Para tus trabajos de electricidad consulta el manual “Echando cables”.
Desmentir que “si tú pinchas la luz la pagamos el resto”
De nada serviría esta página web si las herramientas de las que nos dota no fueran acompañadas de una base política. Para ello hay que mostrar la estafa eléctrica, que no es pinchar la luz sino cómo está estructurado el sector energético.
Derecho energético como bien de primera necesidad
Tener acceso de manera permanente a la energía que alimenta la cocina, la calefacción y la luz es imprescindible para tener calidad de vida. Consideramos que la energía no puede tener un precio ni un propietario ya que tiene un importante valor político debido a que es un bien natural del planeta. Sabemos que las empresas y los estados no ven ningún ítem más allá del enriquecimiento; en detrimento del ecosistema, de las clases bajas, con precios prohibitivos y fomentando la aparición de un neocolonialismo que usurpa el control de las materias primas y provoca conflictos sociales allí donde va.
Subida de los precios de la luz
Anualmente el gobierno y el mercado suben la tarifa de la electricidad y dicen que es debido a una deuda en el sector energético español, generada porque lxs consumidorxs no pagan lo que realmente cuesta la electricidad. Al liberalizarse el sector energético español, irónicamente se entró en el ranking como la tercera electricidad más cara del mundo. Al igual que en la transición política, durante este proceso finalizado en el año 1997 durante el gobierno de Aznar, hubieron intereses privados en lo público.
Durante el año 2020, mientras el país atravesaba una crisis catastrófica, las grandes empresas energéticas obtuvieron unos beneficios de miles de millones de euros. Sólo Endesa e Iberdrola ganaron más de 5.000 millones y aumentaron sus beneficios un 36% respecto al 2019. Pese a estos enormes beneficios, estas empresas emprendieron una escalada del precio de la luz sin precedentes que está afectando seriamente a la población.
Según el análisis de Facua-Consumidores en Acción, una familia media tendrá que pagar 102 euros de media en septiembre 2021, un 53,8% más que el año anterior. La escalada de precios que afecta a gran parte de Europa se debe, entre otros factores, al encarecimiento del gas en los mercados internacionales (gas que se emplea en las centrales de ciclo combinado y que marca el precio del mercado en la mayoría de las horas), y al aumento del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).
Puertas giratorias entre partidos políticos y empresas energéticas
Ya sabemos que las eléctricas llevan años sobornando a altos cargos de los gobiernos de turno que luego terminan en un sillón de sus consejos de administración, lo que se conoce con la expresión de “puerta giratoria”.
Al desmantelar la estructura del sector energético en empresas se creó un oligopolio de 5 gigantes donde las nuevas empresas no tenían capacidad de competir. El problema de la ineficiencia empresarial es que se han socializado las pérdidas y privatizado los beneficios. Un ejemplo que muestra el cuadro de la situación actual es el hecho de que a pesar que el estado español tiene el doble de energía instalada de la que necesita, sigue dando enormes ayudas a la energía nuclear sin recibir parte de los beneficios; además de que se queda unos residuos que no tiene en dónde almacenar y los envía a Francia donde nos cobran 200 millones por mantenerlos, contando que todo esto sale del bolsillo del consumidorx.
Mentiras sobre el “coste de generar electricidad” e impuestos descomunales a quienes deciden instalarse placas solares o molinos con turbinas en casa.
El estado ve también un peligro en todas las tecnologías que suponen una falta de dependencia de él. Por eso legisla contra el autoconsumo imposibilitándolo, ya que éste abre alternativas a la gestión energética estatal o empresarial, dando alas al cooperativismo y a una gestión más colectiva y justa. Las grandes empresas energéticas también ven peligrar su monopolio con el auge de las energías renovables.
Prueba de ello fue la tasa conocida como impuesto al sol que se implementó durante el gobierno de Rajoy, y que gravaba un determinado importe en cada factura de la luz a todxs aquéllxs que apostaban por el autoconsumo eléctrico. Durante el tiempo que estuvo vigente, desde el año 2015 hasta el 2018, el impuesto al sol debían abonarlo aquellxs consumidorxs que tuvieran en la vivienda un sistema de producción fotovoltaica, es decir, placas solares para el autoconsumo. Fue una ley muy controvertida por las consecuencias negativas que acarreaba de cara al desarrollo y aprovechamiento de las energías renovables. El impuesto al sol fue derogado por el gobierno de Pedro Sánchez y se reconoció el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin tener que pagar por ello ningún tipo de gravamen. Esto se explica fácilmente con la premisa de “que el capitalismo absorbe y coopta toda alternativa a lo establecido”, y lo que en el algún momento podía verse como un peligro, se acaba convirtiendo en un bien de mercado con el que especular.