La coordinación del MST afirma que el gobierno gasta más de US$ 500 millones por año con la compra de tierras que podrían ser desapropiadas. Según el profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la USP – Universidad San Pablo –, Ariovaldo Umbelino, el gobierno de Lula ha utilizado el instrumento de la compra de tierras más que su antecesor, Fernando Henrique Cardoso (PSDB).<\/p>\n La actualización de los índices de productividad rural es una reivindicación de los movimientos sociales. Los datos actualmente en vigor son los del censo agropecuario de 1975. Ariovaldo explica cómo esto genera una distorsión en la evaluación de cuáles son las propiedades productivas. <\/p>\n “La productividad media de la soja prevista en la legislación actual es de 1,2 toneladas por hectárea, mientras hoy el promedio brasileño está en tres toneladas. Eso ya es un ejemplo de que hubo un avance tecnológico y de que los indicadores de productividad de la ley actual (de 1975) están muy debajo de lo que es la realidad del país.” <\/p>\n Ariovaldo afirma también que, aun con la actualización de los índices, eso sólo no ayudará a la reforma agraria, pues si son aplicados los nuevos índices – que están siendo discutidos por el gobierno – pocas propiedades serían desapropiadas. Para el profesor, la solución pasa por una cuestión de voluntad política.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n San Pablo no aplica ni 50% del presupuesto para la reforma agraria<\/span><\/p>\n Para el coordinador de la dirección estadual del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), José Batista de Oliveira, las informaciones sólo confirman que la reforma agraria no es prioridad para el gobernador José Serra (PSDB). Según Batista, el gobernador ya había presentado un proyecto de ley para legalizar áreas de más de 500 hectáreas que fueron griladas –apropiadas indebidamente – en la región de Pontal, en lugar de usarlas para la reforma agraria.<\/p>\n “Es el colmo del absurdo. Si hay áreas públicas que pueden ser distribuidas y transformadas en asentamientos, si hay recursos del gobierno federal y él no lo utiliza: es una falta de respeto a la población y, principalmente, a las familias que aguardan su asentamiento debajo de la lona negra.”<\/p>\n El dinero gastado por el gobierno de San Pablo fue utilizado para comprar nueve haciendas en Pontal, que, sumadas, llegan a casi ocho mil hectáreas. Fueron asentadas 479 familias, pero hoy hay en la región más de 3,7 mil familias en la lista de espera por la tierra.<\/p>\n A pesar de no haber utilizado todos los recursos, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y el Instituto de Tierras del Estado de San Pablo (Itesp) firmaron el mes de diciembre pasado un nuevo término previendo alrededor de US$ 13 millones para las desapropiaciones en 2008.<\/span><\/p>\n <\/p>\n![\"Clique](\"http:\/\/www.radioagencianp.com.br\/images\/stories\/notplan\/sitio\/icone_som.gif\" "\\"Clique")
<\/span><\/span><\/a>(2'04'' \/ 487 Kb) – La decisión del gobierno federal de comprar tierras para acelerar el ritmo de la reforma agraria es motivo de crítica dentro del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Según la coordinación del movimiento, la compra es responsable por la sobrevalorización del precio de la tierra en algunas regiones del país y se trata de una política de compensación social que no saca a los campesinos de la pobreza. <\/p>\n<\/span><\/span><\/a>(2'02'' \/ 480 Kb) – El gobierno del estado de San Pablo utilizó menos de la mitad de los recursos repasados por el gobierno federal para desapropiar haciendas en el Pontal do Paranapanema. De los más de US$ 29 millones recibidos de la unión, entre 2003 y 2007, sólo US$ 14 millones fueron gastados. Lo correspondiente a solamente 45%. La compra de las áreas es una de las principales formas de crear nuevos asentamientos y reducir el conflicto agrario en la región. <\/p>\n