El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra desea
exponer, mediante esta nota,  su indignación  frente a la
actuación de la  mayoría de la Comisión  Parlamentaria  Mixta de
la Tierra que, cumpliendo los objetivos criminales y  odiosos de la
UDR (Unión Democrática Ruralista) y sus aliados, actuó para
desvirtuar el objetivo original de la comisión, que era trazar un
amplio diagnóstico sobre la estructura  de la propiedad de la tierra
brasileña, los procesos de Reforma Agraria y  urbana y proponer
soluciones para los problemas encontrados.

El relator de la CPMI de la Tierra, diputado João Alfredo
(PSOL/CE), presentó un informe con un diagnóstico profundo
de la situación agraria de nuestro  país y  diversas  propuestas
para que la Constitución  brasileña  se cumpla, o sea, que la tierra
sea democratizada. Ese es el  motivo por el que la  bancada
ruralista, siendo mayoría en la composición  de la Comisión, actuó
en forma contraria a la relatoría, pues tiene como único objetivo
criminalizar a los movimientos sociales del  campo y  deslegitimar
las actividades de diversas entidades que luchan  por la a Reforma
Agraria en Brasil.

El voto del diputado Abelardo Lupion (PFL/PR), conocido
parlamentario  vinculado a UDR y que responde a un requerimiento
pendiente en el  Supremo Tribunal Federal, por el uso de recursos
en dos campañas electorales, expresó su  visión  torcida del
latifundio atrasado de nuestro país, que ignora la situación  de
exclusión  social de  más de  4 millones  de familias Sin Tierra en
Brasil.  Silencia el hecho incontestable de que en los últimos tres
años fueron  liberados cerca de 12.500 trabajadores encontrados
en situación  de esclavitud  en más de 400 haciendas; silenció y
escondió la terrible cifra de 1.500 trabajadores muertos en los
últimos 20 años; sobre las milicias de pistoleros de los
hacendados; sobre la concentración  de la tierra; sobre el robo de
tierras; sobre los desvíos de recursos públicos de la  SUDAM
(Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia).

La  parcialidad se expresa en el análisis  que hace  de los
recursos públicos a las diversas entidades, pues es  imposible  no
percatarse que las tres entidades encargadas  de la Reforma
Agraria investigadas en la Comisión, recibieron,  en  diez años,  el
4% de lo  que recibieron  las entidades patronales, defendidas por
la bancada ruralista. Las patronales  sumaron  1,51 billones de
reales.

Se expresa también la tentativa  de solicitar al  Ministerio Público
que denuncie a los líderes del  MST sin presentar ningún hecho
concreto, que fundamente legalmente la apertura de investigación
o denuncias contra estos trabajadores.

Ese posicionamiento ya fue  analizado varias  veces por tribunales
de nuestro país que rechazaron  la posibilidad de criminalizar a los
trabajadores rurales por el hecho de ocupar latifundios.
Reconocieron también la legitimidad de este tipo de acciones que
buscan el  cumplimiento de la Constitución por los  gobiernos.

La  disputa ocurrida en esta Comisión Parlamentaria  expresa la
oposición ideológica de los latifundistas  contra las   familias Sin
Tierra que luchan  por una vida digna en el campo. La mayoría de
esas grandes áreas es improductiva, algunas utilizan mano de
obra esclava y destruyen el medio ambiente, características que
determinan el  uso de las mismas áreas para fines de reforma
agraria, conforme garantiza nuestra Constitución.

Los datos del INCRA indican que el 51,4% de los predios
calificados como  gran propiedad  son  improductivos, o   sea más
de 133 millones de hectáreas de tierras no atienden  las
exigencias de productividad  y podrían ser expropiadas  para fines
de reforma agraria. Y más aún se rebela que,  el 1,6% de los
propietarios con predios que superan las  mil hectáreas poseen el
46,8% del área total existente en el  país.

Después de  realizar 43 viajes a nueve estados brasileños,  abrir
125 investigaciones  y  analizar cerca de 75 mil documentos, se
constató una enorme concentración  latifundista , robo de tierras,
violencia en el campo y la utilización de trabajo esclavo, algunas
soluciones para esos problemas en el  campo son  señaladas.

La  necesidad de una reforma agraria masiva y  de calidad en el
cumplimiento de las metas del  II Plan Nacional de Reforma
Agraria (PNRA), suscrito por el  gobierno federal, que consiste en
asentar 400 mil familias acampadas . Apenas el 45% de las metas
fueron  cumplidas, y queda poco más de un  año para la
conclusión de su mandato. Para eso es preciso realizar un
catastro de las propiedades rurales, la actualización  de los
índices de productividad, que están desfasados desde hace más
de  30 años.

La Cámara de los Diputados, que debería ser la  representación
del pueblo brasileño, demuestra una vez más  que continúa siendo
un instrumento de defensa de los poderosos de nuestro país, que
se resisten a la realización de la  Reforma Agraria. El  Movimiento
repudia las posiciones presentadas en la  relatoría aprobada y
reafirma su compromiso de continuar su lucha para que las más
de 4,8 millones de familias Sin Tierra tengan  acceso a la Reforma
Agraria.

*CMPT: Comisión Parlamentaria Mixta de la Tierra
Coordinación Nacional del  Movimiento de los Trabajadores Rurales
Sin Terra