13 de Abril de 2007 

Tomás Balduino  (Consejero permanente de la Comisión Pastoral de la Tierra, y obispo emérito de Ciudad Goiás, Goiás.)

Les presento un pequeño héroe: Se llama Eduardo Sousa Pereira Júnior. Cumplió 9 años. Desde los tres meses de edad hasta hoy vive con su padre, Eduardo, y su madre, María Aparecida, en el campamento “Gurita”, en el municipio de Jataí, Goiás(2), debajo de una lona negra, entre las cercas del latifundio y la carretera nacional, en espera de tierra, juntamente con otras familias. Ha vivido y escuchado muchas cosas, desde las amenazadoras visitas de la policía y de los jagunços(3), hasta los insultos venidos de los coches en tránsito. Vive una dureza indecible en su día a día. Esta es su infancia. Lo demás es polvo, intemperie, tos. Eduardo es un anti-héroe de la anti-reforma agraria.

Estan también los trabajadores de la caña. Según el levantamiento de datos de la Delegación Regional del Trabajo (DRT) de Sao Pablo, morían en este Estado, 416 trabajadores rurales en el 2005 en el sector azucar-alcoholero. Es preocupante la incidencia de agotamiento y de calambres entre las causas de algunas muertes, siendo que el más viejo tenía 55 años. Estos y otros son héroes y víctimas de la política actual fundista.

¿Estaría entonces, en curso una anti-reforma agraria en nuestro país?

Hay dos datos que apuntan en esta dirección: En primer lugar el no cumplimiento de la constitucional “función social de la propiedad”. En segundo lugar una nueva mega-política energética gubernamental de agro-combustibles.

La Constitución brasileña de 1988 produjo una de las más luminosas alegrías, digna de esta “Carta Ciudadana”, a saber, una “función social de la propiedad”. Y esto figura en el título fundacional de los “Derechos y Garantías Fundamentales”, donde, en el artículo XXIII esta dicho: “la propiedad atenderá su función social”. Estamos, de hecho, delante de una innovación jurídica copernicana. En la Carta de Ribeirão Preto, los miembros del Ministerio Público del Estado y el Federal, en el seminario sobre “El Medio Ambiente y Reforma Agraria”, el 13 de diciembre de 1999, al respecto de esta preciocidad constitucional, con admirable solidez jurídica, declaran los siguiente: “La función social define el derecho de propiedad. La función social no es una limitación de uso de la propiedad, es un elemento esencial interno que compone una definición de propiedad. La función social es elemento de contenido del derecho de propiedad”. Por tanto la función social elimina el nefasto derecho absoluto de propiedad privada.

La Constitución asumió un mecanismo de garantía de esta función social y también del establecimiento del ordenamiento fundista. Se trata de “desapropiación por interes social, para fines de reforma agraria, del inmueble rural que no esta cumpliendo su función social” (Art. 184). Desgraciadamente, ahora a lo que asistimos es al abandono de la tiera por el poder Ejecutivo, a la voracidad de la privatización nacional y extranjera. Así mismo cuando el gobierno es presionado a revisar los índices de productividad para cumplir el tímido plan de reforma agraria, éste prefiere comprar la tierra a ejecutar la desapropiación. Y el poder judicial, salvo honrosas excepciones, no hace otra cosa que garantizar la defensa del latifundio a través de la producción industrial de decretos contra las desapropiaciones y de la condena de líderes de los movimientos sociales. En 2006 fueron despojadas de tierra 19,449 familias.

El 80% de las desapropiaciones realizados en los últimos diez años fueron obtenidas gracias a las ocupaciones de tierra por las organizaciones campesinas. Sin esto, el instituto de desapropiación ya sería letra muerta. Entre tanto, la bancada ruralista del Congreso, ciegamente apegada al latifundio, ya está articulando rastreramente, una criminalización de la ocupación de la tierra, como terrorismo, y por lo tanto, como “sucio crimen”.

La omisión de la garantía de la función social de la propiedad por el ejercicio de desapropiación, viola abiertamente la Carta Magna en una cuestión fundamental. Este quiebre de la función social ¿no tipifica un crimen de responsabilidad del Estado?

La reforma agraria, hartamente presente en el discurso demagógico gubernamental, es escasa en la práctica, hoy ha desaparecido incluso del discurso. El cálculo aún no divulgado es que en 2006 han sido asentadas apenas cerca de 40 mil nuevas familias. Como los recursos presupuestarios para 2007 son practicamente los mismos irrisorios de 2006, no se puede esperar ningún avance significativo en términos de nuevos asentamientos de reforma agraria. Es una práctica descarada de anti-reforma agraria.

¿Y los agro-combustibles? Aquí por lo contrario, el dinero corre suelto. Para comenzar por el perdón billonario para los empresaros industriales. En unos de los períodos más lucrativos de caña de azúcar en el país, el Banco do Brasil concedió al sector una condonación de deudas superior a un billón de reales, conforme a documentos obtenidos y publicados por Folha de São Paulo.

Ahora, con las alianzas con el gran capital internacional, sobretodo el norteamericano, en vista del agronegocio de la energía llamada “limpia”, el ritmo de implementación de plantas de alcohol en el país, con los respectivos cañaverales , se da en la medida de una por mes hasta 2010. Es grande consecuentemente la carrera por la tierra, principalmente la tierra con manantiales, por parte de las empresas nacionales y extranjeras. Nunca la tierra estuvo tan valorada. ¿Cómo queda entonces, una reforma agraria que venía siendo hecha bajo el modelo de compra de tierra, y con pocos recursos? ¿Cómo queda la soberanía territorial?

Surge además una pregunta sobre la soberanía alimentaria. Se trata del derecho al acceso a la tierra, al territorio, a las semillas, se trata del derecho a alimentarse de acuerdo a la propia cultura. Porque hay una propuesta, inclusive tentadora, de incorporar a la agricultura familiar en este gran proyecto de etanol, con la expectativa de diversificación de la cultura, pero resulta lo contrario: la perdida de la pequeña propiedad incorporada al latifundio de caña en forma de pago anticipado de intereses. Porque el dinero se termina pronto y una familia no consigue recuperar su tierra arrasada por la monocultura. En esto hasta las comunidades quilombolas y de indios vinen sucumbiendo. No faltarán mañana tanques llenos a costa de estómagos vacíos.

Se hace mucha propaganda sobre la mutiplicación del empleo. Hay, de hecho, una carrera frenética en dirección a los cañaverales, semejante a la hecha hacia las minas. Muchas escuelas se cerrarán en el noreste porque los alumnos migrarán para el corte de caña. Gente de toda procedencia, de la ciudad y también del campo, propietarios, pequeños productores y hasta personas de asentamientos. El trabajo existe, si, pero hay que ver el cuadro sombrío que hay arriba de todo. El trabajador estimulado a competir con las máquinas, intenta cortar de 12 a 20 toneladas de caña por día. Pero las máquinas, temidas por los cortadores de caña, están llegando para quedarse. Por fin, en el trabajo, en la tierra, en la reforma agraria, queda una anti-reforma agraria.

Afortunadamente las organizaciones sociales se están movilizando ahora, después de un tiempo de parálisis, por la expectativa de sueño de cambio a partir del Gobierno. Es tiempo pues, de una reforma que nos restituya un Estado estructurado para cumplir su verdadera razón de ser al servicio del pueblo, en lugar de un Estado que está allí, mayoritariamente vuelto hacia el empresario capitalista.

Notas

1. Goias: Uno de los 26 Estados de Brasil.
2. Bandidos. Término acuñado al inicio del siglo XX en Brasil.