alimentaria del país. Eso es así porque el maíz es la base de la estructura alimentaria brasileña y las variedades transgénicas que serán cultivadas irán destinadas prioritariamente a la producción de alimento para el ganado y el agrodiesel. Si se destinan a la alimentación, la alerta continua, vista la desaprobación de Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) respecto al proceso de liberalización , por no tener datos que certifiquen la seguridad del grano para el consumo humano.
 
Hace años que el movimiento viene reivindicando que la creación de asentamientos se concentre en áreas con mayor número de acampamentos, como en el Nordeste, el sur y el Sudeste. Consideramos las selvas como patrimonio de la humanidad y sabemos que los mayores perjudicados con la devastación son los campesinos. Esta posicionamiento encuentra referencia en nuestras acciones, que se contraponen al modelo agro exportador. Apostamos por una agricultura campesina desarrollada en pequeñas propiedades, de base agro ecológica y sabemos que los campesinos son los guardianes de nuestra tierra.

Secretaría Nacional del MST