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¿Por qué llevamos 13 años convocando esta marcha de protesta?
Por una misma misma razón que tiene muchas caras, la de las personas que padecen el régimen penitenciario español. El plan de macrocárceles, que lleva ya 20 años desarrollándose, fue concebido para enriquecer a una serie de empresas, generalmente las mismas, sacando la prisión del interior de las ciudades y especulando con generosas contratas, la última de ellas la de seguridad privada. La cárcel sólo se usa para castigar a los pobres y es un negocio (económico y político) que no sólo aplica castigo inhumano a las personas encerradas sino a su entorno social y familiar.
¿Qué denunciamos?
Que esa política penal no cumple ni uno solo de los fines declarados por la ley. Ni reeduca ni reinserta. Maltrata y deshumaniza. La cárcel es un instrumento de tortura utilizado para gobernar a golpe de injusticia y generando inseguridad con la excusa de “proteger la seguridad”. Las políticas antisociales y radicalmente injustas de los sucesivos gobiernos son las que explican su afición por recurrir a la manipulación (económica, política y mediática) del delito-castigo para legitimarse ante la sociedad.
Si no fuese así, ¿cómo explicamos estos datos?
– La tasa de delitos en el Reino de España cuentan entre las más bajas de Europa occidental, incluidos todos esos delitos graves tan utilizados para fabricar y difundir “alarma social”.
– Sin embargo, los índices de encarcelamiento cuentan entre los más altos y la duración media de las penas de cárcel dobla la media europea. Hoy hay 66.600 personas en nuestras cárceles, una cifra que ha disminuido de forma coyuntural, pero que igualmente crece en cuestión de meses en miles de personas.
Hay 1.700 personas presas en aislamiento. ¿Por qué es tan famoso Guantánamo y nadie habla aquí de 1.700 personas encerradas en un régimen que cumple a rajatabla la definición de tortura?
– Mientras nos distraen con el debate de la “prisión permanente”, en el Estado español ya hay mucha más gente con condenas mucho más largas que en cualquier otro país europeo cuya legislación incluya esa medida. Hace décadas que existe la cadena perpetua de hecho en el Estado Español, así como una legislación antiterrorista propia de un estado de excepción.
– Durante los últimos cuatro años, mientras fuera de los muros una gran mayoría de la población sufre las consecuencias de las “políticas de ajuste”, las condiciones de vida en prisión empeoran aún más: el derecho a la salud es ya una completa ficción, como tantos otros derechos que se suponen intactos para cualquier ser humano. Enfermedades relativamente leves en la calle se convierten en gravísimas para un preso. La enfermedad mental rara vez se trata adecuadamente y las condiciones higiénicas o la alimentación siguen siendo, como poco, dudosas.
A todo eso se suma el paso de más de 16.000 personas al año por los CIEs (cárceles ilegales para extranjeros pobres), que no han cometido propiamente un delito, sino una simple falta administrativa. 6.000 personas menores de edad llenan los mal llamados “centros de menores”, en la actualidad en manos privadas y sobre los que están saltando todas las alarmas sociales.
Y a todo esto hay que sumar un número incontable de tragedias cotidianas, suicidios, muertes evitables, maltrato… LAS CÁRCELES SON EL VERTEDERO SOCIAL DE LA DEMOCRACIA Y SUS VÍCTIMAS SOMOS TODOS Y TODAS: QUIENES SUFREN EL TORMENTO EN SUS CARNES Y QUIENES LO TOLERAMOS COMO CÓMPLICES DE UNA POLÍTICA CRIMINAL.
